Desde 2022, cinco niños con leucemia han fallecido y decenas han sufrido efectos adversos, incluyendo el contagio de meningitis, como consecuencia del tratamiento que se les suministró en el principal centro pediátrico de Venezuela. Las sospechas recaen sobre un medicamento importado de India que se sigue administrando. La situación causó la renuncia de varios médicos, pero las autoridades de salud escamotean los resultados de la evaluación del fármaco y hacen todo lo posible por ocultar la crisis. Mientras, otros niños con leucemia pueden correr el mismo riesgo.
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Algo inusual está pasando en el Servicio de Hematología del estatal Hospital de Niños J.M. de los Ríos, el principal pediátrico de Venezuela, ubicado en la urbanización San Bernardino del centro norte de Caracas. En agosto de este año, 10 niños fueron diagnosticados con meningitis después de un procedimiento en quirófano para suministrarles, a través de una punción lumbar, el medicamento metotrexato, como parte de un protocolo médico para combatir la leucemia.
En una segunda oportunidad, el mismo medicamento se usó de forma intravenosa. Esta vez, seis niños desarrollaron dolores de cabeza, fiebre y vómitos a los 20 minutos de iniciado el tratamiento. Días después, uno de estos niños terminó con una infección por pseudomonas, bacteria que suele causar infecciones intrahospitalarias y neumonía o meningitis.
Esta secuencia de pacientes que venían a curarse pero, en cambio, contrajeron nuevos males, cuya incidencia sobrepasaba por mucho cualquier estadística aceptable para cualquier centro hospitalario, puso las sospechas sobre un elemento en común en todos los casos: el metotrexato que se les estaba suministrando.
El metotrexato es un medicamento oncológico que se usa en el tratamiento del cáncer para retardar el crecimiento de las células cancerosas. Los médicos de este hospital pediátrico lo prescriben como parte del protocolo médico para tratar pacientes de leucemia.
Ya desde julio de 2022 se registraron casos de toxicidad severa después de que se les administrara a los pacientes altas dosis de metotrexato, como dicta el protocolo. Cinco de ellos fallecieron. Murieron quemados y llenos de llagas, como si a sus pequeños cuerpos los hubiesen bañado con agua hirviendo.
La particularidad de este episodio, resguardado con celo por el Ministerio para la Salud y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), ambos entes presididos por Magaly Gutiérrez, exnuera de la primera dama, Cilia Flores, es que el metotrexato fue importado desde India por el propio Seguro Social. El fabricante es el laboratorio Naxpar Pharma Pvt. Ltd. El rotulado del frasco y de la caja en donde lo entregan, se hizo en Venezuela para estampar el sello “¡Socialismo es salud!”, según dicta la propaganda del gobierno. Pero el debido registro sanitario no aparece en ninguna de las caras del empaque.
Estos hechos fuera de lo común se dan en un contexto económico y normativo que favorece la importación expedita de fármacos que alguna vez faltaron en los anaqueles. En 2019, en el apogeo de la crisis de desabastecimiento, el gobierno promulgó la resolución 075 del Ministerio para la Salud, para relajar las exigencias establecidas para la importación de medicinas.
Aún así, algunos de los incidentes graves con medicamentos usados en el Servicio de Hematología del J. M. De los Ríos precedieron al ablandamiento de las reglas de juego.
En 2015, por ejemplo, los niños con leucemia no estaban respondiendo a la quimioterapia, debido a fármacos defectuosos. El Instituto Nacional de Higiene y el Ministerio para la Salud también guardaron silencio entonces.
Meses después, en este mismo servicio, los pacientes fueron llevados al quirófano para un procedimiento que requiere anestesia. Después del procedimiento, todos los niños pasaron 48 horas dormidos. Respiraban, pero no se despertaban. Aunque ninguno murió, los médicos hicieron el reporte sobre el efecto anormal de la anestesia. El hospital mantuvo su mutismo ante el incidente,
El 1 de agosto de este año parecía un día como cualquier otro en el servicio de Hematología del J.M. de los Ríos. Doce pacientes debían recibir metotrexato a través de una punción lumbar que se lleva a cabo en quirófano. Dos de ellos no pudieron ingresar porque se constató que sus valores en sangre no eran óptimos para el procedimiento. A los demás, los acostaron en camillas al terminar el tratamiento para su hidratación y monitorear sus signos vitales después de que los medicamentos hicieran efecto.
