Una filtración de documentos bancarios a la que tuvo acceso Armando.info, El Pitazo y Runrun.es, de Venezuela, así como El Confidencial, de España, muestra cómo el sigiloso y discreto capitán, quien fuera la sombra y protección del hoy fallecido mandatario, puso sus manos en negocios tan diversos como el mantenimiento del Metro de Caracas, la importación de medicinas y hasta arrendamiento de aviones logrando amasar una fortuna superior a los 100 millones de dólares. Él es solo uno de los clientes del francés Charles-Henry de Beaumount, gestor financiero quien captó a más de un "boliburgués" para engrosar la lista de clientes de la banca privada suiza Compagnie Bancaire Helvétique.
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Un hombre clave para entender cómo funcionan los entresijos del chavismo en Venezuela se mantiene casi siempre oculto. Es “El invisible”, “el que nadie lo ve”. A pesar de orbitar durante largos años en la llamada revolución bolivariana —antes encarnada por el difunto presidente Hugo Chávez, ahora por su sucesor, Nicolás Maduro— nuestro hombre en la sombra es ahora un capitalista acérrimo.
De todos los militares que participaron en el 4-F, Carlos Luis Aguilera Borjas es de los que han sabido mantenerse a la sombra del chavismo sin tener que cumplir los "principios de la revolución".
Lejos del espíritu originario de aquella intentona golpista de 1992, que fustigaba las políticas del capitalismo, el excapitán del Ejército venezolano optó por abrir negocios en Venezuela y el extranjero, registrar empresas en paraísos fiscales, tener cuentas en bancos suizos, comprar casa con piscina en Madrid y viajar en jets privados. Eso sí, con absoluta discreción a diferencia de otros compañeros de armas que se dedicaron a la política o asumieron cargos burocráticos durante casi dos décadas de gobierno chavista.
El invisible. "El que nadie lo ve". Así identificó el propio Hugo Chávez en el programa Aló Presidente No. 98 del 3 de marzo de 2002 al ex director de la Disip, el entonces principal servicio secreto de Venezuela (hoy Sebin), quien formó parte del anillo de seguridad del candidato durante la campaña electoral que le dio la victoria en 1998.
El mandatario fallecido se refería al militar con rango castrense de capitán que hasta ese momento no sólo lo había acompañado en la asonada militar contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1992, sino que también había ocupado algunos puestos en el gobierno como director de Relaciones Presidenciales (1999); Viceministro de Gestión Comunicacional, Secretario de la Presidencia (2000) y Presidente de la Fundación Pueblo Soberano (2001).
Pero no por "invisible", Aguilera dejó de orbitar en el gobierno chavista. Después de la presidencia del Fondo para Jubilados y Pensionados, último cargo público que ejerció en noviembre de 2002, el ex capitán desapareció de la vida pública, incluso de las emisiones de televisión “Aló Presidente”, donde estuvo in situ o fue mencionado en 25 de los 242 programas dominicales que condujo el propio exmandatario entre 1999 y 2005. Siempre sigiloso, en estos espacios de radio y televisión oficialista Aguilera nunca dijo algo más allá de un monosílabo.
Así se mantuvo oculto detrás de la listas del gabinete y organismos estatales durante 13 años, hasta que un escándalo de presunta corrupción en España lo expuso de nuevo. El 10 de marzo de 2015 fue ventilada por la prensa española una investigación del Servicio Anti Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre el Banco de Madrid, subsidiario de la Banca Privada de Andorra, que involucraba a seis funcionarios del gobierno de Chávez, todos clientes de la entidad bancaria, por el delito de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado.
Además del ex director de la Disip, el entonces principal servicio secreto de Venezuela, Carlos Aguilera Borjas, en esa lista del Sepblac se incluían al militar Alcides Rondón, viceministro de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior, Justicia y Paz (MIJP), a los empresarios Francisco Rafael Jiménez y Omar Farías; y al exviceministro de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos, detenido en Madrid el 26 de octubre de 2017, a solicitud de EEUU.
Según el informe de la unidad española de antiblanqueo, los seis burócratas venezolanos habrían manejado fondos en España "procedentes presuntamente de sobornos millonarios, a cambio de adjudicaciones del régimen venezolano".
