A los desaparecidos los buscan de un solo lado

Sometidos a la incertidumbre de unos familiares desaparecidos por años, los deudos en territorio venezolano sufren otra pena que inflige un Estado indolente. Los parientes buscadores a veces enfrentan el sarcasmo de las autoridades a las que acuden para solicitarles que investiguen alguna desaparición: “Ay, señora, su hija es mayor de edad y seguro se fue con el novio”. Pero la mayoría de las veces ni siquiera merecen el esfuerzo de la burla. Solo reciben indiferencia.

“Pusimos la denuncia y nada”, “nunca nos llamaron”, “nunca nos ayudaron”: estas frases recurrentes corresponden a madres de venezolanos desaparecidos en la frontera binacional, que se ayudan entre sí para buscar a sus seres queridos y suplen de ese modo la ayuda ausente del Estado venezolano. Aunque pueda resultar burocrática y lenta, la única autoridad oficial que les presta oídos y, a menudo, les brinda respuestas es la colombiana.  

La violencia interna en Colombia entre grupos guerrilleros y paramilitares a finales de la década de los 90 rebasó la línea fronteriza y se derramó hacia territorio venezolano. La dinámica de tránsito se tornó peligrosa en la pugna por el control de las zonas y comenzó el goteo de noticias sobre colombianos y venezolanos asesinados o desaparecidos en uno y otro lado de “la raya”. Aquello, con los años, terminó por volverse parte del paisaje, sobre todo con la proliferación de trochas y pasos que grupos armados controlan para llenar los vacíos que ambos Estados dejan a su merced.  

Los colombianos, sin duda, han llevado la peor parte en el conteo de víctimas. Cifras actualizadas del Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) de Colombia contabilizan 178.429 colombianos desaparecidos por el conflicto interno -no solo fronterizo- hasta mayo de este año. 

Pero la cuota de venezolanos desaparecidos en la frontera es también muy alta. Según el mismo Sirdec entre 1993 y hasta 2024 se registraron 3.338 venezolanos desaparecidos en territorio colombiano, de los que 660 (432 hombres y 228 mujeres) desaparecieron en los departamentos fronterizos de La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Boyacá, Arauca y Vichada; no había registros en el también fronterizo departamento de Guainía, junto al estado Amazonas de Venezuela. Hasta la fecha, de estos 660 casos han aparecido con vida 140 individuos, mientras otros 17 fueron encontrados ya hechos cadáveres.  

En la progresión anual, el 2018 despunta como un hito especial por haber sido el año pico de la migración impulsada desde Venezuela por la crisis humanitaria compleja que, ya para entonces, atravesaba el país. Una migración a pie, desesperada, que al escapar chocó con la ausencia del Estado venezolano en el resguardo de las fronteras, cuyo control ahora se reparten grupos armados irregulares.

Desde 2018, solo en el departamento colombiano de Norte de Santander se contabilizan más de 50 personas desaparecidas cada año, con Cúcuta como la ciudad con más casos registrados, unos 384 en total.  

La política prende y también apaga

Un año después de la asunción de Gustavo Petro como presidente de Colombia, el drama de las desapariciones transfronterizas se visibilizó como nunca antes. Las declaraciones entonces del jefe paramilitar desmovilizado, Salvatore Mancuso, sobre fosas comunes tanto en Venezuela como en Colombia, ofreció una oportunidad de oro para abordar el tema. En julio de 2023 se creó el Comité Técnico Binacional para la Búsqueda, Recuperación y Abordaje Forense de los Cuerpos de las Personas dadas por Desaparecidas en las Zonas de la Frontera Venezolana-Colombiana. 

El mecanismo tenía dos objetivos: procesar, con ayuda de la Cruz Roja, la búsqueda e identificación de cuerpos en sitios señalados como lugares de enterramientos, y la elaboración de un Manual Operativo para regular los procedimientos de “búsqueda, recuperación y abordaje forense de los cuerpos de las personas dadas por desaparecidas” en la frontera binacional. Este sería revisado por las cancillerías de ambos países, encabezadas en ese momento por Yván Gil, de Venezuela, y Álvaro Leyva, por Colombia.

“Recuerdo que allá [refiriéndose a Venezuela] estaban con toda la disposición de hacer algo”, comenta Helena Urán, una de las asesoras en esta materia del gobierno colombiano. Por ser un conflicto armado interno de larga data, Colombia cuenta con mecanismos institucionales preparados para la atención de las consecuencias, como el conteo y búsqueda de los desaparecidos, que recae en Medicina Legal, la Fiscalía y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

De cara al comité, del lado venezolano estaban a cargo el mayor general Gerardo Izquierdo Torres (sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense en 2018), entonces director general de la Oficina de Fronteras, y Render Peña, viceministro para América Latina de la Cancillería venezolana. El embajador de Colombia en Venezuela en ese momento, Milton Rengifo, fungía como vaso comunicante entre ambos gobiernos. 

