LOS SECRETOS DE WIKILEAKS
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En una reunión con un congresista estadounidense, el presidente venezolano confesó que fue un error involucrarse en las liberaciones de los secuestrados por la guerrilla. Así se lo reconoció al presidente Álvaro Uribe.
En uno de los momentos más críticos de la relación con Estados Unidos, el presidente Hugo Chávez recibió en marzo de 2009 en el palacio de Miraflores al congresista demócrata William Delahaunt, a quien hizo algunas confesiones relacionadas con la guerrilla colombiana. Chávez reconoció en esa cita que su participación como mediador en la liberación de los rehenes de las FARC había sido un error, y que así se lo había comunicado al presidente Álvaro Uribe.
La afirmación se produjo en el contexto de otra confesión: Venezuela quería mejorar las relaciones con Colombia. Chávez consideraba a ese país como un importante socio comercial. Los contactos entre ambos presidentes acababan de reanudarse después de la polémica por el bombardeo del campamento de Raúl Reyes en Ecuador. “Chávez dijo que también quiere mejorar las relaciones con Colombia, al que ve como un socio económico importante. Él reconoció que su participación en las negociaciones del año pasado para liberar a rehenes en poder de las FARC, fue un error, y afirmó que lo había admitido
también al presidente Uribe”.
Con el consentimiento del entonces presidente de Colombia, Chávez inició en agosto de 2007 contactos con las FARC para liberar a varios rehenes, entre los que se encontraba Ingrid Betancourt. En noviembre de ese año, sin embargo, el presidente Uribe cerró las puertas a la mediación. El entonces mandatario colombiano consideró que había sido una extralimitación el hecho de que Chávez hubiera llamado directamente a miembros de la cúpula del Ejército.
En enero de 2008, a pesar del desencuentro, la guerrilla entregó a Caracas a Clara Rojas y a Consuelo González
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Desde que comenzó la migración masiva de venezolanos a través de las fronteras terrestres han salido del país más de un millón de niños, de los que cerca de 25.000 lo han hecho a Colombia y Brasil sin la compañía de algún representante o familiar. Parten escasos de cualquier recurso, muchas veces buscando al padre o la madre que los dejó atrás o simplemente en pos de un trabajo que les permita conseguir un sustento. Las motivaciones para esta silenciosa Cruzada Infantil son tan poderosas como para que los menores de edad superen el temor natural a un recorrido de miles de kilómetros por lo desconocido y amenazante.
Dentro del millón y medio de personas que han emigrado de Venezuela a Colombia en los últimos tres años, hay miles de personas con origen colombiano y derecho a la nacionalidad. El problema es que muchas de ellas no tienen cómo demostrarlo y quedan en un limbo sin cartografiar entre la corrupción y el quiebre de las instituciones en Venezuela, y la corrupción y la falta de preparación de Colombia para el aluvión de refugiados. A la ya precaria situación económica de la mayoría, se suman los rigores de un sistema burocrático a veces inclemente que los mantiene como indocumentados.
En 2015 miles de colombianos que tenían hasta 20 años viviendo en Venezuela fueron deportados abruptamente del país, que entonces comenzaba a mostrar los quiebres de una crisis que hoy no tiene comparación en la región. Cuatro años después estas familias no recuperan la prosperidad que alguna vez les brindó Venezuela y apenas sienten un alivio al ver la debacle del otro lado de la frontera
Una investigación periodística llevada a cabo por un consorcio internacional de reporteros revela detalles, negociaciones fallidas, errores de los Gobiernos de Quito y Bogotá, y encubrimientos en el secuestro y asesinato de los reporteros del diario El Comercio de Ecuador en marzo pasado, ejecutado por ‘Guacho’, el señor de las tinieblas donde se juntan el narcotráfico y la disidencia de las desmovilizadas guerrillas de las Farc.
