El pasado 5 de septiembre, una noticia se difundió por todo el mundo: dos aviones de combate F16 venezolanos habían sobrevolado un buque de guerra estadounidense en el Caribe Sur. La maniobra, que se interpretó como un gesto de desafío, convirtió en celebridades fugaces al par de pilotos, uno de los cuales, el mayor general Alfredo Tanzella Rangel, cumple otra misión: formar parte de los 17 socios, todos altos oficiales activos de la Aviación Militar, de una empresa que vende desde dispositivos GPS hasta sacos de arroz.
Impidamos que el país se convierta en un desierto informativo.
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El pasado 5 de septiembre, en algún lugar en el sur del mar Caribe, dos aviones caza F16 de la Aviación Militar Bolivariana (AMB; antes, Fuerza Aérea Venezolana, FAV) sobrevolaron el destructor USS Jason Dunham de la Armada estadounidense. El buque forma parte de la fuerza de tareas que el presidente Donald Trump ordenó desplegar a mediados de agosto para llevar a cabo un operativo contra los cárteles de la droga, a los que ha calificado como “terroristas”. Sin embargo, de acuerdo a algunos analistas de prensa, la operación sería tan solo el preámbulo apenas encubierto para una acción militar que podría precipitar un cambio de régimen en Venezuela.
El Pentágono emitió ese mismo día un comunicado en el que aseguraba que el sobrevuelo de los aviones venezolanos pretendía “interferir en nuestras operaciones contra el narcotráfico” y la tildó de “altamente provocadora”. Casi en simultáneo, pero sin las ataduras propias de los pronunciamientos oficiales, Marshall S. Billingslea, miembro del Hudson Institute, un think tank conservador de Washington D.C., reveló en un post de la red social X las identidades presuntas de los tripulantes de las dos aeronaves. Billingslea, quien como Subsecretario sobre el Financiamiento del Terrorismo del Departamento del Tesoro durante el primer gobierno de Trump (2017-2021) siguió muy de cerca las actividades ilícitas del régimen de Caracas en el sistema financiero global (estuvo especialmente activo en la cacería de Alex Saab, por ejemplo), mencionó a los oficiales de la Aviación Cruz Alfredo Esteves Silva, de 44 años de edad, y Alfredo Tanzella Rangel, de 55, como los pilotos de los F16 que habrían llevado a cabo aquella misión de vigilancia y desafío.
Del mayor general Tanzella Rangel, al menos, se puede conjeturar que el arrojo que quiso mostrar cuando, desde las alturas, retó al poderoso buque de guerra estadounidense, no solo deriva de su celo patriótico o de una lealtad, ciertamente probable, con la autodenominada Revolución Bolivariana. También puede que lo impulse el propósito de defender su estilo de vida y prosperidad. Pues, mientras patrulla los cielos del Caribe, mantiene intereses muy concretos en un local del Centro Empresarial Europa, en Las Delicias, Maracay, capital del estado Aragua.
En ese establecimiento, que apenas se distingue de otros, la mayoría cerrados, del edificio de tiendas y oficinas con forma de herradura en el norte de la capital aragüeña, se encuentra el despacho de Servicios Aéreos Céu Azul (“cielo azul”, en portugués). El local, al que unas rejas blancas resguardan, ubicado al lado de unas escaleras, se identifica con una marquesina sobre sus puertas. Se sabe que el local en su interior es amplio y permanece amoblado, algo que, sin embargo, pocos consiguen comprobar en persona porque está cerrado la mayor parte del tiempo.
Esta oficina también aparece en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) como sede de la Corporación TLM 94, C.A, una sociedad de 17 oficiales activos de la Aviación Militar. Y uno de esos socios es, precisamente, el mayor general Alfredo Tanzella Rangel, el intrépido aviador que sobrevoló el USS James Dunham hace más de un mes.
Tanzella Rangel, tal como cada uno de los otros 16 socios, detenta 5,88% de las acciones de la Corporación TLM 94, C.A., que más que una compañía parece una logia. O puede que se trate de, al revés, una logia que dio lugar a una compañía.
