Un doble prodigio ocurre en el estado del norte costero venezolano, cuenca petrolera por tradición: el desabastecimiento aprieta poco, por un lado, y por el otro, el Gobernador chavista Arias Cárdenas trabaja de la mano con los contrabandistas, a quienes el cierre de la frontera con Colombia, hace un año, pretendía castigar. Acompañamos a la caravana de vehículos de carga que ahora, con escolta militar y gracias al pragmatismo de la administración local, lleva provisiones desde Paraguachón, en La Guajira, a Maracaibo.
Una anónima empresa china de ingeniería civil salió a relucir en las noticias internacionales de febrero pasado. Se trataba de Camc, beneficiada con importantes contratos del Gobierno boliviano mientras la exnovia del presidente Evo Morales actuó como su gerente local. Pero ya para entonces tenía tiempo operando en Venezuela. Desde 2003 ha obtenido del régimen chavista proyectos por más de 3.000 millones de dólares. A pesar de un desempeño plagado de irregularidades técnicas y administrativas, acaba de recibir un jugoso trofeo: la certificación de yacimientos en el Arco Minero del Orinoco.
Leonardo González Dellán estuvo al frente del Banco Industrial de Venezuela (BIV) entre 2002 y 2004. Los papeles de Mossack Fonseca revelan que, en ese período, que además coincidió con la instauración del control de cambio y el nacimiento de la extinta Cadivi, estuvo relacionado con empresas de ultramar
La familia de origen libanés y creadora de los vehículos militares Tiuna es quien realmente controla la operación de ensamblaje de los vehículos de la marca china. En lo que formalmente se trata de una “empresa mixta” que el Gobierno califica como una “experiencia exitosísima”, el grupo se ha asegurado una porción mayoritaria de acceso a las divisas del negocio de importación de partes y material de ensamblaje a través de una estructura corporativa offshore.
Una mano del gobierno de Nicolás Maduro ni se entera de lo que la otra hace en el Sáhara Occidental, la ex colonia española que Marruecos se anexó ilegalmente desde 1975. Mientras el chavismo promete solidaridad al movimiento independentista saharaui del Frente Polisario, las empresas petroquímicas del Estado venezolano le siguen comprando al invasor valiosos cargamentos de fosfato extraídos de minas en los territorios ocupados.