Un niño de dos años empezó a agarrarse la cabeza y a quejarse. Solo gritaba: “Mamá, mamá”, haciendo presión con sus manos sobre el cuero cabelludo. Por su edad, aún no podía expresar con palabras lo que sentía su cuerpo. A los 10 minutos de estar llorando, vomitó. Empezó a subirle la fiebre. Su madre vio cómo los síntomas se propagaron en cadena entre los demás niños en la sala. Todos tenían fuertes dolores de cabeza y vomitaban. Se quejaban. La fiebre les subía y presentaban temblores. Era una escena atípica, amén de pavorosa. “Esto no puede ser ni normal ni casual”, dijo a su esposo, que la acompañaba.
Los médicos inyectaron a los niños con medicamentos para bajar la fiebre. Siete de ellos fueron llevados de nuevo al quirófano para tomar muestras del líquido cefalorraquídeo, a fin de determinar qué tenían. El color del líquido extraído a los niños evaluados se veía blancuzco en vez de transparente, como debería. Algo estaba mal.
La citoquímica de las muestras, que se procesaron en un laboratorio privado, ofreció un resultado compatible con meningitis, aunque el cultivo fue negativo, probablemente por la premura con la que se tomaron esas muestras. Al mismo tiempo, uno de los frascos del metotrexato indio, que había permanecido cerrado y sin usar, también se analizó y dio positivo para las bacterias klebsiella y pseudomona.
A partir de entonces, los médicos siguieron lo que dicta el protocolo: empezaron el tratamiento de los pacientes con antibióticos, notificaron a la dirección del hospital y enviaron las muestras al Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, un ente adscrito al Ministerio para la Salud que tiene como misión la vigilancia y control de los medicamentos de consumo humano en Venezuela.
Una niña del grupo sometido a la punción lumbar original falleció, porque no pudieron tomarle la vía para que recibiera el antibiótico. Ya sus venas estaban muy comprometidas.
Pero en ningún caso los médicos fueron informados del resultado de las muestras enviadas al Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. A pesar de las sospechas fundadas con que cuentan, ni ellos ni los padres pudieron saber a ciencia cierta cómo estos niños contrajeron la meningitis. El trágico episodio se hundió en un agujero negro de opacidad burocrática y de omisiones que aún, dos meses después, siguen sin aclararse.
El brote de la meningitis se suma a otras irregularidades asociadas al metotrexato importado por el IVSS.
El Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel debe confirmar que la concentración de este medicamento se corresponde con lo que dice la etiqueta. Pero he aquí que la etiqueta no dice nada sobre el control sanitario. Las áreas de los empaques y etiquetas producidos por el mismo gobierno las ocupa la propaganda oficial.
Otro inconveniente: el protocolo indica que cuando este fármaco forma parte del tratamiento, a cada paciente se le deben medir los niveles de la concentración del medicamento en la sangre. Ese estudio, que debe ser rutinario en estos pacientes, no se hace en el país desde hace 10 años, ni en laboratorios privados ni públicos.
Los médicos toman medidas extremas de hiperhidratación cuando un niño recibe estas dosis y, entre ellas, les administran pastillas de leucovorina, una píldora que reduce la toxicidad del metotrexato. Pero, en ocasiones, los padres de estos niños con leucemia han recibido de la Farmacia de Alto Costo, que pertenece al Seguro Social, la leucovorina ya vencida.
Desde julio de 2022, al menos, el metotrexato está causando estragos entre niños con leucemia del J.M. de Los Ríos.
Tamara Molina, de 31 años de edad, y Dayana Turipe, de 38 años, se hicieron muy amigas en el hospital. La hija de 12 años de Molina, y el hijo de 10 años de Turipe, tenían leucemia y a la postre fallecieron.
En el último e inquietante recuerdo que Molina conserva del hijo de Turipe, este aparece tendido en una camilla de la emergencia, lleno de llagas.