La lista de socios revela que todos son oficiales activos de la aviación, egresados en 1994 con la promoción Teniente Coronel Teófilo Luis Méndez, lo que podría explicar las iniciales TLM y el número 94 de la denominación de la compañía.
De los 17 miembros, cuatro conforman el tren gerencial: Royman Antonio Hernández Briceño, Pedro José Rodríguez Rivera y Juan Carlos Romero Marín; presidente, administrador y gerente general, respectivamente. El cuarto directivo y vicepresidente es el propio Tanzella Rangel.
Ser parte de la promoción de 1994 no es el único rasgo de quienes conforman la logia castrense-comercial. Otros denominadores comunes son que todos sus miembros han sido ascendidos a puestos de confianza (incluso dentro del Alto Mando Militar) por el ministro de Defensa desde 2014, Vladimir Padrino López, y que muchos de ellos estuvieron a cargo el manejo de fondos en distintas instancias del Ministerio de Defensa o de la Aviación Militar.
Tanzella Rangel se desempeña en la actualidad como Director de Operaciones Aéreas del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb). En 2017 había sido nombrado comandante del Segundo Comando y Jefe de Estado Mayor General de la Comandancia General de la Aviación Militar, así como responsable del manejo de fondos en el Grupo Aéreo de Caza número 16. Este escuadrón fue creado en 1983 y en él sirven algunos de los F16 todavía operativos, remanentes de una flota de 24 de estos aviones de combate adquiridos durante la presidencia del socialcristiano Luis Herrera Campins (1979-84). Desde su creación, su emblema es el de un dragón de color gris, espada en ristre.
En 2021, Tanzella Rangel ocupó el mismo cargo en la Base Aérea Mariscal Sucre, a las afueras de Maracay.
Royman Antonio Hernández Briceño, mayor general también, es Jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Los Llanos, una de las ocho regiones militares del país.
Pedro José Rodríguez Rivera ocupa cargos de relevancia desde 2021, cuando se le designó como Director de Apoyo Logístico de la Aviación Militar Bolivariana y responsable del manejo de fondos de la Comandancia General de la Aviación. Durante 2023 fue subjefe del Puesto General de Comando de la FANB.
Por su parte, el general de división Juan Carlos Romero Marín ha sido directivo de la empresa estatal Bolivariana de Puertos (Bolipuertos, una dependencia no exenta de casos de corrupción) y de la Fundación de Desarrollo Nacional Aeroportuario y Portuario (Fundenap).
Desde 2016 viene ocupando cargos relevantes en la Comandancia General de la Aviación, incluyendo el de responsable del manejo de fondos. Su nombre además figura entre los directivos de otra compañía estatal, el Servicio Autónomo de la Fuerza Aérea, dedicada al entrenamiento de tripulaciones aéreas, que ha suscrito contratos para ello (139 en total, según se pudo corroborar) con distintas dependencias gubernamentales.
El mayor general Ramón Celestino Velásquez Araguayán, aunque no forma parte de la junta directiva de Corporación TLM 94, es entre todos los socios quien ha ocupado los puestos de mayor relevancia en el gobierno de Nicolás Maduro. Velásquez se desempeña como ministro de Transporte. Desde 2018 también es el presidente del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), línea aérea bandera fundada en 2004 por decreto de Hugo Chávez. En diciembre pasado asumió como encargado la dirección del Instituto Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía (IAIM).
Aunque con ello contraviene lo estipulado en instrumentos de la normativa venezolana como la Ley del Estatuto de la Función Pública o la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el Estado chavista continúa con la práctica rutinaria de contratar con militares activos. Estos últimos, considerados como funcionarios públicos, están sujetos a las restricciones de esas leyes y las sanciones administrativas que imponen a los infractores. Pero la licencia que, en los hechos, el régimen de ADN militar les ha concedido, a su vez les ha alentado a participar abiertamente en los negocios como proveedores del Estado.
