Antes de medirse en las decisivas elecciones parlamentarias, en las que arriesga el control de la Asamblea Nacional, el oficialismo debe primero tratar de resolver las disputas internas por las postulaciones a diputados, que habrán de dirimirse a sangre y fuego. Luego, los caciques regionales que salgan victoriosos tendrán que tratar de adecuarse a las cuotas por edad y género establecidas desde Caracas.
“¡Vamos a primarias!”, exclamó el presidente Nicolás Maduro el domingo 4 de enero, tras informar que el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) había aprobado ya su plan político-electoral para 2015.
Con ese anuncio, Maduro cerraba el capítulo referido al mecanismo que emplearía el PSUV para escoger a sus candidatos para las venideras elecciones legislativas de 2015, todavía sin fecha precisa. Pero, de la misma manera, abría lo que puede significar un nuevo episodio en la historia de las luchas intestinas en el chavismo.
Entre las filas oficialistas comentan que esta contienda interna podría desatar una batalla campal entre diputados en ejercicio y gobernadores. La advertencia nace de la experiencia. El 2 de mayo de 2010, la militancia roja acudió a las urnas para ungir a los abanderados que se presentarían a los comicios generales de 2010. De los 106 legisladores que se postularon en ese proceso, solo 16 recibieron el respaldo de las bases para intentar la reelección como principales, mientras otros 12 sobrevivieron como suplentes.
Hace cinco años, los pasillos del Palacio Federal Legislativo eran un lamento. “Nosotros trabajando por la revolución aquí en Caracas, mientras los gobernadores estaban en los estados con sus maquinarias serruchándonos el puesto”, se quejaban los parlamentarios tras la amarga derrota colectiva.
Ahora, la mayoría del PSUV en la Cámara corre el mismo peligro. Aunque en apariencia todos son rojos, en el fondo existen sus matices y las fuentes consultadas apuestan a que los mandatarios regionales volverán a “jugar duro” para incluir a sus fichas de confianza en la futura plenaria.
En algunos casos, el origen de las diferencias se entiende al revisar el calendario electoral. La actual AN se escogió el 26 de septiembre de 2010. Entonces, una buena parte de sus integrantes contaba con el aval de quienes en ese momento dirigían los estados. El 16 de diciembre 2012 tocó la renovación de los gobernadores y los cambios que arrojaron los resultados, sacudieron el mapa de las corrientes chavistas.
Como muestra de la injerencia de los mandatarios regionales en aquellas primarias de 2010, el botón de Monagas, un estado petrolero del oriente del país. El gobernador José Gregorio Briceño, quien militaba en el PSUV, logró incorporar en la lista a tres de sus incondicionales: Jesús Domínguez, Nelson Parra y María Aranguren. Tan pronto Briceño desertó del PSUV, el trío lo acompañó en su ruptura y la bancada monaguense pasó a ser controlada por la oposición. Más adelante, el oficialismo desaforó a Aranguren con el fin de sumar al “diputado 99” que necesitaba para aprobar la Ley Habilitante de diciembre de 2013.
En esta oportunidad, abundan las zonas de conflicto. Allí destaca el caso de Trujillo/Andes venezolanos. Cinco años atrás, voces del oficialismo fustigaban las aspiraciones de Hugbel Roa, José Javier Morales y Christian Zerpa, señalando que no eran trujillanos y que su único mérito era ser piezas del gobernador Hugo Cabezas. De hecho, Morales fue el sucesor de Cabezas al frente de la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (Onidex), al tiempo que Zerpa se desempeñó como director nacional adjunto de Identificación Civil de la Onidex.
En 2012, el difunto presidente Hugo Chávez defenestró a Cabezas y encumbró en Trujillo al general en jefe Henry Rangel Silva, quien no apoyaría la continuidad de los tres representantes vinculados con su antecesor. A favor de Roa estaría su amistad con el mandatario de Aragua, Tareck El Aissami, quien habría intervenido en la disputa para evitar males mayores.
La chispa que enciende el llano de Apure es la pelea que sostienen el gobernador Ramón Carrizález y el alcalde del Alto Apure, Jorge Rodríguez Galvis, padre del ex ministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres. Carrizález acusa a los diputados Cristóbal Jiménez y Juan García de apoyar a Rodríguez Galvis quien, por cierto, pretende lanzar a sus propios candidatos a la AN con la mira puesta en desbancar a su rival y asumir el poder regional en los comicios de 2016.