Aquella investigación daría cuenta de las ocupaciones a las que se dedicó Aguilera después de darse de baja del Ejército en 2004 e interrumpir su carrera administrativa en el incipiente gobierno de Chávez. Actividades más ligadas a los negocios en el sector inmobiliario, importación de insumos médicos y de alimentos, construcción y al lobbismo que a la defensa de los valores de "la revolución" que vio nacer.
Con el escándalo del Banco de Madrid en marzo de 2015, se reveló la faceta como empresario y lobista de este exfuncionario de Chávez que intentó durante años mantenerse bajo perfil. Pero en la misma Europa, a unos mil kilómetros del principado de Andorra, un banco suizo certificó por escrito que los oficios de Aguilera Borjas como empresario e intermediario entre compañías y el gobierno de Chávez comenzaron mucho antes.
Cuatro memos internos del banco Compagnie Bancaire Helvétique, CBH de Suiza, provenientes de una filtración a la que tuvieron acceso los medios Runrunes, El Pitazo, Armando Info de Venezuela y el diario español El Confidencial, ofrecen un perfil del excapitán venezolano devenido en empresario y comisionista. Pero no se trata de un caso aislado. Forma parte de una red que ilustra los movimientos de algunas fortunas armadas en los años de agonía de Hugo Chávez y comienzo del gobierno de Maduro. El gestor financiero francés Charles-Henry De Beaumont figura como enlace entre estos empresarios y exfuncionarios con la entidad suiza.
Este perfil corresponde a lo que en el mundo financiero se denomina “Due diligence” (DD), que consiste en un informe de reputación que recoge la evaluación de potenciales clientes o inversiones, incluyendo información sobre sus récords financieros y grado de confiabilidad para los negocios y, en el caso de un banco, sirve para evaluar aceptarlo como cliente.
El memo redactado el 5 de junio de 2013 describe que el cliente Aguilera Borjas, propietario de 33 % de las acciones de la empresa Netmedical C.A y del 65% de la sociedad Inversiones Dirca S.A (ambas compañías asentadas en Venezuela), tiene un patrimonio personal estimado en $100 millones. También, dispone de cuentas bancarias no solo en el CBH (donde abrió una cuenta el 19/12/2011) sino en la Banca della Svizzera Italiana (BSI), contra el cual la fiscalía de ese país abrió un proceso criminal en 2016 por lavado de dinero y el HSBC, cuya cúpula fue imputada en mayo de 2017 por el delito de blanqueo de capitales.
En el CBH describen a Aguilera Borjas como "un cliente de calidad, que no representa ningún riesgo para el banco” y que a partir de 2014 deberá ser desclasificado de la categoría PEP (Personas Políticamente Expuestas), sobre las que hay especial atención en la prevención de legitimación de capitales. Aunque el documento no indica las razones por las cuales se debe proceder a este cambio de identificación en esa fecha, esto ocurre con un funcionario cuando transcurren 10 años de haber dejado un cargo público.
Otro memo interno del CBH, con fecha de 10 junio 2013, indica que Aguilera Borjas es el socio mayoritario de la empresa Inversiones Dirca S.A, cliente de la entidad bancaria, encargada de la construcción y mantenimiento del Metro Caracas. Identifica a Aguilera Borjas, con 65% de las acciones y a Ramón (Eduardo) Pérez Parra, con 35%, como "los únicos dos accionistas" de la firma. Ambos son conocidos por la institución "desde hace años" a través del portador Upson Columbus Corporation, firma propiedad de Charles Henry de Beaumont quien es identificado como intermediario. El documento del banco suizo indica que tanto Pérez Parra como Aguilera Borjas “nos han visitado en Ginebra y yo los he visitado muchas veces en Caracas”.
El informe, enviado el 5/06/13 por Leandre Sappino (gerente de relaciones del CBH) y dirigido a Stephane Strub (ex vicepresidente senior del CBH) afirma que tanto Aguilera como Pérez Parra “representan a numerosas sociedades españolas e italianas para construir y mantener las líneas de Metro de Caracas”. Describe que “las sociedades francesas que recibieron contratos de la Línea 1, perdieron las plazas de las líneas 2, 3 y 4 a favor de Inversiones Dirca y las sociedades españolas e italianas que la firma representa”.