Es el caso de Corporación TLM 94, C.A., constituida el 28 de agosto de 2024 ante el Registro Mercantil Primero del estado Aragua.
La razón social original de la compañía se condensa en un eje transversal, el de servicios aeronáuticos, que su documento de constitución desglosa así: “Comercialización y prestación de servicios aeronáuticos, tecnológicos, industriales como mantenimientos y reparación en el ámbito aeronáutico, aviones, componentes mayores, pintura, hélices, motores, fabricación, rectificación, perforación, modificación de piezas de uso aeronáuticos, naval, terrestre e industrial, reparación estructural a todo tipo de nivel, mantenimiento, y chequeo de componentes de todos los sistemas que conforman una aeronave”. Los servicios alcanzan hasta el mantenimiento de equipos de apoyo en tierra.
Pero esa razón social se amplió y abultó más tarde en el registro hasta comprender la “distribución, comercialización, importación y exportación, compra y venta al mayor o al detal de toda clase de bienes y productos, en especial mercancía seca tal como: medicinas, cosméticos, productos médicos quirúrgicos, misceláneos, perfumería, preparación de fórmulas médicas con la debida permisología legal, toda clase de bienes y mobiliario entre otras del ramo”. Y aún más: se abre también a las líneas de negocios avícola, piscícola, bovina, caprina, porcina y agrícola. De todo como en botica.
En el RNC se hallan indicios de que esas pretensiones no se quedaron en meros enunciados, sino que se hicieron realidad. En la ficha del registro se asienta que Corporación TLM 94 almacenó y distribuyó hasta junio de este año un inventario variado de mercancías, que iban desde sistemas de posicionamiento global de vehículos, sistemas hidráulicos marítimos, semillas o plantas de semillero de ajo, semillas de arroz, alimento concentrado para ganado y batas de aislamiento para personal médico, hasta uniformes escolares y de trabajo. La ficha no muestra los compradores de estos productos, pero afirma que las existencias se distribuyeron en su totalidad.
Una de las pocas evidencias disponibles en archivos públicos sobre el destino de las mercaderías data del reciente 28 de agosto de 2025, cuando el Ministerio de Salud difundió por medio de una gacetilla la entrega de 10.000 insumos médicos al Hospital Egor Nucete de San Carlos, estado Cojedes, de manos del mayor general Royman Hernández Briceño en nombre de la REDI Los Llanos. Hernández Briceño es el presidente de Corporación TLM 94.
Algún observador perspicaz pudiese reconocer en la constitución y maneras de Corporación TLM 94, C.A. los rastros de una entidad que, acaso, fue concebida con la idea de que realizara importaciones para el Estado en medio de las sanciones impuestas por buena parte de la comunidad internacional al régimen venezolano. Pero a esa sospecha la debilita el hecho de que su código de Registro de Identificación Fiscal (RIF) empieza con la letra J, que corresponde a una persona jurídica comercial, en vez de la letra G, propia de los entes gubernamentales.
Cuando, en diciembre de 2023, el cantante estadounidense de bachata, Romeo Santos, ofreció un concierto multitudinario -y accidentado- en la explanada de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda de La Carlota, en el sureste del valle caraqueño, el comandante del recinto militar y, por lo tanto, quien debió consentir la realización del evento allí, era -como hoy sigue siendo- el general de división Francisco Carlos de Jesús Zapata Linares.
Resulta que Zapata Linares es otro distinguido socio de Corporación TLM 94. Ha estado a cargo del manejo de fondos tanto en la base de La Carlota como en la Base Aérea General en Jefe José Antonio Páez de Puerto Ayacucho, estado Amazonas. A la vez es directivo de Emiltra, S.A., empresa gubernamental dedicada al transporte de comida para la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval), esta, a su vez, filial de la estatal petrolera Pdvsa.
