En menos de cuatro meses los creadores rusos de la criptomoneda venezolana reniegan de su invento y uno de ellos asegura que se dio cuenta de que “no tenía futuro” poco después de su pomposo lanzamiento en el Palacio de Miraflores. Se trata de Fedor Bogorodskiy y Denis Druzhkov, dos personajes vinculados a los protagonistas del quiebre de bancos y lavado de dinero en Rusia y Letonia y con su propia historia de registro de empresas en el paraíso fiscal de Malta .
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Nicolás Maduro lanzó el Petro, la primera criptomoneda electrónica respaldada por un Estado en la historia, el pasado 20 de febrero. Para la ceremonia, transmitida en cadena nacional de radio y televisión desde el Palacio de Miraflores en Caracas, tanto el presidente venezolano como su séquito vistieron de traje y corbata, un atuendo que no suelen usar y con el que tal vez subrayaban la formalidad del evento, propia de una rueda de negocios.
En cambio, los dos invitados especiales del acto, Fedor Bogorodskiy y Denis Druzhkov, no llevaban corbata. Ambos, ciudadanos rusos, posarían algo más tarde abrazados al presidente Maduro y al vicepresidente Tareck El Aissami, como si de la sesión para la foto oficial de un club de fútbol se tratara. Bogorodskiy, rubio y fornido -en contraste con su socio Druzhkov, barbado y algo más moreno-, es de hecho hincha del Progreso, una oncena tradicional de Montevideo, ciudad donde vive desde 2009. Tanto el club como la nación misma han sido presididas por Tabaré Vásquez, actual mandatario de Uruguay.
“A pesar de que hablo muy bien el español porque vivo en Uruguay, mi corazón sigue siendo ruso; por lo tanto, me gustaría dirigirme a ustedes en mi idioma materno”, aclaró a través de un traductor Bogorodskiy, tras aceptar la invitación de Maduro para dirigirse al público durante el acto en Miraflores. “Venezuela es la primera nación que ha dado un paso real hacia la economía digital global. Este paso no solo permitirá mejorar la economía de Venezuela y toda Latinoamérica, sino que eliminará todas las barreras actuales para las relaciones económicas a nivel de naciones, continentes y habitantes del globo”, celebró el ruso, como avizorando la cristalización de una utopía largamente acariciada.
Sin embargo, menos de un trimestre después de esas palabras exultantes, el mismo Bogorodskiy reniega del Petro e incurre, durante una entrevista para este reportaje en Montevideo, en una maraña de contradicciones que oscurece su explicación, ya de por sí frágil, sobre cómo llegó a participar en el negocio.
Mientras tanto Denis Druzhkov, su aparente socio, quedó desautorizado por la empresa a la que decía representar. En dos comunicados oficiales emitidos desde Singapur con fechas del 4 y 13 de abril recientes, la empresa Zeus Exchange, de capital ruso y sede en Suiza, asegura que no tiene nada que ver con el Petro, a pesar de las constantes referencias del Ministerio de Comunicación e Información (MinCI) desde Caracas “a un supuesto contrato, según el cual nuestra empresa administra la plataforma tecnológica del Petro” y de que el “presidente venezolano también lo ha declarado varias veces en sus discursos oficiales y en su cuenta de Twitter”. La culpa, señalan los documentos, la tiene un “exempleado” -Druzhkov- que “había sido contratado de forma privada por un tercero” -presumiblemente, Bogorodskiy- “para proporcionar sus conocimientos y habilidades técnicas en el proyecto y así mismo había roto el código de conducta de nuestra empresa”.
El personal actual de Zeus Exchange concluye en uno de sus boletines corporativos -dado a conocer poco después de las sanciones del Gobierno de Donald Trump contra el Petro- que nunca prestarían sus “conocimientos o experiencia a entidades sospechosas”.
¿Qué pudo haber pasado entretanto para que la euforia inicial de los pioneros diera lugar a la evitación y el disimulo? Parte de la respuesta está en una serie de relaciones peligrosas que Bogorodskiy, el promotor tecnológico en el arranque del Petro, mantuvo con empresarios de Rusia y Letonia que participaron en algunos de los más sonados escándalos financieros de esos países. Esos vínculos quedan en evidencia al revisar documentos de registros mercantiles incluidos en los llamados Paradise Papers, un proyecto coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés), con sede en Washington DC, a partir de una filtración que obtuvo el diario Süddeutsche Zeitung de Munich, Alemania.