El documento del CBH ofrece detalles sobre las actividades de Inversiones Dirca. Aclara, por ejemplo, que Aguilera y Pérez Parra intervinieron como "interlocutores representando a las sociedades italianas y españolas frente a las autoridades locales en el cuadro de las negociaciones y llamados de ofertas, como patrocinador de diferentes cuadrillas necesarias para la construcción y mantenimiento de las líneas”.
El memo agrega que los contratos representan “muchos cientos de millones de euros financiados por el gobierno venezolano a través del Ministerio de Transporte Terrestre", cartera que para la fecha del memo (junio 2013), era ocupada por Haiman El Troudi, presidente del Metro de Caracas, quien sucedió en el cargo al general Juan García Toussaintt.
El documento del banco suizo dice abiertamente que Inversiones Dirca recibe en su cuenta del CBH "los pagos de las empresas italianas y españolas como parte del trabajo hecho en Venezuela". Aclara que se trata de "una cuenta de recepción de los dividendos que serán compartidos entre las cuentas de los dos accionistas". Esta información es ratificada en un memo del 07/05/2012.
La empresa italiana a la que se refiere el memo del banco suizo, sin mencionar su nombre, es Alena Marconi Systemas, con la cual Aguilera firmó un contrato en 2004 que le garantizaba comisiones de 6,37% del total de ventas de la compañía de radares, reveló El País de España en abril 2018. Aguilera recibió 3,2 millones desde Curazao en su cuenta en la Banca Privada de Andorra, destinada a las comisiones de la firma italiana, según el informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND), instancia que alegó que existe un "presunto acto de corrupción" tomando en cuenta “la gestión estatal de los aeropuertos de Venezuela y los vínculos de Aguilera con el régimen”, indica el documento citado por el diario español.
La descripción de los documentos del CBH coincide con algunos movimientos bancarios asentados en el informe del Sepblac de 2015, que indican que en agosto de 2013 (dos meses después del memo del CBH) "CAB (Aguilera Borjas) recibió en su cuenta Banco de Madrid un abono de 600.000 euros procedente de Suiza y remitió 87.973 dólares con destino a Estados Unidos en septiembre del mismo año".
Inversiones Dirca no aparece entre las empresas de Aguilera Borjas que sí son mencionadas en el informe del Sepblac de España de 2015, como Clab-Consultora Inmobiliaria (registrada en Madrid) y Constructora Girardot 53 (en Caracas), así como Tecnotren de Venezuela y Servicios para el Metro (Semeca). Estas dos últimas formalizaron un convenio con cuatro compañías españolas: Constructora Hispánica, Cobra, Dimetronic y Caf, formando el Consorcio Español Sistema Metro (CSM) para la rehabilitación de la línea 1 del Metro de Caracas. El contrato por 1.850 millones de euros implicó el pago de una comisión de Aguilera que equivale a 4,8% del monto, casi 90 millones de euros por "asesoría", "apoyo comercial" o "representación", según el informe Servicio Anti Blanqueo de Capitales (Sepblac).
En los años en que el CBH daba el visto bueno a Aguilera como “cliente seguro y de calidad”, el Metro de Caracas presentaba el peor desempeño de su historia, como registra la prensa de entonces. La inversión millonaria de 2008 destinada a las mejoras del servicio de la Línea 1 que debía acometer el consorcio español era cuestionada por las continuas fallas que presentaba el sistema de transporte caraqueño. Para abril de 2012 -año en que debía haber sido entregada la obra según cronograma-, se habían ejecutado 802 millones de dólares y los trabajos presentaban apenas 50% de avance.