El general de división Lino de Jesús Bolívar Blanco fue nombrado comandante de la Comandancia General de la Aviación en 2007. En 2022 quedó como encargado del manejo de fondos del despacho del ministro de Defensa. Figura como socio tanto de Sercoswill, C.A., una compañía privada que en 2005 prestaba servicios de transporte de maquinarias, como de la cooperativa Multimor, R.L., que ofrecía servicios para la construcción. Ambas están inscritas en el RNC.
La lista de socios continúa con el general de división Juan Ricardo Sosa Castro, quien hasta 2024 era Comandante de la Milicia Bolivariana para la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Central y, en 2009, se había desempeñado como responsable del manejo de fondos del Segundo Comando y Jefatura de Estado Mayor General de la Comandancia General de la Aviación. Su carrera empresarial, paralela a la carrera armada, no comenzó con TLM 94: desde 2023 es socio de la empresa Petroquímicos Lucas, C.A., con sede en Cantaura, estado Anzoátegui, que en el RNC aparece como dedicada al alquiler de equipos industriales.
Rafael Alberto Díaz Laborda, general de división, aparece registrado como cesante en una empresa de la ciudad de Puerto Ordaz (porción occidental de Ciudad Guayana, en el estado Bolívar), de nombre GG Comatin. Aparte, en la jerarquía gubernamental, fue Director de Educación del Comando de Defensa Aeroespacial Integral de la Fuerza Aérea.
Al general de división Reinaldo José Quintana Díaz le fue asignada en 2017 la responsabilidad de manejar los fondos de la Comandancia General de la Aviación. En 2021 se le nombró comandante de la Brigada de Defensa Aérea Marítima e Insular. Ahora ocupa el cargo de Director de Tecnología de la Aviación Militar Bolivariana.
Un currículo parecido es el de Edixon Evans Daza Arroyo, un general de división que se ha desempeñado como titular de la Comandancia General de la Aviación, coordinador para el Comando de Abastecimiento Soberano y responsable de manejo de fondos de la Comandancia General de la Aviación y del Despacho del ministro. En 2019 fue comandante de la Base Aérea General en Jefe José Antonio Páez de Puerto Ayacucho.
El general de brigada de la Aviación Militar, Ysaac Bonifacio Ramírez Díaz, otro socio de TLM 94 y actual director de Inteligencia Militar de la REDI Los Llanos, tuvo a su cargo el manejo de fondos como miembro principal de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE).
El hoy general de división, Carlos José Lara Ramos, en 2015 era miembro de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), una empresa que llegó a centralizar las importaciones del Estado, signada por la gestión de otro, y muy influyente, general de la Aviación, Giuseppe Yoffreda. En 2017, Lara Ramos fue nombrado jefe de la Oficina de Gestión Administrativa del Despacho del Ministro de la Defensa y también responsable del manejo de fondos de esta misma oficina. Fue Viceministro de Educación para la Defensa en 2024, y es Vicerrector Académico de la Universidad Militar Bolivariana (UMB) desde 2023.
José Francisco López Carrillo, general de división, fue comandante del Cuerpo de Ingenieros de la Aviación Militar Bolivariana. Mientras, Carlos Arturo Romero Padrón fue nombrado en 2023 por el ministro Padrino López como responsable del manejo de fondos de la Dirección de Milicia Territorial y Cuerpos Combatientes. Algo parecido ocurrió con el general de división Juan Alfredo Castillo González, nombrado en 2022 responsable de manejo de fondos de la Oficina de Gestión Administrativa del despacho del ministro de la Defensa y director del Régimen Especial de Seguridad del Ministerio de Defensa.
El cuadro de socios de la Corporación TLM 94 lo completa el general de brigada César Javier Muñoz, nombrado en 2020 como responsable del manejo de fondos de la Brigada de Defensa Aérea Marítima e Insular del Ministerio de Defensa. También es socio de otra empresa comercial, de nombre Inversiones Arcángel Internacional, C.A., que se dedica a la comercialización de repuestos y partes de vehículos, y sirve como proveedor al Estado venezolano.
