Aunque dos de los presuntos responsables de la muerte en 2009 del periodista larense están identificados, siguen en libertad amparados por su propia astucia y una madeja de complicidad con funcionarios policiales.
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El próximo primero de enero se cumplirán tres años del homicidio del joven reportero a destajo Jacinto Elías López Velasco.
A pesar de su juventud, López era muy conocido por la comunidad en Barquisimeto, quizá por lo polifacético: además de reportero, hacía de productor audiovisual, fotógrafo, poeta y empresario. El caso de su asesinato cobró también notoriedad por la amplia cobertura dada por los medios de comunicación. El Comité de Víctimas Contra la Impunidad, un colectivo que agrupa a familiares y víctimas de la violencia y otras violaciones a derechos humanos en el estado Lara, adoptó el caso como bandera.
El homicidio sacudió a la población hasta generar manifestaciones públicas de protesta por los altos índices de inseguridad en el estado Lara, una importante entidad agroindustrial del centro occidente de Venezuela. El propio gobernador del estado, Henri Falcón, acompañó a la familia del asesinado hasta el Ministerio Público para solicitar el inicio de las investigaciones. Pero hoy todas las diligencias lucen diezmadas por la impunidad. Pese a que el único sobreviviente de aquella emboscada nocturna, donde López perdió la vida, su amigo y reportero gráfico del diario El Impulso, de Barquisimeto, Ricardo Maracaputo, identificó a dos de los cuatro presuntos asesinos, y que un tribunal libró una orden de captura en su contra, los presuntos responsables del hecho siguen en libertad.
El 1 de enero es una fecha especial para todos. En Venezuela, como en buena parte del mundo, se celebra el inicio del año, cuando se renuevan votos y esperanzas. Pero para la familia López-Velasco no es así. Ese día es como una nube de la que llueven sufrimientos y recuerdos.
Carlos López, su padre, lo expresa así: “Siete balazos acribillaron sus 22 años, a su familia y a todo el que compartía sus afectos. Siete disparos que periódicamente me arrebatan el sueño para despertar con la frente perforada, los peronés quebrados y las mejillas rotas. El pasado y el futuro se desintegraron”.
Ese día de enero, pero de 2009, Jacinto pasó la tarde en compañía de su amigo y casi hermano –por cuenta de su fraternidad-, Ricardo Marapacuto, con la esposa de este y el hijo pequeño de la pareja. Más tarde, en la noche, llevaron a la madre y al pequeño hasta su residencia en Cabudare, la población a cinco minutos de Barquisimeto que ya ha pasado a ser un mero suburbio de la capital de Lara.
Marapacuto recuerda que Jacinto debía entregar un bastón a su abuela. “Fuimos a llevarle el bastón a la abuela de Jacinto y luego él me pidió que lo acompañara a comer. Estamos en el semáforo de Valle Hondo, en Cabudare, cuando pensamos en ir hacia Barquisimeto. Pero al final, Jacinto dice: ‘Vamos al McDonalds de aquí porque es más rápido’, y cruza a la izquierda”. Ya en el estacionamiento, los dos jóvenes deciden comer en la camioneta en la que esa noche circulaban, cuando tres sujetos los abordan. Marapacuto fue el primero en verlos: “Yo veo por el espejo retrovisor que se acercan tres tipos y uno de ellos se levanta la camisa y le veo un arma. En eso le digo a Jacinto: ‘¡arranca que nos van a robar!’, pero ya era muy tarde”. Los tres sujetos les obligaron a pasarse al asiento trasero. Los golpean y fuerzan a agachar la cabeza. Y se los llevan.
