El oro estimula el crimen y la corrupción en la Amazonía entre Brasil y Colombia

La incursión del crimen organizado en zonas selváticas y escasamente habitadas del río Puré-Puruê, que corre por ambas naciones, no hace más que azuzar la fiebre minera y la devastación que esta trae. Los tributos que la guerrilla exige y las mordidas para las autoridades estatales, pagaderas en gramos de oro, disparan una demanda de metal precioso que solo se puede satisfacer con volúmenes cada vez mayores extraídos mediante dragas de escala industrial. 

4 febrero 2024

Una tarde de febrero de 2023, tres jóvenes descansaban sobre la cubierta de un viejo barco con pintura blanca descascarada, amarrado a la orilla del río Puruê de Brasil, en las profundidades de la Amazonía, cerca del extremo suroriente de Colombia. Atada al barco se encontraba una estructura maltrecha, parecida a un granero, que albergaba una maraña de rampas y engranajes, montada sobre una barcaza.

Era una draga minera, una de las decenas que se pueden encontrar a lo largo de este estrecho y sinuoso río. Ilegales y destructivas, esas dragas agitan el cauce del río y producen decenas de millones de dólares en oro cada mes. Pero esta draga en particular estaba inactiva, a la espera de reparaciones.

Al atardecer, los reporteros de Amazon Underworld conversaban con los mineros en la draga cuando, de repente, el sonido de un potente motor fuera de borda, de una lancha más pequeña que se acercaba, rompió la tranquilidad del lugar. En la proa de la embarcación iba un hombre de pie, uniformado con pasamontañas y con un rifle de asalto de fabricación brasileña. El hombre y otros cinco compañeros saltaron a bordo del barco de los mineros. Identificándose como una patrulla fluvial de la Policía Militar brasileña, requisaron a los mineros, les ordenaron preparar comida y se dispusieron a pasar allí la noche.

Mientras los agentes de policía engullían platos de albóndigas enlatadas con salsa de tomate y harina de yuca seca, llegó el propietario de la draga minera, conocido como Cabeludo, apodo ganado por su cabello canoso, recogido en forma de cola de caballo. Para el minero, el barco y la draga son su negocio y el hogar que comparte con su esposa, un bebé de meses, un cocinero y ocho trabajadores. 

El hombre pareció tomarse con calma el encuentro con los intrusos uniformados, aún cuando uno de ellos sacó su celular para mostrarle una foto que entonces circulaba en un grupo de WhatsApp. En ella se veía un cadáver. Contó que apenas unas horas antes, el dueño de una draga minera había sido asesinado, supuestamente por uno de sus trabajadores, quien huyó a la selva. 

“Se llevó medio kilo de oro”, completó otro de los agentes.

Extorsión, corrupción y violencia

Antes de 1990, la mayor parte de la minería ilegal de oro en esta región –donde el río Puré de Colombia se convierte en el río Puruê de Brasil y desemboca en el Japurá– estuvo a cargo de mineros a pequeña escala. Sin embargo, con el aumento de los precios del oro a principios de la década de 2000, los grupos del crimen organizado –incluidas las guerrillas colombianas– sacaron provecho de la lucrativa industria y vieron en la minería ilegal de oro una forma de lavar las ganancias del narcotráfico.

Después del acuerdo de paz de 2016, firmado entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un grupo disidente de guerrilleros comenzó a construir una nueva empresa criminal, para financiar su continua violencia armada, en parte mediante el chantaje a los mineros ilegales a quienes piden lo que llaman contribuciones voluntarias.

Hace algún tiempo la Armada brasileña se enfrentó a la guerrilla colombiana en el río Puruê, recuerda Getúlio*, un minero de São Paulo que opera una draga de tamaño industrial, aproximadamente seis veces más grande que la draga de Cabeludo.