Como ya se ha dicho, el local número 21 del Centro Empresarial Europa que Corporación TLM 94 declara en el registro mercantil como su sede, se identifica en el lugar con una marquesina como la oficina de Servicios Aéreos Céu Azul C.A.
Las rejas blancas que cierran el acceso a la oficina apenas dejan ver que en el interior hay dos escritorios. Las luces permanecen apagadas. “Ellos vienen de vez en cuando, no siempre están allí”, comentan desde un negocio vecino, agregando que la empresa aérea funciona en el local desde hace unos tres años.
Hace tres años, por cierto, en noviembre de 2022, Servicios Aéreos Céu Azul subió el primer post a su cuenta de Instagram. Entonces mostraba el momento en que la empresa recibió el correspondiente Certificado de Operador Aéreo (Air Operator's Certificate, AOC, por sus siglas en inglés) del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).
En efecto, el 11 de octubre de 2022, el INAC había expedido el permiso operacional a la compañía anónima Servicios Aéreos Céu Azul para prestar servicios como taxi aéreo en el ámbito nacional e internacional. Fijó el aeropuerto Base Aérea Mariscal Sucre de Maracay como domicilio de sus operaciones, según la providencia administrativa que se lee en la Gaceta Oficial del 20 de octubre de ese mismo año.
En simultáneo, el INAC también emitió, con cinco años de vigencia, el Certificado de Explotador del Servicio de Transporte Aéreo (AOC) al jet bimotor Cessna 500 con matrícula YV3029, que Céu Azul usa en sus operaciones. El INAC es un ente adscrito al Ministerio del Transporte, cuyo titular en aquellos días ya era, muy convenientemente, el mayor general Ramón Celestino Velásquez Araguayán, socio de la Corporación TLM 94.
Una foto colgada en Instagram, que data de mayo de 2023, muestra la aeronave sobre la pista del aeropuerto de Santa Elena de Uairén, capital del municipio Gran Sabana, que sirve no solo a esa población venezolana y a la vecina Pacaraima, capital del municipio Roraima en Brasil, sino también a las comunidades de esa región limítrofe de la Guayana Venezuela, de gran actividad minera centrada, en particular, en la extracción artesanal e ilegal de oro.
Juvenal José Lugo Molina es uno de los dos propietarios de la compañía, registrada en diciembre de 2019 en Maracay con un capital de 1.000 millones de bolívares, equivalentes a 116.590 dólares según el cambio oficial de esa fecha. Piloto, Lugo Molina también es un oficial activo de la fuerza aérea, graduado en la Promoción 4 de Febrero de 1992 de la Academia Militar de la Aviación Bolivariana. Según el único registro que Armando.info encontró en bases de datos públicas, Lugo Molina ascendió al rango de subteniente de la Aviación en julio de 2007, cuando el general Raúl Isaías Baduel, hoy fallecido, era titular de la cartera de Defensa.
A pesar de su alistamiento en un cuerpo militar, Lugo Molina acumula un historial de empresario que no se limita a Servicios Aéreos Céu Azul. También se le encuentra como el accionista mayoritario de J.L. Service Xpress, C.A, empresa registrada en Caracas en 2015, que ha sido contratista del Estado. La compañía, cuya denominación parece corresponder a las iniciales de su propietario, ha prestado servicios a las estatales Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) y CVG Internacional, indica su ficha en el RNC.
Armando.info envió solicitudes de entrevista a los correos electrónicos de las empresas Corporación TLM 94, Servicios Aéreos Ceu Azul y J.L. Service Xpress, pero, hasta la fecha de esta publicación, no había obtenido respuesta. En uno de los números de contacto de Corporación TLM 94, al identificarse la reportera de Armando.info mediante un mensaje de texto, recibió como respuesta otro que apenas decía: “Lamento informarle que no puedo ayudarla”.
