Apurado por el desplome de los precios del petróleo y el colapso de la producción de crudo, Nicolás Maduro apuesta al Arco Minero del Orinoco como fórmula para levantar los recursos que tanto escasean en las arcas nacionales. Bajo el esquema de “empresas mixtas” el Gobierno ha terminado pactando con compañías poco conocidas en la industria extractivista como Corporación Faoz. Entre las beneficiadas también figura Gold Reserve, la minera canadiense a la que Hugo Chávez expulsó de Venezuela años atrás. La filtración Paradise Papers muestra que tanto la una como la otra han registrado sociedades en ese paraíso fiscal llamado Barbados.
El empresario venezolano levantó sigilosamente una compleja estructura corporativa hasta que en febrero pasado el Departamento del Tesoro estadounidense lo acusó de ser el “testaferro” del Vicepresidente de la República, Tareck El Aissami. La filtración de los Paradise Papers ahora revela que su patrimonio empresarial es más amplio al bloqueado inicialmente por las autoridades norteamericanas y que la isla de Barbados fue la escogida para crear una suerte de holding que agrupara a las compañías con las que participó en el negocio petrolero y alimentario, entre otros, y a través de las cuales consiguió millonarios contratos con el gobierno venezolano.
En dos países de regímenes “bolivarianos”, Ecuador y Venezuela, la inversión china ha encontrado durante los últimos diez años unos socios ávidos de negocios. El gigante asiático ha inyectado en ambas naciones ingentes recursos financieros y para obras de infraestructura. Muchas de ellas inconclusas. Pero la otra cara de la moneda está en las condiciones impuestas a los socios en los contratos leoninos que hacen suscribir las entridades y empresas chinas a sus pares locales: en pleno s. XXI, la previsible potencia del futuro impone cláusulas del s. XIX, como la suspensión de leyes laborales, importación de mano de obra, derechos de uso exclusivo, financiamientos más caros, pagos en divisas extranjeras, entre otros privilegios decimonónicos.
La Fiscal rebelde, Luisa Ortega Díaz, abrió una verdadera caja de Pandora. Su denuncia contra la empresa Group Grand Limited no sólo desnuda el negocio de la importación de alimentos para los populares Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Viene a confirmar también que el empresario barranquillero, Alex Nain Saab Morán, hasta ahora ligado a la ex senadora colombiana, Piedad Córdoba, es también una bisagra del presidente de la República, Nicolás Maduro. Desde el puerto de Veracruz han salido hasta Venezuela al menos 7 millones de cajas con comida despachadas por una fantasmal sociedad sin oficina permanente en Caracas ni México, y gracias a un millonario contrato con el Gobierno venezolano.
La flota pesquera venezolana y la industria procesadora de productos del mar se fueron a pique por las importaciones masivas aupadas desde el Gobierno. Por ironía, el tiro bajo la línea de flotación se lo dieron oficiales militares encargados de velar por la soberanía nacional. Una empresa subsidiaria de la caja de ahorros del Ejército importó atún y otros bienes. El negocio se blindó con acceso garantizado a divisas del Estado a tasas preferenciales y alianzas con la nueva clase empresarial.
La consumada elección de la Asamblea Nacional Constituyente mantiene en vilo a los florecientes negocios entre México y Venezuela. El país de América del Norte se ha planteado adherirse a las sanciones comerciales anunciadas por Washington ahora que el régimen chavista cesará al Parlamento elegido en 2015 e iniciará una razzia contra la oposición política. Si la decisión se concreta será un golpe bajo al floreciente intercambio comercial entre los dos países, que ha permitido surtir con insumos mexicanos a los Comité Locales de Abastecimiento y Producción, el plan de emergencia del presidente Nicolás Maduro para hacer frente a la escasez y al descontento de la población. Un negocio silencioso, marcado por la opacidad, del que se han lucrado empresarios ligados al régimen venezolano como Samark López y Alex Saab