Mientras Getúlio bebe una taza de café recién hecho, miles de galones de agua turbia caen estruendosamente por un canal metálico detrás de él. El minero es dueño de dos enormes dragas, capaces de producir varios kilos de oro al mes, superando con creces los pocos gramos producidos por las dragas más pequeñas, conocidas como balsas, como la de Cabeludo. Él sabe que esto lo convierte en un objetivo.

“La guerrilla se instaló en este río cobrando impuestos a los mineros”, dice Getúlio. Saca un recibo que dice prueba que hizo un aporte voluntario de 40 gramos de oro.

Al principio, los guerrilleros recolectaban 20 gramos de oro al mes, pero al poco tiempo comenzaron a exigir 20 gramos a la semana. 

“Utilizaron amenazas e intimidación para cobrar el impuesto. Los garimpeiros advirtieron a la guerrilla que el Ejército venía a desalojarlos”, dice el minero.

En 2021, el Ejército brasileño respondió sacando a la guerrilla de la mayor parte del río Puruê. “Hubo una confrontación”, dice Getúlio. “El Ejército y la Armada brasileña se quedaron aquí en el río Puruê durante tres meses”.  

Las autoridades brasileñas han sido herméticas sobre la operación. En una declaración oficial, la Policía Federal no dio detalles. Solo mencionó que nueve personas fueron arrestadas, incluidos “dos disidentes de un grupo guerrillero extranjero”, y que las autoridades incautaron un kilo de oro, dinero en efectivo, armas, municiones, mercurio y base de cocaína.

En abril de 2023 se produjo un enfrentamiento entre disidentes de las FARC y desconocidos armados, que causó la muerte de varios guerrilleros. A pesar de los intentos en 2021 para eliminar la presencia de la guerrilla colombiana, este incidente reciente demostró que la presencia de grupos armados persistía. El tiroteo se registró en una región fronteriza, aunque sigue siendo una incógnita si ocurrió en el lado brasileño o en el colombiano. En ese periodo, las disidencias continuaron extorsionando a mineros brasileños. Sin embargo, llama la atención que un grupo armado diferente –esta vez perteneciente al Estado– apareció en el lado brasileño para beneficiarse de las operaciones ilícitas.

En febrero del año pasado, cuando Amazon Underworld visitó el río Puruê, los mineros dijeron que pagaban mensualmente a agentes de la Policía Militar 30 gramos de oro por draga a cambio de protección, y otra cantidad de hasta 50 gramos al prefecto de Japurá. Getúlio dice que los pagos eran parte de un acuerdo en el que los mineros pagaban un barco y combustible para que la policía patrullara el río y la zona minera. "Ayudo a las fuerzas de seguridad para que también me ayuden a mí", afirma.

En una respuesta enviada por correo electrónico a las preguntas sobre las acusaciones, el secretario de Administración y Coordinación Municipal de Japurá, Renilton Dos Santos Solarth, las calificó de “rumores fantasiosos carentes de veracidad”. Dijo que en el municipio no se han recibido informes sobre servidores públicos que reciban oro ilegalmente.

La Policía Militar respondió diciendo que han realizado operaciones para investigar acciones de piratas, lo que ha dado lugar a la detención de varios delincuentes, incluido personal de la propia Policía Militar. No respondieron a las preguntas relacionadas con las afirmaciones de que los oficiales de la Policía Militar extorsionaban a los mineros ilegales con pagos en oro.

Además de los guerrilleros y los policías corruptos, hay otra amenaza en la zona: las bandas de piratas fuertemente armados que recorren los ríos y atacan especialmente a los mineros, pero también a embarcaciones que transportan cocaína y marihuana desde Colombia. Getúlio dice que una vez perdió 130 gramos de oro y las joyas de su esposa a manos de siete piratas armados en el río Japurá. “Nos dispararon desde lejos, pero fallaron”, dice. “Nos alcanzaron, nos doblegaron y nos exigieron el oro”. 

