Vuelven a levantar muros entre Colombia y Venezuela, pero, entretanto, hay quienes recuerdan que los pueblos de la raya debieron recibir más de $5.000 millones a través de una Ley de Fronteras que nunca fue. Los magistrados y legisladores de la República Bolivariana están en mora con su propia Constitución.
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
En la lucha contra el contrabando, el Gobierno nacional acaba de restringir los principales pasos fronterizos entre las 10:00 de la noche y las 6:00 de la mañana. Desde hace más de un mes Colombia y Venezuela duermen en camas separadas, pero, mientras eso ocurre, la abogada Rocío San Miguel recuerda que el país está en mora con los estados y municipios fronterizos, a los que la Constitución garantiza beneficios económicos que han quedado en letra muerta.
Ahora que el Gobierno pide orden en la frontera, hay más de 5.000 millones de dólares que esas regiones debieron recibir por ley. Una de las prioridades legislativas que estableció el proceso constituyente de 1999 fue promulgar una Ley Orgánica de Fronteras, que prometía asignaciones económicas especiales a las mismas regiones en las que hoy se pide sacrificios para luchar contra delitos, que van desde el tráfico de alimentos hasta el contrabando de gasolina, minerales y materiales de construcción.
La Carta Magna establece que el Estado debe normar y dar beneficios a los espacios que marcan los límites del territorio nacional, y lo dice en el artículo 15 entre los primeros apartados: "Atendiendo la naturaleza propia de cada región fronteriza a través de asignaciones económicas especiales, una Ley Orgánica de Fronteras determinará las obligaciones y objetivos de esta responsabilidad".
Han pasado casi 15 años desde que se promulgó la Constitución y el proyecto de Ley Orgánica de Fronteras sigue en alguna gaveta de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional. Rocío San Miguel señala –desde la Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional– que el proyecto fue aprobado en 2004 en primera discusión y al año siguiente fue sometido a un proceso de consulta pública en foros organizados en Apure, Bolívar, Táchira y Zulia. Desde entonces no ha habido más.
Ni siquiera el Tribunal Supremo de Justicia dio curso a una demanda por inconstitucionalidad, que la propia San Miguel introdujo el año pasado para reclamar la omisión legislativa en la que han incurrido los diputados de este y otros períodos.
En ponencia de la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, la Sala Constitucional desestimó hace dos meses el reclamo, tras señalar que San Miguel no había vuelto a manifestar interés en el tema. "No se ha realizado ninguna actuación procesal tendente a dar continuidad a la tramitación del presente juicio", justificó el Poder judicial el 17 de julio a través de un comunicado.
La Asamblea Nacional, de cualquier forma, sigue en mora con la Constitución y con las poblaciones de la frontera, cuyo proyecto de ley apunta –entre otros beneficios– destinar 0,75% del presupuesto nacional para los municipios y estados que delinean el mapa venezolano.
Se trata de 17,6 millardos de bolívares fuertes que desde el año 2000 dejaron de percibir las alcaldías y gobernaciones de todas las fronteras. Calculada a la tasa del dólar oficial de cada año, la suma equivale a 5.320 millones de dólares que hubieran dado para levantar casi 15 puentes como el del río Orinoco o 49 hospitales como el Cardiológico Infantil de Caracas, inaugurado en 2006 con 107,4 millones de dólares.
Esta semana el Gobierno volvió a dar señales sobre el tema. Apenas hace un mes, el diputado por el partido Socialista Unido de Venezuela, William Fariñas, no daba muchas pistas; no era preciso cuando le consultaban sobre el destino de la Ley de Fronteras. El jueves, sin embargo, advirtió por dónde van los tiros. Dijo que estaban revisando los artículos, pero directamente en Miraflores a través de otra ley: la Habilitante.
Fariñas, presidente de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, reiteraba el mes pasado que la Ley de Fronteras estaba lista para ser aprobada, pero no decía para cuándo. "Tenemos un jefe del Estado y depende de todas esas cosas, pero hay la disposición", dijo el 14 de agosto en una entrevista para este trabajo. Este jueves fue un poco más allá y asomó la posibilidad de que sea el primer mandatario quien la promulgue.