Así, pues, la coincidencia de Corporación TLM 94 y de Servicios Aéreos Céu Azul en una misma oficina de Maracay viene a ser el resultado tangible de la parábola de un grupo de oficiales -entre mayores generales y generales- que reúne graduaciones y méritos para conformar un alto mando de la Aviación Militar, pero que se concertaron en cambio para crear un negocio.
Por pedestre que parezca, esa misión pudo requerir de una osadía equivalente a aquella con la que debió armarse el mayor general Tanzella Rangel para decir desde el cielo “quítame esta pajita del hombro” a un buque enemigo, dotado con cañones y misiles.
Ambas acciones se hicieron eco de lo que sostiene el lema del alma mater de todos ellos, la Academia Militar de la Aviación Bolivariana: “Audaces fortuna juvat” (en español, “la fortuna ayuda a los audaces”, una cita en latín que procede de La Eneida de Virgilio). Y vaya que la fortuna los está acompañando; al menos, por ahora.
Este trabajo contó con la reportería de Valentina Lares
Es conocida ya la entronización de la empresa Railteco en las labores de mantenimiento de teleféricos y trenes en Venezuela, así como su espasmódica eficiencia. Pero poco o nada se sabe que detrás de su fulgurante ascenso está una maquinaria conformada por tres funcionarios del Ejército: Víctor Cruz, presidente de Ventel, Graciliano Ruiz, presidente del Metro de Caracas, y Pablo Peña Chaparro, gerente general de la novel compañía que firma y cobra más de lo que ejecuta
El coronel Elías Plasencia Mondragón marca varias casillas del funcionario ejemplar de la autodenominada Revolución Bolivariana: militar, dispuesto a llevar decenas de casos de presos políticos, y empresario tras bambalinas con vínculos privilegiados al poder. Uno de ellos es con Luis Daniel Ramírez, un exfuncionario del ente comicial, hoy contratista, que ha intentado borrar sus rastros en Internet pero que no consigue hacer lo mismo con los lazos que le unen al “cerebro técnico” y rector de esa institución, Carlos Quintero.
Alrededor del recién ascendido coronel Alexander Granko Arteaga ha emergido un grupo de negocios que –entre fundos y agropecuarias, ferreterías, supermercados, empresas metalúrgicas, hoteles y cooperativas– suma unas 30 empresas, que se sepa. Naciones Unidas ya lo había señalado por sus vínculos con el tráfico de armas, la industria de la extorsión y la extracción ilegal de oro. Y ahora una nueva revelación advierte que, si bien está sancionado en Estados Unidos, su esposa y familia política han logrado abrir nuevas empresas en Florida.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Con la defenestración en mayo pasado del coronel Luis Augusto Piligra de la presidencia de la estatizada Lácteos Los Andes, parecía llegar a su fin un esquema de corrupción enquistado en la administración pública. Pero quien se remonte al paso de ese oficial por la presidencia de Bolipuertos en 2018 encontrará que la Caja de Ahorros del Ejército y una de sus filiales comerciales -una de las cuales el propio Piligra gerenció- sacaron provecho de influencias y un estatus legal dudoso para desde entonces hacer negocios en cuatro puertos nacionales, amparadas en el auspicio de Diosdado y José David Cabello.
En la Revolución Bolivariana de Venezuela, con un fuerte componente castrense, los oficiales militares pueden figurar, aún contraviniendo la ley, en simultáneo o progresivamente, como líderes de tropas, gerentes gubernamentales y hasta contratistas del Estado. Uno de cada tres de los 785 militares activos en su momento que, como privados, contrataron con la administración pública durante los últimos diez años, lo hicieron desde empresas que tienen por objeto social el área de la construcción. Un caso destaca: el general de división Frank Herbert Lynch Dávila. La compañía familiar de la que forma parte ha recibido por años contratos para la realización de obras mientras el oficial escalaba posiciones hasta quedar a cargo del suministro del cemento en todo el país.
