La operación militar estadounidense del 3 de enero dejó una baja inesperada: la continuidad de los Contratos de Participación Productiva (CPP) otorgados entre 2024 y 2025 por la actual Presidenta Encargada, entonces Ministra del Petróleo. Aunque ya se conocen concesiones ligadas al magnate Harry Sargeant III y al entorno del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, la mayoría de los beneficiarios son empresas pequeñas, poco conocidas y con vínculos previos con el Estado chavista, que quedaron bajo la amenaza de la toma del petróleo venezolano que Donald Trump patrocina.

De una a otra orilla del río Orinoco transcurre un episodio de la competencia global por el control de las tierras raras y otros minerales estratégicos, que enfrenta sobre todo a China y Estados Unidos. Por la densa capilaridad de la frontera fluvial y selvática se van los tesoros geológicos, a los que arrancan del Escudo Guayanés bajo la supervisión de grupos irregulares, y van a dar a empresas de dudosa reputación en Colombia, hasta finalmente alcanzar las refinerías en China.

El extrañamiento fue el destino que debieron adoptar unos 408 activistas, según comprobó esta cobertura, tras sufrir la represión que siguió al fraude electoral de julio de 2024. Año y medio después, el desarraigo se extiende más de lo esperado y la subsistencia se les vuelve una batalla diaria, a la que suman su militancia remota por Venezuela. Aunque escaparon de peligros inminentes, muchos comprueban que la distancia no los separa del todo ni del riesgo ni de las memorias que les acosan.

En la frontera binacional, la extracción de minerales estratégicos ocurre en un lado y se comercializa en el otro, alimentando una economía ilícita transnacional que involucra a guerrilleros y redes criminales. Mientras Maduro y su némesis, María Corina Machado, ofrecen -con objetivos muy distintos- la explotación del subsuelo venezolano, esta ocurre ahora mismo de modo desregulado, invasivo y violento, parte de una guerra sucia global que se libra en pos de las materias primas indispensables para lograr un futuro ‘limpio’.

La sede en Caracas del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional hace tiempo dejó de ser un centro de detención transitorio. Se transformó en un reclusorio clandestino que llegó a albergar a 72 prisioneros. Hoy, sin embargo, apenas aloja a una mujer y cuatro hombres, todos ellos exalcaldes del estado Zulia, acusados por narcotráfico y arrestados en 2025 durante la operación policial ‘Relámpago del Catatumbo’. La exclusividad de esta cárcel se refuerza con la identidad de su carcelero VIP: Diosdado Cabello.

En 2024, el juicio público contra tres agentes de policía, una médico forense y un amigo de 'Canserbero' —todos acusados de participar en el encubrimiento del presunto asesinato del rapero— resultó contraproducente para la acusación. Las pruebas presentadas por la fiscalía de Tarek William Saab se desmoronaron bajo el peso de los argumentos de la defensa, el testimonio de algunos de sus peritos y las objeciones de la propia jueza, quien, no obstante, acabó aceptando sus implicaciones. Entre tanto, desapareció el expediente original de las muertes de Tirone González y Carlos Molnar.

Con un derroche de ruedas de prensa televisadas y producción de videoclips, al entonces Fiscal General, Tarek William Saab, le bastaron 35 días para demoler a fines de 2023 el relato oficial de un homicidio-suicidio que, ocho años antes, el propio Ministerio Público había asumido como explicación para las muertes del rapero Tirone 'Canserbero' González y el bajista Carlos Molnar. El acelerón demandó atajos y omisiones tanto en las investigaciones como en el proceso judicial. Su conclusión resultó tan endeble que solo pudo sostenerse en las confesiones de los acusados obtenidas, según testimonios, bajo coacción.

Muestras toxicológicas que se dañaron en la morgue; el celular de uno de los occisos que se siguió usando como si nada: estos y otros cabos sueltos de la investigación en 2015 de las muertes del rapero Tirone 'Canserbero' González y del bajista Carlos Molnar, produjeron una versión oficial, la del homicidio-suicidio, vulnerable ante las conjeturas en redes sociales y la sensibilidad herida de familiares y seguidores del artista. La mella que estas hicieron fue suficiente para que, años después, la fiscalía de Tarek William Saab pudiera fabricar un nuevo relato.

Un par de abogados que pusieron sus rostros a la toma de Bangente actuaban atados por un acuerdo, una opción de compra, a un tercer abogado, José Simón Elarba, quien poco después se quedaría con otra entidad financiera, Bancamiga. Esta última operación fue más pública que la primera, en la que los letrados convirtieron los tribunales en armas arrojadizas. El negocio convocó no solo a los familiares de Elarba, dueño a la vez de la recolectora de desechos Fospuca, sino también al entorno de un influyente personaje: Carlos Malpica Flores, el sobrino ‘favorito’ de Cilia Flores.

Entre apretones de manos, empresas novísimas y mucho silencio, un grupo de líderes empresariales con estrechos vínculos con el presidente Gustavo Petro estableció, durante los primeros meses de su mandato, un canal secreto con operadores políticos en Caracas y con Camimpeg, la empresa estatal venezolana dirigida por el ejército, para cerrar acuerdos relacionados con el petróleo y el gas venezolanos. Aunque Petro mantuvo en público las distancias con Maduro, sus amigos lograron conseguir los contratos.