En Guárico (llanos centrales), de los tres legisladores del PSUV, el mandatario Ramón Rodríguez Chacín -él mismo, un ex oficial de la Armada- solo se entiende con el ex comandante general de la Aviación, Róger Cordero Lara, a quien el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) ha solicitado levantarle la inmunidad por su presunta participación en la masacre de Cantaura, ocurrida en 1982.
Tanto Alfredo Ureña como Jesús Cepeda, los otros parlamentarios de la región, han tenido roces con Rodríguez Chacín. En declaraciones publicadas por el diario El Nacional el 29 de junio de 2013, Cepeda cuestionó al líder guariqueño en estos términos: “Se han agudizado diferencias internas porque estamos en contra del modelo de gestión autoritaria, que no es revolucionario ni democrático. Estoy en contra de la mentira como mecanismo de hacer política”.
El legislador describió a Rodríguez Chacín como un “engendro dedicado a perseguir a dirigentes políticos”, debido a las acciones que tomó contra su predecesor Luis Gallardo, quien terminó encarcelado por supuestos hechos de corrupción.
La enemistad entre el diputado Adel El Zabayar y el gobernador de estado Bolívar (sureste de Venezuela), Francisco Rangel Gómez, es un hecho absolutamente público. En marzo de 2012, El Zabayar solicitó a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que inhabilitara y realizara un “examen psiquiátrico y psicológico” a Rangel Gómez, a quien acusó de incurrir en “abuso de poder” por insultarlo a través de los medios de comunicación estadales.
El mandatario regional, por su parte, tachó de “cobarde” y “flojo” a su camarada, que en 2013 alcanzó notoriedad por viajar a Siria en medio de la guerra y anunciar su intención de alistarse en “las brigadas de resistencia contra la posible invasión de parte del imperio y sus lacayos”. En aquella oportunidad, el presunto agraviado también solicitó al Ministerio Público la intervención de la policía regional para evitar ataques contra “los distintos colectivos patrióticos de resistencia popular revolucionaria de Guayana”.
Gracias al respaldo incondicional de Chávez, Rangel Gómez logró superar las críticas internas y ya suma tres períodos al frente de la zona del hierro. La última vez que se midió en unas primarias, en 2008, obtuvo menos de la mitad de los sufragios (47,53%), y en 2012 su aspiración reeleccionista no fue avalada por el Partido Comunista de Venezuela (PCV), tradicional aliado del chavismo.
“En realidad, salvo Nancy Ascencio, todos los diputados bolivarenses están en contra del Gobernador”, sostienen las fuentes consultadas, que identifican al alcalde de Caroní (Puerto Ordaz), José Ramón López, como el principal aliado de los parlamentarios.
El único que tendría su curul asegurada para la próxima legislatura entre los aragüeños sería Elvis Amoroso, primer vicepresidente de la Cámara. Sus colegas Betty Cróquer, José Gregorio Hernández, Rosa León y hasta la histórica María León no gozarían de la simpatía del gobernador de Aragua (centronorte), Tareck El Aissami. “Este equipo de parlamentarios, incluidos los suplentes, ha trabajado mucho, pero El Aissami no está por la labor de reconocer trayectorias y, además, sobre algunos pesa su supuesta relación con Rafael Isea”, comentan.
Loidy Herrera de Bolívar llegó a la AN en 2010 de la mano de su esposo Teodoro Bolívar, quien ocupaba la Gobernación de Cojedes (llanos del centro). Dos años más tarde, Bolívar cedió su despacho a Erika Farías, quien ahora pretendería renovar la representación de la entidad sacando del camino a Herrera de Bolívar y Alejandro Villanueva, otra carta de su antecesor.
En la bancada de Carabobo (estado industrial del centronorte), el hombre de confianza del gobernador Francisco Ameliach es Saúl Ortega. Sin el espaldarazo de Ameliach, vicepresidente de Organización y Asuntos Electorales del partido, las posibilidades de repetir de Asdrúbal Colina, Héctor Agüero, José Rafael Ávila, Lesbia del Castillo y Miriam Pérez son casi nulas.
La elección de los delegados que participaron en el III Congreso del PSUV en 2014 dejó en evidencia la existencia de dos grandes bloques en Falcón (región noroccidental). En uno estaba la gobernadora Stella Lugo, su esposo y diputado, Jesús Montilla, y el alcalde de Coro, Pablo Acosta. En frente se encontraban los legisladores Henry Ventura y Andrés Eloy Méndez, actual superintendente de Precios Justos, y el regidor de Punto Fijo, Alcides Goitía. Ambos bandos podrían chocar otra vez en las primarias por la AN.