Urán relata que durante varios meses hubo avances, reuniones constantes entre las representaciones de ambos gobiernos, pero ese intercambio se enfrió. Las razones no las sabe precisar. Señala que el año siguiente, 2024, entre la disminución de los contactos y el intenso proceso electoral de las presidenciales venezolanas, el trabajo del comité se detuvo, aunque se había logrado elaborar un borrador de acuerdo diplomático para abordar el tema de los desaparecidos. Asegura que hasta se había logrado involucrar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y al Ministerio de Justicia de Colombia. “Quedamos super frustrados”, se lamenta.

La indolencia por lápida

“Cadáver masculino que mide 1.60 cm, en edo [sic] de carbonización a un 90% de la superficie corporal”, se lee en una ficha escrita a mano con fecha del 18 de julio de 2005. El nombre del difunto es “no identificado” y el cuerpo fue traído desde San Antonio del Táchira, ciudad cercana a la frontera, hasta el Cementerio Municipal de San Cristóbal, la capital del estado. 

Como ese hay decenas de casos que llegaron al principal cementerio de la capital tachirense entre 2000 y 2005, uno de los puntos a los que han ido a parar los cuerpos de desaparecidos transfronterizos. A veces de a uno, a veces en grupo, a veces con algo de ropa o en pedazos, algunos cuerpos pudieron ser identificados y otros no, pero ninguno sobre los que había alguna pista de identificación llegó a ser reclamado y terminaron como los otros -anónimos hasta ahora- depositados en una fosa común en el propio cementerio. 

“Esa fosa común se llama el restero. Es una capillita donde se recolectaron todos esos huesitos”, cuenta Alba Villamizar, secretaria del Cementerio Municipal de San Cristóbal. Hace dos años, en 2023, un grupo de funcionarios colombianos revisó la documentación sobre los cuerpos que habían llegado desde finales de los 90 y hasta 2005. Sin embargo, recuerda Villamizar, no se llevaron nada, ni documentos ni algún resto. 

“Hay miles de huesitos en esa capilla, para mover todo eso, imagínese. Es impresionante hacer ese trabajo. Porque todo estaba así, una capillita así, todo se echaba allí, hasta que llegó un momento en que se selló completamente. Ya no ingresaban más bolsas de esas de huesos. Era demasiado. Y se selló ese restero municipal”, recuerda Villamizar.

Un esfuerzo forense de esa envergadura solo podrá tener lugar cuando exista una voluntad política semejante. Pero del lado venezolano no hay una entidad, oficina o institución oficial que se dedique a procesar estos casos. Los familiares suelen poner las denuncias ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), que cuenta con una unidad especializada en investigaciones de personas desaparecidas. Sin embargo, no hay datos públicos que reflejen el número de casos recibidos por esa entidad, y menos, de los resueltos.

La Fiscalía del régimen chavista no cuenta con alguna división especializada para atender el tema de desapariciones en frontera, como tampoco la Defensoría del Pueblo, que recibe denuncias de familiares pero no muestra data alguna. El último informe publicado por la Defensoría, del año 2021, menciona la palabra “desaparecidas” apenas cinco veces, y solo para referirse a casos de personas que fallecieron por crecidas de ríos; en una ocasión, se refiere un caso de posible trata de personas. Se envió un correo solicitando información a la oficina de la Defensoría en San Antonio del Táchira, sin que se recibiera respuesta.

La falta de información del lado venezolano se hizo aún más ostentosa a partir de 2017, cuando la migración masiva de venezolanos por la vía fronteriza con Colombia disparó los números de desaparecidos transfronterizos. Wilfredo Cañizares, director de la organización no gubernamental colombiana, Fundación Progresar, destaca que de los 650 casos documentados que tienen de personas desaparecidas entre 2016 y 2024, 120 corresponden a ciudadanos venezolanos.

Que el número no sea igual al del conteo que hacen las instituciones de Colombia se debe a que la Fundación Progresar lleva el registro en correlato con acción de grupos violentos, excluyendo casos de quienes podrían haber cortado relación con sus familias voluntariamente. 

“Esos 120 casos los tenemos documentados en el sentido de que un grupo armado ilegal los detuvo, o que la última vez que vieron a la persona fue cruzando una trocha de control de la guerrilla o de control de una banda paramilitar o de control de una banda criminal”, especifica Cañizares. 