En la frontera binacional, la extracción de minerales estratégicos ocurre en un lado y se comercializa en el otro, alimentando una economía ilícita transnacional que involucra a guerrilleros y redes criminales. Mientras Maduro y su némesis, María Corina Machado, ofrecen -con objetivos muy distintos- la explotación del subsuelo venezolano, esta ocurre ahora mismo de modo desregulado, invasivo y violento, parte de una guerra sucia global que se libra en pos de las materias primas indispensables para lograr un futuro ‘limpio’.
Una tendencia explica la otra: mientras el tajalí, una especie marina de alta calidad proteica y precio asequible, desapareció de los mercados nacionales, a la vez se convertía en el cuarto rubro pesquero de exportación desde Venezuela. Lo curioso de esta relación de proporcionalidad inversa está en quiénes terminan por disfrutar del manjar en el extranjero, porque tres cuartos de las ventas se hacen a Estados Unidos, aunque la propaganda oficial se ocupe tan solo de pregonar los despachos hacia China.
En tiempos en que el actual gobernante se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores de Hugo Chávez, una comunicación de la representación diplomática venezolana en Líbano informaba con candidez a Caracas sobre un caso que expuso el mecanismo por el cual alijos de cocaína, transportados por compatriotas hasta Medio Oriente, se destinaban a financiar al grupo fundamentalista chií. Ese comercio ilícito se suma a otros nexos de coordinación y apoyo entre las dos partes, denunciados esta semana en una audiencia del Senado estadounidense.
Tras un cuarto de siglo de obras, Nicolás Maduro inauguró el lujoso hospedaje, de cuya regencia dejó a cargo a su otrora contratista favorito y actual ministro, en el rol de presidente del CIIP. Pero antes, en 2013, el comerciante colombiano había aceptado la misión de terminar la construcción en un año, tarea que incumplió. Entonces y ahora Saab ha tenido como contrapartes a miembros de la familia de Cilia Flores, inspirados por el lema “Juntos todo es posible”, mismo que denomina a una corporación estatal que controlan.
Hace un mes, el gobierno difundió el hallazgo de un almacén de explosivos que, en palabras del ministro del Interior, «si todo esto explotara (...) no quedaría nada ni nadie». Los registros en galpones de empresas proveedoras de Pdvsa sirvieron entonces para anunciar la desactivación de un plan terrorista de la oposición. Sin embargo, numerosas inconsistencias en el operativo contradicen la versión oficial: que los cartuchos encontrados los fabrique una empresa del Ministerio de Defensa ni siquiera es la más notoria.
La última gran apuesta de Vito Recchimurzo Díaz, un jugador irredento de póker en torneos internacionales, consiste en unas semanas de lujosas ‘caimaneras’ de fútbol que convocan a ‘influencers’ y viejas glorias del balompié mundial. Aunque la asistencia a sus partidos es pobre y los números del negocio no cuadran, los beneficios de la Liga Monumental por ahora son, más que financieros, de otra naturaleza: le hacen un favor reputacional al régimen y a sus propios promotores, muchos de ellos contratistas del gobierno.
Empresa de taxi aéreo ubicada en el mismo local de un centro comercial en Maracay, Aragua, en el que fue registrada la Corporación TLM 94, con Juvenal Lugo como uno de sus dueños, miembro activo de la Aviación Militar Bolivariana.
Empresa registrada por 17 miembros activos de la Aviación Militar Bolivariana con actividades recientes de almacenamiento y distribución de productos variados.
Subteniente de la Aviación. Graduado en la Promoción 4 de Febrero de 1992 de la Academia Militar de la Aviación Bolivariana. Socio y presidente de Servicios Aéreos Céu Azul CA.
Ministro de Transporte. Presidente de Conviasa. Uno de los socios de Corporación TLM 94.
Vicepresidente de Corporación TLM 94. Mayor general y Director de Operaciones Aéreas del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb). Piloto de uno de los F16 que sobrevoló el destructor USS Dunham.
Presidente de Corporación TLM 94. Mayor General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela. Jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Los Llanos, una de las ocho regiones militares clave del país.
