Si en algún lugar ha concentrado la República Popular China gran cantidad de esfuerzo, política y recursos en la carrera sin descanso para expandir su influencia global, ha sido en Venezuela. En la última década, el “dragón” asiático ha invertido 200.000 millones de dólares en América Latina y al país ha llegado poco más de […]
Si en algún lugar ha concentrado la República Popular China gran cantidad de esfuerzo, política y recursos en la carrera sin descanso para expandir su influencia global, ha sido en Venezuela. En la última década, el “dragón” asiático ha invertido 200.000 millones de dólares en América Latina y al país ha llegado poco más de un cuarto de esos recursos.
Allanado el camino por el entonces presidente Hugo Chávez, tan empeñado en romper las alianzas estratégicas tradicionales del país como ávido de dinero fresco para empujar el “socialismo del siglo XXI”, en 2007 se creó formalmente el Fondo Conjunto Chino – Venezolano, epítome de una nueva etapa de alianza entre Beijing y Caracas que comenzó en 2001 con un apretón de manos entre Chávez y el presidente de China, Jiang Zemin.
Sobre la base de esa cooperación, el Fondo Conjunto Chino – Venezolano ha canalizado el aporte de Beijing de unos 30.000 millones de dólares en tres tramos denominados simplemente “A”, “B” y “C” desde 2007 y renovados dos veces hasta 2015, así como otros 20.000 millones entregados en 2010 que fueron manejados también por una instancia conjunta denominada Fondo de Gran Volumen y Largo Plazo. En total, unos 50.000 millones de dólares puestos sobre la mesa por China para el desarrollo de proyectos en territorio venezolano (en su mayoría ejecutados por empresas chinas) a cambio de recursos minerales, petróleo, compras de bienes finales de manufactura china y una dosis implícita de lealtad política.
Armando.info obtuvo y procesó, junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y con reportería complementaria de Diálogo Chino, cientos de documentos sobre el desarrollo de esta cooperación entre los años 2007 y 2012 que, al día de hoy, según el régimen de Nicolás Maduro, impulsó 790 proyectos en el marco de la “revolución bolivariana”. Desde las vocerías oficiales todo ha sido presentado como ventajoso para Venezuela, pero estos documentos -entre puntos de cuenta, memos de ministerios, correspondencias y órdenes de pago- revelan a una administración venezolana entusiasta pero ineficiente y desordenada, apenas capaz de canalizar un apoyo chino más que pragmático, cortante, y que no siempre presentó proyectos ventajosos para Venezuela.
El avance de los proyectos fue tímido en prácticamente todos los aspectos. Con la salvedad, quizá, del lanzamiento de los satélites Simón Bolívar, Francisco de Miranda y Antonio José de Sucre (el primero de los cuales perdió comunicación el año pasado), la cooperación binacional dejó millonarios sinsabores, como el nunca finalizado sistema de ferrocarriles, compras enrevesadas de aviones o electrodomésticos y hasta una oficina cuya construcción costó más recursos que muchos proyectos juntos. Venezuela y China quisieron bailar joropo, pero a esas alpargatas se le salieron pronto las costuras.
Dos mujeres representaron a Venezuela en sus acuerdos con China durante las negociaciones de un convenio bilateral que le permitió al gobierno de Hugo Chávez obtener dinero fresco a cambio de un sinfín de proyectos en múltiples áreas económicas: la banquera Edmée Betancourt y la diplomática Rocío Maneiro. Una década después, cuando la opacidad y el desconcierto todavía rodean aquellos proyectos que quedaron a medio hacer y a estas funcionarias les cambió su suerte, estas son sus historias.
Para construir un tramo de ferrocarril, planeado desde Tinaco, en los llanos centrales de Venezuela, hasta Anaco, a 468 kilómetros al nororiente, el gobierno de Chávez contrató a la China Railway Engineering Corporation y le desembolsó más de 2.700 millones de dólares, con fondos del Fondo Conjunto Chino Venezolano. No obstante, la empresa apenas construyó la tercera parte del plan y dejó a su paso conflictos laborales y daños ecológicos.
China no tenía remilgos en pedir. Y Hugo Chávez tampoco los tenía para complacer a su poderoso aliado. Así que cuando Beijing solicitó en 2010 la habilitación de una oficina en Caracas para que sus ejecutivos supervisaran los múltiples proyectos conjuntos en los que se embarcaron ambos gobiernos, los bolivarianos destinaron -al menos sobre el papel- la bicoca de 164 millones de dólares para remodelar un espacio de un edificio del centro de Caracas. Una década más tarde, la oficina sigue en funcionamiento. Armando.info encontró escasa actividad en ella, y, lejos del lujo asiático que se esperaría tras semejante inversión, pudo comprobar que el lugar es como una cápsula del tiempo que guarda una muestra desgastada del estilo burocrático de los años 80.