Tras una consulta al CBH, un portavoz de la institución respondió a Runrunes, El Pitazo, Armando Info y El Confidencial que “como institución suiza, Compagnie Bancaire Helvétique cumple estrictamente con las obligaciones del secreto bancario y las leyes del país, particularmente con la Ley Suiza contra el Blanqueo de Capitales y con las ordenanzas de la Autoridad Federal Supervisora del Mercado Bancario Suizo (FINMA)”. Agregó que "como usted sabe, no podemos responder a las cuestiones específicas que nos envían sobre la existencia o no de ciertas cuentas en nuestro banco”.
En el piso 14 del edificio Unión, un conjunto residencial en la urbanización clase media Los Palos Grandes en Caracas, se encuentra domiciliada la empresa Inversiones Dirca S.A, cuyas operaciones millonarias como intermediaria entre contratistas españolas e italianas y el Estado venezolano para el mantenimiento del Metro de Caracas son destacadas en los memos del banco suizo CBH.
Fue registrada el 18 de abril de 2000 en Caracas con un capital de Bs. 30 millones ($44.510 al cambio de la época) con una amplia variedad de objetivos: desde gestión de negocios nacionales e internacionales, ejecución de proyectos inmobiliarios y compra de inmuebles hasta intermediación a través de contratos de agencias y comisiones.
Aguilera Borjas entra a la junta directiva de Inversiones Dirca el 28 de mayo de 2007 al comprar 70 mil nuevas acciones (Bs.70 mil cada una), elevando el capital social de la empresa a Bs. 100 millones, según el expediente de la compañía alojado en el registro Mercantil de Caracas. Es nombrado vicepresidente con 70% de la composición accionaria mientras que Ramón Pérez Parra, presidente, mantenía 30% de las acciones.
Entre el momento de su creación y la llegada de Aguilera Borjas, el balance general de la empresa se mantuvo inalterable durante 7 años. Pese a gestionar contrataciones millonarias, la empresa presenta un desempeño irregular. De acuerdo a un informe de auditoría de mayo de 2013, Dirca arrojaba pérdidas acumuladas hasta 2013 de Bs. 684.582,71, incidiendo en la disminución de 5,84 veces del capital social histórico. Ese mismo año, los memos internos de CBH presentaban a Dirca como la empresa articuladora de millonarios contratos entre compañías españolas e italianas y el Metro de Caracas.
Hasta 2014, Dirca se mantenía activa. La última asamblea de accionista se realizó el 13 de noviembre de ese año
El mismo capitán a quien Chávez identificaba como uno de "los muchachos del 4 de febrero", "un rebelde", "un alzado" y un "revolucionario", al que ordenaba encargarse de las ayudas económicas para casos de salud en los programas de Aló, Presidente, terminó decantándose por los negocios de diferentes ramos tanto dentro como fuera de Venezuela.
No cualquier empresario tiene acceso a los dólares preferenciales que se otorgan al sector salud desde que fuera implantado el control cambiario en Venezuela en 2003. CLAB es uno de ellos al incursionar en el próspero campo de la importación de material médico quirúrgico en la Venezuela de la era chavista con la empresa NetMedical, registrada el 12 de junio de 2006 en Caracas.
Uno de los principales clientes de esta compañía dedicada a "la dotación de insumos y equipos de la más alta tecnología para satisfacer las necesidades institucionales, tanto públicas como privadas", ha sido el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales IVSS, confirma su ficha en el Registro Nacional de Contratistas (RNC).
Netmedical, cuya sede se encuentra desde el 31 de julio de 2013 en el Centro Seguros La Paz, en la venida a menos zona industrial Boleíta Sur de Caracas, también tiene cuenta bancaria en Suiza. En un memo interno del CBH, con fecha 04-09-2012 (en la recta final de la campaña presidencial que dio la victoria a Chávez, ya enfermo, ese año) identifica a Aguilera Borjas, socio de la empresa Netmedical, como "antiguo consejero del presidente (Chávez), reconvertido en lobista".
En el documento del banco suizo se ofrece un retrato de las operaciones de la empresa creada en Venezuela y a su principal socio, el franco venezolano Eduardo Salzberger, cuyo padre -representante del grupo Cessna en Venezuela y otros países de América Latina-, fue una ayuda para montar el grupo de distribución médica en el país.