“La crisis migratoria lo que hizo fue poner en una dimensión escandalosa lo de los desaparecidos (...) Aún hoy en día el gobierno colombiano no tiene una cifra cierta de cuántos venezolanos o venezolanas desaparecieron y en qué contextos transfronterizos, y aún menos el venezolano”, afirma, aunque destaca que con la llegada del gobierno de Petro y la reapertura de la frontera, han descendido drásticamente los casos de desapariciones forzadas transfronterizas. 

Sonia Rodríguez Torrente, coordinadora para el departamento de Norte de Santander de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), institución oficial colombiana, señala que entre los obstáculos para concretar alguna cooperación en materia de búsqueda e identificaciones de los desaparecidos transfronterizos se hallan las visiones diferentes de ambos estados a la hora de abordar los casos. “En Colombia lo hacemos desde la extrajudicialidad”, es decir, se hacen las búsquedas sin que medien la participación u orden de tribunales o jueces, mientras que en Venezuela, según señala, es todo lo contrario: “La búsqueda en Venezuela está enmarcada en todo un ejercicio judicial y penal y eso pone las lógicas de la relación en posiciones distintas”.

Villamizar, la secretaria del cementerio, afirma lo mismo. “Para hacer algo hay que mover un organismo”, dice, en alusión directa a la Fiscalía venezolana o a los tribunales. “Tiene que ser orden de un tribunal porque si no es una profanación, eso es una tumba”.

En Colombia, Rodríguez Torrente explica que la UBPD tiene en total 94 planes de búsqueda de desaparecidos, de los que 11 coresponden a zonas fronterizas con Venezuela: en la media y alta Guajira uno, otro al sur de La Guajira, otro en el norte del departamento del Cesar y uno más al centro; y uno en Sarare, Tame, Sabanas de Arauca y el departamento de Vichada. Tres más responden a los planes de búsqueda que cubren los 40 municipios en Norte de Santander.

Los buscamos nosotras

En Venezuela, en cambio, a los desaparecidos solo los buscan sus familiares. 

La desaparición de Wilmer Jair Cáceres Salamanca, funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ocurrió el 25 de enero de 2016 en San Antonio del Táchira. Su madre, Blanca Salamanca, comenzó a buscarlo al notar que no llegó a su puesto de trabajo en San Cristóbal, la capital del estado. 

Al ingresar a la sede de PoliTáchira, la policía regional, para poner la denuncia, se encontró con otra mujer que también tenía a su hijo desaparecido y estaba dando el retrato hablado de un joven que había salido con él. Ese retrato hablado, recuerda la señora Blanca, era el de Wilmer. “En ese momento, las dos nos conocimos y nos unimos por la búsqueda de nuestros hijos. Ella me contó que mi muchacho había ido ese lunes 25 a buscar a su hijo, Kevin Rodríguez, funcionario de 22 años de PoliTáchira, a su casa en el barrio Miranda, de donde salieron, sin dar explicaciones”. La madre de Kevin Rodríguez se llama Belén Botello. 

El de las señoras Blanca y Belén es el ejemplo clásico de cómo funciona en Venezuela la búsqueda de desaparecidos en la frontera colombovenezolana: a pulso entre las familias y con apoyo del otro lado, en Colombia.

Acompañándose, con sus propias indagaciones encontraron que sus hijos habían sido vistos por última vez en San Antonio del Táchira, lo que les hizo pensar que probablemente habían cruzado la frontera. “Comenzamos a buscar los enlaces para presentar la denuncia ante las autoridades competentes de Colombia”, señaló la señora Salamanca. 

Ocho meses después, el 26 de septiembre de 2016, Salamanca y Botello formalizaron la denuncia de desaparición forzada ante la Fiscalía de Colombia. Al caso fue asignado un investigador. “Fueron dos años y tres meses de ir a Colombia, con una frontera cerrada. Nos tocaba, en la mayoría de los casos, atravesar las trochas. Una vez, nos agarró de retorno una balacera y nos lanzamos al piso. Fue horrible y peligroso”.

Las visitas a Cúcuta, la capital de Norte de Santander, se dividían entre la Fiscalía y Medicina Legal. “Hicimos varias amigas que nos tendieron la mano y pusieron todo el empeño hasta conseguir que el caso se esclareciera. Al final, toda la búsqueda se centró en Colombia, no volvimos al Cicpc. Tenemos cierta rabia con ellos. Nunca nos ayudaron y ni siquiera hemos ido a cerrar el caso”. 