El Petro fue concebido y lanzado por el Gobierno de Nicolás Maduro como reacción ante las sanciones financieras que desde el último cuatrimestre de 2017 impone Washington contra el régimen chavista, que le han dificultado las transacciones con papeles de deuda pública venezolana y, en general, el acceso al sistema bancario internacional con base en el dólar estadounidense. La solución creativa de montarse sobre la ola de las criptomonedas nacidas en la Internet Oscura (esa porción de data inalcanzable para los buscadores tradicionales de la World Wide Web) y habilitadas por la tecnología Blockchain, no solo obtuvo el reconocimiento deseado por las autoridades de Caracas como una potencial herramienta para liberarse del yugo de la moneda norteamericana, sino que además despertó el interés de los aliados del chavismo que, como Rusia, se afanan por conseguir alternativas que permitan burlar las sanciones estadounidenses.
Todavía más: en una nota de marzo reciente, la revista Time aseguró que Bogorodskiy y Druzhkov representarían poco más que la avanzadilla de un proyecto piloto puesto en marcha por Moscú para poner a prueba en Venezuela la factibilidad de una moneda electrónica en una economía compleja, un precursor de un eventual rublo digital. La versión cobra fuerza con la reciente comprobación por parte de la agencia Associated Press, que la semana pasada reveló que un banco ruso propiedad en parte del Estado venezolano, el Evrofinance Mosnabark, es el destino de las transferencias por cable con las que se pagan las órdenes colocadas para comprar Petros.
En Montevideo, Fedor Bogorodskiy despacha esa historia como una versión “con mucha fantasía”. Pero, mientras se determina cuál es el papel real del Kremlin en este experimento financiero, lo cierto es que una primera revisión del caso comprueba los nexos empresariales de Bogorodskiy con los protagonistas de quiebras de bancos y acusaciones de lavado de dinero en los países bálticos y Rusia.
El meollo del entramado está en Malta, la isla del Mediterráneo Oriental que funciona como un paraíso fiscal y que muchos inversionistas rusos eligen como refugio para sus fortunas y personas jurídicas más difíciles de explicar. En declaraciones al portal ruso PLUSworld.ru, Bogorodskiy dijo en marzo que su empresa, Aerotrading, había quedado a cargo de la implementación de la base tecnológica del Petro, mientras que SocialUS, la compañía del joven empresario venezolano Gabriel Jiménez, conduciría las actividades de mercadeo.
En los archivos del registro mercantil de Malta, que hacen parte de la filtración de documentos que dio lugar al proyecto de Paradise Papers, se evidencia que Aerotrading era una shelf company que Bogorodskiy adquiere en 2013. Desde ese año y al menos hasta 2015, Bogorodskiy posee una fracción de Aerotrading junto a un accionista institucional, Celestial Holding.
Celestial Holding también está registrada en Malta. Desde marzo de 2013, fecha de la incorporación de su controlada Aerotrading, Bogorodskiy mantiene una porción minoritaria junto a un elenco de socios que ha ido cambiando con el tiempo.
El primer socio de Bogorodskiy en Celestial Holding fue, durante buena parte de 2013, Alex Moiseev, principal accionista de Dighton Fund, un fondo de inversiones muy activo hasta poco antes de esa fecha, con hasta 100 millones de dólares para invertir y registrado desde 2003 en Gran Caimán y Estados Unidos. El fondo sufrió un duro golpe en 2011. Aunque no colapsó, sus operaciones especulativas con el sobrevalorado franco suizo le cargaron costos muy difíciles de recuperar. Moiseev, residenciado en Ginebra según su perfil actual en LinkedIn, aparece en los papeles de Celestial Holding como habitante de Mónaco.
Después,
en 2014, tras la salida en papeles de Moiseev, el nuevo socio mayoritario de
Bogorodskiy en Celestial Holding será Rolands Petersons, un banquero letón que
protagonizaba de manera simultánea el que sería su primer escándalo financiero,
la quiebra de la filial del banco ucraniano PrivatBank. Petersons formaba parte
de su Junta Directiva en Letonia.
Ese paso en falso fue recordado poco después, en 2017, cuando Petersons volvió a aparecer en otro escándalo, esta vez la insolvencia e intervención de la entidad financiera MiniCredit, que actuaba en Letonia y Estonia. Medios de comunicación y, posteriormente, las autoridades de Letonia al imputar cargos penales a Petersons, señalaron a MiniCredit de estar incursa en actividades de lavado de dinero de mafias rusas.
Rolands Petersons también fue socio de Fedor Bogorodskiy -el “padre metodológico del Petro”, como acepta llamarse, al tiempo que define a Hugo Chávez como “el verdadero padre del Petro”- en otro emprendimiento, StreamPay, con base en Letonia y al menos una sucursal en Bulgaria. La compañía cesó sus actividades por insolvencia. Para registrarse como representante de la compañía en Bulgaria, Bogorodskiy aformó en 2013 que poseía una residencia en Riga, la capital de Letonia, aunque desde 2009 vive en Montevideo.
Bogorodoskiy admite desde Montevideo sus relaciones con estas personas, aunque defiende que nada tienen que ver con el Petro. De Petersons sostiene que sus dificultades con las autoridades letonas surgieron después de que lo tuvo como socio.