De los cinco parlamentarios principales rojos de Portuguesa (llanos de Occidente), solo Nelson Escobar es mencionado como miembro del grupo del gobernador Wilmar Castro Soteldo. Los otros cuatro, entre quienes destaca Blanca Eekhout, cuestionarían el desempeño del antiguo comandante de la Aviación.
Castro Soteldo también encararía el desafío de, al menos, cuatro alcaldes. El primero en la lista de adversarios sería Oswaldo Zerpa, quien con la tarjeta de Tumaparos (un grupo radical de izquierda) derrotó al PSUV en el municipio José Vicente de Unda. De hecho, Zerpa optó por la Gobernación en 2012 y quedó segundo, por encima del abanderado de la Unidad (oposición), Iván Colmenares. En esta misma posición crítica se inscribiría Carlos Molina, quien se impuso en Ospino con la alianza Tupamaros-PCV, al igual que los regidores pesuvistas Efrén Pérez (Acarigua) y Otoniel Meléndez (Santa Rosalía).
En Vargas (litoral central de Venezuela), las diferencias se centrarían entre el gobernador Jorge Luis García Carneiro –un ex general del Ejército- y la diputada Gladys Requena, quien en 2004 se lanzó por el control del poder regional contraviniendo la línea del extinto Movimiento Quinta República (MVR), que inscribió a Antonio Rodríguez San Juan, un ex oficial de la Guardia Nacional.
El mandatario de Yaracuy (centroccidente), Julio León Heredia, solo se tomaría la foto en campaña con su hermano Néstor; mientras que su par del estado Mérida (Suroccidente), Alexis Ramírez, haría lo mismo con Diógenes Andrade. Los demás, no contarían.
Luego de la deserción de los “gateros”, el PSUV se quedó con dos diputados por Monagas: el indiscutible Diosdado Cabello y Orángel López, quien estaría distanciado de la gobernadora Yelitze Santaella.
En el resto de los estados, las tensiones son menores. El gobernador barinés –llanos suroccidentales, tierra chica del comandante Chávez-, Adán Chávez, objetaría la continuidad de Rosalba González, quien asumió la curul en sustitución de Maigualida Santana, electa alcaldesa del distrito Ezequiel Zamora en 2013. Delta Amacuro, Zulia, Nueva Esparta, Anzoátegui, Táchira y Sucre no registran grandes sobresaltos, de acuerdo con las fuentes consultadas. Tampoco habría nubarrones en Distrito Capital, tras la salida de la Cámara de Freddy Bernal, rival del alcalde Jorge Rodríguez.
Las entidades que no administra el PSUV son casos particulares. El único diputado rojo en Amazonas (región Sur) es César Sanguinetti, pero no contaría con el apoyo de la presidenta de Corpoamazonas -la gobernación paralela creada por el Gobierno-, Nicia Maldonado. Los roces entre Sanguinetti y Maldonado derivarían de que puja por la candidatura regional.
Luis Reyes Reyes, jefe de Corpolara, aplaudiría la continuidad de Isabel Lameda como representante del estado Lara (centroccidente). Al parecer, no mostraría el mismo entusiasmo con Alexander Torrealba, Francisco Martínez, Julio Chávez y Alexander Dudamel. Reyes Reyes viene de la AN y su suplente era Pedro Carreño, jefe de la fracción chavista.
En el caso del estado Miranda, son palabras mayores. En la entidad, gobernada por el líder y ex candidato presidencial de oposición, Henrique Capriles Radonski, la situación es compleja por el entrecruzamiento de los intereses del ex gobernador chavista y número dos de la Revolución, Diosdado Cabello –con su esposa, Marleny Contreras, a la cabeza– y los del nombrado Protector de Miranda y actual ministro de Comunas, Elías Jaua.
Al margen de estos conflictos locales, el presidente Maduro sacudió el escenario nacional al anunciar dos nuevos filtros para seleccionar a sus abanderados. El Jefe de Estado quiere que la mitad de su futura bancada esté conformada por diputados de 30 años o menos, y que también 50% del total sean mujeres.
