Justo en 1999, año de la inauguración de la presidencia de Hugo Chávez, Venezuela alcanzó su récord histórico de producción cafetalera: 95.000 toneladas. Algo más de una década después, el rubro había desaparecido de los mercados y marcas tradicionales dejaron de existir, por quiebra o por estatización, que vino a ser lo mismo. Ahora una cierta reactivación del sector genera exportaciones que, antes que las de petróleo, sortean las sanciones de Estados Unidos, pero solo beneficia a emprendimientos como Grupo Botalón, una iniciativa privada con aroma a negocio favorecido.
El primer gran negocio del empresario colombiano en Venezuela no solo dejó muestras de las que serían sus prácticas irregulares del futuro -amaños cambiarios, precios inflados, palancas en el gobierno-, sino que quedó inconcluso. Entregó menos de cuatro de cada 100 viviendas de un proyecto habitacional en el estado Carabobo, que había facturado a precio de oro. El monte, los invasores y el olvido ahora amenazan la obra, iniciada hace una década y abandonada a medio hacer.
En julio de 2016, los trabajadores de la planta de Kimberly Clark en Maracay tenían derecho a fantasear con un soviet. La transnacional acababa de abandonar el país entre gallos y medianoche y el gobierno de Nicolás Maduro tomó las instalaciones para gestionarlas con un modelo mixto entre el Estado y la clase obrera. Hoy, a seis años de distancia, todavía les cuesta recapitular cómo terminaron siendo mano de obra barata en una maquila que produce a media máquina solo para proveer a un inversionista desconocido.
Ricos pero no necesariamente famosos, tienen en común un gentilicio y una morada: Lagasca 99, en el barrio de Salamanca de la capital española. Este condominio de lujo lo comparten con otros magnates latinoamericanos, y se destacan por ser empresarios del sector de la moda, construcción, servicios financieros e inmobiliarios. Sus nombres y opulencia han dejado rastro dentro y fuera del país.
El gigante asiático, potencia mundial emergente, tiene años haciendo negocios con una Venezuela gobernada por sus aliados políticos y comerciales del chavismo. Pero en 2014, por alguna razón, dos de sus empresas emblemáticas del sector de tecnología, ZTE y Ceiec, precisaron de la intermediación de este abogado venezolano, dueño de la empresa de recolección de desechos Fospuca, para acceder a información privilegiada del mercado criollo y, en última instancia, conseguir contratos con las telefónicas locales Cantv y Movistar. A cambio, este recibió 28 millones de dólares.
A esta venezolana, odontóloga nacida hace 33 años en Valencia, estado Carabobo, se la tiene por la mujer más poderosa de El Salvador. Recia y ambiciosa, se especializó en hacerse fuerte detrás del trono, al amparo de líderes como Henrique Salas Feo o Leopoldo López. Ahora le habla al oído a la familia que impone el caudillismo 2.0 en el país centroamericano, mientras lidera una especie de gabinete ministerial oficioso de asesores venezolanos.