El socio actual de Bogorodskiy en Celestial Holding, la empresa maltesa, es Sergey Barancheev, a quien se refiere como un mentor. En efecto, fue su jefe en el Centro de Procesamiento de Tarjetas de Crédito del banco Uralsib de Rusia, donde ambos trabajaron con Barancheev como presidente. El Uralsib era un banco del oligarca ruso Nikolai Tsvetkov, un exoficial de la Fuerza Aérea soviética. El banco llegó a ser el quinto más grande de Rusia, pero se derrumbó en 2016. Entonces el Estado debió inyectarle 1,3 mil millones de dólares para rescatarlo y animó al magnate Vladimir Kogan, un cercano aliado del Kremlin, a tomar 82% de sus acciones.
Barancheev visitó a Bogorodskiy en Uruguay en diciembre pasado, una visita a la que Bogorodskiy se empeña en dar un carácter meramente social. En Instagram, Bogorodskiy publicó una foto tomada en esas fechas en la que los dos rusos aparecen junto al expresidente José Pepe Mujica y la esposa de este, Lucía Topolansky, en la finca de la expareja presidencial en Rincón del Cerro, en las afueras de Montevideo.
Según Bogorodskiy, el encuentro con el exmandatario obedeció solo al deseo de su socio, Barancheev, por conocer al legendario líder. El acceso a Mujica lo logró por la recomendación de un exasesor presidencial al que no identifica.
Sin embargo, fuentes cercanas a Mujica aseguraron a los autores uruguayos de este reportaje que durante la reunión se habló de negocios, y que los visitantes rusos plantearon al expresidente su interés por comprar el atribulado banco Bandes-Uruguay, una operación del Estado venezolano en ese país. Mujica, siempre según la versión de las fuentes, recomendó a Bogorodskiy y Barancheev contactar al respecto al Embajador de Venezuela en Montevideo, Julio Chirino.
Olvidadizo a ratos, Fedor Bogorodskiy dice en Montevideo que no recuerda quién fue el funcionario venezolano que le propuso participar en el proyecto del Petro. Sí tiene claro, en cambio, que debió salvar decenas de niveles burocráticos antes de llegar a la reunión en Miraflores, la única vez que habló con el presidente Maduro, y que compitió contra otros 30 o 40 oponentes. Durante un mes viajó tres veces a Caracas, donde se instaló en el hotel Embassy Suites de El Rosal, al este de la capital. La solicitud de los venezolanos era simple: implementar una plataforma en Blockchain lo más pronto posible.
“La pregunta era cómo hacerlo. Y yo les expliqué que implementar un blockchain público es más rápido que blockchain privado. Para implementar un blockchain privado precisas instalar 101 servidores, cerrar todo el espacio informativo, es muy difícil, es mucho trabajo y se precisa mucho tiempo para hacerlo. La red pública es muy fácil para armar token y venderlo, y armar una interfase para el usuario final”, relata.
Aunque para atender el requerimiento de Caracas usó la plataforma de Aerotrading, la empresa que los documentos de Malta prueban que es suya y de Celestial Holding, durante la entrevista afirma que la compañía es propiedad de “otra gente en Europa” que apenas describe como “alguna persona”.
Bogorodskiy también asegura que fue él quien convocó a Denis Druzhkov -a quien dice, conoce “de la vida”- para servir de socio en el proyecto. En el reparto de roles, “yo tenía tareas para implementar mi sistema propio de procesamiento de tarjetas, mientras Denis Druzhkov tenía una tarea también para armar una bolsa de valores de criptomonedas allá y por eso trabajamos juntos”, cuenta. “Él también estaba como asesor porque tenía mucha experiencia de development para trabajar con gobiernos, y por eso trabajamos juntos. Después él salió de Zeus y ahora no sé qué está haciendo”.
Druzhkov, ruso de origen que porta pasaporte de Estados Unidos, aparece en las redes sociales con residencia en Vista, California. En el registro de Malta detenta el control de una compañía, Silverpoint LTD, cuya mayoría accionaria traspasó, por cierto, a una firma registrada en Letonia, Asirius Limited. Más notable, Druzhkov fue sancionado en octubre de 2014 con una multa de 30.000 dólares y prohibición de tres años para actuar en la en el Chicago Mercantile Exchange (CME), un mercado electrónico de derivados financieros, por haber trasgredido las reglas de juego del corro.