Los mineros y los conductores de embarcaciones locales afirman que algunos de los piratas son policías, “más piratas que los piratas”, dice un experimentado barquero en el municipio de Japurá. En julio de 2022, cinco integrantes de la Policía Militar fueron detenidos y suspendidos por el delito de piratería. La Oficina de Justicia y Disciplina de la Policía Militar del Estado de Amazonas abrió una investigación sobre el caso nueve meses después de que Amazon Underworld lo investigara.

Daño ambiental "irreversible"

En ambos lados de la frontera colombo-brasileña, donde el río Puré se convierte en el Puruê, las áreas delimitadas para proteger los bosques, y las personas que viven ahí, están siendo amenazadas por la minería ilegal en el río. En el lado brasileño, el Puruê está bajo la jurisdicción del gobierno del estado de Amazonas y el Ejército brasileño, mientras que el río Juami, un punto de acceso minero cercano, se encuentra dentro de la Estación Ecológica Juami-Japurá, un área protegida administrada por el gobierno federal.

Además de las dragas que operan impunemente a lo largo de los ríos, en algunos lugares los mineros con equipo pesado se abren camino hacia la selva, amenazando con convertir el paisaje tropical en un paisaje lunar desprovisto de vegetación y lleno de cráteres inundados de agua. Cálculos de la organización sin fines de lucro Amazon Conservation Team, con oficina en Brasilia, indican que alrededor de 1.010 hectáreas de selva han sido destruidas por la minería ilegal a lo largo del río Puruê. Más de la mitad de esa deforestación se produjo en 2022.

“Ha habido un abandono general de la región en los últimos años, lo que ha facilitado la entrada de todo tipo de delincuentes, como piratas fluviales, narcotraficantes y mineros de oro”, dice Joel Araujo, quien dirige la agencia ambiental gubernamental IBAMA en el estado de Amazonas. “La violencia ha crecido mucho y la criminalidad ha ocupado el lugar del Estado, y recluta jóvenes y comunidades enteras a lo largo de los ríos”.

Durante el gobierno de Bolsonaro, las principales agencias ambientales del país estuvieron encabezadas por oficiales de Policía, quienes desmantelaron la infraestructura y cerraron puestos de control, incluido uno cerca de la Estación Ecológica Juami-Japurá. Esta estación aún estaba cerrada en junio, seis meses después de que Bolsonaro dejara el cargo, aunque funcionarios del gobierno dijeron que planeaban reabrirla.

En el lado colombiano de la frontera, el gobierno perdió el control sobre el río Puré después de que disidentes de las FARC ordenaran a los guardaparques abandonar el Parque Nacional Puré en 2020. “Debido a las amenazas de la existencia de las FARC, los guardaparques no pueden proteger los parques”, dice Eliana Martínez Rueda, directora del parque, y agrega que la guerrilla emitió nuevas amenazas y restricciones en enero de 2023.

El Parque Nacional Puré fue creado, en parte, para proteger a los Yuri-Passé, un pueblo indígena seminómada que evita el contacto con extraños. Pero con la desaparición de los guardaparques, las dragas comenzaron a invadir el área y la minería ilegal continúa allí. La Armada, el Ejército y la Policía colombianos no respondieron a las solicitudes de información de los reporteros.

Los narcotraficantes usan los ríos del parque y en la zona hay pistas de aterrizaje clandestinas, dice Martínez. Los mineros ilegales también cruzan la frontera desde Brasil hacia el parque. “Es tierra de nadie”, agrega, “y ellos entran a Colombia con facilidad, sin control”.

A la directora le preocupa que los Yurí-Passé, una tribu pequeña, puedan ser aniquilados por la violencia o las enfermedades si tienen contacto con los grupos armados o los mineros ilegales. “Es una amenaza a la salud porque [los forasteros] pueden llevar enfermedades para las que ellos [los Yuri-Passé] no han desarrollado inmunidad”, dice Martínez.

