Este domingo 30 de julio se realizarán en Venezuela las elecciones para escoger a 537 diputados -solo faltarían ocho representantes aborígenes- que participarán en la Asamblea Nacional Constituyente que el Gobierno de Nicolás Maduro se empeña en llevar a cabo. El propio presidente las califica como “las más democráticas del mundo”. Sin embargo, la siguiente mirada a una muestra de los sectores votantes permite detectar entre líneas las anomalías de un proceso para nada regular, abierto o competitivo. Por el contrario, su diseño y ejecución han sido concebidos para pasar por alto la impopularidad del Gobierno y arrimar cada votante a la cuenta del oficialismo.
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“Con la bendición del Dios todopoderoso e inspirado en la maravillosa herencia histórica de nuestros antepasados aborígenes, héroes y heroínas independentistas, en cuya cúspide está el padre de la patria, El Libertador Simón Bolívar, y con la finalidad primordial de garantizar la paz del país...”; así comenzaba el presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 23 de mayo de 2017, la lectura al decreto con que fijaba las llamadas bases comiciales para la elección de 545 constituyentes el próximo 30 de julio.
Desde el palacio de Miraflores -sede de la presidencia de la República, en el centro de Caracas-, ante una concentración oficialista de simpatizantes “por la paz”, acompañado por figuras visibles de su Gobierno y jerarcas del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Maduro enumeró las condiciones con las que se escogerían los diputados a la Asamblea Nacional, de la que la oposición teme sea un estratagema sectario para postergar la crisis de gobernabilidad que enfrenta el régimen, aniquilar las instituciones que hoy le son adversas -como la Asamblea Nacional y la Fiscalía- y, en definitiva, crear un marco normativo más favorable para la instauración de un Estado totalitario.
“¿Querían elecciones? Tomen elecciones. ¿Querían votar? Vamos a votar. ¿Querían diálogo? Tomen Constituyente”, se mofaba el mandatario venezolano de los reclamos opositores por las aplazadas elecciones regionales, que debieron efectuarse en 2016, y por el bloqueo gubernamental del referendo revocatorio contra Maduro que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) intentó promover a mediados de ese año. Como respuesta, aseguró el presidente en otra intervención, el 30 de julio “Venezuela tendrá una fiesta electoral porque el pueblo escribirá historia eligiendo la Asamblea Nacional Constituyente”.
Sin embargo, como en toda oferta demasiado buena para ser verdadera, en el documento esencial para dar inicio al proceso constituyente se encuentran unas letras pequeñas a las que se debe prestar atención. Sus efectos son tan decisivos que, de entrada, contradicen el principio de la igualdad de los votantes.
Casi un tercio de los votantes incluidos en la muestra solo podrán sufragar por una clase de diputados
Para comprobarlo en ocasión de esta nota, el equipo de bases de datos de Armando.info, usando la técnica del muestreo sistemático con arranque aleatorio, extrajo una muestra de 14% del padrón electoral, lo que se tradujo en una hoja con 2.719.456 entradas o registros de votantes. La base de datos resultante permitió cruzar informaciones y caracterizar los patrones de voto prestablecidos para estos comicios.
Un primer resultado resaltante del ejercicio cuenta que casi un tercio de los votantes (29%) incluidos en la muestra solo podrán sufragar por una clase de diputados, los “territoriales”, y no fueron asignados a ningún sector.
En el centro de esta constatación está la polémica decisión del presidente Maduro, patrocinante de la Constituyente, de crear dos “ámbitos” de representación para la asamblea. Se trata del tradicional “ámbito” territorial, aunque esta vez organizado por municipios, sin importar su población, para un total de 364 diputados, con una paridad de uno por municipio, más dos adicionales por las capitales de Estado; pero, junto a ese, también se establece otro “ámbito”, inédito en Venezuela y que, según sus críticos, rememora al corporativismo fascista: el “sectorial”. Se trata de delegados de gremios y grupos civiles que el oficialismo designó a su antojo: así, se elegirán 24 diputados por los estudiantes; ocho por campesinos y pescadores; cinco por los empresarios; otros tantos por las personas con discapacidad; 28 de los pensionistas, 24 de los consejos comunales y 79 de sindicatos y gremios.