El niño vivía en Barlovento, una población costera del estado Miranda, a una hora y media al este de Caracas, y era el tercero de cuatro hermanos. El 19 de septiembre de 2022, luego de sufrir fiebres muy altas por días, recibió el diagnóstico: padecía leucemia linfoblástica aguda.
Su diagnóstico no necesariamente equivalía a una sentencia de muerte. El porcentaje de supervivencia de niños, al menos cinco años después del diagnóstico de leucemia, es de 90% en países industrializados. En países subdesarrollados, la proporción baja a 70%, por el escaso acceso a diagnóstico oportuno y la precariedad de los hospitales. Aun así, la expectativa de remisión sigue siendo alta.
El hijo de Turipe empezó la quimioterapia de manera sistemática. Luego recibió la punción lumbar con metotrexato y, por fin, llegó la fecha para empezar el fármaco por la vena. Pero ese día, mientras la medicina entraba a su cuerpo, el niño le dijo a su mamá que sentía que el líquido lo quemaba. Los médicos reaccionaron y detuvieron el procedimiento por un momento; tan pronto el pequeño paciente logró calmarse, reanudaron el suministro de la dosis recomendada.
Madre e hijo fueron enviados a su casa. Pero casi enseguida el paciente volvió al hospital para recibir hidratación intravenosa como lo exigen los médicos. Estuvo vomitando sangre durante esas 48 horas siguientes y tuvo que quedarse hospitalizado. Le empezaron a salir llagas en la boca. Sus padres decidieron volver a Caracas. Los médicos pensaron que Dayana Turipe había olvidado darle la pastilla de leucovorina a su hijo y se lo reprocharon. Pero ella nunca dejó de darle esta medicina que, por cierto, resultó estar vencida. “¿Tú crees que yo voy a hacer algo que perjudique a mi hijo?”, dice.
Su hijo pasó la semana hospitalizado. Le dolía el estómago y la piel se le fue oscureciendo. Le salieron nuevas llagas que se fueron reventando. “Mi hijo me decía que se quería morir, que no quería sufrir más”, cuenta Turipe. El 28 de noviembre de 2022, a las 3:54 pm, falleció. Ese mismo mes también murió una niña indígena con los síntomas semejantes: su cuerpo se fue quemando.
Tamara Molina, por su parte, había presenciado cómo estos dos niños, que fueron diagnosticados y tratados, lucharon, padecieron tormentos y murieron. Ahora le tocaba a su hija pasar por el metotrexato y tenía miedo.
Aunque no sabe de medicina, ya para entonces estaba consciente de que el metotrexato podía generar toxicidad y hasta tener efectos letales, como los sufridos por el niño Turipe. La literatura especializada predicaba, sin embargo, que estos últimos casos son inusuales. Y, de hecho, los médicos del J.M. de los Ríos solo los habían visto tres veces en dos décadas. Sin embargo, en muy poco tiempo, ella ya los había visto de cerca en dos pacientes. Pero no había otra opción para su hija que continuar con la quimioterapia.
En el hospital, entre tanto, se había asumido que, a pesar de las protestas de su madre, la muerte del niño Turipe se debió a que no tenía suficiente protección para recibir el tratamiento con metotrexato porque no estaba tomando la pastilla de leucovurina. Sobre la segunda muerte, la de la niña indígena, se dijo que la recaída del cáncer la había debilitado. Esto fue lo que los médicos concluyeron.
Pero entonces vino el caso de la hija de Tamara Molina.
Preocupada quizás por lo que acababa de ver, Molina compró la leucovorina en una farmacia privada para garantizar que no estuviera vencida y proteger a su hija de algún efecto adverso.
El 20 de diciembre de 2022, la niña recibió el tratamiento de metotrexato. Ese mismo día empezó a hincharse. Los días siguientes la llevaron al hospital para hidratarla, como se hace siempre. Tenía fiebre y vomitaba. La vagina estaba irritada y defecó sangre. El 22 de diciembre, la dejaron hospitalizada.
