La hoy ministra del Interior es oriunda de Barinas, en la llanura profunda, lo que hace lucir como paradójicos dos aspectos de su carrera: se enlistó en la naval y hace sentir su influencia política en otro estado, Lara, donde fue gobernadora. En un rico distrito de esa entidad, Meléndez bendijo con gestos y prebendas el liderazgo de una ahijada política, la alcaldesa de El Tocuyo, quien sin pudor instaló en ese microcosmos una maraña de complicidades sellada por el nexo único de la lealtad familiar.
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El 6 de octubre de 2020, dos semanas antes de que Nicolás Maduro la nombrara ministra de Relaciones Interiores y Justicia, la almiranta Carmen Meléndez aún cumplía sus funciones como gobernadora del estado Lara, cargo para el que fue electa en octubre de 2017.
Aquel día, en el Matadero El Tocuyo, en la localidad homónima del estado Lara, en el centro occidente de Venezuela, celebraba como primera autoridad regional la reactivación de esa empresa municipal al lado de Gisela Rodríguez, alcaldesa del municipio Morán y, al igual que Meléndez, adscrita al oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
“Nos encontramos en el matadero municipal de El Tocuyo, que se recuperó en alianza entre la Alcaldía y una empresa privada, y ya está al 100 % trabajando con una capacidad instalada de 250 animales diarios. Nosotros hoy [estamos] acompañando a la alcaldesa Gisela Rodríguez y al compañero José Ángel Báez por esta obra tan importante”, dijo en ese momento la actual ministra, encargada en tres ocasiones del Despacho de la Presidencia entre 2012 y 2017, y ahora también precandidata a alcaldesa de Caracas.
La foto de aquella “alianza estratégica” -una figura que apenas asoma la Ley de Contrataciones Públicas y de la que echa mano el chavismo para hacer concesiones a socios privados sin mayor explicación- inmortalizó también la ceremonia por la que Melendez consagró su protectorado de Rodríguez, quien desde la alcaldía ha desplegado un férreo control familiar involucrando, cuanto menos, a siete familiares y cercanos que hoy ocupan puestos en algunas dependencias de esa alcaldía larense o en empresas regidas por el ente que dirige. Sin ir más lejos, José Angel Báez, el “compañero” aludido en el discurso de Meléndez, es el yerno de la alcaldesa.
Gisela María Rodríguez es, desde 2003, docente dependiente del Ministerio de Educación, como evidencia el registro de empleados públicos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Desarrolló su carrera educativa como docente de primaria en la Escuela Bolivariana General en Jefe Jesús de la Cruz Carrillo del municipio, donde fuentes consultadas coinciden en que el mote, no muy imaginativo, de “la Profesora”, la alude.
Su primera experiencia en la administración pública fue el de Directora Municipal de Educación durante la gestión como alcalde de Morán entre 2013 y 2017 de Teódulo Medina, hermano de los políticos Pablo y Pastora Medina, antiguos dirigentes de La Causa Radical (LCR) y del oficialista Patria Para Todos (PPT). Después de ser alcalde, Teódulo Medina migró a Florida y llegó a figurar como extra en el programa maratónico de Don Francisco.
Pero desde esa posición, el movimiento de Gisela Rodríguez fue rápido y fructífero para acercarla a Carmen Meléndez, quien, antes de volver a ostentar el cargo oficial de gobernadora de Lara, fue protectora de la misma entidad, un título oficioso y sin asidero legal que el chavismo inventó para socavar las administraciones de los gobernadores de oposición legítimamente electos en sus regiones.
En julio de 2017, en plena ebullición de las protestas contra Nicolás Maduro que dejaron más de un centenar de muertos en las principales ciudades del país, Rodríguez se postuló como candidata a diputada para la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, el recurso que el chavismo sacó de la chistera para terminar de neutralizar al parlamento rebelde, dominado por la oposición, y a las propias protestas.
Aunque el adefesio de la Constituyente despertó el repudio de la comunidad internacional y concluiría su existencia en 2020 sin haber redactado ni un artículo de la supuesta nueva carta magna, resultó todo un éxito para Gisela Rodríguez. Entró como diputada y ello le concedió una vitrina nacional desde Caracas. Además, concuerdan fuentes consultadas, allí coincidió con quien terminaría por ser su madrina política, Carmen Meléndez.