Nicolás Maduro, en su campaña contra el contrabando, anunció la noche del jueves una reforma a la Ley de Precios Justos y más temprano, Fariñas informó que el propio jefe del Estado había pedido el Proyecto de Ley de Fronteras, con el objetivo de promulgarla con una reforma a la Ley de la Seguridad de la Nación.
Preocupados por lo que pasa alrededor de los más de 2.200 kilómetros que dividen a Venezuela de Colombia, los poderes públicos han empezado a retomar el debate que la Constituyente planteó sobre las zonas fronterizas y, en ese sentido, el secretario general del Consejo de Defensa de la Nación, Alexis López Ramírez, planteó también el jueves –desde Fuerte Tiuna y en compañía de Fariñas– "controlar el desequilibrio poblacional" que hay a ambos lados de la raya.
"En el caso de Colombia, por ejemplo, tenemos una relación de ocho a uno, es decir ocho habitantes colombianos a un venezolano", resaltó el mayor general del Ejército, Alexis López Ramírez, de acuerdo con una nota de prensa de la Asamblea Nacional. "La presión poblacional es muy grande por cuanto a la demanda de artículos de primera necesidad y contrabando, porque esas ocho personas tienen que alimentarse de ese solo venezolano que vive en este lado".
En Colombia, sin embargo, creen que el tema está mal planteado. Vía telefónica desde Cúcuta, el presidente de la Asamblea Departamental del Norte de Santander, Abel Moreno Monsalve, afirma que es imposible legislar sobre las reglas del mercado. El meollo del asunto, a su juicio, está en el control cambiario. "No hay mejor regulador de la economía que la propia economía", dice. "El tipo de cambio es el que debe regular el mercado".
En nombre del millón de colombianos que viven al otro lado del Táchira, Moreno habla de una medida unilateral tomada en Caracas, que ha restringido el derecho al libre tránsito, ha debilitado el comercio bilateral y ha alejado a familias repartidas a ambos lados de la raya.
"Hay más de 200 trochas y uno se pregunta si es que el Gobierno venezolano cierra los pasos fronterizos porque no confía en su propia guardia", agrega Moreno, quien forma parte del partido Social de la Unidad Nacional, el mismo del presidente Juan Manuel Santos.
Aunque la Casa de Nariño advirtió que el cierre de la frontera era una decisión exclusiva de Miraflores, Maduro y Santos llevan la fiesta en paz, lo que tampoco quiere decir que Caracas y Bogotá bailen al mismo ritmo. En Colombia también se preparan para aprobar una reforma a la Ley de Fronteras que tienen desde 1995, pero en este caso para dar beneficios económicos y no para ampliar controles contra el contrabando.
El Senado colombiano aprobó en junio el primer debate; la propuesta quedó a un paso de ser ley y con ella la premisa de fomentar la economía y la integración de los departamentos que limitan con Venezuela y sus otros vecinos.
En Táchira, mientras tanto, se profundiza un descontento popular. De eso no tiene dudas el diputado por el circuito de los municipios fronterizos de esa entidad, Walter Márquez, quien insiste en un "apartheid político".
"El Gobierno está atacando las consecuencias y no las causas", concluye. Los cierres de la frontera han incidido, según su punto de vista, en los resultados de las últimas elecciones. No en vano fue en ese estado donde Henrique Capriles sacó el mayor porcentaje de votos. El 8 de diciembre, por su parte, la oposición consiguió la victoria en 17 de los 29 municipios del Táchira.
Márquez cree que la Ley de Fronteras debe acortar las distancias entre las estructuras del poder y los pueblos limítrofes. Plantea, por ejemplo, retomar una idea archivada en los debates de la Constituyente, que hablaba de convertir a municipios como el Alto Apure y la Gran Sabana en estados. "Colombia elevó sus comisarías y corregimientos a la figura de departamentos", cuenta. "No es que eso vaya a solucionar todos los problemas pero cómo es posible que Guasdualito no tenga vuelos con Caracas mientras que del Arauca colombiano todos los días sale un avión directo a Bogotá".