Uno de cada tres votantes de la muestra no está habilitado para participar en la elección de un tercio de los escaños
Aparte, se prevé la escogencia de ocho diputados de los grupos indígenas, seleccionados por unos brumosos “métodos ancestrales”.
Los 173 diputados “sectoriales” representan 32% de la asamblea. Así que el primer resultado del análisis también puede traducirse así: uno de cada tres votantes de la muestra no está habilitado para participar en la elección de un tercio de los escaños.
Como quiera que aquellos electores -dos tercios de la muestra- que cuentan con un segundo voto “sectorial” son asignados a su correspondiente sector por la autoridad electoral -el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado con rienda por el chavismo- se pueden comprobar determinadas curiosidades, si no se toman como diseños de mala fe. Así, en la muestra se encuentra que líderes conspicuos de oposición, como Leopoldo López, María Corina Machado y el ex coordinador de la MUD, Jesús Chúo Torrealba no están asignados a ningún sector o, dicho de otro modo: solo votan por un cargo. Mientras, el diputado y ex presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, también secretario general del partido Acción Democrática, sí tiene derecho a un segundo voto. Vota por el sector de “pensionados”, algo que parece una ironía que sigue los pasos a las burlas que el presidente Maduro suele proferir contra el diputado.
En cambio, los pesos pesados del chavismo como la pareja presidencial, el número dos del Psuv, Diosdado Cabello, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, el vicepresidente Tareck El Aissami, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, o el ministro del Interior, Néstor Reverol, entre otros, fueron asignados al sector de administración pública y tienen derecho a dos votos.
En cuanto al voto por estado, Distrito Capital es el estado que tiene mayor porcentaje de personas con dos votos. 77,4 % de los electores de la muestra votan dos veces, lo que parece congruente con el tamaño de la circunscripción y porque encierra en su territorio una importante sede de poderes políticos y actividades económicas.
Pero luego le siguen, sorprendentemente, los estados Cojedes y Delta Amacuro, dos entidades pequeñas y eminentemente rurales, donde un importante porcentaje de los electores con dos votos en la muestra aparecen adscritos a los sectores de la administración pública y de los consejos comunales, progubernamentales por naturaleza.
En cambio, el rico estado de Zulia -extremo noroccidental del país, frontera con Colombia- es la provincia donde, según la muestra, la proporción de electores con dos votos es menor. En elecciones regulares, Zulia pasa por ser el mayor circuito electoral y un tradicional baluarte opositor.
La distribución de los votantes entre los sectores fue realizada por el CNE, unilateralmente, sin permitir la postulación voluntaria a sectores ni auditoría. Los sectores fueron a su vez divididos en subsectores sin explicación de las razones. “Esta elección no sólo no es equitativa, donde hay municipios muy grandes que están subrepresentados o municipios pequeños sobrerrepresentados, sino que inventaron este grupo de sectores que tienen un voto adicional. Sectores que a su vez tienen subsectores, como es caso de los estudiantes. Hay dudas de dónde salieron estas listas”, explica el presidente del Observatorio Electoral Venezolano, Luis Lander.
En el decreto de fijación de las bases comiciales, se contemplaba que el CNE debía solicitar los registros de los sectores a las instituciones oficiales, gremios y asociaciones debidamente establecidos y, una vez recibidos los distintos registros, serían agrupados por áreas de similar condición y distribuidos según la base poblacional establecida. Sin embargo, instituciones como la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), la Universidad de Los Andes (Ula), La Universidad del Zulia (Luz) y la Universidad Nacional Experimental del Táchira (Unet), rechazaron la convocatoria que les hiciera el CNE y se negaron a entregar listas de sus estudiantes, por lo que estas -incluso de mediar la buena fe por parte de las autoridades electorales- quedaron irremediablemente incompletas y parciales.