El memo, enviado por Strub, indica que Netmedical -grupo dedicado a la importación de material médico y equipos hospitalarios- trabaja con el sector privado, pero la mayor proporción de sus órdenes de compra provienen del sector público gracias al "deslumbrante auge de la salud que ha promovido Chávez, permitiendo que los pobres, el 80% de la población, tenga acceso a esos cuidados". Una observación que resulta una paradoja en momentos cuando Chávez se trataba un cáncer en Cuba, lejos del sistema promovido por el mandatario en Venezuela.
Netmedical, cuenta el documento, pasó de ser distribuidor a ser representante de grandes marcas que importan desde EEUU, Europa y en menor cantidad de Medio Oriente y Asia. Para ello "dispone de muchas empresas offshore que ha montado en cada una de estas zonas geográficas y que distribuye diferentes equipos al Seguro Social, Ministerio para la Salud y otros hospitales y medicinas de Venezuela”.
Agrega que también distribuye material médico quirúrgico a otros países de América Latina como México, Colombia, República Dominicana. El CBH reconoce que el número de sociedades de Netmedical le permite"obtener ventajas en los resultados en los concursos públicos venezolanos".
Si bien el CBH describe a Salzberger como principal socio de Netmedical, su nombre no aparece junto al de Aguilera Borjas como accionista de la empresa en Caracas, según el Registro Nacional de Contrataciones de Venezuela. La ficha del registro indica que Germán Álvarez García es propietario de 75% de las acciones mientras que Aguilera Borjas tiene 25%, al menos hasta 2014.
A pesar de que CBH identifica a Salzberger como compañero accionista de Netmedical junto con Aguilera Borjas, en realidad es director de la misma empresa pero domiciliada en Panamá.
Netmedical no se limitó a Venezuela, sino que expandió su presencia a otros países, como República Dominicana, país al que llegó el 29 de octubre de 2014, producto de la fusión con Cely Dominicana, empresa con más de 20 años en el mercado, reseñó la prensa local entonces.
La importadora Netmedical ha sido beneficiada por el sistema de divisas venezolanos para compras al exterior que implantó el gobierno de Chávez en 2003 a partir del control de cambio que se mantiene hasta hoy. Entre 2004 y 2012, la compañía recibió $34.998.105 dólares preferenciales vía Cadivi para la importación de material médico quirúrgico. La base de datos de comercio exterior Importgenius registra que Netmedical compró equipos medicoquirúrgicos y productos farmacéuticos por $31.173.781 entre 2009 y 2013.
Aguilera Borjas no fue accionista desde los comienzos de Netmedical, registrada con un capital social de Bs. 1.000.000 el 12 de junio de 2006 en Caracas, en pleno auge de las importaciones impulsadas por el gobierno de Chávez. Ingresa a la empresa encargada de todo lo relacionado con la compra, distribución y exportación de equipos médico-quirúrgicos el 7 de mayo de 2012, cuando compra 25% de las acciones y se convierte en vicepresidente de la firma, quedando Germán Álvarez García como socio mayoritario con 75% de las acciones.
El capital aumentó en esa oportunidad en Bs. 10.000.000, registra el expediente mercantil de la firma que en 2014 amplió su área de acción -aparte de medicamentos y equipos médicos- a la importación de “alimentos, licores, vinos y bebidas alcohólicas”, así como también “productos cosméticos, de limpieza e higiene doméstica”.
El excapitán de 57 años de edad al que le gustaba jugar tenis en los albores del gobierno bolivariano, también aterrizó en un paraíso fiscal. El 26 de julio de 2010 se registró en Barbados como director de la empresa Jetcar V, Inc. con el número 33571. Según el expediente de la Oficina de Registros de la isla del Caribe oriental, esta "compañía internacional de negocios" tiene por objeto el arrendamiento de aviones bajo el tratado de comercio internacional.