Rocío San Miguel plantea, en la misma onda, la necesidad de legislar con una visión clara de país. Si bien cree que la soberanía pasa por evitar el tráfico de alimentos y mantener llenos los estómagos de los venezolanos, no se trata de voltear ahora a los pueblos de la frontera por el tema del contrabando. Las políticas limítrofes, asegura, también deben articular materias que van desde la protección de la selva amazónica, sus especies y sus recursos naturales, hasta definir problemas limítrofes no solo con Guyana sino también con islas del Caribe como Dominica.
"No hay políticas de frontera", concluye. El problema comenzó, afirma, cuando el Gobierno cambió su posición frente a los grupos irregulares colombianos: "Yo estoy convencida de que el proyecto chavista, instalado definitivamente en el poder, abrió las compuertas para una presencia guerrillera en Venezuela y esto debilitó cualquier esfuerzo de una política nacional para los estados y municipios fronterizos".
(*) Este reportaje fue originalmente publicado en El Universal el 18 de marzo de 2014.
Desde que comenzó la migración masiva de venezolanos a través de las fronteras terrestres han salido del país más de un millón de niños, de los que cerca de 25.000 lo han hecho a Colombia y Brasil sin la compañía de algún representante o familiar. Parten escasos de cualquier recurso, muchas veces buscando al padre o la madre que los dejó atrás o simplemente en pos de un trabajo que les permita conseguir un sustento. Las motivaciones para esta silenciosa Cruzada Infantil son tan poderosas como para que los menores de edad superen el temor natural a un recorrido de miles de kilómetros por lo desconocido y amenazante.
Dentro del millón y medio de personas que han emigrado de Venezuela a Colombia en los últimos tres años, hay miles de personas con origen colombiano y derecho a la nacionalidad. El problema es que muchas de ellas no tienen cómo demostrarlo y quedan en un limbo sin cartografiar entre la corrupción y el quiebre de las instituciones en Venezuela, y la corrupción y la falta de preparación de Colombia para el aluvión de refugiados. A la ya precaria situación económica de la mayoría, se suman los rigores de un sistema burocrático a veces inclemente que los mantiene como indocumentados.
La revisión de una base de datos con la información de casi 6.000 jueces en Venezuela durante los últimos 19 años arroja todo un muestrario de deformidades en el ejercicio de la Justicia. Abundan los cargos provisionales y con abierta adscripción al partido de Gobierno, tendencias que se agudizan según más se avanza en la periferia. Si bien esta especie de fuerza de gravedad al revés explica la vulnerabilidad del sistema ante las presiones políticas, también abre paso a distorsiones como funcionarios que se rotan en distintas regiones, o jueces que cobran tasas ilegales.
La migración wayuu aumenta la presión en La Guajira. Una alianza de medios colombianos –unidos con el nombre de Liga Contra el Silencio– advierte sobre un fenómeno de "indígenas retornados", que vienen cruzando la frontera para establecerse en los municipios de Uribia, Maicao, Manaure y Riohacha. Viven en asentamientos que crearon y en las rancherías de sus hermanos establecidas a lo largo y ancho del desierto.
En 2015 miles de colombianos que tenían hasta 20 años viviendo en Venezuela fueron deportados abruptamente del país, que entonces comenzaba a mostrar los quiebres de una crisis que hoy no tiene comparación en la región. Cuatro años después estas familias no recuperan la prosperidad que alguna vez les brindó Venezuela y apenas sienten un alivio al ver la debacle del otro lado de la frontera
Una investigación periodística llevada a cabo por un consorcio internacional de reporteros revela detalles, negociaciones fallidas, errores de los Gobiernos de Quito y Bogotá, y encubrimientos en el secuestro y asesinato de los reporteros del diario El Comercio de Ecuador en marzo pasado, ejecutado por ‘Guacho’, el señor de las tinieblas donde se juntan el narcotráfico y la disidencia de las desmovilizadas guerrillas de las Farc.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