De acuerdo a expertos consultados, esta sería la razón por la que el sector con menos porcentaje de votos es el de “Estudiante-privadas”. Según la muestra utilizada para esta nota, este sector apenas abarca 0,62%. El mayor porcentaje de votos es del sector de trabajadores, que elige a 79 constituyentistas, pero al estar repartido entre tantos subsectores (administración, comercio, social, banca, industria, construcción, etc) el porcentaje se diluye y así queda en primer lugar, comparado con los subsectores, el de los pensionados con 16,3%, seguido por consejos comunales (8,97%) y administración pública (6,63%), todos muy influenciables por el Gobierno.
Los pensionados no sólo van a tener "por primera vez en la historia" constituyentes elegidos directamente por ellos, como expresó Nicolás Maduro el día del anuncio de la convocatoria, sino que los datos insinúan que se trata de una elección escorada en favor de la tercera edad -uno de los grupos etarios donde el chavismo conserva mayor apoyo-. Se debe considerar que las listas de pensionados son manejadas por el propio gobierno a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
Los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente tuvieron como plataforma, durante 20 días de campaña, las cadenas de radio y televisión para dar a conocer sus propuestas. Más allá de los epítetos que candidatos y sus campañas cosecharon en las redes sociales, por la pésima calidad de las piezas y la precariedad evidente de sus protagonistas, quedó claro que la mayoría de los candidatos comparte los ideales y promesas del oficialismo.
En ningún momento se intentó disimular. “Fortalecer los claps”, “aumentar el ideario bolivariano”, “ ganarle a la guerra económica”, “constitucionalizar las misiones” y “defender la revolución bolivariana” eran algunas de las propuestas que se escucharon. Aunado todo ello a un discurso visual en el que el uso de vestimenta roja alusiva al chavismo o del uniforme correspondiente a alguna institución del Estado era el común denominador.
Lo anterior concuerda con los datos obtenidos. Al cruzar la lista de candidatos admitidos a la Constituyente con las listas del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) se comprueba que 54,14% forma o ha formado parte del partido oficialista. Lo que es lo mismo: Del listado inicial de 5.924 admitidos a la elección de la asamblea, 3.207 personas han militado abiertamente los ideales de la revolución bolivariana creada por el ex presidente Hugo Chávez y mantenida por su sucesor Nicolás Maduro. Y ello, sin contar que entre los restantes predominan postulados que subjetivamente simpatizan con el proceso revolucionario, aunque no hayan certificado su adhesión con la inscripción en el partido.
El chavismo también resalta en las cifras de solicitudes a candidatura. De las 8.100 solicitudes publicadas por el poder electoral, 49% corresponden a miembros del partido oficialista. De estas solicitudes, el 81,3% resultaron finalmente admitidas (3207 candidatos).
“No hay nada más chavista que la Asamblea Nacional Constituyente”
No sólo los candidatos son chavistas. También los miembros de mesa elegidos. De la muestra del padrón electoral utilizada para este análisis, el 34,8% de los seleccionados como miembros de mesa han estado inscritos en el Psuv Del 63.91% restante en las mesas, 2% pertenecen a otros partidos y 61.91% no tienen ninguna afiliación política.
Estas cifras retratan lo estipulado en las virtuales letras pequeñas del contrato electoral para la Asamblea Constituyente que el Gobierno impulsa, y que con candor de militante expresó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y también candidato, Diosdado Cabello: “No hay nada más chavista que la Asamblea Nacional Constituyente”.