Fue suficiente ganancia para Rodríguez, que ya en diciembre de 2017 se lanzó para alcaldesa del distrito Morán. Rodríguez logró el cargo en un proceso en el que el chavismo tuvo amplia ventaja gracias a la ausencia de la oposición, que había denunciado ventajismo y fraude en los comicios para gobernadores menos de dos meses antes, en los que Meléndez fue electa mandataria de Lara.
Desde entonces, Rodríguez no ha escatimado loas para la almiranta Meléndez y reconoce públicamente que le debe su carrera política. De hecho, su comando de campaña llevaba por nombre el de Equipo Almiranta. El día de su elección prometió que: “Juntas y juntos vamos a convertirnos, con la ayuda de la Almiranta, en un municipio potencia”. Se ha referido a ella como una “madrina” y como su “jefa política”, de la que ha tratado de seguir, según también ha dicho, “la orientación de estar en los territorios”.
Por su parte la ministra Meléndez, entonces gobernadora, no ha favorecido a Gisela Rodríguez solo con fotos o palmaditas en la espalda. Aunque diluida en la convulsión política de 2019, con la autoproclamación en enero de aquel año de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, se conoció la asignación que hizo Meléndez a Rodríguez de tres apartamentos, para ella y dos de sus hijos, en el conjunto residencial Vista Verde II, de la Gran Misión Vivienda Venezuela, en la localidad de Cabudare, un suburbio de clase media al sureste de Barquisimeto, capital del estado. Podría decirse que fue un regalo de confirmación.
El vocero e impulsor de la denuncia de esa adjudicación fue el diputado larense de la Asamblea Nacional, Guillermo Palacios, del opositor partido Un Nuevo Tiempo (UNT), quien recuerda que aquella asignación de los inmuebles no fue la única irregularidad. Los materiales para las remodelaciones de los apartamentos, así como las camionetas y los trabajadores que los trasladaban, pertenecían a la Alcaldía de Morán, de acuerdo con los testimonios anónimos de los mismos trabajadores que quedaron registrados y documentados en una denuncia que preparó Palacios.
“Esto es un hecho de corrupción y será denunciado ante la fiscalía del Ministerio Público”, dijo entonces. La denuncia, presentada en la Fiscalía Superior de la Circunscripción Judicial de Lara, no tomó vuelo. “Como ocurre siempre, guardan las denuncias y no les dan curso. Desde entonces he pasado por allá a verificar el estatus y es el mismo”, dice Palacios. Mientras tanto, las propiedades de los Rodríguez no eran lo único que crecía.
Aunque esa denuncia esté engavetada, hay un hecho que la alcaldesa Rodríguez no se ha molestado en ocultar y es la profusión de familiares que han pasado a ocupar cargos en el organigrama de la Alcaldía de Morán.
Taxativamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley contra la corrupción, el Código de Ética de las Servidoras y los Servidores Públicos y la Ley del Estatuto de la Función Pública prohíben sobre el papel el nepotismo en Venezuela, pero Gisela Rodríguez -a quien se le solicitó, sin que hubiera respuesta, una entrevista para este reportaje- ha configurado un anillo de confianza cimentado por el parentesco.
Su hija Patricia Rodríguez es la presidenta de la Empresa de Propiedad Social General de División José de la Trinidad Moran (Epsam), dependiente de la Alcaldía y dedicada, según lo que se lee en sus estatutos, al rubro alimenticio para “satisfacer las necesidades de la población morandina con productos de calidad y a precios justos”.
David Jesús Chidiac Rodríguez, hijo de la alcaldesa, funge como director del departamento de Servicios Públicos de la Alcaldía de Morán, mientras que Rosmery Rodríguez, hija adoptiva de la gobernante, es la directora de Desarrollo Social y de Comunas del municipio.
Los hermanos de la alcaldesa Gisela Rodríguez son también un factor clave en el círculo de confianza. Así, Yaritza Rodríguez fue designada síndico municipal y José Gregorio Rodríguez, a quien Armando.info también solicitó sin éxito una entrevista, presidente del Instituto Municipal de Deportes.
El único miembro del clan escogido por elección popular fue Nataly Rodríguez, otra de las hermanas de la alcaldesa, concejala y expresidenta del Concejo Municipal de Morán.
