Van sin pausas pero, contrariamente a lo que establece el refrán, con mucha prisa. La familia Mussa, en el estado Bolívar ha logrado desde finales de 2020 y en plena pandemia de coronavirus multiplicar una red de farmacias tras una fulgurante carrera empresarial a la sombra del antiguo gobernador y críticas por llevar a cabo prácticas reñidas con la ética empresarial y farmacéutica
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española sintetiza como “rápido y a presión” el significado de exprés en su primera acepción. Así ha sido el surgimiento de una cadena de farmacias que lleva adosado este adjetivo aunque en su versión anglosajona, Farmacia Insumos Express, en Ciudad Bolívar, capital del estado Bolívar al sur de Venezuela.
La agricultura, la ganadería, la pesca y, en menor medida, el turismo, las principales potencialidades de esta localidad, no han podido recuperar la deprimida economía de la región, menoscabada definitivamente con la parálisis comercial que impuso la pandemia de la Covid-19. En ese contexto, la multiplicación de locales de este grupo farmacéutico ha despertado no solo suspicacias entre sus colegas sino también, en varios casos, flamígeras protestas ante varias autoridades.
Entre noviembre de 2020 y mayo de 2021, lo que tuvo como génesis una pequeña sede y luego una droguería, de pronto y sin remedio brotó en la capital bolivarense y mutó a la cadena de farmacias, cinco en total y una en proceso de apertura, levantando protestas del sector comercial bolivarense que señala prácticas de competencia desleal y faltas al Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, irregularidades en las importaciones de medicinas e inconsistencias numéricas en los registros mercantiles de la empresa.
Se trata de un destello de actualidad que en la economía local trajo al recuerdo el origen del encumbramiento patrimonial de los dueños de la cadena, la familia Mussa, de la mano de Francisco Rangel Gómez, exgobernador de la región cercano a Hugo Chávez, hoy desaparecido de la vida pública y sancionado por Canadá y Estados Unidos.
Empero, no fue exclusivamente con la gestión de la Gobernación de Bolívar que entre 2004 y 2017, y ensalzada en la propaganda oficial con el lema “Integración y progreso”, dirigió Rangel Gómez, que Omar (1960), Yamila (1965) y Amir (1976), los hermanos Mussa Salim, se volvieron una firma fija como contratistas. También con quien es alcalde de Ciudad Bolívar desde diciembre de 2013, Sergio Hernández, el clan ha sido favorecido con adjudicaciones de varias obras.
De una vida empresarial relativamente modesta y prácticamente desconocida en la que el patriarca de la familia era propietario de una pequeña joyería en el área comercial del Casco Histórico de Ciudad Bolívar, y en cuya sede, por cierto, funcionó la primera de las farmacias, con la gestión de Rangel Gómez los hermanos encontraron el impulso para sus finanzas.
Desde 2008, la gallina de los huevos de oro de los Mussa fue una asociación cooperativa registrada como sociedad de responsabilidad limitada cuyo nombre es El Rendidor 2021, dedicada a la “construcción civil en general”.
Entre 2009 y 2016 hubo al menos 113 contratos a nombre de esta empresa con la Gobernación. Los servicios que prestaron fueron amplios, a juzgar por las descripciones de los expedientes, en los que están registrados asuntos tan básicos como desmalezamientos y refacciones en escuelas, hasta otros de mayor calado, como asfaltado en varias ciudades del estado y reparaciones sanitarias en el Hospital Universitario Ruiz y Páez.
En menor medida, esto en cuanto a la cantidad de contratos, está Rimar, C.A. Aunque registrada en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, y dedicada a “lo relativo a la compra y venta de comercio en general al mayor y al detal de víveres, hotel, restaurante, tasca, bar, licorería, importación y exportación de licores nacionales e importados”, con esta empresa, fundada en 2006, a partir de 2007 los Mussa comenzaron las contrataciones con el Estado venezolano, específicamente en el Tribunal Supremo de Justicia, el Instituto Nacional del Deporte y el Ministerio de Infraestructura.
Al menos 52 contratos sustentan el carácter utilitario de esta compañía: de la instalación del sistema de alumbrado del estacionamiento del Palacio de Justicia, en 2007, pasaron a la construcción de la pista de atletismo del Polideportivo La Paragua, en el año 2010, y a la emisión de 22 “servicios de boletos aéreos” para el equipo de voleibol Huracanes de Bolívar entre 2012 y 2013.
Además de la Gobernación de Bolívar, la mayoría de los contratos de Rimar estuvieron adjudicados en 2015 por la Alcaldía de Heres. La misma de Sergio Hernández, primera autoridad municipal aún en 2021.
Otras empresas, como Transporte Orinokia 2020, Multiservicios y Construcciones Valescar, Asfaltos Orinokia y Concretos y Pavimentos Orinokia, aunque no hay especificaciones de contratos, estuvieron inscritas en el Registro Nacional de Contratistas.
Todas estas tuvieron su auge hasta 2017, año en el que Rangel Gómez entregó el poder a otro militar y aliado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Justo Noguera Pietri, luego de un fraude electoral perpetrado en Bolívar por el Gobierno nacional en detrimento del opositor y también exgobernador de esa región, Andrés Velásquez.
Mientras las empresas de los hermanos Mussa crecían por los contratos, también durante los años de Rangel Gómez se constituyó el germen de Farmacia Insumos Express. Fue en 2012 y con el nombre sintetizado Insumos Express, C.A., cuyo registro de información fiscal sigue siendo el mismo que hoy conserva la red de tiendas.
En esta empresa inicial, según el documento fundacional, de mayo de 2012, en cuyas especificaciones comerciales están la importación y la exportación de equipos médicos, quirúrgicos y farmacológicos, no figuran los Mussa como socios. Están, sí, el esposo de Yamila Mussa, Gaetano Giampaolo Torres, y Lourdes Chacín Cordero.