Molina, una mujer menuda y de baja estatura, tuvo que cargar a su hija preadolescente, que ya la superaba en tamaño, como a una bebé de brazos, y la ingresó al hospital. Ese día empezaron a brotarle ampollas en el cuerpo. “Mamá, me estoy quemando por dentro”, le dijo. Le mandaron a darle sorbos de Chinotto, un refresco de lima-limón. La niña se sentaba y se acostaba de forma compulsiva. Intentaba aguantar el dolor. Tenía la mirada perdida. Dejó de parpadear. El 25 de diciembre la llevaron a la sala de emergencia. Los médicos advirtieron que se trataba de una reacción a la quimioterapia.
El 29 de diciembre su cuerpo empezó a mostrar signos de quemaduras. Su piel se oscureció y le salieron llagas en toda la piel que luego se reventaban. La agonía solo empeoró en los días siguientes. El 4 de enero los médicos dieron el veredicto: “Tu hija está intoxicada con el metotrexato”, escuchó Molina. A las siete de la noche de ese mismo día, la niña murió. “Mi hija quedó en carne viva”, denunció su madre.
Otro niño de tres años murió el mismo mes que la hija de Molina. El metotrexato que le administraron pertenecía al mismo lote de importación. Los dos niños eran tratados en el Servicio de Hematología
Los médicos hicieron un seguimiento especial de los efectos del fármaco en el organismo de esos pacientes oncológicos, pero hace tres meses no pudieron evitar que otra niña de seis años muriera de idéntica manera en el hospital. Su foto circula entre los teléfonos de las madres que tienen a sus hijos hospitalizados en estos momentos en el J.M. de los Ríos. La comparten como una alerta de que, cuando se les administre este fármaco a sus hijos, no deben olvidar la hidratación y deben, en cambio, tener la pastilla de leucovorina siempre a mano.
Yessika Salazar, de 42 años, es la madre de esa niña fallecida. Desde su apartamento, construido por la Misión Vivienda Venezuela en Caracas, confirmó las circunstancias de la muerte de su hija y mostró el acta de defunción, que dice que falleció el 11 de julio a las 10:30 pm. Entre las causas de muerte citadas está la de necrólisis epidérmica, una reacción poco común de la piel que suele producirse por un medicamento.
La hija de Salazar también presentó fiebre, vómitos y dolor de cabeza. Al entrar al hospital caminaba, pero con el pasar de las horas sus síntomas empeoraron. A los cinco días ya estaba quemándose y preguntó: “Mamá, ¿por qué me hicieron esto?”, cuenta Salazar. Su cuerpo tuvo que ser velado en un ataúd cerrado por el estado en que se encontraba.
“Su piel se desprendía. ¿Esto es justo?”, pregunta la madre. Jesús Moya, el padre, se rebela: “¿Cómo es posible que esas medicinas no tengan control? Este gobierno está haciendo con nosotros lo que les da la gana”.
Después del diagnóstico de los 10 casos de meningitis, el 13 de septiembre, funcionarios del Ministerio para la Salud instaron a los médicos a seguir usando el medicamento con la garantía de que había llegado un nuevo lote. Los profesionales pidieron evidencias de un estudio de farmacovigilancia antes de usarlo, pero no las obtuvieron. Se vieron obligados a dar un voto de confianza a las autoridades del Ministerio para la Salud y del Seguro Social.
Los padres fueron también citados a una reunión en el Ministerio para la Salud el 15 de septiembre en la mañana. Allí les pidieron que confiaran en que la situación del medicamento estaba controlada y que no habría más daños.
De inmediato, como si fuera parte del avenimiento con los afectados, el centro de salud fue tomado por el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el Consejo de Protección y el Ministerio para la Salud, con el propósito de realizar unas jornadas de mantenimiento durante el fin de semana del 16 y 17 de septiembre. En 48 horas pintaron los espacios del servicio de Hematología, eliminaron las filtraciones del quirófano, compraron una nueva máquina de anestesia, cambiaron todos los bombillos quemados, colgaron las fotos del fallecido presidente Hugo Chávez y arreglaron un aire acondicionado que tenía ocho meses dañado.
Un nuevo equipo médico volvió a usar el metotrexato, supuestamente nuevo, y los pacientes volvieron a presentar fiebre, dolor de cabeza y vómitos. El 11 de octubre, 26 madres difundieron una carta pública explicando los hechos acaecidos desde el 1 de agosto. En ella relatan que, en dos oportunidades, los niños recibieron dosis de metotrexato y que, en ambas, presentaron síntomas irregulares. Detallan el brote de meningitis en los 10 niños y cómo de nuevo 12 niños presentaron efectos adversos cuando les suministraron el metotrexato, pese a que las autoridades del hospital, el Ministerio para la Salud y el Seguro Social aseguraron que este lote nuevo de medicinas había sido verificado.
