El informante describió la situación como típica de la película El Padrino, el filme de Francis Ford Coppola. “Él es ‘socio en las sombras’ de la mayoría de los operadores portuarios que su ministerio supervisa”, agregó. La reunión entre el informante y la legación de Caracas se produjo poco después de que el gobierno decidiera […]
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El informante describió la situación como típica de la película El Padrino, el filme de Francis Ford Coppola. “Él es ‘socio en las sombras’ de la mayoría de los operadores portuarios que su ministerio supervisa”, agregó.
La reunión entre el informante y la legación de Caracas se produjo poco después de que el gobierno decidiera quitarle a las regiones el control de los puertos del país. Cabello era el encargado de ejecutar esa decisión. Los analistas políticos sugerían que había una motivación política. El fisco nacional se quedaba con los impuestos generados por esa actividad para restarle autonomía financiera a las gobernaciones opuestas al gobierno central.
De Cabello, quien también ha sido vicepresidente de la República, titular de las carteras de Interior y Justicia, de la Secretaría de la Presidencia y director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), se decía y se dice que es un hombre rico y poderoso. La embajada no lo daba como un hecho. “Las nacionalizaciones no solo privan a los estados de la oposición de una valiosa fuente de ingresos fiscales. También benefician a los principales colaboradores de Chávez, como Diosdado Cabello, si es cierta la denuncia acerca de sus intereses en las compañías portuarias”.
Cabello siempre ha negado las aseveraciones de su supuesta fortuna, a pesar de las versiones que indican lo contrario. Hace algunos años el fallecido parlamentario Luis Tascón denunció que Cabello encabezaba a “la derecha endógena” dentro del gobierno. Cuatro meses antes de la reunión citada en el cable, el ministro sostuvo una discusión pública con una periodista del canal de televisión Televen, quien sugirió en una rueda de prensa el conflicto de intereses que se advierte en la comunicación de la embajada.
Otros analistas también aportaron informaciones que sugerían las supuestas inversiones de Cabello en el sector financiero, o las gestiones para tratar de influir en la escogencia de los dos rectores del Consejo Nacional Electoral que sustituirían a Germán Yépez y Janeth Hernández en 2009.
Durante un almuerzo con los consejeros de la legación estadounidense, un economista afirmó que Cabello “estaba expandiendo su red de corrupción hacia el sector financiero” junto a varios de los oficiales que participaron en el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, que dio a conocer a Hugo Chávez. “En concreto, el viceministro de Finanzas, Alejandro Andrade, el gobernador de Aragua, Rafael Isea, y el exministro de Ciencia y Tecnología, Jesse Chacón, respaldaron la compra de varios pequeños bancos y compañías de seguros para aprovechar las subastas relacionadas con el control de cambio. El testaferro es Pedro Torres Ciliberto, dueño de un pequeño banco de inversión llamado Baninvest”, reveló el analista.
Esa persona agregó que el exvicepresidente José Vicente Rangel era parte de las inversiones del grupo de Diosdado Cabello “o al menos permitía que su dinero fuese manejado por Torres Ciliberto”. El informante comparó a Cabello con el jefe de inteligencia del exmandatario peruano Alberto Fujimori, “alguien que fue acumulando poder y gran control sobre los aparatos del régimen, así como una fortuna privada a través de la intimidación tras bastidores. Chávez podría estar ocupado por la influencia cada vez mayor de Cabello, pero no la ha disminuido”. Esta fuente había prometido revelar esas informaciones en los diarios, aunque reconoció la necesidad de proceder con cautela debido a “lo peligroso” que es Cabello.
Meses después, el gobierno intervino Baninvest y Pedro Torres Ciliberto tuvo que salir del país. Está solicitado por la justicia. Jesse Chacón puso su cargo a la orden y hoy preside una encuestadora muy cercana al gobierno. Cabello hoy es diputado por el estado Monagas.
* El trabajo periodístico de revisión de los cables de WikiLeaks sobre Venezuela fue hecho entre SEMANA y el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. Su publicación se hace de forma simultánea en Semana.com y en ArmandoInfo En este enlace vea los cables que sirvieron de soporte para esta nota.
Hasta Diosdado Cabello tiene followers falsos. El Gobierno de Venezuela ha sabido medirse en el ciberespacio político. De ahí que haya creado una autentica maquinaria de robots al servicio del oficialismo en redes sociales que, particularmente, es controlada por funcionarios públicos y coordinada desde ministerios. Este es el resultado de varios estudios, testimonios y aplicaciones que miden la convulsión de “Tuiterzuela”.
La ciudad de San Francisco, en California, es la más cara de Estados Unidos y una de sus más sofisticadas. Cuna del movimiento hippie en los 60 y de la revolución actual de las computadores e Internet, ahora puede financiarse un anacronismo milenario: un cordón de comunidades mayas la rodea. Más de 70.000 inmigrantes venidos desde Yucatán, a 5.000 kilómetros, pululan en suburbios como San Rafael o en el distrito de Mission. Atraídos por lo que suena como una nueva fiebre del oro, la mayoría llegan sin saber ni una palabra de inglés y apenas unas pocas de castellano, para trabajar de lavatrastes y pinches en restaurantes. Pero el viaje no es solo a través de la distancia sino de la cultura, y del choque entre las costumbres ancestrales y las exigencias de la sociedad postindustrial surgen males como el alcoholismo y la drogadicción.
