En julio de 2008 el empresario y ex banquero venezolano, Carlos Gill, llegó a La Paz, Bolivia, para adquirir tres medios, que puso al servicio del gobierno del presidente Evo Morales. La operación que concretó entonces se parece mucho a la forma cómo adquirieron en Venezuela a los diarios El Universal y el ahora llamado Grupo Últimas Noticias.
Impidamos que el país se convierta en un desierto informativo.
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El colectivo humorístico venezolano El Chigüire Bipolar creó un seriado muy exitoso en la web llamado Isla Presidencial. En el primer capítulo de la primera temporada, como en todo producto similar, se presenta a los personajes de la historia: nada más y nada menos que los presidentes de los países de América Latina como náufragos en una isla. Al jefe de Estado de Bolivia, Evo Morales, lo caracterizan como al discípulo tonto de Hugo Chávez, un hombre que no se atreve a tomar una decisión sin contar con el aval de su mentor venezolano.
La realidad ha demostrado ser menos uniforme que ese seriado. Bolivia sí tiene algo que enseñarle a Venezuela. El modelo de compra de medios de comunicación privados en Venezuela se inspira en un plan orquestado por el presidente Morales y su gabinete hace ya algunos años y con gran éxito. El periodista Raúl Peñaranda, en su imprescindible libro Control remoto, que ya lleva seis ediciones, cuenta cómo en aquel país se creó una red de medios paraestatales y se acosó, mediante empresarios amigos, a la prensa independiente. En toda esa trama sobresale el nombre de Carlos Gill Ramírez, ex banquero venezolano de origen paraguayo, y presidente de la Junta Directiva del Grupo Corimón, líder en el área de pinturas, como protagonista principal. Gill está casado con Chepita Gómez, una reputada Spin Doctor venezolana, fundadora de la empresa de Relaciones Públicas Proa, y hermana del diputado opositor a la Asamblea Nacional, Eduardo Gómez Sigala.
Este empresario tiene que ver, y mucho, con la importación de esta estrategia hacia Venezuela. Fue una respuesta directa a una certeza que asumió el chavismo con la muerte de su líder: cerrar medios o impedir sus transmisiones a través del espectro radioeléctrico estatal no implica el traspaso automático de la audiencia. Poco antes de enfermar de gravedad, el propio presidente lo reconocía en un insólito mea culpa. Por esa razón, a partir de 2013 empezaron a aparecer empresarios interesados en adquirir medios por cantidades que en muchas ocasiones sobrepasan el valor del negocio en el mercado.
En enero de 2007, cuando Evo Morales tenía un año en el poder, La Razón era el diario más prestigioso de La Paz, la capital de Bolivia. Fuerte, consolidado y financieramente saneado, el periódico, propiedad del grupo español Prisa –holding de, entre otras marcas, el diario El País de Madrid–, tenía impacto en la opinión pública.
Peñaranda relata en su investigación que desde ese año el gobierno boliviano intentó presionar a los empresarios españoles para comprar el medio. Prisa tenía entonces –todavía tiene– algunas urgencias económicas y quería deshacerse de algunos activos para encararlas. Las negociaciones, sin embargo, no cristalizaron a pesar de las presiones indirectas que inició Morales a través de su gabinete: una inspección encabezada por el entonces ministro del trabajo de Bolivia, Alex Gálvez, para constatar condiciones laborales, o el envío de un grupo de técnicos de la oficina de tributos de ese país para efectuar una auditoría.
Solo la llegada de Gill a Bolivia, en 2008, destrabó esas negociaciones. El empresario llegó para coordinar, según Peñaranda, la compra de medios, aunque no era un propósito declarado. Gill se escudó tras fachada de una fundación que creó, llamada Siglo XXI, que se encargaría de fomentar la exportación de textiles bolivianos a Venezuela, mientras concretaba la compra del diario para ponerlo al servicio del gobierno boliviano. El entonces embajador venezolano en La Paz, Julio Montes –ex ministro de Vivienda del gabinete de Hugo Chávez–, lo presentó con el número dos, el vicepresidente Álvaro García Linera, quien estaba encargado de concretar el plan. A través de Gill, el gobierno boliviano también controló otros dos medios: ATB, un canal de televisión, y Extra, un periódico popular.
Como era una misión encubierta se creó una empresa en España, llamada Akaishi, que negoció directamente con Prisa por los tres activos. Todo esto con el fin de evitar que se supiera que un venezolano había adquirido tres medios de comunicación. Dos años después no solo se supo que Gill era el dueño, sino que la propia vicepresidencia de Bolivia ofrecía los cargos directivos en la redacción de La Razón.
