El coronel Elías Plasencia Mondragón marca varias casillas del funcionario ejemplar de la autodenominada Revolución Bolivariana: militar, dispuesto a llevar decenas de casos de presos políticos, y empresario tras bambalinas con vínculos privilegiados al poder. Uno de ellos es con Luis Daniel Ramírez, un exfuncionario del ente comicial, hoy contratista, que ha intentado borrar sus rastros en Internet pero que no consigue hacer lo mismo con los lazos que le unen al “cerebro técnico” y rector de esa institución, Carlos Quintero.
Impidamos que el país se convierta en un desierto informativo.
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En 2015 el entonces mayor del Ejército, Elías Plasencia Mondragón, se ganó “un premio”: el cargo de agregado militar de la embajada de Venezuela en Reino Unido. Así el régimen le recompensaba sus buenos oficios en la instrucción en tribunales militares del caso del llamado Golpe Azul, una supuesta conspiración en el seno de la Fuerza Aérea, así como otras encomiendas, delicadas y clave para el gobierno, como la firma de la sentencia por corrupción fabricada contra el exministro de la Defensa, Raúl Baduel, quien a la postre fallecería en prisión en 2021.
El incentivo resultó más efectivo de lo esperado. Ya en Londres, Plasencia expandió sus actividades más allá de las propias de un agregado militar. Constituyó en jurisdicción británica al menos tres empresas: Nakatomi Ltd, DG&G Ltd y Real Estate Paradise Ltd. Aunque llamativo, el lance empresarial no comportaba ilegalidad alguna, pues el reglamento para agregados militares en el exterior, vigente entonces y desde 2007, no prohíbe expresamente esa actividad.
Este reciente mes de septiembre de 2024, Tarek William Saab, el Fiscal General chavista nombrado por la írrita Constituyente de 2018, ataviado con un mono de la marca Columbia con camuflaje, juramentaba a Plasencia Mondragón, ahora coronel, como nuevo Fiscal General Militar.
Entre una y otra designación se mantiene inalterable una evidencia: la de la disposición del gobierno de Nicolás Maduro para retribuir sus servicios.
Y hay otro vínculo, menos evidente.
El pequeño emporio corporativo en Inglaterra brinda pistas sobre las conexiones actuales del oficial del Ejército con el Consejo Nacional Electoral (CNE), el ente desde donde se urdió la confabulación que permitió a Nicolás Maduro ratificarse como presidente de Venezuela en las elecciones del reciente 28 de julio, a la sombra de unos muy cuestionados resultados oficiales.
En aquellas gestiones para registrar compañías en Reino Unido, Plasencia Mondragón contó con el acompañamiento de un amigo: Luis Daniel Ramírez Gil, su nombre. Se trataba de un ingeniero en informática que había sido Director de Automatización del CNE y que, ya por fuera del ente comicial, descubrió su vocación para los negocios privados.
Plasencia Mondragón y Ramírez Gil constituyeron en Londres, el 24 de junio de 2016, la empresa Real Estate Paradise Ltd. Ese mismo día, Plasencia incorporó otra persona jurídica, Nakatomi Ltd, aunque con socios distintos, siempre venezolanos: el abogado Gustavo Eduardo Valero Rodríguez y Mauricio German Viera Vetancourt, un ingeniero de sistemas enfocado en el sector petrolero, según su perfil de LinkedIn.
Desde 1999, Ramírez Gil intervino en la gestión informática de al menos 16 elecciones y referendos nacionales, regionales y municipales. Pero aún más importante, según aseguran fuentes consultadas por Armando.info para esta historia, es que ha tenido el mérito, fuera y dentro del CNE, de mantenerse cercano a varios rectores principales, como Jorge Rodríguez, Tibisay Lucena y Carlos Quintero.
