El matrimonio bendecido por Castro Soteldo tiene de todo

Los nuevos dueños del central azucarero Pío Tamayo no son, ni de lejos, unos novatos para la Revolución Bolivariana ni para el “zar agrícola” Wilmar Castro Soteldo, quien, junto a su sobrino Luis Fernando Soteldo, ha guiado la transferencia de muchas otras propiedades a la pareja de Edward Gudiño y Yorjuaniris Ojeda. Silos, trilladoras de arroz, hatos, mataderos industriales, contratos privilegiados como proveedores de la Corporación Venezolana de Guayana, son algunas de las prebendas recibidas.

14 abril 2021

En octubre pasado y tras una operación opaca, por decir lo menos, la empresa Consorcio Veinca tomó el control del central azucarero Pío Tamayo en El Tocuyo, estado Lara. 

La planta, que en 1972 alcanzó un récord al procesar casi medio millón de toneladas de caña, fue estatizada por Hugo Chávez en 2010, con lo que quedó condenada a un declive cada vez más pronunciado: desde 2014 allí no se muele caña y solo se refina azúcar importada. 

Esa misma parábola de decadencia motivó que fuera casi furtivamente reprivatizada en 2020. Quedó a cargo de una empresa sin experiencia comprobable en el rubro azucarero, Consorcio Veinca, y con dos dueños apenas conocidos: Edward Gudiño y Yorjuaniris Ojeda. Como lo contó Armando.info, entonces se sabía de ellos que tenían antecedentes como contratistas de algunas dependencias del gobierno central y de las gobernaciones de los estados Guárico y Miranda. 

Pero luego de esa publicación han surgido documentos y testimonios que muestran cómo los empresarios de Consorcio Veinca de manera callada han venido construyendo un emporio que incluye, ahora además del central de El Tocuyo, los mataderos industriales Roblecito y El Rastro (en Valle de La Pascua y Calabozo, respectivamente, ambos en Guárico), silos del estado Portuguesa, silos del estado Barinas y Complejos de Silos Chaguaramas (Guárico); planta trilladora de arroz de Barinas; y los hatos Los Sauces (Achaguas, Apure), Puerto Miranda y El Roble (en Camaguán y Ortiz, respectivamente, también en Guárico), además de una relación como proveedor de carnes de la poderosa Corporación Venezolana de Guayana (CVG), el ente estatal que gestiona el desarrollo integral de la región minera y energética al sur del río Orinoco.

Los testimonios de fuentes conocedoras de la organización interna de Consorcio Veinca, que accedieron a hablar con Armando.info con la condición de mantener sus nombres en reserva, coinciden además en afirmar que la expansión de los negocios del consorcio ha estado amparada por el zar del chavismo para los negocios agroindustriales, el comandante Wilmar Castro Soteldo.

A partir de su designación como ministro de Agricultura y Tierras, Castro Soteldo sostiene una campaña para readjudicar activos y negocios del agro a empresarios privados, casi siempre allegados al propio Castro, y bajo el amparo de figuras legales frágiles, sin mediar concursos o licitaciones. 

En esa operación participa activamente Luis Fernando Soteldo, sobrino del ministro, exdiputado de la Asamblea Nacional por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), y desde abril de 2020 presidente de la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios C.A. (Cuspal).

Las gobernaciones de los estados Apure, Barinas, Guárico y Miranda -todas bajo el mandato de militantes del chavismo- son los entes más recurrentes en los negocios de Veinca como lo prueban, por ejemplo, los acuerdos con el Estado que están asentados en el Registro Nacional de Contratistas (RNC).

Las fuentes consultadas sostienen que Castro Soteldo es, más que el valedor de Veinca, su principal operador. Una de ellas asegura haber sido testigo de reuniones entre Castro Soteldo, su sobrino y Gudiño. “Lo hemos presenciado en varias oportunidades. Hay reuniones donde Castro y Soteldo giran instrucciones a Gudiño sobre con quién hacer los negocios. En otras, Gudiño ha entregado dividendos a Soteldo”, señala.

Descentralización por conveniencia

Consorcio Veinca fue constituido en Caracas en diciembre de 2009, pero mudó su sede legal a San Felipe, capital del estado Yaracuy, en abril de 2015. En esa región agrícola del centrooccidente del país fue Carlos Gamarra Manzabel, diputado psuvista y exalcalde de San Felipe, quien hizo las gestiones para poner en contacto a los noveles empresarios, Gudiño y Ojeda, con el comandante Castro Soteldo y su sobrino. 

Sin embargo, sería en el vecino estado Lara donde iba a desarrollar el grueso de sus operaciones. De hecho, su oficina principal queda en el sexto piso de la Torre Bell, en Barquisimeto, la capital de la entidad.

“Esa es la empresa matriz del holding que dirige Castro Soteldo y a cuyo nombre aparecen la mayoría de los negocios con el gobierno nacional y los gobiernos regionales”, señala una de las fuentes.