Después de los sucedido el 1 de agosto con los casos de meningitis, los médicos exigieron pruebas de que este lote que se usó, y uno nuevo que llegó el 13 de septiembre, habían sido evaluados. Los médicos nunca recibieron el resultado de esas evaluaciones. Por este motivo, cinco de ellos, que trabajaban en el servicio de Hematología, renunciaron, como reportó Efecto Cocuyo. El hecho coincidió con el cambio de la directiva del centro de salud que ya tenía cuatro años ejerciendo los cargos. Los médicos explicaron la situación a los padres. Esperaron a que llegaran los nuevos hematólogos para el relevo y entregaron el mando.
Las madres que hicieron la carta pública se lamentaron porque perdían a unos hematólogos en los que confiaban y que nunca habían dejado de atender a sus niños. Exigieron de nuevo que el Instituto Nacional de Higiene publique los resultados de la evaluación científica de los lotes de metotrexato. Las 26 firmas fueron resguardadas por su seguridad.
El reciente 12 de octubre, un día después de la difusión de la carta, la nueva directora del hospital, Sascha García, visitó a la madre de uno de los niños afectados en el área de triaje, donde su hijo está hospitalizado por segunda vez tras recibir metotrexato. En esta ocasión por un diagnóstico positivo con pseudomona.
A la directora le molestó que el grupo de madres siguiera difundiendo lo que considera información interna del hospital, a pesar de que sus hijos están siendo atendidos y de que se acondicionaron algunas habitaciones para ellos en el segundo piso, después de que desarrollaran la meningitis. La dirección del hospital las citó para una reunión esta semana.
Con su segunda carta pública, y ante el silencio oficial, los padres exigen de nuevo al Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel que publique los resultados de los estudios del medicamento que afectó a los niños el 1 de agosto y los lotes siguientes que llegaron al hospital. Detallan además nuevos efectos adversos observados durante las siguientes semanas en los pacientes y defienden la actuación de los médicos.
La Comisión de Bioética del Hospital J.M de los Ríos se pronunció el 22 de septiembre expresando su rechazo a que los médicos hayan sido forzados a renunciar por negarse a suministrar medicamentos de dudosa calidad. Alertó sobre los problemas bioéticos de usar medicamentos inmersos en esta polémica. Como “un acto de justicia”, exigieron que la directiva del hospital reconozca “la calidad, dedicación y mística” que caracterizó a estos médicos durante años de servicio profesional. Ese pronunciamiento tampoco obtuvo respuesta.
Armando.info solicitó información sobre el control y vigilancia de este medicamento al Ministerio para la Salud, el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel y la directiva del Hospital de Niños José Manuel de los Ríos. Ninguno respondió.
En 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a los pacientes del área de Nefrología del hospital J.M. de los Ríos porque se encontraban en una situación de indefensión y riesgo irreparable por la crisis de salud que se vivía y aún se vive en Venezuela. En agosto de 2019, esta medida se amplió a trece servicios del centro de salud pediátrico. Entre estos se incluye el Servicio de Hematología.
Aún así, de la toxicidad del metotrexato la directiva no habla. El agujero negro burocrático se tragó los casos de los niños muertos e intoxicados. Asegurando que los medicamentos son nuevos y pasaron por los controles de calidad sanitarios, la nueva directiva del hospital pretende que los familiares le den al metotrexato un tercer voto de confianza.
Fiel a su naturaleza y por cálculos políticos, el régimen de Nicolás Maduro busca en los cuarteles la solución a un grave problema de salud pública, que ha costado 66 vidas en casi cinco años y que hasta ahora se achacaba al ‘bloqueo’. En una especie de guerra relámpago, un puñado de oficiales de la Fundación Pueblo Soberano toman desde octubre decisiones de, literalmente, vida o muerte para decenas de pacientes pediátricos que esperan por un riñón. Pero a estas alturas ya constatan que las complejidades del asunto pueden ser más fuertes que el rigor marcial, la buena voluntad y hasta la chequera con que solían contar.