Carlos Quintero Cuevas, también militar, con 20 años en el CNE, ya como rector del ente, fue fundamental en la trama del 28 de julio. Detenta además un poder no oficial, como lo es su ascendencia sobre Ex-Cle, la empresa argentina que proveyó el software con que funcionan las máquinas electorales, a la que dirige de manera remota pero a menudo también in situ, en la sede de la compañía en la urbanización Santa Eduvigis del noreste de Caracas.
Con este último, eminencia gris detrás del sistema de votaciones, Ramírez Gil forjó una amistad desde 2012. Luego siguió ligado al CNE, aunque no como funcionario sino como contratista. Sus relaciones con la jerarquía y conocimiento de las tripas del sistema electoral tuvieron que servirle como ventajas comparativas decisivas a la hora de obtener adjudicaciones del CNE.
Ramírez Gil supo, más temprano que su eventual socio, Plasencia Mondragón, que su futuro estaba en la iniciativa privada. En 2011 constituyó en Panamá las empresas Apollo System & Technology Inc. y Orion System & Technology Inc., de las que solo la primera sigue activa.
En sus orígenes, ambas compañías compartían una amplia, más que vaga, razón de ser: comprendía desde la importación y exportación de toda clase de bienes hasta la compra de otras compañías o inmuebles.
Pero una tercera compañía que en 2017 Ramírez Gil registró también en Panamá, Quicksoft Inc, tuvo un objeto más preciso: la comercialización de “tecnología digital, información robótica y cibernética” e inversiones.
Es la misma línea de negocio que en Portugal tiene la empresa Cipherselection, también registrada a nombre de Ramírez Gil. A su vez, Cipherselection forma parte de la junta directiva de Star Asset Holdings OÜ, una empresa creada en 2024 en Estonia, uno de los países bálticos, y cuyo beneficiario final es de nuevo Luis Daniel Ramírez Gil.
Las fuentes consultadas afirman que el CNE adjudicó a Ramírez Gil la compra de las nuevas máquinas de votación que reemplazaron en 2020 a las que se perdieron en el incendio de los galpones del ente comicial en Filas de Mariche, un sector industrial y popular al este de Caracas. “Fue poco lo que se pudo rescatar”, se limitó a ofrecer como saldo del siniestro la entonces rectora-presidente del CNE, Tibisay Lucena, quien fallecería en abril de 2023.
Como un indicio significativo de las peripecias que Ramírez Gil protagonizaba para el CNE, luce la contratación por su parte, el mismo año del incendio, de los servicios de Eliminalia. Esta, una empresa española de gestión digital de reputación -un rótulo que se traduce en la eliminación del historial incómodo de sus clientes en la web- se hizo célebre por asistir en el lavado de imagen a figuras de la autodenominada Revolución Bolivariana y de la boliburguesía.
Ramírez Gil no quería dejar rastros para los internautas. Así que contrató a Eliminalia para desindexar contenido en la web con fines reputacionales, lo que equivale a eliminar datos potencialmente incriminadores de cara posibles investigaciones judiciales, periodísticas, o relacionadas con el due dilligence bancario. En el poder que para ello otorgó a la empresa española, que se encuentra entre los documentos a los que Armando.info tuvo acceso en 2023 como parte de la serie Story Killers, el exfuncionario del CNE daba una dirección en Caracas.
Aunque la única conexión documentada en el plano de los negocios entre Ramírez Gil y Plasencia Mondragón es la empresa Real Estate Paradise de Reino Unido, las fuentes coinciden en que el empresario, el nuevo fiscal general militar y el rector del CNE se conocen y conforman una tríada en los hechos.