Los electores de ese país balcánico van hoy a las urnas para escoger un nuevo parlamento pero, independientemente de los resultados, de antemano se conoce un ganador: la compañía de tecnología electoral de origen venezolano, que lleva allá cinco eventos comiciales, incluyendo el actual, procesando los votos, hasta ahora sin inconvenientes. Pero en esta ocasión no pudo evitar la controversia que ya la siguió en otros países como Filipinas, Argentina y su natal Venezuela. La prensa local se puso suspicaz tras conocer que las dos empresas locales precalificadas para organizar el proceso presentaron propuestas idénticas y con el mismo socio tecnológico: Smartmatic y nadie más. La polémica no cesa.
Militante de la causa palestina, nacido en Colombia y nacionalizado panameño, Gassan Salama cuelga con frecuencia mensajes de apoyo a las revoluciones cubana y bolivariana en sus redes sociales. Pero esa inclinación no es el principal indicio para dudar de su imparcialidad como observador de las elecciones en Venezuela, función que ejerció en los cuestionados comicios en los que Nicolás Maduro se ratificó como presidente. De hecho Salama, un empresario y político que ha llevado a cabo controvertidas búsquedas de pecios submarinos en aguas del Caribe, encontró su verdadero tesoro en el principal programa de asistencia y control social del chavismo, los Clap, por el que recibe millonarios pagos en euros.
José Gregorio Vicari Méndez, un médico asimilado del Ejército Bolivariano, era el exitoso dueño de Proveeduría Médica VDS, la empresa que firmó un centenar de contratos con el despacho de salud en la época de la bonanza petrolera. El hallazgo forma parte de una base de datos elaborada por Armando.info con la información pública contenida en el Registro Nacional de Contratistas. Aunque la Ley Orgánica de la Contraloría señala que un funcionario activo podría tener responsabilidad administrativa si celebra contratos con el Estado, Vicari Méndez, que ya no pertenece a la empresa, esgrime en su defensa una razón que repasa la tragedia del desabastecimiento en Venezuela. “Si tengo un paciente con un requerimiento, si no hay el material, pero yo sé dónde sí lo hay, lo busco. ¿Qué hago? ¿No lo opero?
En la Revolución Bolivariana de Venezuela, con un fuerte componente castrense, los oficiales militares pueden figurar, aún contraviniendo la ley, en simultáneo o progresivamente, como líderes de tropas, gerentes gubernamentales y hasta contratistas del Estado. Uno de cada tres de los 785 militares activos en su momento que, como privados, contrataron con la administración pública durante los últimos diez años, lo hicieron desde empresas que tienen por objeto social el área de la construcción. Un caso destaca: el general de división Frank Herbert Lynch Dávila. La compañía familiar de la que forma parte ha recibido por años contratos para la realización de obras mientras el oficial escalaba posiciones hasta quedar a cargo del suministro del cemento en todo el país.
De vuelta al anonimato tras una fugaz pasantía en la política como candidata a la alcaldía de un municipio de Caracas en 2008, esta rubia empresaria ha sacado partido a la ambivalencia: se le relacionó sentimentalmente a un poderoso militar chavista y a un alcalde opositor. Hace dos años una denuncia de un posible fraude de sobrefacturación expuso a sus socios, lo que permitió detectarla, desde Miami, a la cabeza de un grupo de negocios que crece como proveedor del Gobierno venezolano.
Un nuevo Gobierno se apresta a tomar el poder en Perú, mientras el saliente cae en la mira de la justicia. La primera dama, Nadine Heredia, ya tiene prohibición de salida del país y su esposo, Ollanta Humala, puede que sea encausado. Se les investiga por la recepción de fondos irregulares procedentes de Venezuela en 2005-06. Un vistazo al documento que presentó hace dos semanas para formalizar el caso, muestra qué tiene la Fiscalía para afirmar que el chavismo financió la primera campaña electoral de Humala.
El Ministerio de la Defensa contrató en 2014 el ‘overhaul’ de tres helicópteros del Ejército con un proveedor de Florida. Transportados por un avión Antonov, fueron a dar a Suiza. Una década y 17 millones de dólares después, las aeronaves no han regresado. En la fallida operación se combinan incumplimientos del contratista y omisiones de altos oficiales venezolanos.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