Nuevos documentos demuestran que la empresa, registrada en Hong Kong, es una de las consentidas de Nicolás Maduro para hacer negocios. Mientras en el sector privado venezolano hay compañías que esperan años por la liquidación de divisas, en 2017 esta firma logró al menos dos contratos para el suministro de más de 20 millones de las cajas que el Gobierno vende a precios subsidiados y facturó en un solo día 113 millones de dólares al Ministerio de Alimentación. Los papeles confirman también la conexión de esta sociedad con Fondo Global de Construcción, un entramado levantado por los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Enrique Pulido Vargas, gracias al cual obtuvieron contratos en tiempos de Hugo Chávez para la construcción de casas prefabricadas.
El presidente Nicolás Maduro anunció el 1° de septiembre de 2016 la desarticulación de una conspiración contra su gobierno supuestamente fraguada por decenas de “paramilitares” colombianos. De aquella furibunda declaración hoy no quedan pruebas vinculantes, solo una especie de barrio improvisado en una comisaría en La Yaguara, donde entre sábanas y colchonetas transcurre las vidas rotas de 58 hombres y una mujer de nacionalidad colombiana, los supuestos “mercenarios” que además de no haber sido acusados formalmente de algún delito cuentan con una orden de liberarlos emitida en noviembre del año pasado. De nada ha servido que Colombia pida por ellos, la “revolución” no está dispuesta a reconocer que se equivocó.
El desplome del imperio del mercader colombiano, tras la captura de Nicolás Maduro y su posterior entrega a la justicia estadounidense, dejó en Venezuela un reguero de activos bajo custodia oficial o en el abandono. Empresas intervenidas, propiedades en zonas exclusivas de Caracas y negocios en Margarita forman parte de un particular memorial, la Pompeya del poder y la corrupción, que al quedar atrás por ahora puede ser visitado por cualquiera.
Uno de los gigantes financieros de Estados Unidos acusa a una gran cadena de televisión mexicana de simular un préstamo a través de una entidad financiera de una isla del Caribe. Detrás del banco 'offshore’, que según una demanda en Florida habría prestado cientos de millones de dólares aunque su capital es de 4 millones, están un par de venezolanos, de los que uno ha sido asesor del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
Un robo de casi 40 kilos de oro cerca de Upata, audaz en su planificación pero extrañamente incruento en su ejecución, dio inicio hace dos años a unas investigaciones policiales de resultado desconocido que, sin embargo, expusieron el nombre de la empresa propietaria de los lingotes. Esta resultó apenas un nodo de una red de compañías, vinculada a una terna de venezolanos, de rastro disperso en jurisdicciones de todo el mundo y con exportaciones de metales que de oro fueron pero hasta de plata, estaño y aluminio llegaron a ser.
La operación militar conjunta del pasado junio entre fuerzas de Venezuela y Estados Unidos despertó expectativas de altos quilates en el sureste del estado Bolívar, una región aurífera hasta entonces sometida al yugo de las bandas criminales. Sin embargo, los desarrollos posteriores se quedaron cortos. Los habitantes de los asentamientos mineros de Las Claritas y Kilómetro 88, donde el Tren de Aragua se había hecho fuerte, apenas sienten mejoras, y ya empiezan a añorar el antiguo orden de los ‘pranes’ que todavía andan por allí.
El empresario panameño, uno de los proveedores favoritos desde el comienzo de su mandato en 2013, fue uno de los intermediarios en el abastecimiento de productos para los cubanos en su peor momento de pobreza. Con el régimen cubano montó una compleja trama internacional que cruza medio mundo, le permite facturar millones, y comercializa desde camionetas de lujo a equipados de aire acondicionado y sucedáneos de la leche.
En una oscura sala judicial de Caracas se acaban de realizar las vistas iniciales de un juicio de naturaleza política, en el que se procesa a los acusados en 2024 de participar en una supuesta conjura para asaltar cuarteles y tramar el asesinato de Nicolás Maduro. Si bien durante las audiencias de apertura empezaron a verse las fisuras en los procedimientos e indicios que sostienen la causa, que esta se haya confiado a una jueza conocida por dictar sentencias duras, alineadas con el régimen, hace incierto su final.
