A mediados de 2013 Jorge Alfredo Silva Cardona trabajaba como técnico administrativo del Seniat. Tres años y medio después se ha convertido en el timón del Grupo JHS, la fachada que se levantó a la sombra del millonario negocio entre los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y la compañía brasilera JBS. Este conglomerado es propietario del Deportivo Táchira y comienza a ser conocido como un jugador de renombre en el cada vez más exclusivo negocio de la importación de alimentos básicos en Venezuela. El exempleado de la oficina de tributos parece tener el know how que se necesita para triunfar en una economía de puertos.
El Gobierno de Nicolás Maduro le entregó a China la fabricación a gran escala del cuatro venezolano. Ha privado más la política de masificar el instrumento, con el propósito de sumarlo al archiconocido Sistema Nacional del Orquestas Infantiles y Juveniles, creado por José Antonio Abreu, que la calidad que supone su artesanal armado. No es, como parece, solo una resignación cultural o una contradicción con el discurso nacionalista de los históricos camaradas de la autodenominada revolución bolivariana. Cada unidad fabricada en el Lejano Oriente es un negocio para los importadores y termina costando casi lo mismo que la guitarrilla fabricada en el país.
A Jhon Quiroz se le ha visto de copas por Colombia. Mientras, la justicia bolivariana mandó a pedir a un homónimo en Panamá, a quien primero encerró en la cárcel y luego apenas le dijo perdón antes de soltarlo. La Fiscalía venezolana todavía no reconoce en público que perjudicó a un ciudadano equivocado. ¿Error o práctica común? Mientras el caso se dilataba, los magistrados colombianos aprobaron la extradición del verdadero implicado en el fraude que afectó a 7.000 personas, quienes pagaron importantes cifras para comprar automóviles de marca china, pero que nunca recibieron.
El propio presidente de Venezuela se empeñó hace tres años en exponer estas tiendas de electrodomésticos como una muestra de la usura capitalista y pidió entrar a saco en ellas para “que no quede nada en sus anaqueles”. El llamado ‘Dakazo’ llevó a la extinción a todo un sector del comercio. Lo curioso es que el pecador original no solo sobrevivió a su competencia, sino hasta a los organismos que entonces lo sancionaron. El propio Estado que lo trataba con desprecio, ha seguido recompensando al grupo empresarial detrás de Daka con el acceso a divisas preferenciales.
Un venezolano solicitado por la justicia fue extraditado desde Colombia. Se le busca juzgar por su promesa engañosa a distintos inversionistas, a quienes hizo participar en una empresa de comercialización de equipos médicos en el país y en el exterior para luego quedarse con el dinero. Pero el hombre, que trabajó en la industria petrolera y a quien, según testimonios, se le veía en Pdvsa, registró una empresa de exportación de petróleo en Islas Vírgenes Británicas.
“Cabezas” (por Hugo, su director) y “Coronado” (por Luis, mano derecha del anterior) son dos apellidos de evocación cefálica que se revelan claves en una trama de negociados tejida alrededor de la empresa que el Estado venezolano creó en 2013 para centralizar los suministros de papel imprenta importado a medios y editoriales. La privatización tras bambalinas de su razón de ser se consuma a través de redes de parientes en funciones ejecutiva, manipulación de las tasas cambiarias, vínculos con intermediarios privilegiados, y otras maniobras que permiten comprobar que el papel aguanta todo.