“Los gobiernos no tienen ni control ni autoridad, lo que ha permitido que en muchas de estas áreas remotas se expandan los grupos mineros ilegales y otras mafias, especialmente en regiones transfronterizas”, dice Brian Hettler, geógrafo y cartógrafo de la organización sin fines de lucro Amazon Conservation Team, que ha estado mapeando la presencia de dragas mineras ilegales. Dice que el daño ambiental que causan es “irreversible”.

El sedimento removido por los mineros altera el curso de los ríos, y el mercurio utilizado en las tareas de minería se acumula en los tejidos de los peces, así como de los animales y los humanos que se alimentan de ellos. Algunos peces amazónicos recorren largas distancias, por lo que los peces con altos niveles de mercurio –sustancia que provoca problemas digestivos y neurológicos– pueden afectar a personas que los consumen y que viven lejos de las zonas mineras, incluidos los indígenas en aislamiento voluntario, como los Yuri-Passé.

Un estudio de 2018 que analizó muestras de cabello tomadas de indígenas en la Amazonía colombiana, cerca de la frontera con Brasil, encontró que alrededor de 90 % de los miembros de la comunidad tenían niveles de mercurio que excedían el umbral máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en algunos casos hasta cuatro veces.

Altos riesgos y ganancias

Las estimaciones de la producción de oro para una draga de tamaño industrial en el río Puruê de Brasil varían ampliamente. Sin embargo, los cálculos conservadores van desde 2,5 a 3 kilogramos al mes. Para entrar en la economía legal, el oro ilegal se canaliza a través de una compleja red de transportistas, intermediarios, tiendas de oro y comerciantes.

En las dragas, los propietarios de esas estructuras funden su oro en barras. Ellos, sus empleados y otras personas que frecuentan las áreas mineras de oro –incluidas las trabajadoras sexuales, a quienes también se les paga con oro– viajan periódicamente a Japurá y Tefé para convertir el metal precioso en dinero en efectivo. En una región sin carreteras, los viajes se realizan en barco de pasajeros, constante blanco de los piratas.

Un oficial de la Policía Militar, que pidió no revelar su identidad, admite que escolta envíos de oro extraído ilegalmente en vuelos privados desde la ciudad de Japurá a ciudades amazónicas como Porto Velho, Boa Vista y Manaos, donde los compradores reciben el metal precioso sin preguntar sobre su origen.

“El transporte es sencillo. Todos los días hay vuelos que salen de Japurá. Transportamos de forma segura el oro del dueño de la draga, llamado oro grande, a la capital, donde podemos obtener el mejor precio”, dice. El aeropuerto de Japurá tiene permiso de la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil para controlar solo vuelos privados. Los contrabandistas enfrentan un mayor riesgo de detección cuando aterrizan en aeropuertos más grandes, donde hay inspectores del gobierno. 

El oficial de la Policía Militar, que proviene de una familia numerosa y pobre en el estado de Amazonas, ve la minería de oro como una solución a la pobreza en la región. “Es ilegal, pero no inmoral”, dice. “Debería ser legalizada, porque ahora [los mineros] no pagan impuestos y el dinero no se queda con la gente de Amazonas. Termina yendo al extranjero”. 

Antes de que el oro salga de la Amazonía, por lo general, se funde y se moldea en barras rectangulares que pesan un kilogramo cada una y pueden caber en la mano de un adulto. A 54 dólares el gramo –el precio en Japurá–, un propietario de draga o contrabandista podría llevar consigo, en su bolsillo, el equivalente al valor de un apartamento de clase media en Manaos, la principal ciudad de la ribera amazónica.

Incluso si con las operaciones de control se destruye una draga, la actividad aún puede seguir siendo rentable. Según los mineros, construir una gran draga en la región de Japurá cuesta entre 500.000 y 600.000 dólares, una suma que el propietario de una draga altamente productiva puede recuperar en unos pocos meses.

Para los implicados, vale la pena el riesgo por la ganancia que obtienen, y las grandes cantidades de dinero generadas evidencian la dificultad para controlar la minería ilegal que se ha extendido por toda la Amazonía.