Gracias a un acuerdo entre gobiernos, la empresa china Haier apoyaría la creación de una fábrica venezolana con insumos y transferencia de 'know how'. Si se hubiera hecho realidad, para este 2021 ya casi todos los hogares venezolanos tendrían una nevera, una lavadora y un aire acondicionado de esa marca hechos en Venezuela. Sin embargo, al tiempo que proyectaba la producción local de electrodomésticos baratos, el gobierno de Hugo Chávez importó 750 millones de dólares de aparatos de la misma marca solo para uno de sus programas sociales, y la fábrica nacional fue una decepción.
Beijing le vendió en 2011 al gobierno de Hugo Chávez ocho aviones de transporte militar en una movida rápida para dotar a la Aviación Militar, tras el boicot estadounidense a la venta de repuestos para los Hércules C130 y otros equipos. En el oscuro negocio, que sirvió de bautizo de fuego a quien ya se convertía en el gran comprador del chavismo, el general Giuseppe Yoffreda, la ambigüedad en la tasa de cambio del negocio y el amplio margen dejado para el pago de extras hizo del precio de cada aeronave una incógnita.
A cambio de la promesa de una astronómica cantidad de mineral de hierro, China giró 1.000 millones de dólares al gobierno de Hugo Chávez. Pero las cuentas resultaron tan alegres como un joropo llanero: no se cumplieron las cuotas de exportación, y la deuda con el dragón asiático solo creció. Esta es una historia de imposibilidades de entendimiento, sueños de grandeza y una gran desilusión resultante, reconstruida a partir de documentos internos.
El personal de cumplimiento del JP Morgan Chase Bank dedicó meses a vigilar cientos de operaciones por más de 200 millones de dólares, que calificaba como ‘no transparentes’ y atribuía al mercado negro de divisas, y que se cruzaban en una pequeña entidad de Barbados, Continental Bank. Esta era propiedad de venezolanos que en su país manejan el Banco Caroní, y las transferencias más jugosas las había enviado una casa de valores panameña en la que los hermanos De Grazia figuraban como accionistas principales.
Con la defenestración en mayo pasado del coronel Luis Augusto Piligra de la presidencia de la estatizada Lácteos Los Andes, parecía llegar a su fin un esquema de corrupción enquistado en la administración pública. Pero quien se remonte al paso de ese oficial por la presidencia de Bolipuertos en 2018 encontrará que la Caja de Ahorros del Ejército y una de sus filiales comerciales -una de las cuales el propio Piligra gerenció- sacaron provecho de influencias y un estatus legal dudoso para desde entonces hacer negocios en cuatro puertos nacionales, amparadas en el auspicio de Diosdado y José David Cabello.
Los últimos presidentes de la Federación Venezolana de Fútbol han llenado más titulares por el escándalo de sus salidas que por la efectividad de sus gestiones, que han comprometido las posibilidades de desarrollo del raquítico balompié local. Ahora tiene la batuta Jorge Giménez, un joven cercano al anillo de poder de Delcy Rodríguez y, junto con su padre, antiguo contratista del gobierno.
Atef Nemer pasó sin escalas del mercader de telas que recorría las polvorientas calles de Barinas en una bicicleta, al magnate que erige locales de lujo en el terruño de los Chávez Frías. Sus conexiones van más allá de la política y algunas solo se ventilan en tribunales. Pero el último hito de su expansión, el control de cuatro tiendas de Agropatria, irónicamente arroja algo de luz sobre el colapso y misterioso destino de la empresa estatal, que antaño fue la próspera Agroisleña
No es muy conocido, lo que no es de extrañar: hace lo que sea para mantener el bajo perfil, hasta contratar empresas de lavado de reputación en Internet. Pero en documentos del Registro Mercantil de Luxemburgo resalta su nombre en vinculación con la empresa Fimis Holding, que representa la zona cero de su madeja global de negocios, por la que pudo comprarse el primer edificio de superlujo en Madrid y el segundo apartamento más caro de Florida en 2016. Se llama Isaac Sultán Cohén, se le tiene por cercano a Diosdado Cabello, y ahora está de vuelta a su Itaca original, Puerto Cabello, en cuyos almacenes empezó a hacer fortuna.
Llegaron desde Turquía: por un lado, un cargamento con lápices de colores, borradores, cuadernos y demás implementos para las clases escolares; por el otro, un despacho de pasta, arroz, atún y otros productos de la cesta básica. Pero el consignatario de ambos era una misma empresa en Panamá, hasta entonces desconocida, y con unos empresarios líbano-venezolanos, muy poderosos y amigos del chavismo de vieja data, por detrás.
