El abogado que firmaba demasiado

La reciente investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española, que resultó en la imputación del ex Presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como el presunto líder estratégico de una “estructura organizada y estable (…) orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras, así como a la obtención de resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros”, encontró que esta trama, tejida entre al menos 60 personas que le sirvieron de nodos, mantenía numerosas conexiones con la Venezuela de Nicolás Maduro. 

Ese vínculo era poco menos que natural. El ahora conocido como caso Zapatero tuvo su origen en 2020 con el otorgamiento -inducido con el fórceps de recomendaciones poderosas, como ahora se empieza a saber- de un rescate de 53 millones de euros por parte del Estado español a la entonces atribulada aerolínea Plus Ultra, propiedad de accionistas venezolanos cercanos a la actual Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez. La red de tráfico de influencias se extendió más allá del trance de la línea aérea, como una mancha de tinta en el charco propicio de la corrupción chavista. Terminó involucrando desde altos jerarcas del régimen de Caracas hasta un coro de personajes secundarios o de bajo perfil, así como un conglomerado en la sombra de 31 empresas, muchas de ellas instrumentales, que expedían contratos y facturas de consultoría ficticias para encubrir el pago de comisiones. 

En las más de 800 páginas de actuaciones judiciales de las que, por ahora, consta el expediente de la causa en la Audiencia Nacional española, legajo al que Armando.info tuvo acceso, se menciona al abogado venezolano Oscar Cunto André, aunque en pocas ocasiones, eso sí.

De momento, la figuración pública principal de Cunto orbitaba, por una parte, en torno a su rol como Abogado Senior en las oficinas en Venezuela del bufete Dentons, que se abrieron tras la asociación, primero, de este despacho con la firma de abogados Norton Rose Fulbright en 2019 y, luego, con la absorción del escritorio jurídico Vallenilla, Escalante & Asociados en 2021, del que Cunto André formaba parte. A partir de esas compras y fusiones locales, a menudo circularon historias de cómo el despacho Dentons Europe, junto con su sucursal caraqueña, asesoraba al régimen venezolano en materia petrolera. Por ello, pasó a ser conocido en círculos políticos y periodísticos como el bufete de Maduro. Esta asesoría llegaba al corazón mismo de Pdvsa, participando en el diseño y negociación de contratos con empresas petroleras como la española Repsol, por ejemplo.

Todavía hoy, con el dictador prisionero en Nueva York, Dentons es el buró al que el régimen bicéfalo de los hermanos Rodríguez Gómez, Delcy y Jorge, confía la asesoría legal para los contratos petroleros y mineros que por estos días se reparten en Caracas, como recientemente informó la agencia Bloomberg. 

Si las referencias a Cunto André en los documentos españoles son esporádicas, su colega, Carlos Alberto Parra Delgado, sí aparece con abundantes menciones en el expediente del caso Zapatero. Parra Delgado continuó siendo uno de los dueños de Vallenilla, Escalante & Asociados Soluciones Integrales Internacionales, la oficina en España del bufete venezolano que Dentons absorbió en Caracas y en el que Cunto trabajó por años.

Por otra parte, la notoriedad que Cunto antes pudo tener se concentraba en algo quizás más anecdótico pero no menos revelador: se desempeña como Segundo Vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) que preside Jorge Giménez Ochoa, un empresario tan cercano a Delcy Rodríguez que fue uno de los pocos pasajeros del jet ejecutivo protagonista del oscuro episodio en el madrileño aeropuerto de Barajas conocido desde 2020 como el Delcygate, y participa en negocios de gran envergadura con el Estado, como el petrolero o el de la distribución de alimentos subsidiados. En su perfil de LinkedIn, Cunto destaca su cargo como miembro del Comité Legal de FIFA (Federación Internacional de Futbol Asociación, órgano rector de este deporte con sede en Suiza).

¿Dime con quién andas y te diré quién eres? En el caso del abogado venezolano, el refrán castellano resulta acertado. Pues, rondando a algunas de las figuras clave de la trama de tráfico de influencias, como ha estado, no sorprende que una mirada más detenida revele que la conexión de Oscar Cunto André con ellas es menos tangencial de lo que a primera vista el expediente sugiere.