Oro ilegal vendido de "buena fe"

Además de funcionarios de la fuerza pública corruptos, los propietarios de dragas y sus representantes también transportan y compran oro de los ríos de Puruê y Juami, y lo revenden a distribuidores de oro independientes, cooperativas mineras y distribuidores de valores autorizados por el Banco Central de Brasil y el mercado de valores.

Los compradores de oro no están obligados a certificar el origen del mineral. Basta con que entreguen una declaración de “buena fe” de que proviene de una zona autorizada por la Agencia Nacional de Minería, para poder vender el oro. En mayo de 2023, la Corte Suprema de Brasil suspendió la presunción de “buena fe” y ordenó al gobierno adoptar nuevas reglas dentro de 90 días para controlar el comercio de oro.

La falta de regulación hace que vender oro sea atractivo para que los grupos criminales laven las ganancias del narcotráfico y otras actividades ilegales.

En 2022, como resultado de una investigación policial sobre la extracción ilegal de oro con dragas en la Amazonía, 18 personas fueron arrestadas y quedaran bloqueados más de 1.000 millones de dólares en activos de varias empresas.

La investigación, llamada Aerogold, determinó que el esquema de oro en la región de Japurá involucraba una cadena de al menos 100 personas que recibían el oro y lo introducían en la economía legal, para que pudiera ser vendido o exportado. Se utilizaban varios tipos de comercios para lavar las ganancias de la minería ilegal. En la actualidad se desarrolla una nueva fase de la investigación Aerogold.

La represión anticipa un futuro incierto

Durante años, los mineros de oro profesionales, dueños de dragas como Getúlio, han vivido en mundos diferentes, viajando entre el Amazonas, las grandes ciudades de la costa brasileña y destinos internacionales como Miami. “Es la vida de un garimpeiro”, dice. “Han pasado 35 años, con un retorno financiero que vale la pena para quien sabe disfrutar de su trabajo y su dinero”. 

En febrero, sin embargo, ya se vislumbraba un futuro incierto si el gobierno cumplía la promesa del entonces presidente entrante, Lula da Silva, de desalojar a los mineros de los ríos amazónicos. “Ya estamos trabajando este año, tratando de ganar algo de dinero, porque si eso sucede, dejaremos de ser garimpeiros”, dijo. 

Durante la última semana de mayo, los temores de Getúlio se hicieron realidad cuando la agencia ambiental federal, IBAMA, apoyada por las fuerzas de seguridad, llevó a cabo una operación con la que destruyeron más de 51 dragas a lo largo del río Puruê, según informaron oficialmente. Algunos videos que circularon entre los mineros muestran las dragas envueltas en llamas mientras que, en otros, los restos de las dragas humean al tiempo que los mineros les lanzan baldes de agua.

Sin embargo, Amazon Underworld había contado muchas más dragas a lo largo del río durante la visita realizada tres meses antes. Además, en las imágenes satelitales de días antes del operativo, el agua de los ríos Puruê y Juami se veía oscura –el color natural de los ríos– y no turbia por los sedimentos arrastrados por las dragas. Esas pruebas, sumadas a los comentarios de los mineros en el momento de la redada, indican que ellos habían dejado de operar antes de la represión del gobierno. Al cabo de un mes, la minería se había reanudado. Los ríos volvieron a estar fangosos y, durante los sobrevuelos realizados a inicios de julio, los reporteros de Amazon Underworld contaron 159 dragas mineras en el río Puruê de Brasil y nueve en el río Puré de Colombia.

En ese momento, los medios de comunicación brasileños informaron que un teniente coronel del Ejército supuestamente había filtrado información sobre los operativos contra los mineros de la región de Japurá, y que al parecer recibió cerca de 200.000 dólares entre 2020 y 2022 a cambio de advertirles de las operaciones de represión previstas. En ocasiones, el oficial retrasaba estos operativos o alteraba las rutas porque los mineros decían que necesitaban cuatro días de antelación para ocultar sus dragas.