Un par de veinteañeros están detrás de una empresa privada que desde el año pasado regenta Farmacias Caribe, una nueva red que desde la Alcaldía de la capital de Venezuela y otras instancias municipales distribuye y vende medicamentos a bajo costo. Sin experiencia conocida y desde una oficina que parece un búnker, la dupla maneja también la distribución de medicinas de Irán e India y comparte apellido con un personaje sancionado por Estados Unidos por vínculos con una organización terrorista y estados forajidos del Medio Oriente.
A falta de pruebas confiables que certifiquen su efectividad contra la Covid-19, las gotas presentadas por Nicolás Maduro como "milagrosas" y cuya distribución ya autorizó, convocan al escepticismo. El laboratorio que las produce, desconocido, tuvo antes la persona jurídica de un importador de repuestos para carros. Quienes se presentan como autores de los supuestos estudios clínicos que respaldan al medicamento son socios comerciales y operadores políticos del oficialismo: uno, que se proclama escritor de 'bestsellers' en Amazon, llegó a estar preso bajo acusaciones de presuntos ilícitos en una subsidiaria de Pdvsa; el otro, propietario de empresas que contrataron con el Estado, tuvo una discoteca en Margarita.
Armando.info recolectó las relaciones extraoficiales llevadas por médicos de tres grandes hospitales públicos de Caracas y el interior del país. Solo esas cuentas superan con amplitud las cifras nacionales de víctimas de la Covid-19 que los portavoces del Gobierno ofrecen. El sistema establecido por las autoridades lleva por diseño al subregistro y al retraso: pruebas poco confiables, escasos laboratorios y la opacidad en los protocolos hacen que las muertes se multipliquen a una tasa más rápida que la capacidad -y la voluntad- para contarlas.
Anunciada anticipadamente desde hace 35 años como una panacea, la joya de la corona de la controvertida industria cubana de biofarmacia esperaba una diana en la que hacer blanco. Ahora, por fin, no solo los rumores sin fundamento científico y otras especies llegadas desde La Habana y Wuhan le asignan poderes para combatir al Covid-19: el gobierno venezolano ha incluido el Interferón alfa 2b en el tratamiento oficial contra la enfermedad. Pero el entusiasmo de Nicolás Maduro por el medicamento, entre la superchería y la lealtad política, hace tropezar lo que parece un experimento masivo no declarado con la falta de evidencias y el escepticismo de la comunidad médica venezolana.
Es barato curarla y aún más fácil prevenirla, pero la sífilis congénita comienza a hacer estragos en la nueva generación de recién nacidos del país. Puede producir condiciones aún más severas que el VIH, pero en 2019 el Estado venezolano importó 0,4% de la penicilina que compraba hace diez años, uno de los antibióticos más baratos y comunes en el mercado y principal tratamiento de esta infección, por lo que los médicos se preguntan cómo podrán curar en la Venezuela de hoy a una enfermedad que parece un mal chiste del siglo pasado.
El Ministerio de la Defensa contrató en 2014 el ‘overhaul’ de tres helicópteros del Ejército con un proveedor de Florida. Transportados por un avión Antonov, fueron a dar a Suiza. Una década y 17 millones de dólares después, las aeronaves no han regresado. En la fallida operación se combinan incumplimientos del contratista y omisiones de altos oficiales venezolanos.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
Presidenta del Instituto Venezolano para los Seguros Sociales desde el año 2018 y ministra para la Salud desde febrero de 2022. Entre sus funciones se encuentra la importación de medicinas de alto costo para los pacientes con cáncer. Es ex nuera de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores.
Está adscrito al Ministerio para la Salud y es el encargado de la regulación sanitaria de los medicamentos que consumen los venezolanos en el país.
Es un centro de salud pediátrico de referencia nacional ubicado en el oeste de Caracas. Sus instalaciones y suministro de medicamentos dependen del Ministerio para la Salud. Desde el año 2019, sus pacientes tienen una medida cautelar de la CIDH por la situación de indefensión que sufren los niños por la crisis humanitaria que hay en Venezuela.