Sea que no pudo o no quiso seguir ocultando sus propiedades, Gill decidió romper con el bajo perfil que cultiva en Venezuela para ofrecer entrevistas a medios bolivianos y comentar sobre sus inversiones. A mediados de 2014 le dijo al diario El Deber que había escogido a ese país y a su natal Paraguay para invertir “porque vieron un enorme potencial”. Además de los diarios La Razón y Extra, Gill confirmó que era el propietario de la empresa llamada Ferroviaria Oriental. Y allí también aparece en su junta directiva el nombre de Rafael Enrique Abreu Anselmi, cuyo hermano gemelo, Jesús, fue designado como el presidente del diario El Universal de Caracas apenas se concretó la venta.
Rafael Enrique Abreu Anselmi representa, como presidente del directorio de Ferroviaria Oriental, los intereses de Gill, de acuerdo con datos oficiales recolectados de la ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero) de Bolivia. Como su hermano Jesús, Rafael Enrique, o Enrique, como le conocen sus amigos, ha sabido moverse muy bien entre los poderes fácticos desde mucho antes de la llegada del comandante Hugo Chávez al palacio de Miraflores. Las buenas relaciones que ha hecho en todos estos años quedan en evidencia cuando se comprueba que ha participado en varias juntas directivas de empresa. Fue director principal de la desaparecida Seguros Carabobo. Y también forma parte de Corimón con el mismo cargo, como lo prueba la asamblea de accionistas del 22 de mayo de 2013.
Jesús Abreu Anselmi no ha sido menos afortunado, quizás porque también tiene una idea muy clara de cómo funciona la sociedad venezolana. A principios de los años noventa acariciaba la idea de crear, junto a su hermano Enrique, un gran emporio que compitiera con Empresas Polar. Se llamaba Agrícola La Castellana y tenía vínculos comerciales con el desaparecido Banco Latino. El hoy presidente de El Universal fue introducido en los círculos sociales de Caracas por el presidente de aquel grupo, Gustavo Gómez López. En 1998, cuatro años después de la quiebra del Banco Latino, El Fondo de Garantías de Depósitos (Fogade) demandó a Agrícola La Castellana para cobrarse dos pagarés en bolívares. En enero de 2003, justo después del golpe de Estado contra Hugo Chávez, esa acción judicial quedó sin efecto.
Los ecos de la venta de la antigua Cadena Capriles –hoy Grupo Últimas Noticias– y del diario El Universal resuenan en estas líneas. Para cerrar ambas operaciones se crearon dos empresas –Latam Media Holding (Inglaterra) y Epalisticia (España), respectivamente– como vehículo especial de inversión, que oculta la verdadera identidad de los dueños. Es ese uno de los mejores secretos guardados del Caribe e infructuosos han sido los intentos por despejarlos.
Hay, sin embargo, una pista que conduce a Gill. Una fuente vinculada con la nueva dirección del diario aseguró a Armando.info que uno de los propietarios de El Universal es Carlos Gill. A pesar de los correos electrónicos enviados a direcciones registradas a su nombre y las llamadas hechas a Corimón para contrastar esta información, Gill nunca respondió a la solicitud de una entrevista.
Gill, según esa versión, forma parte de ese pool de inversores que se hicieron con el centenario medio de la esquina de Ánimas, en Caracas, y uno de los artífices del brusco cambio de línea editorial sufrida por el medio. Su relación con el actual presidente del diario, Jesús Abreu Anselmi, trasciende lo profesional. Fue uno de los requisitos que pusieron los desconocidos accionistas del periódico para contratar a la persona que diera la cara en la empresa, de acuerdo con una entrevista concedida al periodista Jesús Yajure por el representante de Epalisticia, José Luis Basanta, y publicada en el portal Politikom.
El principal diario del centro de Venezuela y segundo del país, ‘Notitarde’, sirve de escenario para un experimento, singular hasta para la era chavista, de clara impronta militar: un coronel del Ejército se puso al frente de la empresa. Fue parte de la racha de compras de medios que capitales cercanos a la revolución hicieron de manera nerviosa de 2013 a 2015. Los resultados, periodísticos y de negocio, dejan que desear. Pero el compañero de promoción de Carlos Osorio y Pedro Carreño sigue deseando aprender de los reporteros a su servicio.
“Cabezas” (por Hugo, su director) y “Coronado” (por Luis, mano derecha del anterior) son dos apellidos de evocación cefálica que se revelan claves en una trama de negociados tejida alrededor de la empresa que el Estado venezolano creó en 2013 para centralizar los suministros de papel imprenta importado a medios y editoriales. La privatización tras bambalinas de su razón de ser se consuma a través de redes de parientes en funciones ejecutiva, manipulación de las tasas cambiarias, vínculos con intermediarios privilegiados, y otras maniobras que permiten comprobar que el papel aguanta todo.
