El joropo del dragón

Para construir un tramo de ferrocarril, planeado desde Tinaco, en los llanos centrales de Venezuela, hasta Anaco, a 468 kilómetros al nororiente, el gobierno de Chávez contrató a la China Railway Engineering Corporation y le desembolsó más de 2.700 millones de dólares, con fondos del Fondo Conjunto Chino Venezolano. No obstante, la empresa apenas construyó la tercera parte del plan y dejó a su paso conflictos laborales y daños ecológicos.

Dos mujeres representaron a Venezuela en sus acuerdos con China durante las negociaciones de un convenio bilateral que le permitió al gobierno de Hugo Chávez obtener dinero fresco a cambio de un sinfín de proyectos en múltiples áreas económicas: la banquera Edmée Betancourt y la diplomática Rocío Maneiro. Una década después, cuando la opacidad y el desconcierto todavía rodean aquellos proyectos que quedaron a medio hacer y a estas funcionarias les cambió su suerte, estas son sus historias.

China no tenía remilgos en pedir. Y Hugo Chávez tampoco los tenía para complacer a su poderoso aliado. Así que cuando Beijing solicitó en 2010 la habilitación de una oficina en Caracas para que sus ejecutivos supervisaran los múltiples proyectos conjuntos en los que se embarcaron ambos gobiernos, los bolivarianos destinaron -al menos sobre el papel- la bicoca de 164 millones de dólares para remodelar un espacio de un edificio del centro de Caracas. Una década más tarde, la oficina sigue en funcionamiento. Armando.info encontró escasa actividad en ella, y, lejos del lujo asiático que se esperaría tras semejante inversión, pudo comprobar que el lugar es como una cápsula del tiempo que guarda una muestra desgastada del estilo burocrático de los años 80.

Gracias a un acuerdo entre gobiernos, la empresa china Haier apoyaría la creación de una fábrica venezolana con insumos y transferencia de 'know how'. Si se hubiera hecho realidad, para este 2021 ya casi todos los hogares venezolanos tendrían una nevera, una lavadora y un aire acondicionado de esa marca hechos en Venezuela. Sin embargo, al tiempo que proyectaba la producción local de electrodomésticos baratos, el gobierno de Hugo Chávez importó 750 millones de dólares de aparatos de la misma marca solo para uno de sus programas sociales, y la fábrica nacional fue una decepción.

Beijing le vendió en 2011 al gobierno de Hugo Chávez ocho aviones de transporte militar en una movida rápida para dotar a la Aviación Militar, tras el boicot estadounidense a la venta de repuestos para los Hércules C130 y otros equipos. En el oscuro negocio, que sirvió de bautizo de fuego a quien ya se convertía en el gran comprador del chavismo, el general Giuseppe Yoffreda, la ambigüedad en la tasa de cambio del negocio y el amplio margen dejado para el pago de extras hizo del precio de cada aeronave una incógnita.

A cambio de la promesa de una astronómica cantidad de mineral de hierro, China giró 1.000 millones de dólares al gobierno de Hugo Chávez. Pero las cuentas resultaron tan alegres como un joropo llanero: no se cumplieron las cuotas de exportación, y la deuda con el dragón asiático solo creció. Esta es una historia de imposibilidades de entendimiento, sueños de grandeza y una gran desilusión resultante, reconstruida a partir de documentos internos.

Camuflado entre sus credenciales de ejecutivo de un bufete internacional y vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, el nombre de Oscar Cunto André se encuentra en las pesquisas de la Policía Nacional española sobre el ‘caso Zapatero’. Aparece como representante de un par de empresas y dueño de otra que sirvieron de vehículos para pagos de servicios fraudulentos de consultoría que, en realidad, encubrían comisiones ilegales. Mantuvo también una estrecha vinculación societaria con uno de los titiriteros del esquema, Francisco Flores Suárez.

Una investigación sobre el secuestro del padre de un empresario francés del sector de las criptomonedas permitió rastrear parte del rescate pagado por su liberación hasta el monedero digital de una tal Isabel V. Esta, a su vez, resultó ser hermana de un exportador venezolano de especímenes de fauna silvestre y propietario de negocios para mascotas en Caracas. La mujer enfrenta en un tribunal cargos de lavado de dinero, mientras la conexión inesperada mantiene perplejas a las autoridades parisinas.

Ramón Gordils empezó a estudiar dos carreras en la UCV; no completó ninguna. Pero su aparente vocación de ‘todero’ encontraría un cauce cuando conoció a Nicolás Maduro, momento en el que se convirtió en portero de acceso al entorno del futuro dictador. Documentos de la Audiencia Nacional de España ahora lo muestran como un conector clave entre los accionistas venezolanos de la atribulada aerolínea Plus Ultra y la red de tráfico de influencias que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero presuntamente lideraba.

El contratista colombiano se quedó sin el plan B que ya fraguaba antes de que la captura de Nicolás Maduro lo dejara indefenso. Preparó el terreno para una ruta de escape hacia Italia, intentando despejar los cargos que desde 2020 pesaban sobre él y su pareja, Camilla Fabri, oriunda de ese país. También convirtió a los italianos presos en Venezuela en monedas de cambio para negociar su propia salida. Aunque las gestiones no alcanzaron a adelantarse a su remoción como ministro y su posterior “deportación” a Miami, extendieron un salvoconducto a su familia.

La sede en Caracas del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional hace tiempo dejó de ser un centro de detención transitorio. Se transformó en un reclusorio clandestino que llegó a albergar a 72 prisioneros. Hoy, sin embargo, apenas aloja a una mujer y cuatro hombres, todos ellos exalcaldes del estado Zulia, acusados por narcotráfico y arrestados en 2025 durante la operación policial ‘Relámpago del Catatumbo’. La exclusividad de esta cárcel se refuerza con la identidad de su carcelero VIP: Diosdado Cabello.

En 2024, el juicio público contra tres agentes de policía, una médico forense y un amigo de 'Canserbero' —todos acusados de participar en el encubrimiento del presunto asesinato del rapero— resultó contraproducente para la acusación. Las pruebas presentadas por la fiscalía de Tarek William Saab se desmoronaron bajo el peso de los argumentos de la defensa, el testimonio de algunos de sus peritos y las objeciones de la propia jueza, quien, no obstante, acabó aceptando sus implicaciones. Entre tanto, desapareció el expediente original de las muertes de Tirone González y Carlos Molnar.