Además del nombramiento de cargos dentro de la alcaldía de Morán, dos empresas que dependen del despacho de la alcaldesa Rodríguez también están en manos de sus familiares.
La primera es la torrefactora Café Cardenal. Se trata de una pequeña planta que fue expropiada a una familia local, los Leal, por Hugo Chávez, y que desde 2005 está regida por Epsam. Es decir, por Patricia Rodríguez, hija de la alcaldesa.
“La capacidad instalada de la empresa es de 15.000 kilos de café molido y empaquetado por día. Esa empresa está deteriorada, y para cumplir con 10.000 kilos tardan como una semana. Cuando yo salí hace cinco años, se producían alrededor de 1.800 kilos por día”, refiere un extrabajador de la torrefactora.
El negocio cafetalero para la familia Rodríguez, señala el diputado Palacios, ha tenido una diversificación inesperada pero feliz, debida a un factor derivado de la crisis de la industria petrolera: en Morán, como ocurre, por ejemplo, en el sur de Bolívar con el oro, la moneda no oficial pero de más uso es el café. El grano es elemento de intercambio en la economía local.
“¿Cómo le llega el café a Torrefactora Cardenal? Muy sencillo: por el tema de la gasolina, que lo administra la alcaldesa también, conjuntamente con la Guardia Nacional”, explica.
La economía en este caso funciona con una suerte de trueque: la Alcaldía entrega gasolina y gasoil a los productores larenses y estos, a cambio, entregan café por precios muy bajos.
El tema del combustible y su vinculación con la alcaldesa se hizo notorio el 20 de junio de 2020, cuando un grupo de lugareños protestó en una estación de servicio contra la propia Rodríguez y otros funcionarios de la Alcaldía que cargaban gasolina en vehículos oficiales.
Sobre el tema del café, una de esas empresas vinculadas comercialmente con Cardenal, de acuerdo con fuentes de El Tocuyo (pues la información oficial en torno de la torrefactora es inexistente), es Productores Asociados de Café Guarico (Pacca Guarico), entre cuyos socios se cuenta Luciano José Báez, padre éste de José Ángel Báez, pareja de Patricia Rodríguez, presidenta de Epsam y de Café Cardenal e hija de la alcaldesa.
Se trata del mismo José Ángel Báez que el 6 de octubre de 2020, ante las cámaras de Venezolana de Televisión y en un contacto con Nicolás Maduro, asumió el control del Matadero El Tocuyo, al lado de su suegra, Gisela Rodríguez, y de la entonces gobernadora Carmen Meléndez.
No era la primera vez que Meléndez daba su beneplácito a José Ángel Báez en presencia de Gisela Rodríguez. La primera vez, al menos públicamente, fue el 21 de julio de 2020, cuando ambas visitaron la sede de la empresa de Báez, Distribuidora JJ, C.A., en cuyos galpones, según las fuentes consultadas, se aloja buena parte de la comida distribuida por los gobiernos locales y, hasta el fin del mandato de Carmen Meléndez, regional.
En un tuit, acompañado de fotos de Meléndez y de Rodríguez en un galpón, la gobernadora escribió: “Pasamos revista en la Distribuidora y Comercializadora JJ C.A., empresa privada dedicada al procesamiento de carnes y productos de origen animal ubicada en el Edo Lara. Desde la Alcaldía del municipio Morán, hemos establecido alianzas para fortalecer su producción”.
Dos meses y medio después, en un enlace televisivo con Nicolás Maduro, Gisela Rodríguez mencionó a la Distribuidora JJ, C.A., como la parte privada de la alianza para la reanudación de operaciones del quebrado matadero municipal. Aún, en julio de 2021, los números de su producción son un secreto, tanto como mantuvo Rodríguez que el dueño de la empresa era su yerno.
Van sin pausas pero, contrariamente a lo que establece el refrán, con mucha prisa. La familia Mussa, en el estado Bolívar ha logrado desde finales de 2020 y en plena pandemia de coronavirus multiplicar una red de farmacias tras una fulgurante carrera empresarial a la sombra del antiguo gobernador y críticas por llevar a cabo prácticas reñidas con la ética empresarial y farmacéutica
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