Los dos periodistas intentaron negociar con sus captores. Les ofrecieron sus pertenencias y la camioneta, una Chevrolet Grand Vitara color gris, propiedad del padrastro de Jacinto. Pero de nada les sirve. En el camino, uno de los hombres –el más violento- dijo repetidas veces –siete, según el testimonio de Marapacuto-: “Los vamos a matar, para eso nos pagaron”. La camioneta fue conducida hasta una zona conocida como La Choricera, un descampado al pie de una montaña cercana a Lomas de Tabure, un urbanismo de casas grandes de campo al que se llega por un camino terroso y serpenteante En el sitio, un cuarto sujeto que esperaba a los delincuentes abre la puerta del vehículo y los hace bajar. “Hasta ese momento eran tres, pero luego uno de ellos nos abre la puerta y me doy cuenta que este era otro sujeto que ya estaba allí. Era moreno y relleno, un poco obeso”, cuenta Marapacuto, quien con el tiempo no ha perdido detalles de lo que vivió esa noche.
Y continúa. “Ellos nos bajan, nos golpean. Les dijimos que podíamos ir a un banco, que se llevaran todo. En eso suena el chevystar (un sistema de localización, N. de R.) de la camioneta y ellos se ponen muy nerviosos. Nos preguntan si somos petejotas (coloquialismo que en Venezuela designa a los agentes de la policía científica, N. de R.); les decimos que no, pero se alteraron mucho. Uno de ellos me preguntó cómo se apagaba. Jacinto les ruega que no lo maten. En eso me disparan y yo quedo sordo. Lo único que escuchaba eran zumbidos. No sabía si estaba muerto, nadie sabe cómo se siente morir. Y luego siento que Jacinto cae a mi lado”. Entonces los agresores se van.
Marapacuto recibió dos impactos de bala. El primero golpeó en su mandíbula y se le alojó en el hombro derecho; el otro entró por detrás de la cabeza, en la región occipital, y salió por el hueso superior en el parietal. Sobrevivió por una lotería del destino. Se hizo el muerto y quienes lo atacaron no dispararon más. Con Jacinto fue diferente, recibió siete disparos. A los pocos minutos, Marapacuto levanta la cabeza y alcanza a ver a los sujetos que huyen en una camioneta Jeep Wagoneer de color vinotinto y con una raya blanca en la parte posterior Esta visión prometía, incluso en esas dramáticas circunstancias, ser crucial para el esclarecimiento del caso.
De la Grand Vitara de López se llevaron casi todo: el equipo de sonido, efectos personales. Pero los malhechores la dejaron allí, a un paso, todavía en funcionamiento.
Para Marapacuto esos segundos fueron los más angustiosos de su vida. Cargó a su amigo agonizante hasta el vehículo. Pero no sabía conducirlo. Se las arregló para bajar la colina y llevar la camioneta hasta un centro de asistencia ambulatoria en Cabudare, donde Jacinto López ingresó sin signos vitales cerca de las diez de la noche. En el ambulatorio, un funcionario policial que estaba de guardia ve a Marapacuto y de inmediato lo reconoce. Marapacuto es hijo de un comisario retirado del Cuerpo de Policía de Lara, del mismo nombre. Entonces a ambos jóvenes los trasladan hasta el Hospital Central Universitario de Barquisimeto.
A Carlos López, padre de Jacinto, la noticia le llega por una llamada telefónica. “Me llama el padrastro de Jacinto y me dice que le dispararon, que los tenían en el Hospital. Yo me voy para allá, desesperado. Cuando llego, veo que toda la Emergencia estaba tomada por policías. Había no menos de 30 funcionarios. En ningún momento se me permitió ver el cuerpo de mi hijo”.
Al día siguiente del hecho, varias versiones circularon en torno a los motivos que tendrían quienes asesinaron a Jacinto López. Las autoridades se mantuvieron, al menos en principio, reservadas, aunque los rumores de una posible venganza comenzaron a filtrarse a los medios de comunicación.
En una nota publicada en el diario El Informador de Barquisimeto, el periodista Gerardo Morón Sánchez mencionó que el crimen pudo ser producto de un encargo a sicarios. ¿El motivo? Cinco años antes, el 26 de agosto de 2004, en un accidente en la vía pública, muere arrollado en la avenida Venezuela de Barquisimeto Aniseto Esteban Silva Silva, de 58 años de edad. El conductor del carro era Jacinto López.