Las transmisiones deportivas de los canales MeridianoTV y Telearagua son un verdadero circuito cerrado de negocios para Trapiello, un veterano productor artístico, y su socio Harry Camba, presidente y vicepresidente de Telearagua y de la emisora de radio Aragüeña 99.5 FM, medios regionales financiados por la Gobernación. Pero ambos también se han proclamado dueños de TyH Producciones, una empresa privada que presta servicios a esas televisoras y que fue diseñada para esquivar cuestionamiento alguno sobre el conflicto de intereses entre la gestión de lo público y lo privado
Una anónima empresa china de ingeniería civil salió a relucir en las noticias internacionales de febrero pasado. Se trataba de Camc, beneficiada con importantes contratos del Gobierno boliviano mientras la exnovia del presidente Evo Morales actuó como su gerente local. Pero ya para entonces tenía tiempo operando en Venezuela. Desde 2003 ha obtenido del régimen chavista proyectos por más de 3.000 millones de dólares. A pesar de un desempeño plagado de irregularidades técnicas y administrativas, acaba de recibir un jugoso trofeo: la certificación de yacimientos en el Arco Minero del Orinoco.
Pase y póngase cómodo para ver la televisión de Petróleos de Venezuela. En 2012, el ex presidente Hugo Chávez lanzó al aire la idea: crear la primera televisión petrolera del mundo. Se materializó, formaron equipo, ocuparon un Bien de Interés de la Ciudad. Tras meses en prueba en la Televisión Digital Abierta y un año en emisión en la Web, aún no tiene, ni siquiera, programación continua.
La revista emblemática de la transición y del destape español al final del franquismo cayó en 2014, y tras cuatro décadas, en manos de dos inversionistas venezolanos. Son los hermanos Neri, contratistas en gran medida de la Alcaldía y el Gobierno capitalinos, en manos del chavismo. Ahora desde la revista, convertida en mensuario y con salas de redacción en Caracas y Madrid, dicen que quieren promover el diálogo entre los polarizados españoles, aunque no falte quien le achaque a la publicación el propósito de circular con “culos, autoayuda y picante”.
Camuflado entre sus credenciales de ejecutivo de un bufete internacional y vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, el nombre de Oscar Cunto André se encuentra en las pesquisas de la Policía Nacional española sobre el ‘caso Zapatero’. Aparece como representante de un par de empresas y dueño de otra que sirvieron de vehículos para pagos de servicios fraudulentos de consultoría que, en realidad, encubrían comisiones ilegales. Mantuvo también una estrecha vinculación societaria con uno de los titiriteros del esquema, Francisco Flores Suárez.
Una investigación sobre el secuestro del padre de un empresario francés del sector de las criptomonedas permitió rastrear parte del rescate pagado por su liberación hasta el monedero digital de una tal Isabel V. Esta, a su vez, resultó ser hermana de un exportador venezolano de especímenes de fauna silvestre y propietario de negocios para mascotas en Caracas. La mujer enfrenta en un tribunal cargos de lavado de dinero, mientras la conexión inesperada mantiene perplejas a las autoridades parisinas.
Ramón Gordils empezó a estudiar dos carreras en la UCV; no completó ninguna. Pero su aparente vocación de ‘todero’ encontraría un cauce cuando conoció a Nicolás Maduro, momento en el que se convirtió en portero de acceso al entorno del futuro dictador. Documentos de la Audiencia Nacional de España ahora lo muestran como un conector clave entre los accionistas venezolanos de la atribulada aerolínea Plus Ultra y la red de tráfico de influencias que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero presuntamente lideraba.
El contratista colombiano se quedó sin el plan B que ya fraguaba antes de que la captura de Nicolás Maduro lo dejara indefenso. Preparó el terreno para una ruta de escape hacia Italia, intentando despejar los cargos que desde 2020 pesaban sobre él y su pareja, Camilla Fabri, oriunda de ese país. También convirtió a los italianos presos en Venezuela en monedas de cambio para negociar su propia salida. Aunque las gestiones no alcanzaron a adelantarse a su remoción como ministro y su posterior “deportación” a Miami, extendieron un salvoconducto a su familia.
La sede en Caracas del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional hace tiempo dejó de ser un centro de detención transitorio. Se transformó en un reclusorio clandestino que llegó a albergar a 72 prisioneros. Hoy, sin embargo, apenas aloja a una mujer y cuatro hombres, todos ellos exalcaldes del estado Zulia, acusados por narcotráfico y arrestados en 2025 durante la operación policial ‘Relámpago del Catatumbo’. La exclusividad de esta cárcel se refuerza con la identidad de su carcelero VIP: Diosdado Cabello.
En 2024, el juicio público contra tres agentes de policía, una médico forense y un amigo de 'Canserbero' —todos acusados de participar en el encubrimiento del presunto asesinato del rapero— resultó contraproducente para la acusación. Las pruebas presentadas por la fiscalía de Tarek William Saab se desmoronaron bajo el peso de los argumentos de la defensa, el testimonio de algunos de sus peritos y las objeciones de la propia jueza, quien, no obstante, acabó aceptando sus implicaciones. Entre tanto, desapareció el expediente original de las muertes de Tirone González y Carlos Molnar.
