El discreto encanto de la guerrilla conquista al Táchira

San Cristóbal. - “Nuestro saludo fraternal de bienvenida a oyentes de los municipios fronterizos de la hermana República Bolivariana de Venezuela y a todos los sectores populares que se manifiestan, que nos ayudan y hacen parte de la construcción de toda esta parrilla radial de este combate virtual…”.

Aunque en las primeras de cambio lo parezcan, no son palabras de una emisora formalmente establecida en Venezuela. Es, en cambio, la presentación de un programa de Antorcha Estéreo 96.7 FM, una emisora clandestina del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, cuya señal puede captarse en San Cristóbal, la capital del estado Táchira (región andina, suroeste de Venezuela), en tardes como la del pasado 26 de septiembre, cuando se registró ese saludo.

En un espectro radial sobrepoblado de emisoras comerciales y comunitarias, la señal de este medio podría pasar inadvertida. Pero eso no ocurre. Las particularidades de su contenido lo previenen.

Las primeras noticias de Antorcha Stereo aparecieron en Colombia en el año 2010. La emisora se dejaba escuchar por Cúcuta (Departamento de Norte de Santander, Colombia, vecino a Táchira) con lemas que iban dirigidos de manera expresa a los integrantes de las fuerzas armadas colombianas y a sus propios compañeros de armas en prisión: "Soldado, ¡no te olvides que estás traicionando a tu propio pueblo!", "¡Somos revolución, construimos poder y triunfaremos!", eran algunos de ellos. O había notas de color: "Un abrazo fraternal para los compañeros de la cárcel Modelo y a las compañeras del Buen Pastor que reportan sintonía frecuentemente”.

El general Germán Saavedra Prado, comandante de la Trigésima Brigada del Ejército colombiano, presumió entonces –en declaraciones a Colprensa, la agencia oficial del país vecino– que los programas en realidad se emitían desde más allá de la frontera con Venezuela.

El 17 de julio de 2013, el presidente del Colegio de Profesores de Venezuela (CPV) en Táchira, Javier Tarazona, denunció ante los medios de comunicación que la estación radial del ELN se escuchaba perfectamente en territorio venezolano, por lo que exigió al gobernador del Táchira, José Vielma Mora, que se pronunciara ante Conatel para que “esta emisora, que también tiene una filosofía de adoctrinamiento y con valores totalmente distorsionados, no se cuele en el espectro radioeléctrico de nuestro país”.

En esa ocasión, el representante de los educadores no solo hizo señalamientos sobre el medio de comunicación. También dijo que, en los últimos meses, integrantes del ELN llegaron a entregar en diferentes institutos educativos venezolanos la revista Antorcha, vocero de ese grupo irregular.

Los ejemplares fueron entregados en escuelas estatales y nacionales, en su mayoría ubicadas en los pueblos de la frontera: entre ellos, los planteles Tres Esquinas, Las Dantas, Bolivia, La Colina y Naranjales de los municipios Rafael Urdaneta, Bolívar, Junín, Fernández Feo y Pedro María Ureña.

En esos impresos hay textos sobre las actividades de la guerrilla, juegos para los niños lectores –colorear dibujos, completar palabras que faltan en las letras de canciones insurgentes, y versiones alternativas del calendario escolar que incluyen, por ejemplo, la efeméride del “Día del guerrillero heroico”.

Un docente, quien pidió no ser identificado, narró que los integrantes de esta organización ingresan a las escuelas y aunque no están identificados con uniformes del ELN, todos saben que pertenecen a ese grupo guerrillero. Explicó que maestros y directores reciben ese material por temor a que les pase algo.

Luego de la entrega de la revista, los guerrilleros hacen seguimiento de manera tal que la publicación llegue a manos de los niños. “Muchos colegas piden la incapacitación o traslados a otros lugares por el miedo que tienen si no cumplen con el cometido”.

Las denuncias de Tarazona tuvieron una inmediata respuesta por la red social Twitter. A través de la cuenta de sus emisoras, @ELN_RANPAL, que corresponde a la denominada Radio Nacional Patria Libre, la guerrilla envió una serie de trinos donde niegan que Antorcha Stereo funcione en territorio venezolano. “Estamos en Colombia y nuestra programación la definimos nosotros, no la derecha narco paramilitar colombiana ni de ningún país”, decía uno de los tuits.