Para tener una idea del cambio que esto significaría, deben valorarse los datos actuales: la fracción consta de 176 diputados (95 principales y 81 suplentes) y su promedio de edad es de 51 años. Solo tres (dos principales y un suplente) tienen 30 años o menos. La mayoría (59) se ubica entre los 51 y 60 años de edad. Por otra parte, las mujeres constituyen 26% de la representación del PSUV.
Peleas con gobernadores, el calendario y el sexo. Tres obstáculos importantes en la carrera reeleccionista de los parlamentarios rojos.
Militante de la causa palestina, nacido en Colombia y nacionalizado panameño, Gassan Salama cuelga con frecuencia mensajes de apoyo a las revoluciones cubana y bolivariana en sus redes sociales. Pero esa inclinación no es el principal indicio para dudar de su imparcialidad como observador de las elecciones en Venezuela, función que ejerció en los cuestionados comicios en los que Nicolás Maduro se ratificó como presidente. De hecho Salama, un empresario y político que ha llevado a cabo controvertidas búsquedas de pecios submarinos en aguas del Caribe, encontró su verdadero tesoro en el principal programa de asistencia y control social del chavismo, los Clap, por el que recibe millonarios pagos en euros.
Este domingo 30 de julio se realizarán en Venezuela las elecciones para escoger a 537 diputados -solo faltarían ocho representantes aborígenes- que participarán en la Asamblea Nacional Constituyente que el Gobierno de Nicolás Maduro se empeña en llevar a cabo. El propio presidente las califica como “las más democráticas del mundo”. Sin embargo, la siguiente mirada a una muestra de los sectores votantes permite detectar entre líneas las anomalías de un proceso para nada regular, abierto o competitivo. Por el contrario, su diseño y ejecución han sido concebidos para pasar por alto la impopularidad del Gobierno y arrimar cada votante a la cuenta del oficialismo.
Los de Venezuela son unos juristas que tienen puertas giratorias. Antes o después han sido diputados, ministros o representantes de gremios bolivarianos. En este reportaje se presentan las conclusiones de un trabajo de periodismo de datos, que cruza los nombres de todos los jueces penales del país con las listas del partido de gobierno, y cuya conclusión advierte que 40% de ellos tienen militancia chavista. Destacan en este caso acólitos que condenaron a presos políticos como Araminta González e incluso el hijo de la primera dama, Walter Gavidia Flores, que estuvo a cargo de un juzgado hasta 2014.
De vuelta al anonimato tras una fugaz pasantía en la política como candidata a la alcaldía de un municipio de Caracas en 2008, esta rubia empresaria ha sacado partido a la ambivalencia: se le relacionó sentimentalmente a un poderoso militar chavista y a un alcalde opositor. Hace dos años una denuncia de un posible fraude de sobrefacturación expuso a sus socios, lo que permitió detectarla, desde Miami, a la cabeza de un grupo de negocios que crece como proveedor del Gobierno venezolano.
Descrita por sus enemigos como una versión de Doña Bárbara, el personaje de la novela de Rómulo Gallegos, la alcaldesa Zobeida El Hinnaoui destaca más bien por su empeño en reproducir en Calabozo, la calurosa ciudad de los llanos de Venezuela, los modos que impuso el fallecido presidente Hugo Chávez y sus relaciones tormentosas con todas las fuerzas vivas de la ciudad que le adversan. Pero el asesinato de un exdiputado chavista, en el que han incriminado a su hermano, parece haberle volteado el santo del gobierno y amenaza con terminar su carrera política.
Un nuevo Gobierno se apresta a tomar el poder en Perú, mientras el saliente cae en la mira de la justicia. La primera dama, Nadine Heredia, ya tiene prohibición de salida del país y su esposo, Ollanta Humala, puede que sea encausado. Se les investiga por la recepción de fondos irregulares procedentes de Venezuela en 2005-06. Un vistazo al documento que presentó hace dos semanas para formalizar el caso, muestra qué tiene la Fiscalía para afirmar que el chavismo financió la primera campaña electoral de Humala.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
Un abogado venezolano, Carlos Santiago DaSilva, se acercó a la industria transformadora del metal en Guayana como asesor de una empresa china, Chalieco, contratada por la República para devolver la prosperidad a las empresas estatales Alcasa y Venalum. Quien prosperó fue el asesor que, decidido a ser juez y parte, compró y creó empresas en el mismo sector que se suponía ayudaba a revitalizar, regado con abundante dinero de Beijing. Ninguno de esos proyectos cuajó, pero Santiago ahora reaparece promoviendo un megaproyecto industrial en Colombia.