En 2005, un tribunal declaró el sobreseimiento de la causa al considerar que el accidente fue ocasionado por imprudencia de la víctima, que no atendió a la normativa de la Ley de Tránsito. El acta también señala que, de acuerdo al Código Orgánico Procesal Penal, no podía atribuírsele la responsabilidad al imputado habiendo culpa de ambas partes.
Tal vez, por lo tanto, los familiares de la víctima habían querido cobrar la deuda por sus propias manos. Pero, por increíble que parezca, a casi tres años del homicidio de Jacinto López y de que trascendiera esa primera versión de venganza, los familiares de Silva –fallecido en el accidente de tránsito- aseguran no haber sido visitados siquiera por algún funcionario de cuerpos policiales. Se diría que la hipótesis del ojo por ojo ni se ha descartado ni se ha comprobado, oficialmente. De todas maneras María Pernalete, viuda de Aniseto Silva, la desecha desde su residencia del barrio La Ruezga de Barquisimeto: “Imagínese, nosotros somos cristianos. Eso fue un accidente. Mi esposo estaba recién infartado. Se mareaba al caminar. No lo dejábamos salir solo, pero él se escapaba de la casa de su mamá que luego llamaba para saber si había llegado de vuelta. Nadie quiere matar a alguien así. El otro era un muchacho. Eso fue de día, no estaba tomado. Nosotros le dejamos eso a Dios. Ellos se portaron muy bien. Su papá pagó todos los gastos del entierro, incluso me dieron el derecho a elegir la urna”.
Enfermera jubilada, Pernalete cuenta que sus hijos no nombran a Jacinto López “ni para bien, ni para mal”. Mucho menos, añade, tienen dinero “para eso”, pudorosa expresión que elige queriendo decir: mandar a matar a alguien con unos sicarios. Pero si esta hipótesis no fue debidamente chequeada, quizá por su debilidad, hay que citar otra versión que también atribuye el hecho a la venganza. En este caso, el blanco de la retaliación sería Marapacuto, hijo de un excomisario de la Policía de Lara y portador, por tanto, de una larga de nómina de enemistades. El propio Ricardo Antonio Marapacuto Henríquez, el padre, se hizo eco de esa sospecha cuando acudió, días después del crimen, a la casa de la familia López Velasco. Allí, cuenta el padre de Jacinto, le confió que “creía” que todo el hecho estaba dirigido contra él.
Esta versión, sin embargo, no explicaría la supervivencia casi milagrosa de Marapacuto, en contraste con la saña que los siete disparos contra López parecen mostrar.
Queda el robo como hipótesis del hecho; la que, de acuerdo a fuentes cercanas a la investigación, sigue manteniendo la Fiscalía como principal. Los tropiezos para esta vía no son pocos: los atacantes no se llevaron la camioneta Grand Vitara, el bien más valioso a su alcance esa noche fatídica, y con frecuencia se jactaron de que les habían pagado para actuar. Pero insisten las fuentes en que los homicidas están vinculados a una banda dedicada al robo y al tráfico y distribución de estupefacientes que, de acuerdo a las investigaciones, cuenta con “protección” de algunos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). “Son mafias muy peligrosas”, apuntan. En consecuencia, la Fiscalía adoptó la táctica de contener los avances y datos de la investigación con celo para evitar que se filtre información y se entorpezcan las pesquisas.
En el expediente 13-F5-080-90 de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público, figuran como presuntos responsables del hecho Borin Temito Guevara Colmenarez, de 25 años; y Leonardo José Gómez Sira, alias “El Diablo”. Ambos aparecen reseñados en la base de datos del Cuerpo de Policía de Lara con antecedentes por delitos menores que datan de 2005.
Ricardo Marapacuto sobrevivió para identificarlos como dos de los sujetos que ejecutaron a López y lo dejaron malherido a él mismo. Maracaputo ayudó a realizar los retratos hablados que abrieron la pista hacia Guevara y Gómez.
