AMPLIACIÓN: Los traficantes salvajes del cardenalito El Ministerio Público promete investigar los movimientos de las mafias que comercian con especies del país.
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Abigail Rodríguez, director de Defensa Integral del Ambiente y Delito Ambiental del Ministerio Público, anunció hace una semana en una reunión con representantes de distintos cuerpos de seguridad del Estado, en el salón Venezuela del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que quiere evitar la extracción de la fauna silvestre mediante una campaña. Una de las especies en las cuales harán énfasis es el cardenalito (Carduelis ucullata, según su nombre científico), pues es una de las más buscadas por mafias. “Se colocarán afiches, pendones, dípticos y un listado con las especies de la fauna silvestre en peligro de extinción, los cuales deberán estar exhibidos en lugares de uso público, con la finalidad de que los usuarios conozcan sobre el tema”, informó una nota de prensa de la Fiscalía General de la República.
En la campaña participan el Ministerio del Ambiente; el Servicio Nacional de Administración Tributaria; la Guardia Nacional; el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional; autoridades de Maiquetía y la Fiscalía General de la República. Evalúan extenderla a los puertos y los puntos de control vial en un esfuerzo por desmantelar las mafias que comercian con fauna silvestre.
Está previsto profundizar en la revisión de los equipajes en los aeropuertos del país. Uno de los casos más curiosos ocurrió el 17 de octubre de 2012. Ramón García Molina –ciudadano español– cargó en un bolso con 85 aves (cardenalitos, colibríes, turpiales, pericos, entre otros). Burló los controles de seguridad en Maiquetía, voló hasta el Aeropuerto Internacional Barajas, en Madrid, y allí abandonó el equipaje al sentirse descubierto.
La fiscal general de la República de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, escribió en un artículo de opinión, publicado el pasado domingo en el diario Correo del Orinoco, sobre la frecuencia con que ocurren episodios de comercio de fauna silvestre. Refirió que en dos allanamientos, practicados el 14 y 15 de julio, en Cabudare y Barquisimeto, estado Lara, se rescataron 109 especies que iban a venderse en el exterior, entre ellas venados, loros, monos, báquiros, babas, guacamayas y reptiles. En ninguno de los procedimientos se rescataron cardenalitos, según la Fiscalía 23 de Ambiente del estado.
Los traficantes de cardenalitos son especializados. “Raras veces son atrapados. La última captura en Lara fue la de un brasileño con las aves en carretera, luego no se han practicado otras en el estado desde entonces”, explicó una fuente de la Fiscalía 23.
La venta de aves, especialmente silvestres y exóticas, es uno de los negocios en el mercado de Quinta Crespo, localizado al oeste de Caracas. Aunque no está exhibido, el cardenalito es una de las especies que se vende en el sitio.
“Si lo pides con anticipación, te lo traen”, dice un comerciante de Quinta Crespo de frutas (ubicado cerca de uno de los antiguos puestos de ventas de aves), al preguntarle sobre las posibilidades de conseguir la especie.
El comercio de avifauna es casi una tradición en el mercado. Pese a los operativos de Guardería Ambiental en el lugar, los comerciantes no solían intimidarse con facilidad. Pero el Ministerio Público prohibió el 20 de julio el comercio de aves en el mercado. También fue sancionada Maritza Margarita Mora con ocho meses de trabajo comunitario por vender 14 aves silvestres.
Lea: Los traficantes salvajes del cardenalito
La Fiscal rebelde, Luisa Ortega Díaz, abrió una verdadera caja de Pandora. Su denuncia contra la empresa Group Grand Limited no sólo desnuda el negocio de la importación de alimentos para los populares Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Viene a confirmar también que el empresario barranquillero, Alex Nain Saab Morán, hasta ahora ligado a la ex senadora colombiana, Piedad Córdoba, es también una bisagra del presidente de la República, Nicolás Maduro. Desde el puerto de Veracruz han salido hasta Venezuela al menos 7 millones de cajas con comida despachadas por una fantasmal sociedad sin oficina permanente en Caracas ni México, y gracias a un millonario contrato con el Gobierno venezolano.
Nuevas filtraciones de la ‘delación premiada’ que en diciembre pasado hizo ante la justicia brasileña el procónsul en Caracas de la constructora, Euzenando Azevedo, permiten saber que en las elecciones para escoger al sucesor del fallecido comandante Hugo Chávez, Odebrecht adoptó una decisión salomónica: entenderse con los candidatos de Gobierno y de Oposición y hacer aportes a las campañas de ambos. No sería en igualdad de condiciones: a uno dio 35 millones de dólares, al otro 15. Pero sí con la misma contraprestación: que respetaran los contratos de obras públicas a cargo de la multinacional de ingeniería.
Hasta partidas de caza con helicópteros se han tenido que organizar en Tierra del Fuego para controlar la nueva amenaza que anda en cuatro patas. Pero las jaurías de perros, que ya conquistaron el campo, ahora asedian los centros urbanos del extremo sur de Argentina, desde donde, con frecuencia, se escaparon inicialmente. Mientras ya se reportan ataques contra personas en la ciudad Ushuaia, surgen diversas propuestas para enfrentar el problema.
Estos confines de glaciares y fiordos, que hechizaron a Darwin y a Chatwin, a Hudson y a Theroux, han dado paso a escenas postapocalípticas en las que manadas de perros asilvestrados ya no solo cobran presas entre el ganado y la fauna local, sino que también atacan a las personas. Los colmillos de los canes han hecho tanto o más que la crisis para diezmar la tradicional industria del ovino a ambos lados de la frontera internacional que cruza Tierra del Fuego, el territorio más austral colonizado por el hombre.
Como si se tratara de una novela por entregas, la trama de corrupción más grande que haya salido de Brasil involucra a un alto funcionario venezolano, y se trata nada más y nada menos que del primer mandatario nacional. Pero la Fiscalía calla. Aunque distanciada del gobierno, Luisa Ortega Díaz ignoró el tema, a pesar de que sus homólogos ya le habían notificado sobre el caso.
A Jhon Quiroz se le ha visto de copas por Colombia. Mientras, la justicia bolivariana mandó a pedir a un homónimo en Panamá, a quien primero encerró en la cárcel y luego apenas le dijo perdón antes de soltarlo. La Fiscalía venezolana todavía no reconoce en público que perjudicó a un ciudadano equivocado. ¿Error o práctica común? Mientras el caso se dilataba, los magistrados colombianos aprobaron la extradición del verdadero implicado en el fraude que afectó a 7.000 personas, quienes pagaron importantes cifras para comprar automóviles de marca china, pero que nunca recibieron.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
