Si en algún lugar ha concentrado la República Popular China gran cantidad de esfuerzo, política y recursos en la carrera sin descanso para expandir su influencia global, ha sido en Venezuela. En la última década, el “dragón” asiático ha invertido 200.000 millones de dólares en América Latina y al país ha llegado poco más de […]
Si en algún lugar ha concentrado la República Popular China gran cantidad de esfuerzo, política y recursos en la carrera sin descanso para expandir su influencia global, ha sido en Venezuela. En la última década, el “dragón” asiático ha invertido 200.000 millones de dólares en América Latina y al país ha llegado poco más de un cuarto de esos recursos.
Allanado el camino por el entonces presidente Hugo Chávez, tan empeñado en romper las alianzas estratégicas tradicionales del país como ávido de dinero fresco para empujar el “socialismo del siglo XXI”, en 2007 se creó formalmente el Fondo Conjunto Chino – Venezolano, epítome de una nueva etapa de alianza entre Beijing y Caracas que comenzó en 2001 con un apretón de manos entre Chávez y el presidente de China, Jiang Zemin.
Sobre la base de esa cooperación, el Fondo Conjunto Chino – Venezolano ha canalizado el aporte de Beijing de unos 30.000 millones de dólares en tres tramos denominados simplemente “A”, “B” y “C” desde 2007 y renovados dos veces hasta 2015, así como otros 20.000 millones entregados en 2010 que fueron manejados también por una instancia conjunta denominada Fondo de Gran Volumen y Largo Plazo. En total, unos 50.000 millones de dólares puestos sobre la mesa por China para el desarrollo de proyectos en territorio venezolano (en su mayoría ejecutados por empresas chinas) a cambio de recursos minerales, petróleo, compras de bienes finales de manufactura china y una dosis implícita de lealtad política.
Armando.info obtuvo y procesó, junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y con reportería complementaria de Diálogo Chino, cientos de documentos sobre el desarrollo de esta cooperación entre los años 2007 y 2012 que, al día de hoy, según el régimen de Nicolás Maduro, impulsó 790 proyectos en el marco de la “revolución bolivariana”. Desde las vocerías oficiales todo ha sido presentado como ventajoso para Venezuela, pero estos documentos -entre puntos de cuenta, memos de ministerios, correspondencias y órdenes de pago- revelan a una administración venezolana entusiasta pero ineficiente y desordenada, apenas capaz de canalizar un apoyo chino más que pragmático, cortante, y que no siempre presentó proyectos ventajosos para Venezuela.
El avance de los proyectos fue tímido en prácticamente todos los aspectos. Con la salvedad, quizá, del lanzamiento de los satélites Simón Bolívar, Francisco de Miranda y Antonio José de Sucre (el primero de los cuales perdió comunicación el año pasado), la cooperación binacional dejó millonarios sinsabores, como el nunca finalizado sistema de ferrocarriles, compras enrevesadas de aviones o electrodomésticos y hasta una oficina cuya construcción costó más recursos que muchos proyectos juntos. Venezuela y China quisieron bailar joropo, pero a esas alpargatas se le salieron pronto las costuras.
Dos mujeres representaron a Venezuela en sus acuerdos con China durante las negociaciones de un convenio bilateral que le permitió al gobierno de Hugo Chávez obtener dinero fresco a cambio de un sinfín de proyectos en múltiples áreas económicas: la banquera Edmée Betancourt y la diplomática Rocío Maneiro. Una década después, cuando la opacidad y el desconcierto todavía rodean aquellos proyectos que quedaron a medio hacer y a estas funcionarias les cambió su suerte, estas son sus historias.
Para construir un tramo de ferrocarril, planeado desde Tinaco, en los llanos centrales de Venezuela, hasta Anaco, a 468 kilómetros al nororiente, el gobierno de Chávez contrató a la China Railway Engineering Corporation y le desembolsó más de 2.700 millones de dólares, con fondos del Fondo Conjunto Chino Venezolano. No obstante, la empresa apenas construyó la tercera parte del plan y dejó a su paso conflictos laborales y daños ecológicos.
China no tenía remilgos en pedir. Y Hugo Chávez tampoco los tenía para complacer a su poderoso aliado. Así que cuando Beijing solicitó en 2010 la habilitación de una oficina en Caracas para que sus ejecutivos supervisaran los múltiples proyectos conjuntos en los que se embarcaron ambos gobiernos, los bolivarianos destinaron -al menos sobre el papel- la bicoca de 164 millones de dólares para remodelar un espacio de un edificio del centro de Caracas. Una década más tarde, la oficina sigue en funcionamiento. Armando.info encontró escasa actividad en ella, y, lejos del lujo asiático que se esperaría tras semejante inversión, pudo comprobar que el lugar es como una cápsula del tiempo que guarda una muestra desgastada del estilo burocrático de los años 80.