Aseguró funcionar desde el Barrio Atalaya de Cúcuta y con una potencia de 3000 vatios de potencia, lo que le permite llegar con claridad a varias ciudades en territorio venezolano. “Caracol y RCN también suenan en la frontera”, se excusaron en sus mensajes. A la vez, negó que sus hombres siquiera pasen por territorio venezolano: “El Comando Central del ELN hace muchísimos años nos ordenó a todos los militantes no permanecer en su país y hemos cumplido”.

Aunque el primer mandatario regional respondió que de haber sabido que los guerrilleros estaban dando material en las escuelas, “hubiésemos capturado in fraganti a quienes estaban entregando esos panfletos y a quienes están tratando de ideologizar a nuestros niños”, diversos testimonios permiten afirmar que la presencia de estas agrupaciones se mantiene en el estado Táchira.

Durmiendo con el enemigo

Para el tachirense, convivir con grupos irregulares ya se ha hecho algo común. “El día que quemaron los cuatro carros y las cuatro motos del lado colombiano, ese día vinieron Los tales a decirnos que cerráramos los comercios y eso hicimos en San Antonio del Táchira y Ureña. De no hacerlo, nos queman el negocio o nos matan”, señaló un comerciante del lado venezolano de la frontera. Se refiere a los disturbios del pasado 30 de septiembre, cuando pimpineros y maleteros –la infantería ligera del negocio del comercio furtivo binacional– protestaron contra las requisas militares venezolanas en su lucha contras el denominado “contrabando de extracción”.

Los tales y Los compas son grupos de paramilitares que operan en los municipios vecinos con Colombia.  A estos se le suman otros de nombres sonoros como Los urabeños o Los rastrojos.

Ese 30 de septiembre, los ánimos se fueron caldeando. Los manifestantes cerraron con obstáculos el Puente Internacional Simón Bolívar. Las personas que se quedaron atrapadas en el trancón del lado colombiano contaron que, si alguien tomaba fotos, les dañaban los celulares. “Había gente mala pero también buenas personas que rechazaban los estrictos controles que hacen los militares venezolanos. Allí hasta rezamos porque creíamos que se pondría peor. Intentaron quemar la sede de la Dian (N. de R.: el organismo tributario y de aduanas colombiano), pudo suceder una tragedia”, dijo Nelly Mejía, residente de Cúcuta, Colombia.

Nadie quiere hablar sobre el tema en Táchira. Sienten temor de represalias. “Es un secreto a voces, las mismas autoridades saben dónde están ellos; en cuáles vehículos se trasladan, tiene camionetas Tacomas como las del Gobierno. Actúan con impunidad porque hay como una especie de pacto establecido en respetarse los espacios”, dijo una fuente que pidió reserva de su identidad.

“Esto no es nada nuevo, desde hace años estamos conviviendo con la guerrilla y los paramilitares en nuestro territorio pero nuestra preocupación es alertar a las autoridades ya que es una violación a la soberanía nacional y también es una afectación a nuestros niños, niñas y adolescentes y por ello levantamos la voz rompiendo el silencio denunciando este tipo de instrumentos que están siendo entregados en las escuelas”, agregó el profesor Javier Tarazona en su oportunidad.

Una opción tentadora

La mayor preocupación en todos los sectores tachirenses es que los jóvenes están abandonando los estudios para hacer prácticas de bachaqueo –contrabando al menudeo-, en el mejor de los casos. En el peor, se enrolan en algún grupo irregular.

“Inicialmente a los jóvenes que por su edad les tocaba incorporarse en estos grupos terminaban haciéndolo por acciones violentas que sufrían, como secuestros. Era forzada la cosa. Pero ahora el joven tiene la tentación de incorporarse a estos grupos porque es una opción laboral, que te da poder, con armamento, con control físico de la zona, con admiración por parte de algún sector de la población y con dividendos”, contó un residente del municipio fronterizo Pedro María Ureña.

El mismo Tarazona denunció que durante la realización de talleres que forman a los docentes de instituciones fronterizas en materia de Derechos Humanos, pudo conocer testimonios que evidencian cómo los niños y jóvenes venezolanos están siendo reclutados por estas organizaciones irregulares.

“Hemos atendido más de 150 maestros en cuatro entidades (Táchira, Apure, Barinas y el Distrito Capital), hemos recogido una cantidad importante de testimonios que nos llevan a establecer que nuestra frontera está infestada por la acción deliberada de los grupos irregulares, que son quienes toman las decisiones en estos territorios y han desplazado el papel que debe cumplir el estado venezolano”, afirmó.

También está el aspecto de la deserción escolar producto de esta situación. En este caso, las jóvenes mujeres se establecen como pareja de irregulares y hasta participan en actividad ilícitas siendo muchas veces ajusticiadas en un cobro de factura entre mismos integrantes o grupos antagónicos.