El miembro del gabinete estadounidense, Wilbur Ross, es uno de los dueños de una compañía que provee servicios de transporte marítimo a Pdvsa, un cliente que en 2015 le aportó más de 11 por ciento de las ganancias a su naviera. Aunque para ocupar su cargo el funcionario debió deshacerse de sus propiedades mercantiles, conservó una participación en esa línea de negocios a través de una compleja estructura offshore en las Islas Caimán. Así no sólo comerció con la Venezuela chavista, sino también con un asociado del presidente ruso, Vladimir Putin. Sobre ambos países pesan sanciones económicas de Washington.
Más de 850 narcotraficantes mexicanos han sido extraditados a Estados Unidos. Pero entonces, cuando la labor parece estar hecha, México cae en cuenta de que en pocos casos investigó lo suficiente para incautar las finanzas de las mafias. Ahora un nuevo capítulo amenaza con agriar la lucha binacional contra el narcotráfico: el reclamo que para sí ha hecho Estados Unidos de las fortunas de los capos
El desorden y las malas prácticas en las instituciones causan que, con frecuencia, muchos de los bienes incautados durante operativos judiciales no solo deban ser reintegrados a sus dueños sino, para colmo, que a estos los tenga que indemnizar el fisco. El caso emblemático de una avioneta que la Procuraduría General de la República tomó para su uso, luego fue rematada como chatarra, pero al final ocasionó millonarias costas al Estado, demuestra que las confiscaciones, aún si escasas, a veces hasta llegan a ser un pésimo negocio para los contribuyentes
Desde su primera fuga de un penal de máxima seguridad, en 2001, a la fecha, al mítico jefe del Cártel de Sinaloa apenas le incautaron tres joyas, dos vehículos, una casa, ocho cargadores, una granada, 171 municiones y cuatro objetos, entre otros bienes de menor valor. Tras su extradición, ahora Estados Unidos va por su fortuna. Pero no es el único caso en el que hay que reparar. Cerca de 200 solicitudes de información al Estado mexicano revelan que, aunque en la Guerra contra las Drogas decapiten a las organizaciones criminales, sus patrimonios y estructuras financieras permanecen casi intactas, y que de lo poco que se les quita, es aún menos lo que se sabe
Hoy exhiben tímidos perfiles empresariales, pero en la investigación de la Fiscalía de Portugal sobre la caída del Banco Espírito Santo se detallan los movimientos de un antiguo lugarteniente de Hugo Chávez, el exministro Alcides Rondón Rivero y su abogado y asesor, Carlos Caripe Ruiz, quienes formaron parte de la red de funcionarios que apoyó el flujo de dinero venezolano al banco en apuros y, según el documento judicial, recibieron poco más de 800.000 dólares por los favores recibidos.
Desde hace una década, Julio César Sequera Rojas ha sido favorecido con negocios millonarios que le otorgaron altos oficiales de la Fuerza Armada, incluyendo recomendaciones del ministro Vladimir Padrino y del mayor general Alejandro José Guevara Hernández. A empresas relacionadas con este último han ido a parar algunos pagos tras contrataciones con errores formales y omisiones inexplicables, como la desaparición de dos helicópteros.
A Jorge Silva la suerte le sonríe desde hace más de una década, cuando el sargento de la GNB y funcionario del Seniat empezó su consagración como magnate de la agroindustria. Aún así, 2024 le está resultando especialmente dichoso: pidió la mano a una exMiss Venezuela, se casó con ella y espera su primer hijo. También siguió con el engorde de sus negocios, que ahora pastan en campos petroleros. Pero nada de esto habría sido posible sin conexiones privilegiadas, que incluyen a Diosdado Cabello y a la pareja del exministro Pedro Morejón.
De la abnegación e idealismo que se les supone a los defensores públicos ya quedaba poco; pero, después del 28 de julio, eso se extinguió. Entonces pasaron a ser parte de un tubo judicial al servicio del régimen de Nicolás Maduro. A fin de castigar a quienes protestaron el fraude electoral, no han tenido pudor alguno en llevar con desgano cómplice la representación, impuesta, de sus presuntos defendidos. También coaccionan para grabar videos de denuncia contra la oposición, no informan de sus acciones, cuando las hay, y hasta se inhiben de apelar las decisiones de los tribunales chavistas.
El coronel Elías Plasencia Mondragón marca varias casillas del funcionario ejemplar de la autodenominada Revolución Bolivariana: militar, dispuesto a llevar decenas de casos de presos políticos, y empresario tras bambalinas con vínculos privilegiados al poder. Uno de ellos es con Luis Daniel Ramírez, un exfuncionario del ente comicial, hoy contratista, que ha intentado borrar sus rastros en Internet pero que no consigue hacer lo mismo con los lazos que le unen al “cerebro técnico” y rector de esa institución, Carlos Quintero.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.