Aunque era su socio, Bogarodskiy dice que desconocía esos antecedentes de Druzhkov, si bien lo disculpa: “En Estados Unidos mucha gente tiene este tipo de problemas, además, ¿qué es fraude? Allá si no mandas un informe al Estado, es fraude, jajá. Si pagaste un dólar sin papel ya es fraude. Es un país de doble estándar. No creo que Denis tenga negocios de lavado de dinero”. No lo ve, dice, desde la reunión en Caracas. El negocio dejó de interesarles, asegura: “Maduro armó una bandera como propaganda política que es el Petro. No es un instrumento de solucionar problemas como la inflación. Por eso, en ese mismo momento, le dije a Denis ‘me parece que acá no podemos participar más porque es peligroso’ (…) Nosotros ofrecimos armar tres partes del proyecto: emitir criptomonedas, armar un sistema de pagos, porque tiene que haber un lending, no se puede usar criptomoneda en la calle, y armar una bolsa de valores. Mi opinión es que Venezuela no tiene plata para armar todo ese proyecto, y por eso eliminaron las dos partes más importantes, el sistema de pagos y la bolsa de valores. Dejaron solamente la parte de emisión de la criptomoneda. Yo no veo ningún futuro a este proyecto”.
Para
colmo, denuncia, el Gobierno de Venezuela no le ha pagado sus honorarios por la
asesoría: “Nosotros trabajamos tres semanas y no tenemos ni un bolívar del
gobierno de Venezuela. No nos pagaron nada, ni un peso (…) Tenemos un convenio
de marca, que no es estrictamente un contrato. Cuando uno hace una asesoría,
depende de cuántas horas trabajas, qué consultas brindas. Nosotros armamos una
idea, una visión y no nos pagaron nada todavía”.
Nacida en México pero con clientes en la izquierda de toda Hispanoamérica, la agencia de marketing político confronta problemas desde hace meses en España, señalada por medios y fiscales de recibir pagos irregulares del partido Podemos. Las pesquisas iniciadas a raíz del escándalo develaron una trayectoria de internacionalismo publicitario a cambio de buenos honorarios, que entre 2017 y 2019 los llevó a trabajar para Nicolás Maduro. Déjenos la persuasión y ocúpese de la coerción, pareció su lema: mientras el mandatario venezolano desplegó sus recursos represivos y de manipulación electoral para retomar el control del país, con exposiciones, 'hashtags' y piezas audiovisuales los consultores se esforzaron en aplicar una pátina de 'revolución bonita' a la mano dura.
Centenares de habitantes de Araya, la península occidental del estado Sucre, combaten la pobreza extrema sacando el único recurso que apenas pueden rasguñar de la tierra: la sal. El contrabando del mineral, que hace un par de años se hacía con algún recato, hoy se practica a plena luz y bajo la complicidad de las autoridades de la zona, que lo permiten a cambio de dinero y a sabiendas de que la empresa estatal encargada de esa explotación, administrada por el Gobierno regional, está destartalada e inoperante.
Gracias a la afinidad entre los gobiernos de Uruguay y Venezuela de los últimos años, la exportación de arroz desde el país austral no ha cesado a pesar de las dificultades que representan las sanciones financieras contra el régimen de Caracas, su propia debacle económica y la desaparición de un intermediario clave vinculado al movimiento Tupamaros. Un 'trader' en particular porfía en este negocio en el que el precio del cereal puede duplicar su precio y superar los marcadores del mercado internacional antes de llegar a puertos venezolanos.
Ni las reses se salvan de la violencia en la Venezuela bolivariana. Si solían contar con el beneficio del sacrificio industrial para servir al mercado de la carne, desde hace cuatro años están a merced de bandas de maleantes que, armados con cuchillos y machetes, se meten a las fincas y a veces en el mismo sitio les dan muerte para llevarse sus mejores partes. El abigeato se vuelve un descuartizamiento primitivo. Además, el cuatrero tradicional comparte ahora el campo con indígenas, miembros del crimen organizado y funcionarios corruptos que han llevado el fenómeno más allá de la frontera.
De aquella época de fraternidad inquebrantable entre Hugo Chávez y el matrimonio Kirchner, el gobierno “revolucionario” firmó contratos con la empresa argentina Granja Tres Arroyos por 82 millones de dólares para construir un polo avícola en Venezuela. Fue en el año 2009 y hoy, diez años después de aquellos anuncios que prometían la soberanía alimentaria para Venezuela, queda un pequeño galpón de cría de pollos olvidado en el Parque Nacional de Uverito en el Estado Monagas. Una millonaria estafa al pueblo venezolano que también ocasionó el desplome de la economía de una ciudad argentina que hoy se recupera de una burbuja que reventó muy pronto
Recomendado por el siempre irreverente exfutbolista argentino e hincha incondicional de la revolución bolivariana, un empresario italiano, Valerio Antonini, emerge como el principal comercializador de materia prima agrícola para el Gobierno de Nicolás Maduro. En apenas dos años obtuvo una veintena de contratos para la venta de cereales y el manejo de los silos del principal puerto venezolano. El negocio hasta ahora podría superar los mil millones de dólares y para pagarlo Caracas envió una tonelada de oro a Italia.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.