"La única manera de ganar buen dinero"

La minería ilegal es un imán para hombres de comunidades empobrecidas –algunos de ellos indígenas y otros colonos– en la Amazonía, donde la educación es deficiente y las opciones laborales son escasas. En el estado de Amazonas, una familia gana en promedio unos 250 dólares al mes, menos que un salario mínimo en Brasil. La perspectiva de un mejor futuro económico lleva a los trabajadores a abandonar a sus familias durante meses para trabajar en una draga, donde les pagan con oro.

“Me gusta tener un carro y una moto, y disfrutar de una Heineken en un buen restaurante”, dice un minero. “Trabajé duro para eso, no es por presumir. Si tuvieras la oportunidad, también lo harías. No nos juzgues. Es la única manera de ganar buen dinero aquí”.

Muchas de las enormes dragas industriales son al mismo tiempo hogar y lugar de trabajo para los mineros. Tienen maquinaria en el nivel inferior y en el superior están las viviendas que presumen de artefactos y servicios urbanos como televisión, internet de alta velocidad y cámaras de vigilancia. Los mineros, que viven en las dragas durante meses, dan a las estructuras un aire hogareño: tienen mascotas, cuidan pequeños huertos de lechugas y cebolla, y crían gallinas para comer. Los cocineros ofrecen pan recién hecho y abastecen a los mineros de jarras de café azucarado.

La vida en el Río Puruê no es barata. Los productos llegan de largas distancias y el transporte fluvial requiere mucho combustible costoso. Y todo tiene un precio en oro.

Un paquete de Coca-Cola cuesta un gramo de oro, una caja de pollo cuesta dos gramos. Todo es así. Un paquete de salchichas vale un gramo. Todo es caro, muy caro.

"Puedes conseguir tres cervezas por un gramo, pero a veces es una por uno", se queja Cabeludo.

En febrero, varios meses antes de la represión gubernamental, el futuro parecía ser incierto para la subsistencia de mineros como Cabeludo, que comparte el río Puruê con Getúlio. Sin embargo, a pesar de la incertidumbre, se dedicaba principalmente a las tareas cotidianas.

Cabeludo quiere darle a su hijo un futuro mejor y una vida diferente. “No quiero esto ni para mí ni para él”, dijo en febrero. “He sufrido mucho aquí. La gente está cansada, la gente tiene hambre. Mi congelador no está enfriando. Recojo agua de lluvia y del río para bañarme”.

Descalzo y sin camisa, Cabeludo se ríe mientras juega con su perro, Xangai, que buscaba atención, mientras martilla un trozo de alfombra para tapar una grieta en su balsa. Luego se pone serio. Además de guerrilleros y piratas, también teme una inminente represión por parte del gobierno de Lula. Sin un teléfono inteligente ni acceso a Internet para seguir los chats de WhatsApp de los mineros, le preocupaba enterarse de todo demasiado tarde.

Espera que el gobierno pueda ayudar a formalizar la operación minera, en lugar de reprimirla.

"Esperamos que protejan a los garimpeiros", dice. "No les costaría nada legalizar [la minería] para que pudiéramos pagar impuestos. Sería fácil. Sería una forma de ver por nosotros aquí también, de apiadarse de los pobres".

La balsa con su equipo de dragado es todo lo que tiene. Si ocurre una redada, dice, “eso es todo para mí. No sobreviviré fuera de la minería. Realmente no podré”.

*Los nombres fueron cambiados.

Amazon Underworld es una investigación conjunta de InfoAmazonia (Brasil), Armando.Info (Venezuela) y La Liga Contra el Silencio (Colombia). El trabajo se realiza en colaboración con la Red de Investigaciones de la Selva Tropical del Pulitzer Center y está financiado por la Open Society Foundation y la Oficina de Asuntos Exteriores y del Commonwealth del Reino Unido y por la International Union for Conservation of Nature (IUCN NL).

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