Esta última es accionista de Droguería Clínica Médica, C.A., en cuyo historial de clientes figura principalmente la Gobernación de Delta Amacuro, estado gobernado por el chavismo desde hace 21 años:, primero por Yelitze Santaella, entre 2000 y 2008, y desde entonces hasta ahora, por Lizeta Hernández.
Desde la salida de Rangel Gómez del poder las empresas de los Mussa, al menos las creadas para servir al Estado, no registraron más movilidad. Pero ya estaba en marcha la conversión de Insumos Express en droguería y, luego, la expansión de las farmacias, lo que ocurrió a partir de octubre de 2020, cuando ya la Covid-19 se había esparcido por todo el mundo.
“Cuando todo el mundo cerró puertas”, dice un farmacéutico de Ciudad Bolívar, “ellos (la familia Mussa) comenzaron a abrir estas farmacias”. A partir de los documentos constitutivos de las mismas, en esta nueva etapa, a nombre de Gaetano Giampaolo Torres y de Yamila Mussa, se fundamentaron las primeras denuncias de otros dueños de farmacias que sospechaban, al menos, de tráfico de influencia en los registros mercantiles de Ciudad Bolívar.
Consideran como una inconsistencia mayúscula el monto del capital declarado para iniciar la empresa pues en enero de 2020, con la apertura de la tercera sede de la farmacia, se declaró que el capital social era de 50.000 bolívares soberanos. Tomando en cuenta la tasa no oficial de ese momento, 1.733.000 bolívares soberanos por dólar, este monto eran, aproximadamente, 28 centavos de dólar.
“En estas condiciones de Venezuela se necesitan al menos 50.000 dólares para abrir una farmacia. Y 50.000 bolívares no es ni un dólar. Ese error garrafal del registrador nunca se corrigió y muestra la influencia de ellos”, dice esta misma fuente.
Otra muestra de la influencia del clan Mussa, al menos en la Alcaldía de Ciudad Bolívar y según lo que explican los declarantes, fue la celeridad de los permisos municipales de operación comercial, conformidad de uso y carta patente. Lo que en una circunstancia normal, fuera del contexto de la pandemia, demora al menos un trimestre en completarse, para los Mussa estuvo listo en cuestión de un par de semanas.
A ello se suman las suspicacias sobre los permisos de importación que les permitió llenar los anaqueles de las farmacias Insumos Express, pues los farmaceutas de la región todavía desconocen cómo lograron apertrecharse.
“En un momento trajeron varios contenedores de medicamentos, especialmente de Colombia. Pero, ¿quién autorizó eso? ¿Dónde están los permisos de importación, como debe presentar una droguería?”, cuestiona un representante del gremio empresarial local. Este, como cliente inicial de la droguería, señala que se distribuían medicinas de Brasil, India y República Dominicana.
Esta versión no pudo ser contrastada. Armando.info contactó tanto a Amir como a Yamila Mussa, quien, junto con su esposo, es accionista de las farmacias. Sus hermanos no están registrados como socios. Amir Mussa fue el único que respondió explicando que su hermana no podría contestar las preguntas porque estaba de viaje.
De este modo tampoco explicaron otra denuncia del gremio, el incumplimiento del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, en donde se detalla que toda farmacia que entre en funcionamiento comercial debe tener el aval de un farmacéutico regente.
“En esto hubo deslealtad, pues para la apertura de algunas sedes llamaron a los regentes de otras farmacias para ofrecerles sueldos de 500 dólares. Y ahorita nadie gana 500 dólares como sueldo. De muchas farmacias se llevaron a los regentes”, relata el dueño de una farmacia bolivarense.
Debido a la escasez de regentes, siete farmacias fueron sancionadas en marzo de 2021 con medidas de cierres impuestas por el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud. Cerca de al menos dos de esos negocios sancionados se inauguraron sedes de Farmacia Insumos Express.
Cuando en una de estas sedes se organizó y se concretó una jornada social de atención médica gratuita, los farmacéuticos de Ciudad Bolívar decidieron convocar una reunión con la Cámara de Comercio y la Alcaldía de Ciudad Bolívar para poner coto a lo que consideran competencia desleal. No hubo mucho por hacer: la postura del ente fue la permisividad de la apertura de las farmacias con el pretexto de la generación de empleos y de la ganancia de los impuestos para el municipio.
“Dieron cierto nivel de permisividad a muchos de las farmacias que se quedaron sin regente para que laboren mientras buscan sustitutos. Eso es algo que nos puede afectar”, refiere un representante de la Cámara de Comercio.
En noviembre de 2020, el presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela (Fefarven), Freddy Ceballos, quien falleció a comienzos de abril de 2021 por Covid-19, alertaba sobre el declive del negocio farmacéutico en Venezuela e ilustraba la situación con un número: desde 2014, al menos 400 farmacias habían cerrado en Venezuela.
“Más del 95% de los insumos que utiliza la industria son importados y evidentemente son afectadas por el precio del dólar y el gobierno no ha logrado establecer políticas económicas”, dijo entonces. No es una crisis que haya tocado a la familia que esta historia protagoniza.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
Un abogado venezolano, Carlos Santiago DaSilva, se acercó a la industria transformadora del metal en Guayana como asesor de una empresa china, Chalieco, contratada por la República para devolver la prosperidad a las empresas estatales Alcasa y Venalum. Quien prosperó fue el asesor que, decidido a ser juez y parte, compró y creó empresas en el mismo sector que se suponía ayudaba a revitalizar, regado con abundante dinero de Beijing. Ninguno de esos proyectos cuajó, pero Santiago ahora reaparece promoviendo un megaproyecto industrial en Colombia.