Todos los fondos, sobre todo créditos, añade esta fuente, son “exonerados de impuesto al valor agregado y de impuestos sobre la renta”, y a partir de allí, “los destina el Consorcio Veinca a sus centros pecuarios y agrícolas para producir fundamentalmente carne bovina, de cerdo y cereales (maíz y arroz), cuyos productos son finalmente vendidos a la Cuspal con destino a la cajas Clap”.

El basamento jurídico para que empresas como Consorcio Veinca se hagan con el control de plantas estatales es el de la “alianza estratégica”, expuesta en el artículo 5 de la Ley de Contrataciones Públicas. En ella, con un asomo y nada más, se despacha la formalidad de la licitación cuando se trata de “alianzas comerciales o estratégicas para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras entre personas naturales o jurídicas y los contratantes”.

Precisamente, lo de alianza estratégica se lee en el encabezado del documento que formaliza la entrega del azucarero Pío Tamayo a Veinca: “Para su administración y puesta en marcha”, detalla. El documento tiene el sello del Ministerio de Agricultura.

La familia primero

En la práctica, Consorcio Veinca no es la única empresa próxima a Gudiño que concentra las alianzas estratégicas. Inversiones de América Latina, C.A., también ha sido parte de estas adjudicaciones. Fue constituida el 10 de noviembre de 2017 en el estado Lara y su objeto es la “explotación del negocio de beneficio de ganado vacuno, bufalino, porcino, ovino y aves del corral, y la industrialización de los subproductos de estos géneros”.

Pero no es Gudiño directamente quien está al frente de esta empresa. Las propietarias son Berkys Coromoto García Olivares y María de los Ángeles Gudiño Garrido, la madre y la hija de Gudiño, respectivamente. 

No son ellas la única conexión entre Inversiones de América Latina y Veinca, sino también la dirección de la oficina: sexto piso de la Torre Bell, en Barquisimeto, estado Lara. Las fuentes que ofrecen sus testimonios para esta investigación refieren que el edificio de Barquisimeto es donde se toman las decisiones del holding.

El grupo también se ha expandido en los registros mercantiles con otras denominaciones como la de Agroveinca, constituida el 8 de septiembre de 2020. Gudiño y Ojeda son los dueños de esta sociedad, como puede leerse en los documentos de constitución.

Mateo a los mataderos

El negocio cárnico de Consorcio Veinca tuvo a partir de 2018 dos clientes importantes y consecuentes, dos gobernaciones dirigidas por el Psuv: la de Miranda, con Héctor Rodríguez, y la de Guárico, con José Vásquez. Los acuerdos describen que Veinca suministraría carne a estos entes, pero las cantidades y el destino final del producto son parte de los secretos de estas negociaciones.

La Gobernación de Guárico, en septiembre de 2018, promocionó con fervor una alianza estratégica con Veinca para la puesta en funcionamiento del matadero de Valle de la Pascua. Lo que publicitó la prensa del ente regional como gran atractivo fue la distribución de 63 toneladas de carne para los mercados municipales. Hasta hoy, los trabajadores de la empresa y habitantes de Valle de la Pascua insisten en que la carne nunca llegó a los mercados municipales sino a empresas privadas de cercanos a Vásquez.

Las fuentes que ofrecieron su testimonio para este reportaje señalan, a partir de documentos, que “el consorcio es la operadora del Matadero Industrial Roblecito, en Valle de La Pascua, y del Matadero Industrial El Rastro, en Calabozo, mediante alianza estratégica con el Ministerio para la Alimentación y el Ministerio de Agricultura y Tierras”. Los números de la producción son escondrijos. Los testimonios concuerdan en que carne es lo que menos ha habido a partir de esta alianza.

La carne bovina y de cerdo para las cajas Clap y para los abastos municipales son de los tipos 2, 3 y 4 (las calidades más bajas). Las carnes tipo Premium, sostienen trabajadores de Veinca, son vendidas a grandes cadenas de supermercados.

Silos dejan…

Los silos (depósitos para almacenamiento y procesamiento de granos) también fueron para Chávez foco de su política expropiatoria. Estuvieron entre las primeras confiscaciones de su administración, empezando por los de la Planta Promabasa, perteneciente a Empresas Polar. La medida fue ejecutada por el padre del presidente, Hugo de los Reyes Chávez, entonces gobernador de Barinas.

Pero los silos que fueron expropiados, además de plantas trilladoras de arroz, también han vuelto a pasar a manos privadas, entre las que destacan varias adjudicaciones tanto al Consorcio Veinca como a Inversiones de América Latina. Las fuentes de la empresa y varios documentos identifican a Pedro Luis Malaver Ruiz como el padrino de las alianzas.