Una firma, varios flancos

El escritorio venezolano Vallenilla, Escalante & Asociados abrió una oficina en Madrid en 2019. Ese mismo año, uno de sus abogados, el Oscar Cunto André de la presente historia, completó sendos diplomados en Derecho Tributario y Derecho de Hidrocarburos, a la vez que oficializaba en los registros de la capital española su carácter de apoderado de la empresa Apamate Corporate and Trust, cuyo administrador único era su colega Parra Delgado.  La figuración de ambos en el expediente del actual caso Zapatero en buena parte tiene que ver con Apamate.

De acuerdo a las investigaciones policiales en España, la entidad sirvió como uno de los vehículos financieros de la trama. Por ejemplo, en los documentos se lee un dato que las pesquisas habrían obtenido de “fuentes abiertas”: que por Apamate transitaron 300.000 euros del esquema irregular para pagar la comisión a un empresario cercano al entonces ministro de Transporte de España, José Luis Ábalos.

A través de Apamate Corporate, además, casi llegaron a movilizarse otros 120.000 euros provenientes de una empresa llamada Softgestor, una compañía bajo control de Parra Delgado y que, según la investigación, era una de las que fabricaba contratos fraudulentos, con sus respectivas facturas, para darle cobertura a los pagos de comisiones disfrazadas como honorarios por servicios de consultoría.

La firma de Cunto como representante legal de Apamate Corporate and Trust pudiera verse como una participación apenas circunstancial o auxiliar en la red. Pero su figuración es más importante que esa.

En el expediente, las autoridades españolas consiguen identificar la firma Grupo Multiobras MM 77 como una de las empresas que la Softgestor de Parra Delgado “contrató”. Grupo Multiobras MM 77 ordenó una transferencia por casi 75.000 euros desde una cuenta bancaria en Estados Unidos para Softgestor, sin razón conocida. 

Si bien los documentos españoles no van más allá, Armando.info pudo establecer, con el apoyo del Organized Crime and Corruption Reporting Project (Occrp), que la compañía Grupo Multiobras MM 77 fue registrada en 2019 en el estado de Delaware, que en la práctica funciona como una suerte de jurisdicción offshore en Estados Unidos, como una empresa de staffing services o servicios de reclutamiento de personal por el abogado Oscar Cunto André, su único accionista. 

En el Registro Nacional de Contratistas (RNC) de Venezuela se encuentra inscrita una empresa con ese mismo nombre, constituida en Caracas en 2015, de la que Cunto André aparece como propietario desde 2019. Pero, a diferencia de su homónima en Delaware, la MM 77 venezolana declara como propósito la prestación de todo tipo de servicios de construcción, impermeabilización, mampostería y carpintería. Hasta el ejercicio fiscal de 2018, llegó a tener medio centenar de contratos de servicios con el Estado venezolano, algunos con la petrolera Pdvsa y con una filial de esta, Ducolsa, dedicada a la construcción de viviendas.

Dueño del balón 

En la misma locación madrileña, Calle Mar de Kara 17, que tanto las sociedades Apamate y Softgestor, como la sucursal española de Vallenilla, Escalante & Asociados, apuntan como dirección fiscal, en 2024 quedó registrada otra firma, FVF Operaciones Globales. Las siglas del nombre corresponden a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), y de hecho es el presidente federativo, Jorge Giménez, quien con Carlos Parra Delgado y Oscar Cunto André completan el accionariado de la empresa.

La investigación española sobre el caso Zapatero detectó que FVF Operaciones Globales realizó un pago por poco más de 46.000 euros a Softgestor, la empresa de Parra Delgado que prestaba supuestos servicios a nombre de los beneficiarios de la trama irregular.

Cunto se vincula a la federación de balompié con credenciales académicas, no solo de negocios. Obtuvo un Diplomado en Derecho del Fútbol emitido por la propia FIFA en 2025 y previamente, en 2023, completó el Programa Ejecutivo de Arbitraje Deportivo (Sport Arbitration Executive Program), también avalado por FIFA. Tales certificaciones lo validan como arquitecto de la estructura legal de la FVF de Giménez Ochoa, en la que a la vez ostenta los cargos de Segundo Vicepresidente y de Asesor Jurídico. 