Tarazona asegura que la presencia el ELN no solo está en la frontera, sino que también en la capital tachirense. “En Macanillo, hay un docente cooperante de ese grupo que fue detenido por el Gobierno y hay un secuestrado que fue liberado hace poco. El Gobierno manifestó que ese secuestrado lo había detenido un grupo llamado Los montañeros, pero realmente detrás de eso está el Ejército de Liberación Nacional”.

Por la persuasión o por la fuerza

No solo el ELN ronda el Táchira. Otros grupos irregulares, como las poderosas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), también andan de leva por la zona.

Para la familia Molina Contreras, el 26 de junio de 2008 se constituyó como el día más amargo de su existencia. Ese día unos sujetos desconocidos ingresaron a su residencia de la población de Cordero, municipio Andrés Bello. Solo estaban María José, una hija de 15 de años de edad, y su amiga Denys. Los hombres se aprestaron a llevarse a María José. Pero entonces llegó Zulay, la madre de la adolescente, que sentenció: “Si se llevan a mi hija, yo también me voy”. Así tuvo que ser.

Por tres meses, madre e hija estuvieron juntas en las montañas, durmiendo en cambuches. Hasta que el 7 de octubre las separaron y le dijeron a Zulay que liberarían a la joven porque era menor de edad. La madre narró que, pese a estar muy triste porque se iban a separar, María José se mostraba esperanzada porque su mayor ilusión era ver a su papá, Samuel, pero la joven tachirense nunca llegó a su casa y a Zulay, a la postre, la rescatarían las autoridades policiales. Desde entonces nadie de la familia ha vuelto a ver a María José en persona.

Las conversaciones entre secuestradores y la familia se iniciaron. Cada vez que llamaban por teléfono y decían “avión accidentado” –tal la contraseña de los secuestradores- empezaban a exigir altos montos de dinero como rescate. Invariablemente la familia argumentaba que el padre no era más que un simple carpintero y que Zulay no estaba trabajando.

En diciembre del mismo año, el portavoz de los secuestradores volvió a llamar y estaba molesto. “Dijo que habíamos hecho sancocho con ellos, que se la íbamos a pagar, que nos llamarían el 23 de diciembre, a la medianoche, para ejecutar a la niña y la iban a poner al teléfono para que escucháramos su último grito”, relata la madre.

Pero esa llamada terrorífica nunca se dio. En cambio, el último contacto telefónico que tuvieron con el hombre fue en febrero de 2009. Ya no quería hablar con Samuel sino solo con Zulay y pedía de nuevo una altísima suma de dinero.

Samuel pudo averiguar que, aunque María José había sido secuestrada por el Ejército de Popular de Liberación (EPL), terminó en mano de las FARC. “Supimos que la niña estaba en el frente 33 de las FARC porque el canciller de Colombia presentó ese año ante la Organización de Estados Americanos (OEA) unos videos de los campamentos existentes en territorio venezolano y ahí aparecía María José”, dijo Zulay de Molina.

La historia de la joven, ya para entonces intrigante, dio otro giro desorientador en agosto reciente.  Entonces, una nota de prensa publicada en un medio colombiano aseguraba que María José Contreras Molina había pasado a formar parte de las filas de las Farc-Venezuela y que era pareja de un jefe guerrillero.

La información mostraba la imagen de una mujer con un uniforme camuflado de color azul y una gorra con las siglas PCE asegurando que la “joven venezolana secuestrada milita ahora en las Farc-Venezuela”.

Zulay no dudó en reconocer a su hija, pero aclaró: “Para nosotros María José sigue estando secuestrada porque a ella se la llevaron secuestrada, estuvieron extorsionando durante un tiempo; si está miliciada nosotros no sabemos ni por qué está portando ese uniforme, pero para nosotros sí es nuestra hija porque tiene muchas semejanzas con ella”.

La chica debe tener ya 21 años. Es mayor de edad y debería estar apta para tomar sus propias decisiones. Pero su familia no cree que esté en condiciones de hacerlo. “Ellos no son quiénes para adoctrinarla (…)  Ellos se apoderaron de ella; ella tiene aquí una familia grande que la espera, que la ama, que no la ha olvidado”, dijo la madre.

Mientras tanto, la familia Molina Contreras no pierde las esperanzas. Han creado un grupo en Facebook (Libertad para María José); han participado en el programa Voces del secuestro que se transmite en Colombia y cuyos mensajes son de familiares a sus afectos secuestrados; y se aferran a la fe de poder tener de vuelta a la joven.