Las fotografías de los presuntos responsables no han sido publicadas en los medios de comunicación, y sus nombres se mencionaron solo un par de veces en artículos de prensa relacionados con el caso.
Gómez pasa por el violento del dúo. Apodado “El Diablo”, era quien iba sentado en el puesto del copiloto esa noche y quien, a la postre, disparó contra Maracaputo. Tenía residencia en el sector Nuevo Amanecer, en Cabudare, aunque se sabe que también vivió un tiempo en Coro, estado Falcón.
En las colinas del sur de Barquisimeto conocen bien a Borin y “El Diablo”. El sector es una virtual zona roja. Recientemente fue instalado un puesto de la Guardia Nacional (GNB). En una ocasión, la comunidad fue tomada por ese cuerpo militar y en medio de la balacera que se produjo durante el procedimiento resultó herido un funcionario en el hombro por disparo de un rifle de alta potencia. La mayoría de las casas son precarias. Los vecinos se cuidan y prefieren no hablar para no meterse en problemas. Al indagarse sobre el paradero de Borin o de “El Diablo”, los rostros delatan el temor y de inmediato responden con negativas.
Cuerpos de seguridad practicaron tres allanamientos en distintas viviendas del sector pero sin resultados. “El Diablo” se escapó en cada ocasión. La policía apenas se anotó un éxito mediano el 4 de febrero de 2009 –un mes después de la muerte de López- cuando capturó a una mujer y tres hombres, supuestos miembros de la banda “El Diablo”, en posesión de artículos deportivos robados con anterioridad a un camión de carga.
Si el relato de los hechos de la noche del 1 de enero de 2009 resulta dantesco para la familia de Jacinto López, el calvario que han recorrido en el ámbito judicial sigue un guión igualmente intrincado y doloroso.
El expediente 13-F5-080-90 del Ministerio Público, correspondiente al caso, ya ha pasado por las manos de siete fiscales a lo largo de 34 meses. Carlos López, el padre de Jacinto, ha dirigido correspondencias a los jefes del Cicpc en Lara, al Ministerio Público, a cuerpos policiales, medios de comunicación y a diputados a la Asamblea Nacional (AN), en cuya Comisión de Política Interior ya fue recibido dos veces. Es el mismo número de ocasiones que ha visitado el lugar donde a su hijo le segaron la vida. Son excursiones inspiradas en parte por la nostalgia, pero sobre todo por una voluntad de disipar los misterios que rodean el caso.
López es director de la Fototeca Larense, una institución que funciona en una vieja casona donde también está el Centro de Historia Larense. A raíz de la muerte de Jacinto ha devenido también criminólogo amateur. Con ayuda de un investigador privado, logró dar con el paradero de tres vehículos con la misma característica que resaltaba en la Wagoneer vinotinto que Ricardo Maracaputo vio marcharse de la escena del crimen: una franja blanca. Las tres circulaban de manera ilegal pues cargaban placas de matrícula que no se correspondían con el registro, según determinaron las autoridades. Sin embargo, relata sin dar crédito a lo que cuenta, no se hicieron más averiguaciones y hasta ahora no hay ninguna detención basada en el dato.
Fueron tantas las vueltas y vueltas que la investigación tuvo, que López en un momento creyó sufrir de estrabismo: parecía que se llevaban dos expedientes simultáneos, uno en manos de la Fiscalía Quinta, y el otro de la propia fiscal superior, Lucila Sirit. “Pero no se hizo nada. He acudido a todas las instancias posibles, pero no hay interés en las autoridades para resolver el caso. Y nadie me va a devolver a mi hijo. Eso es una pérdida que nunca se repara”, se lamenta sin que en el horizonte asome siquiera el consuelo de la justicia.
