El que con bancos mata, a bancos muere: casi medio siglo de próspera trayectoria en el negocio no previno a esta familia del estado Lara de una racha negativa en transacciones relacionadas con las finanzas. Si su banco en Puerto Rico fue objeto de una redada del FBI en 2019, ya arrastra una década con un pleito en España iniciado por la compra frustrada de otro banco en Cataluña, a través de una compañía registrada en Luxemburgo. Ambos emprendimientos internacionales surgieron en el mismo momento en que Hugo Chávez les expropiaba la entidad de ahorro y préstamo Casa Propia; pero de algún modo se han salido con la suya de cada contratiempo.
Tras el fracaso de las estatizaciones de los ingenios agroindustriales, desde 2019 el chavismo ideó una fórmula que mezcla gerencia privada y pública en las diez plantas que siguen bajo su control. Pero los nuevos operadores privados -empresarios cercanos al chavismo, con historia de gerencias fallidas- resultan tan indolentes e ineficaces como sus pares públicos y apenas cosechan una amarga mezcla de promesas, irregularidades y desempleo. Los ingenios siguen paralizados y algunos solo funcionan como refinadores y empaquetadores de azúcar importada.
Van sin pausas pero, contrariamente a lo que establece el refrán, con mucha prisa. La familia Mussa, en el estado Bolívar ha logrado desde finales de 2020 y en plena pandemia de coronavirus multiplicar una red de farmacias tras una fulgurante carrera empresarial a la sombra del antiguo gobernador y críticas por llevar a cabo prácticas reñidas con la ética empresarial y farmacéutica
A finales del año pasado, los rumores en las redes insistían en que "unos iraníes" habían tomado control de Lácteos Los Andes, la productora expropiada por Chávez en 2008. Pero la realidad tenía sus matices: sí eran musulmanes y con presuntas conexiones en Teherán, pero venezolanos de origen libanés, quienes a través de terceros se apoderaron de la compañía en 2020, como parte de la ola de reprivatizaciones camuflada por la figura de la "alianza estratégica". Se trata de los hermanos Khalil, viejos aliados oficialistas como tempranos sancionados por Washington. Aunque con fines de convertirse en proveedores de los Clap, esta es la segunda incursión en mercados de consumo masivo que se les conoce desde la compra de Eveba en 2003.
Los nuevos dueños del central azucarero Pío Tamayo no son, ni de lejos, unos novatos para la Revolución Bolivariana ni para el “zar agrícola” Wilmar Castro Soteldo, quien, junto a su sobrino Luis Fernando Soteldo, ha guiado la transferencia de muchas otras propiedades a la pareja de Edward Gudiño y Yorjuaniris Ojeda. Silos, trilladoras de arroz, hatos, mataderos industriales, contratos privilegiados como proveedores de la Corporación Venezolana de Guayana, son algunas de las prebendas recibidas.
Tras bambalinas de la pandemia y a las bravas: así se consumó a fines del año pasado la reprivatización virtual del central azucarero Pío Tamayo en el estado Lara. Es el colofón de un proceso de desmantelamiento, mediante nacionalizaciones y quiebras, de lo que alguna vez fue una poderosa procesadora de caña. Ahora puesta en manos de unos privados sin experiencia en la industria pero con contactos en el oficialismo, despedida toda su plantilla obrera, parece destinada a la maquila, aunque todavía nadie explica -y nadie entiende- qué se planea hacer con sus instalaciones.