La existencia de esta compañía de Aguilera Borjas en Barbados trascendió gracias a la investigación mundial Paradise Papers, que filtró 13,4 millones de documentos del despacho de abogados Appleby de Bermuda, que revelan el funcionamiento de la industria "offshore". El proyecto, publicado el 5 de noviembre de 2017 por 200 medios del mundo, fue coordinado por el Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
En la ficha de registro, el domicilio registrado de Jetcar V Inc. en Caracas es la oficina 81 de la Torre Adriática de Altamira, coincidencialmente donde funcionaba la primera sede de Netmedical hasta 2013. En una visita reciente se pudo comprobar que la reja blanca del inmueble está cerrada y un empleado del edificio dice que se encuentra así desde hace dos años. Nadie entra y nadie sale de allí. En la cartelera de la entrada, el espacio correspondiente al número 81 está vacío, sin nombre.
Sobre el objeto social de la empresa en Barbados conoce mucho Aguilera, a juzgar por la cantidad de vuelos que ha tomado para salir del país en poco más de una década.
El ex guardaespaldas de Chávez es un viajero frecuente. Entre el 17 de septiembre de 2005 hasta el 11 de julio de 2017 salió 126 veces del país, a razón de 10 viajes por año, según registran los movimientos migratorios que reporta el Saime.
Saliendo de Caracas, su destino más frecuente ha sido Oraajenstad, Aruba (47 veces); Madrid, España (31 veces); La Romana, República Dominicana (16 veces) y Panamá, Panamá (7 veces).
Después de 2009, específicamente después de 12 de septiembre de ese año, Aguilera Borjas comenzó a viajar en vuelo charters, realizando 74 vuelos hasta abril 2017 sin dejar de tomar aviones comerciales.
Con el avión matrícula venezolana viajó 44 veces, entre ellas 24 a Aruba y 11 veces a La Romana. Se trata de un modelo 560 Citation Excel, de 9 puestos, que para 2015 estaba valorado en 12,75 millones de dólares.
Ha viajado en una aeronave de fabricación americana, pero Estados Unidos no aparece entre sus destinos en la última década.
Entre los seguidores y ex adeptos del chavismo, los vínculos de CLAB (Carlos Luis Aguilera Borjas) con el 4-F son plenamente identificados, aunque en su caso hayan perdido lustre como credencial después de dos décadas. Graduado en el puesto en el puesto 48 de la promoción 1982 “Coronel Antonio Nicolás Briceño”, compartió salones de clase y entrenamiento con Henry de Jesús Rangel Silva (actual gobernador de Trujillo, ex ministro de Defensa), Gustavo Enrique González López (ex Ministro de Interior, actual jefe del servicio nacional de inteligencia, Sebin) y José Gregorio Montilla Pantoja (excomandante de la Policía Militar, Disip), entre los más notorios que han ejercido cargos en el gobierno de Chávez.
Pero también dentro del chavismo, CLAB ha sido identificado con opacos manejos administrativos. En mayo de 2015, se filtró a la prensa un audio de Mario Silva, conductor del programa La Hojilla, del oficialista del canal Venezolana de Televisión (VTV), siempre bien ponderado por el gobierno de Chávez, en el que comenta supuestamente a un representante del G2 cubano (principal servicio de inteligencia de la isla caribeña) que hay (sic) “una serie de empresas maletín, muchas de ellas desde Puerto Cabello, dirigidas por el ex Director de la DISIP, Aguilera, algunas de ellas dirigidas por él. Empresas de construcción, todas de maletín, (a las) que se les estaban otorgando dólares y había un desangre, dicho por el mismo (ex ministro de Planificación Jorge) Giordani en una reunión con el Comandante Chávez, y estaba (Henry) Rangel Silva", ex Ministro de Defensa de Chávez, uno de los generales que acompañó al presidente fallecido en la intentona golpista de 1992.
Lo cierto es que bajo el nombre de Aguilera Borjas se han registrado varias empresas en Venezuela, Panamá, Barbados y España. En este último país, constituyó CLAB Consultora Inmobiliaria (cuyas siglas remiten a las iniciales de su nombre) el 5 de noviembre de 2007. Domiciliada en la concurrida calle Fuencarral 146 de Madrid, la firma dedicada al alquiler de bienes inmobiliarios posee un capital social de 1.773.256 euros y sus ventas por arrendamiento se ubican en € 28.000 al cierre de 2015, según el Registro Mercantil de la capital española. Un monto que contradice la magnitud de la actividad comercial para la cual fue creada o demuestra poca actividad comercial.