Plasencia Mondragón es quien agrega un perfil político a la terna. En la jurisdicción de justicia militar ha cumplido el rol de fiscal acusador en casos que contenían importantes elementos de escarmiento e intimidación en favor de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. No solo fueron los del Golpe Azul y Baduel, sino además otros como la llamada Operación Jericó y un presunto plan de magnicidio que involucró a un funcionario del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
En un régimen de genética castrense, como el chavista-madurista, fue inevitable que la justicia militar adquiriera especial relevancia. Pero esto se agudizó desde las protestas de 2017, cuando se hizo común la práctica de llevar a civiles en rebeldía ante esa jurisdicción, estructuralmente deficiente -”la justicia militar es a la justicia lo que la música militar a la música”, decía Clemenceau- y vulnerable a los dictados del Poder Ejecutivo.
El proceso judicial del general Raúl Isaías Baduel, también excomandante del Ejército y valedor militar de Hugo Chávez para restaurar a este en el poder tras el golpe de abril de 2002, lo condujo Plasencia Mondragón en el rol de fiscal militar. En el Consejo de Guerra del 12 de julio de 2010 suscribió la sentencia que condenó al alto oficial chavista a siete años y 11 meses de prisión bajo cargos de sustracción de fondos y efectos de las Fuerzas Armadas, abuso de la autoridad y delitos contra el decoro militar.
En lo que respecta al Golpe Azul, el reconocido periodista Nelson Bocaranda, en una columna de 2015, reveló que Plasencia Mondragón, ya entonces destacado en Londres, fue llamado para ayudar a preparar el guion por el que los acusados debieron rendir declaraciones casi idénticas entre sí.
En la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en San José de Costa Rica, reposa el expediente del caso Revilla Soto Vs. Venezuela. Allí se determinó la responsabilidad del Estado venezolano en la violación de los derechos de Milton Gerardo Revilla Soto, mayor del Ejército en situación de retiro, durante su detención y proceso penal en 2010, por el que fue acusado por delitos contra la seguridad de las Fuerzas Armadas, espionaje y traición a la patria, cargos de los que solo prosperó el primero.
Cuando Revilla Soto cumplía labores militares en la zona del Catatumbo venezolano, en la frontera con Colombia, entre los años 2000 y 2002, la unidad a su mando logró desarticular el aparato logístico en territorio nacional del frente 33 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Entre los hallazgos de la operación, el oficial consiguió evidencias de un vínculo entre la insurgencia colombiana y miembros de cuerpos de inteligencia chavistas, lo que no le valió un reconocimiento sino la persecución desde el gobierno, de acuerdo a los documentos del expediente ante la OEA. El 15 de febrero de 2012 fue condenado a seis años de prisión y apeló el caso, aunque los recursos jurídicos fueron rechazados.
En su libro 30-A: Día en que Nicolás Maduro pudo caer, el exsubdirector de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), general Manuel Christopher Figuera, hoy en el exilio, cuenta que el fiscal militar Plasencia Mondragón no tuvo pudor alguno en llevar ese caso de modo que se convirtiera en un verdadero calvario judicial para Revilla Soto. De acuerdo a Figuera, todo el expediente “fue un montaje”. Y es el mismo exoficial de contrainteligencia quien califica en esas páginas como “un premio” la agregaduría militar en Londres, concedida a Plasencia Mondragón a raíz de su desempeño en la causa.
El caso entró a la CIDH el 9 de mayo de 2022, solo después de que la justicia ordinaria venezolana fallara en demostrar que había garantizado los derechos del imputado por medio de un debido proceso. Es uno de los pocos casos que siguieron su curso en la jurisdicción interamericana luego de que el gobierno de Nicolás Maduro decidió sacar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA) y su sistema.
En 2018, bajo acusaciones de complotar para cometer un magnicidio contra Nicolás Maduro, fueron detenidos los civiles Abdel Gerardo García Brito, un exgerente de Aduanas; Beagles Ovadis Alvarado, Yosner José Palma y Pedro Emilio Sanabria. Se les procesó en un tribunal militar por conspiración y traición a la patria, y para formular la acusación los fiscales castrenses se sirvieron de un informe preparado por Elías Plasencia Mondragón, quien se desempeñaba como Fiscal Superior Militar en Caracas.