Se trata nada menos que del presidente de la empresa socialista Agropatria (antes Agroisleña, empresa de suministros agrícolas expropiada por Chávez en 2010 y hoy prácticamente en ruinas) y exdirectivo de la Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas La Casa, C.A. (Casa), que funcionó hasta 2018 para cambiar de nombre a Cuspal, y que en su momento fue una de las principales proveedoras de la red estatal Mercados de Alimentos (Mercal).

“Consorcio Veinca es la operadora de Silos del estado Portuguesa, en Guanare; de Silos del estado Barinas, en la ciudad de Barinas; y de la Planta Trilladora de Arroz, en la ciudad de Barinas; mediante Alianza Comercial con la Corporación Agrícola Socialista del Estado Barinas Hugo Chávez, S.A.con la intermediación de Argenis Chávez Frías, gobernador del estado Barinas”, responde una fuente en Barquisimeto.

Inversiones de América Latina C. A. entra en el tablero mediante la operación del Complejo de Silos Chaguaramas, en el estado Guárico, igualmente, “mediante alianza estratégica con Agropatria S.A. y con la intermediación de su presidente, Pedro Luis Malaver Ruiz”. Todos los acuerdos están refrendados por Castro Soteldo mediante el Ministerio de Agricultura y Tierras.

“Además (dicen trabajadores de Veinca consultados para esta investigación) el holding recibe frecuentemente grandes cantidades de insumos agrícolas de Agropatria S.A. a precios subsidiados, los cuales revende y el sobrante es revendido fundamentalmente a los productores del estado Guárico”.

El pernil que nunca fue

Las intermediaciones del sobrino del ministro Castro Soteldo, Luis Fernando, a favor del Consorcio Veinca no datan sólo de su paso reciente por Cuspal y no solo se refieren a la transferencia de industrias agrícolas, sino también de propiedades. En 2017, cuando era diputado de la Asamblea Nacional, fue nombrado presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI), ente dependiente del Ministerio de Agricultura y Tierras, el mismo que entonces dirigía y que aún dirige su tío.

Consorcio Veinca C.A. es hoy en día adjudicataria de tres hatos: Puerto Miranda, en Camaguán, estado Guárico; El Roble, en Ortiz, también en Guárico; y Los Sauces, en Achaguas, estado Apure. Las tres adjudicaciones, gratuitas todas, se consumaron a través de las disposiciones de Soteldo al frente del INTI.  

Lo que allí se produce o se deja de producir ha sido confidencia entre Veinca y las corporaciones estatales con las que han suscrito acuerdos. Lo que ha trascendido se debió  a denuncias públicas de los trabajadores de algunas de esas plantas. Así también ocurrió en el central de El Tocuyo. Todavía en abril de 2021, a cinco meses de protestas, quedan trabajadores de la planta en un limbo jurídico, lo que les llevó a crear lo que ellos denominan Comité de Solidaridad Obrera y Popular. “Estamos peleando por mejoras laborales y la reivindicación de 42 trabajadores prejubilados que tienen derecho a la continuidad”, dice uno de ellos desde El Tocuyo.

Las protestas han signado la gestión de Gudiño y Ojeda no solo en su rol de patronos: también, de manera indirecta, les ha tocado en el rol de proveedores, como ocurrió también en diciembre, cuando un grupo de trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana protestó hasta el último día de ese mes porque, hasta esa fecha, no les habían entregado el pernil que les habían prometido y que debía entregar el proveedor, Veinca.

“Un grupo grande de trabajadores, no conociendo las políticas hambreadoras que tiene Pedro Maldonado como presidente de CVG, estuvieron pendientes de una falsa promesa de la entrega de un pedazo de pernil, porque ni siquiera es un pernil, y estuvieron ahí, con la necesidad y el hambre, con la esperanza de que entregaran ese pedazo de proteína”, declaró entonces al portal informativo El Pitazo Cecilio Pineda, secretario de Organización del Sindicato Único de Profesionales de CVG (Sunep CVG) y miembro de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG).

Pedro Maldonado, a quien se refirió Pineda, ha sido director de Derechos Humanos del Ministerio de Interior y Justicia (cargo con el que, en 2008, se encargó de expulsar de Venezuela al director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco), director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), presidente del Banco Central de Venezuela y, ahora, presidente de la CVG.

En este último cargo suscribió la alianza comercial entre la CVG y Consorcio Veinca para suministrar pernil tanto a trabajadores activos como a jubilados. La protesta hasta el 31 de diciembre perfila que no se cumplió lo prometido. De hecho, aún en marzo de 2021, Pineda asegura que no se entregaron los perniles. 

Sin rendición de cuentas, la historia de Consorcio Veinca ha quedado supeditada a denuncias y protestas. Sus dueños solo han ofrecido silencio, como ocurrió con la solicitud de entrevista para este trabajo, que no fue respondida. También intentó contactarse a Wilmar Castro Soteldo mediante el departamento de relaciones públicas del Ministerio de Agricultura y Tierras, y directamente a Luis Fernando Soteldo. Tampoco hubo respuestas.

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