Si bien sigue activa, CLAB Consultora Inmobiliaria - de la cual Aguilera Borjas es su administrador desde el 24/12/2007--no ha presentado el balance general de 2017 ni de 2016 ante el Registro Mercantil en Madrid.
Desde que fue creada hace 11 años, la empresa dedicada a alquiler de inmuebles ha destinado € 1.715.250 a la compra de 8 activos: un piso (apartamento) en Madrid, dos en La Coruña, dos plazas de garaje y dos cuartos de bicicletas. En el ejercicio económico de 2015 presentó pérdidas de € 38.693,08.
El administrador de CLAB Consultora Inmobiliaria desde enero de 2015 es José Manuel Aguilera Rioboo, hijo del ex capitán Aguilera Borjas, que tiene pasaporte español. La inmobiliaria de Madrid no es el único vínculo empresarial que tiene con su padre. Graduado de Ingeniero Mecánico de la Universidad Politécnica Nacional de la Fuerza Armada en 2010, Aguilera Rioboo muestra en su CV que fue gerente técnico de Netmedical (2012-2013) y gerente de soporte técnico del español Consorcio CSM (junio de 2009 a julio 2011), el mismo que se valió de la intermediación de otras empresas de su padre en Caracas para obtener los contratos de rehabilitación de la línea 1 del Metro de Caracas, como detalla el informe del Sepblac de España.
Aguilera Rioboo no solo participa en los negocios de su padre en España. También es director de la empresa AIRCA 5282 S.A, registrada en Panamá el 17 de diciembre de 2012. Nueve días después de que Hugo Chávez, líder de "la revolución bolivariana", hiciera su última aparición pública.
El vínculo con los aviones es una constante en algunas compañías de Aguilera Borjas registradas en paraísos fiscales. De AIRCA 5282 S.A en Panamá también es director Mark B. Golstein, una firma de abogados con sede en Boca Raton, Florida, especializados en asesorar a sus clientes en asuntos legales de la aviación como compra y venta de aeronaves, financiamiento, registro, operación, administración e incluso entrenamiento de operadores.
En Panamá CLAB también se registró como presidente de la empresa Río Arriba 6 el 21 de septiembre de 2015. Entre los directivos destaca Charles Henry Du Boscq de Beaumont, un banquero francés que aparece relacionado con funcionarios, exfuncionarios y empresarios que han amasado fortunas en el chavismo, según la filtración que sustenta este reportaje. En un memo del CBH de fecha 07-05-2012, se identifica a Beaumont como intermediario entre los socios de Inversiones Dirca y la entidad bancaria suiza.
Así como sus constantes vuelos en avión privado hacia islas del Caribe y Panamá, el ex capitán Aguilera también ha dado un salto entre sus predios en la capital. Sigue inscrito en un centro de votación de La Candelaria, populosa parroquia del centro caraqueño. Hoy en día, indican los expedientes de sus empresas, está domiciliado en Valle Arriba, la exclusiva urbanización de torres de lujo donde se levanta, cual fortaleza, la sede de la Embajada de Estados Unidos en Caracas.
Valle Arriba se encuentra en el caraqueño municipio Baruta, justo donde Aguilera habría comprado un apartamento de 3.000 metros cuadrados por 1,3 millones de dólares mediante fondos canalizados a través de transferencias a Panamá y Suiza, según registran documentos a los que tuvo acceso El País. Es uno de los dos inmuebles que CLAB habría adquirido con sus fondos de Andorra, según el documento que menciona el diario español.
Otro salto lo dio al comprar una casa de dos pisos en España con piscina sobre un terreno de 1.182 metros cuadrados. Según el registro de propiedad, Aguilera Borjas y su exesposa María Esther Rioboo son 100% propietarios de la finca ubicada en la urbanización Monteclaro de Pozuelo de Alarcón (Madrid). El documento consta que fue adquirida el 15 de septiembre de 2004, el mismo año en el que el excapitán y exguardespaldas de Chávez se da de baja del Ejército venezolano.