A la vista del público, la trayectoria de Elías Plasencia Mondragón como fiscal militar ha estado empañada con denuncias que, sin embargo, no entorpecieron su ascenso a la máxima posición del sistema de justicia castrense. Tras bambalinas y al mismo tiempo, se hizo de aliados estratégicos en su paso por los negocios.
Sobre el sistema electoral venezolano, “el mejor del mundo”, ahora en la mira tras los cuestionados cómputos oficiales de los comicios del 28 de julio, al final hay un solo ojo: el de la compañía argentina Ex-Cle. Y sobre Ex-Cle, con domicilio desierto en Buenos Aires y un búnker en Caracas, solo mandan los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez y el rector del CNE, Carlos Quintero, junto al empresario Guillermo San Agustín. Un embudo por el que pasan negocios, influencias políticas y ‘big data’, en perjuicio de la democracia.
Haciendo gala de una habilidad para combinar las facetas de empresario, abogado y cabildero, este socio principal del bufete Venezuelan Attorneys sortea señalamientos públicos y controversias judiciales mientras amplía una robusta red de negocios y relaciones con el poder. Parte de esas destrezas quedan demostradas en el expediente del caso Pdvsa-Cripto y en documentos a los que tuvo acceso Armando.info.
Un triángulo de influencias sobre decisiones de las cortes venezolanas, conecta al abogado Gustavo Ernesto Mendiri Borges con dos viejos amigos suyos: el Fiscal General, Tarek William Saab y el grandeliga y dueño de la aerolínea Rutaca, Carlos Alberto Silva Caraballo. Tras bastidores, Mendiri ha actuado como un cabildero que mueve los hilos de la justicia para favorecer a sus allegados o clientes, muchos venidos, como él mismo, de la gerencia de equipos de ligas deportivas.
Con la entrada al corro bursátil caraqueño de Corporación Berakah, el joven Julio Mendoza Delgado corona su éxito casi instantáneo en la actividad minera de Guayana. Claro: solo si por éxito se entiende la incorporación de empresas fantasmas con sedes intangibles, la puesta en marcha de una procesadora de arenas auríferas sin casi ninguna factibilidad económica que no hace más que demandar nuevas inversiones, y la obtención de unos cuantos contratos estatales. Según coinciden expertos consultados, el oro no es precisamente lo que acá brilla.
En la filtración de casi 50.000 documentos internos de la empresa española de gestión de reputación, a la que Armando.info tuvo acceso como socio del proyecto ‘Story Killers’ (de la que la presente es la cuarta y última entrega), aparecen 35 clientes venezolanos. Con historiales percudidos desde medios digitales por denuncias de irregularidades en negociados -sobre todo, pero no solo- con la petrolera estatal, no vacilaron en pagar miles de euros para borrar o esconder sus nombres, rastros y conexiones en Internet. ¿Quiénes son algunos de ellos?
La promoción ‘Coronel Miguel Antonio Vásquez’ de la Academia Militar es un espejo que refleja la encrucijada que depara la llamada Revolución Bolivariana. A la primera cohorte de oficiales del Ejército graduada bajo el chavismo, que tuvo como padrino al propio Hugo Chávez, el fallecido mandatario le asignó un destino privilegiado que solo a medias se ha cumplido: mientras una parte, comandada por el coronel Antonio Pérez Suárez, número 114 del escalafón, ocupó hasta hace poco cargos clave en la petrolera estatal, otra, simbolizada en el teniente coronel Igbert Marín, número uno de la promoción, vive la cárcel y el exilio.
En 2024, el juicio público contra tres agentes de policía, una médico forense y un amigo de 'Canserbero' —todos acusados de participar en el encubrimiento del presunto asesinato del rapero— resultó contraproducente para la acusación. Las pruebas presentadas por la fiscalía de Tarek William Saab se desmoronaron bajo el peso de los argumentos de la defensa, el testimonio de algunos de sus peritos y las objeciones de la propia jueza, quien, no obstante, acabó aceptando sus implicaciones. Entre tanto, desapareció el expediente original de las muertes de Tirone González y Carlos Molnar.