A pesar del esfuerzo de las autoridades venezolanas por borrar cualquier evidencia, una exhaustiva compilación y reconstrucción de los hechos ocurridos en El Junquito el 15 de enero de 2018 indica que Oscar Pérez, quien se rebeló contra el régimen de Nicolás Maduro junto a su Movimiento de Equilibrio Nacional, y sus compañeros, fueron asesinados a pesar de que intentaron rendirse en medio de un operativo caótico en su coordinación y desproporcionado en su despliegue. Este informe fue elaborado por el equipo de investigación de Bellingcat en colaboración con Forensic Architecture, quienes construyeron un modelo digital navegable de tres dimensiones de El Junquito, que permitió ubicar más de 60 piezas de evidencia en tiempo y espacio. En Venezuela ArmandoInfo, Efecto Cocuyo y El Pitazo pusieron a disposición sus plataformas y convocan a sus lectores a complementar con material sobre el caso que tengan a su disposición .
El principal diario del centro de Venezuela y segundo del país, ‘Notitarde’, sirve de escenario para un experimento, singular hasta para la era chavista, de clara impronta militar: un coronel del Ejército se puso al frente de la empresa. Fue parte de la racha de compras de medios que capitales cercanos a la revolución hicieron de manera nerviosa de 2013 a 2015. Los resultados, periodísticos y de negocio, dejan que desear. Pero el compañero de promoción de Carlos Osorio y Pedro Carreño sigue deseando aprender de los reporteros a su servicio.
El asesinato en Caracas de dos jóvenes empresarios en mayo reciente trascendió las secciones de crónica policial y consiguió eco internacional porque una de las víctimas era familiar de una ‘celebrity’, Carolina Herrera, la diseñadora venezolana de mayor proyección global. Pero la trama del caso, también internacional, terminó por poner de relieve los violentos entretelones de la disputa por el control del furtivo negocio cambiario que opera entre Florida y Venezuela.
Se cubren los rostros con máscaras o franelas. Se protegen con escudos improvisados. Preparan y lanzan bombas artesanales. Arman barricadas con lo que consiguen y, cuando van a las marchas, son quienes encabezan las manifestaciones para enfrentarse con los cuerpos de seguridad del Estado. Aunque no todas las personas que se identifican con la resistencia se conocen y actúan de la misma manera en las zonas de conflicto ubicadas en la Gran Caracas, estos son los principales elementos que caracterizan a los miembros de estos grupos que en su mayoría son de sectores populares y que, pese a no conectar ideológicamente con el gobierno de Nicolás Maduro, no siempre siguen la agenda de la oposición venezolana.
“Cabezas” (por Hugo, su director) y “Coronado” (por Luis, mano derecha del anterior) son dos apellidos de evocación cefálica que se revelan claves en una trama de negociados tejida alrededor de la empresa que el Estado venezolano creó en 2013 para centralizar los suministros de papel imprenta importado a medios y editoriales. La privatización tras bambalinas de su razón de ser se consuma a través de redes de parientes en funciones ejecutiva, manipulación de las tasas cambiarias, vínculos con intermediarios privilegiados, y otras maniobras que permiten comprobar que el papel aguanta todo.
Descrita por sus enemigos como una versión de Doña Bárbara, el personaje de la novela de Rómulo Gallegos, la alcaldesa Zobeida El Hinnaoui destaca más bien por su empeño en reproducir en Calabozo, la calurosa ciudad de los llanos de Venezuela, los modos que impuso el fallecido presidente Hugo Chávez y sus relaciones tormentosas con todas las fuerzas vivas de la ciudad que le adversan. Pero el asesinato de un exdiputado chavista, en el que han incriminado a su hermano, parece haberle volteado el santo del gobierno y amenaza con terminar su carrera política.
El coronel Elías Plasencia Mondragón marca varias casillas del funcionario ejemplar de la autodenominada Revolución Bolivariana: militar, dispuesto a llevar decenas de casos de presos políticos, y empresario tras bambalinas con vínculos privilegiados al poder. Uno de ellos es con Luis Daniel Ramírez, un exfuncionario del ente comicial, hoy contratista, que ha intentado borrar sus rastros en Internet pero que no consigue hacer lo mismo con los lazos que le unen al “cerebro técnico” y rector de esa institución, Carlos Quintero.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.