El 26 de marzo de 2018, CLAB respondió vía correo electrónico a la petición de entrevista de los periodistas alegando que las informaciones que manejan estos medios son “inapropiadas, falsas e inciertas”. Agregó que sí ha comparecido ante algún juez en España “para denunciar a los responsables de esas informaciones… que siendo falsas, atentan de manera patente contra su prestigio personal". En una reunión posterior con fecha 30 de abril de 2018, aclaró que en España no existe ninguna investigación en su contra, que dejó de ser funcionario público del gobierno venezolano hace más de 15 años y que sus relaciones bancarias son privadas.
Hace seis años se revelaron los nombres de 28 venezolanos que, a través de empresas de maletín, manipularon contrataciones en el sector petrolero y eléctrico del país para adjudicarlas a proveedores que les pagaban comisiones disfrazadas como "asesorías". El colapso y posterior intervención de la Banca Privada de Andorra en 2015 revelaron los mecanismos que utilizaban estos para blanquear hasta 2.000 millones de dólares, pero hasta hoy nadie ha sido ni enjuiciado ni condenado, el proceso judicial está paralizado desde hace más de un año y, lo peor, hasta podría quedar anulado.
Una empresa en Barbados generó alertas bancarias por posible participación en el denso esquema de lavado de dinero a través de la Banca Privada de Andorra, por el que señalan al primo de Rafael Ramírez, Diego Salazar, y a su operador, Luis Mariano Rodríguez Cabello. La firma, que no fue incluida en ningún registro judicial del caso, tuvo en su directiva durante más de dos años a quien ha sido señalado en al menos tres países por blanqueo de capitales. La reaseguradora Energy Risk ahora se ha reinventado y ha obtenido calificaciones financieras para hacerse más internacional. La nueva vida también vino para Rodríguez Cabello, que evadió la extradición desde España y ahora, según su abogado, es un hombre libre en Madrid.
Es barato curarla y aún más fácil prevenirla, pero la sífilis congénita comienza a hacer estragos en la nueva generación de recién nacidos del país. Puede producir condiciones aún más severas que el VIH, pero en 2019 el Estado venezolano importó 0,4% de la penicilina que compraba hace diez años, uno de los antibióticos más baratos y comunes en el mercado y principal tratamiento de esta infección, por lo que los médicos se preguntan cómo podrán curar en la Venezuela de hoy a una enfermedad que parece un mal chiste del siglo pasado.
En 2016 Venezuela galopaba hacia la hiperinflación y la crisis hospitalaria comenzaba a pintar sus escenarios más crudos, con pacientes cada vez más pobres encargados de comprar hasta la gasa para ser atendidos. Aún así algunos doctores trastocaron en improvisados empresarios que lograron venderle al estado -a través de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior- varios lotes de guantes y material médico quirúrgico 20 veces por encima del precio del mercado. En todos los casos, los productos tuvieron que cruzar al menos tres fronteras: salieron del país donde fueron fabricados para llegar al del intermediario, que luego los envió a El Salvador antes de su final arribo a Venezuela. La carga estaba valorada en 500 mil dólares pero la revolución bolivariana decidió pagar 11 millones de dólares.
Corporaciones gigantes de Europa o emprendimientos casi desconocidos de Panamá conforman una red de 'traders' que participan en el negocio de dar de comer a Venezuela sin exponer ni sus reputaciones ni sus operaciones. Firman contratos con el Estado venezolano para riesgosas transacciones en las que podrían tener un barco fondeado durante mucho tiempo, algo que ha ahuyentado a los jugadores tradicionales e incrementado el valor de la materia prima que importa el Estado. México es el canal que con frecuencia escogen para tercerizar sus envíos.
Desde puertas hasta pollos, a través de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) el gobierno de Nicolás Maduro acaparó las importaciones a Venezuela bajo la clásica impronta “revolucionaria”: dándole poder casi absoluto a un militar que cosechó negocios con dinero del Estado, sin ningún tipo de control y fomentando una copiosa red de intermediarios. La sistematización de los registros de importaciones de Puerto Cabello muestra que esa estatal se convirtió en una enorme caja negra que defenestró la importación privada
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