La ayuda del lado colombiano rindió frutos de la forma más inesperada, con la captura de un delincuente en Cúcuta que reveló la ubicación de cinco fosas comunes en la trocha La Playita, donde finalmente se encontraron los restos de Wilmer Cáceres Salamanca y Kevin Rodríguez. Tras una espera de año y medio para confirmar la identidad mediante pruebas de ADN, recibieron los restos en septiembre de 2019 y organizaron una sepultura digna en el cementerio municipal de San Antonio, cerrando una dolorosa etapa para sus familias.

Así como las madres de Wilmer y Kevin, en Venezuela existe el grupo Esperanza de Madre, creado por Lisbeth Zurita, la madre de Emisael Contreras, desaparecido en 2019 cuando se disponía a volver a su casa en el estado Bolívar, sureste de Venezuela, tras haber pasado a Colombia para trabajar en minas del departamento de Guainía. Además de la organización no gubernamental Fundaredes, que ha visibilizado los casos de las desapariciones en los estados fronterizos -en su último informe de 2023 contabilizan 133 personas, la mayoría venezolanos habitantes de los estados Bolívar y Táchira-, Esperanza de Madre es el único grupo que trata de apoyar a familiares de venezolanos desaparecidos en la frontera, de los que hasta la fecha contabilizan 74.

“Cuando viajé a Colombia a buscar a mi hijo, regresarme [a Venezuela] con las manos vacías me hizo crear el grupo Esperanza de Madre en Facebook, porque decía: tengo que hacer algo, no puedo quedarme de brazos cruzados, no puedo esperar que las autoridades busquen a mi hijo. Ahí empecé a interactuar con otras mamitas que también están pasando por lo mismo, buscando a sus hijos, ahí empecé a darme cuenta de esta pesadilla (...) Todavía me cuesta creer cómo hay tantos desaparecidos”, explica Zurita. 

Aunque Emisael Contreras no aparece todavía, algunas madres del grupo han encontrado a sus hijos. Algunos vivos -no dice cuántos- y 17 fallecidos.

En el caso de Colombia, las madres también se han configurado como un motor de búsqueda fundamental, ya más organizado por lo antiguo del fenómeno allá. Las Tejedoras de Moiras, Las Tejedoras de Juan Frío y las Guardianas de la Memoria son algunos de los grupos que, como la Fundación Progresar, apoyan a la UBPD y también a las familias venezolanas con desaparecidos transfronterizos. A la par, cada vez documentan más casos de ciudadanos colombianos desaparecidos en Venezuela. 

Yolanda Montes, una líder social que documentó hasta 240 casos de desaparición forzada en la zona de Arauca, fronteriza con el estado venezolano de Apure, describe la complejidad de la búsqueda del lado venezolano.

“En nuestro grupo hay madres colombianas a quienes les han dicho que sus hijos fueron a parar en Venezuela, y de ahí no sabemos más. Eso es más complejo, porque ir a buscarlos es prácticamente imposible. Nos hablaron alguna vez de tres puntos donde han sido enterrados colombianos: Los Bancos, Las Charcas y Tumeremo, en el Arco Minero [del río Orinoco, en territorio venezolano], y que en el cuarto frío de la morgue de San Cristóbal había cinco cuerpos de colombianos, pero el reconocimiento de ese proceso allá es muy complejo. También nos han hablado de fosas comunes o lugares de interés forense en los cementerios, que podrían revelar muchas verdades, pero no hay voluntades políticas de ambos países para buscar a estas personas”.

Pero, más allá de recabar sus casos y apoyarlos con contactos institucionales, la búsqueda de los desaparecidos en la frontera binacional también está atravesando un momento de parálisis en Colombia, y no precisamente por falta de esfuerzo de las instituciones. 

La falta de voluntad política a la que Montes alude también la menciona el magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia, Gustavo Adolfo Salazar, quien además advierte que no son suficientes las declaraciones de Mancuso sobre la existencia de fosas comunes para emprender una búsqueda, pues se trata de afirmaciones generales, sin coordenadas paras su ubicación, que deben ser ratificadas por paramilitares de menor rango para llegar a lugares más específicos. 

Recuerda que todavía ese proceso de ubicación no ha terminado y advierte su ralentización. “En este momento no hay nada porque estamos absolutamente parados en la frontera. No hay ninguna posibilidad de que en el corto y mediano plazo active una comisión”, asegura, argumentando que no cuenta con las suficientes condiciones de seguridad para proteger a los informantes y testigos. La posibilidad de obtener ayuda de las autoridades del Poder Ejecutivo en Colombia, prefiere descartarla: “Con el canciller Luis Gilberto Murillo y con la nueva, Laura Sarabia, ese tema no se ha vuelto a abordar”.