Con un derroche de ruedas de prensa televisadas y producción de videoclips, al entonces Fiscal General, Tarek William Saab, le bastaron 35 días para demoler a fines de 2023 el relato oficial de un homicidio-suicidio que, ocho años antes, el propio Ministerio Público había asumido como explicación para las muertes del rapero Tirone 'Canserbero' González y el bajista Carlos Molnar. El acelerón demandó atajos y omisiones tanto en las investigaciones como en el proceso judicial. Su conclusión resultó tan endeble que solo pudo sostenerse en las confesiones de los acusados obtenidas, según testimonios, bajo coacción.
Muestras toxicológicas que se dañaron en la morgue; el celular de uno de los occisos que se siguió usando como si nada: estos y otros cabos sueltos de la investigación en 2015 de las muertes del rapero Tirone 'Canserbero' González y del bajista Carlos Molnar, produjeron una versión oficial, la del homicidio-suicidio, vulnerable ante las conjeturas en redes sociales y la sensibilidad herida de familiares y seguidores del artista. La mella que estas hicieron fue suficiente para que, años después, la fiscalía de Tarek William Saab pudiera fabricar un nuevo relato.
Un par de abogados que pusieron sus rostros a la toma de Bangente actuaban atados por un acuerdo, una opción de compra, a un tercer abogado, José Simón Elarba, quien poco después se quedaría con otra entidad financiera, Bancamiga. Esta última operación fue más pública que la primera, en la que los letrados convirtieron los tribunales en armas arrojadizas. El negocio convocó no solo a los familiares de Elarba, dueño a la vez de la recolectora de desechos Fospuca, sino también al entorno de un influyente personaje: Carlos Malpica Flores, el sobrino ‘favorito’ de Cilia Flores.
Entre apretones de manos, empresas novísimas y mucho silencio, un grupo de líderes empresariales con estrechos vínculos con el presidente Gustavo Petro estableció, durante los primeros meses de su mandato, un canal secreto con operadores políticos en Caracas y con Camimpeg, la empresa estatal venezolana dirigida por el ejército, para cerrar acuerdos relacionados con el petróleo y el gas venezolanos. Aunque Petro mantuvo en público las distancias con Maduro, sus amigos lograron conseguir los contratos.
La policía política se apoderó de una quinta residencial en los cerros del sur de Caracas para hacerla una ‘casa segura’. Al final, le dio uso como escondite de desaparecidos y centro de torturas. La siniestra actividad siguió inadvertida para los vecinos del lugar pero, en cambio, quedó grabada en la memoria de los presos políticos que pasaron por allí. La afinidad del inmueble con la agencia de inteligencia se remonta hasta el año 2000, cuando era propiedad de uno de sus directores, antiguo guardaespaldas de Hugo Chávez.
Sociedad en el Reino Unido en la que son socios Elías Plasencia Mondragón y Luis Daniel Ramírez Gil. Fue constituida en 2016 cuando Plasencia Mondragón estaba cumpliendo funciones diplomáticas en la embajada de Londres.
Coronel del ejército y abogado. Fiscal General Militar nombrado el 19 de agosto de 2024 por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Fue diplomático en el Reino Unido y, desde 2008, tiene carrera como fiscal militar.
Ingeniero en Informática y empresario venezolano experto en redes y telecomunicaciones, con sociedades comercializadoras de infraestructura digital e informática en Reino Unido, Panamá, Portugal y Estonia. Cercano al rector del CNE, Carlos Quintero.
Rector principal del CNE. Es militar y lleva dos décadas en el organismo electoral venezolano y es el “cerebro” del sistema automatizado. A partir de 2017 tejió junto a Ex-Cle una estructura electoral paralela.