Gracias a un acuerdo entre gobiernos, la empresa china Haier apoyaría la creación de una fábrica venezolana con insumos y transferencia de 'know how'. Si se hubiera hecho realidad, para este 2021 ya casi todos los hogares venezolanos tendrían una nevera, una lavadora y un aire acondicionado de esa marca hechos en Venezuela. Sin embargo, al tiempo que proyectaba la producción local de electrodomésticos baratos, el gobierno de Hugo Chávez importó 750 millones de dólares de aparatos de la misma marca solo para uno de sus programas sociales, y la fábrica nacional fue una decepción.
Beijing le vendió en 2011 al gobierno de Hugo Chávez ocho aviones de transporte militar en una movida rápida para dotar a la Aviación Militar, tras el boicot estadounidense a la venta de repuestos para los Hércules C130 y otros equipos. En el oscuro negocio, que sirvió de bautizo de fuego a quien ya se convertía en el gran comprador del chavismo, el general Giuseppe Yoffreda, la ambigüedad en la tasa de cambio del negocio y el amplio margen dejado para el pago de extras hizo del precio de cada aeronave una incógnita.
A cambio de la promesa de una astronómica cantidad de mineral de hierro, China giró 1.000 millones de dólares al gobierno de Hugo Chávez. Pero las cuentas resultaron tan alegres como un joropo llanero: no se cumplieron las cuotas de exportación, y la deuda con el dragón asiático solo creció. Esta es una historia de imposibilidades de entendimiento, sueños de grandeza y una gran desilusión resultante, reconstruida a partir de documentos internos.
Los hermanos Majed y Khaled Khalil están listos para lo que se le ofrezca al régimen de Nicolás Maduro. En 2020 se prestaron a servir la coartada para un cargamento destinado a las obras de remodelación del Hotel Alba Caracas que, al hacer trasbordo en Nueva York en ruta al puerto de La Guaira, corría el riesgo de quedar retenido por los efectos de las sanciones estadounidenses. Los contenedores eran parte de un opaco contrato para rehabilitar el emblemático hotel capitalino y ponerlo en manos de empresarios turcos cercanos al presidente Recep Tayyip Erdogan. Para los Khalil el favor no representó más que un pequeño gesto en medio de su esfuerzo por construir un emporio del sector turístico.
Un trío de venezolanos mencionados a menudo en documentos judiciales como parte del esquema de lavado de dinero de Pdvsa a través de la Banca Privada de Andorra (BPA) hicieron importantes inversiones inmobiliarias y turísticas en el Caribe más VIP: un hotel en el casco amurallado de Cartagena y villas en Casa de Campo. Se trata del exviceministro Javier Alvarado, su pareja, Cecirée Casanova, y un tercer y misterioso socio, José Luis Zabala. Desde una empresa de este último en Luxemburgo se puede seguir el rastro del dinero.
Más que Amparito, es esta empresa petroquímica la moza de la que todos los venezolanos se prendan en Barranquilla: filial de la estatal Pequiven, quedó en manos del gobierno interino de Juan Guaidó cuando Colombia, como otras democracias occidentales, desconoció el régimen de Maduro en 2019. Pero la medida no sirvió para protegerla, sino para dejarla a merced de las maniobras de un ingeniero con conexiones políticas y de su grupo, quienes no dudaron en pasar de gestores y contratistas de la compañía a hacerle competencia.
A pocos meses de su tercer centenario, la principal universidad del país fue tomada por el gobierno, de noche y tras muchos años de asedio. La ocupación se presenta benévola, dirigida por egresados afectuosos, y con el propósito único de restaurar el esplendor de un campus que hace más de dos décadas fue proclamado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Pero, aún si nadie conoce los alcances y criterios profesionales de la intervención, hay un contratista que ya sabe de sus beneficios: Racar Ingenieros, una empresa con relaciones de vieja data con Delcy y Jorge Rodríguez.
Una joven pareja de los llanos centrales venezolanos intenta desde 2020 llegar a Ecuador atravesando Colombia. Pero todas las rutas los conducen a la desgracia: ya han dejado dos hijas enterradas en el camino. El destino todavía les jugó otra mala pasada este año cuando al padre lo acusaron de participar en el bloqueo de una carretera y las autoridades lo expulsaron sin miramientos.
El 23 de noviembre de 2019 fue un día de cuchillos largos en el barrio de Patio Bonito. En medio de protestas en la capital colombiana, una razzia policial recogió indiscriminadamente a los migrantes que encontraba en la calle y los arrastró a centros de detención. Allí los agrupó con otros individuos hasta llegar a 59, los montaron en un avión hacia la frontera con Venezuela y, para completar la expulsión colectiva, debieron sortear la ira de las turbas xenofóbicas.