En su perfil profesional en Dentons, Cunto se atribuye la autoría del primer Código de Ética de la FVF. Además lleva las riendas del diseño del “nuevo procedimiento de contrataciones basado en estándares internacionales de transparencia e integridad”. No en balde, Oscar Cunto se encarga de negociar, preparar y dar cumplimiento a los contratos de alto valor de la federación, incluyendo los acuerdos con el cuerpo técnico de las distintas selecciones de fútbol, el personal administrativo, los contratos de derechos de transmisión y patrocinadores, y los convenios con organizaciones e instituciones deportivas internacionales.

El eslabón florido

Otro venezolano que la investigación española menciona y que termina conectándose con Apamate Corporate and Trust y Softgestor es Francisco Enrique Flores Suárez, ya difunto, quien hacía las veces de coreógrafo en la danza de transferencias bancarias por la que circulaban los fondos destinados a pagos de comisiones.  

Flores Suárez, fallecido en febrero de este año, fue un empresario que de 2007 a 2012 experimentó un crecimiento exponencial de su riqueza. La bonanza siguió a la consagración de varias de sus empresas como contratistas exclusivas de Pdvsa y sus filiales, como la antes referida constructora Ducolsa. En 2020, una historia en Armando.info de la serie FinCEN Files reveló que, nada más que entre 2016 y 2017, la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro estadounidense recibió alertas de actividad sospechosa en relación con 286 transferencias ordenadas por Flores Suárez. 

Ese mismo Flores, que no tiene relación familiar alguna con la ex Primera Dama venezolana, Cilia Flores, aparece en el archivo electrónico LISTA AR OK, que el expediente del caso Zapatero considera que se trata de un listado de contactos estratégicos que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero habría validado y remitido personalmente.

La investigación sostiene que Flores Suárez era el encargado de negociar y gestionar de forma directa con Julio Martínez Martínez, presunto testaferro de Rodríguez Zapatero, los contratos ficticios de “servicios de asesoramiento” que servían de cobertura legal para justificar el trasvase de fondos hacia la empresa Análisis Relevante (la AR a la que el nombre del archivo se refiere), de la que el ex Presidente de Gobierno español recibía pagos por supuestas consultorías. 

Entre los detalles que los investigadores destacan como “indicios de artificiosidad en la configuración formal de la documentación (contratos y facturas)”, destaca la repetición de números de facturas para servicios y fechas distintas, así como contratos exactamente iguales para conceptos diferentes. Un ejemplo claro de esto se verificó en octubre de 2020, cuando Flores Suárez intercambió a las empresas "clientes" de las consultorías falsas de manera caprichosa y a conveniencia. Entonces remitió, primero, un borrador de contrato con Apamate Corporate and Trust como receptora del servicio. Sin embargo, apenas cuatro días después, envió la versión definitiva del documento, sustituyendo esta vez los datos de Apamate con los de Softgestor, sin justificación alguna.

Los agentes de la UDEF española encontraron que Julio Martínez Martínez reclamaba, de manera constante pero a la vez amistosa, el pago de las facturas por importes de hasta 72.600 euros directamente a Francisco Flores, quien confirmaba la recepción de dichas facturas y enviaba a la red los justificantes de las transferencias bancarias correspondientes. A juicio de los investigadores, el control de Flores sobre la gestión de los fondos quedó demostrado cuando, interpelado una vez más por Julio Martínez para cobrar una factura, el venezolano le respondió: “Apreciado Amigo (…) En cuanto al tema de la factura sofgestor [SIC] te estoy por avisar si pagaremos por ahí o debemos cambiarla. Te lo dejo saber. Abrazo Grande y te extrañamos por aquí, jajajajajaja!”.

Con “por aquí” Flores Suárez se refería a República Dominicana, nación antillana en la que Flores Suárez compró una lujosa villa y ancló un yate valorado en 15 millones de euros, al que bautizó como The Kingdom (o El Reino). La palabra Kingdom fue una constante en la denominación en su entramado de empresas, tanto en Venezuela como en República Dominicana y en otras jurisdicciones offshore, especialmente en el Caribe. En el registro mercantil de la isla de Dominica, por ejemplo, se encuentran los papeles de un tal Kingdom Caribbean Bank, constituido en julio de 2015 bajo el número 2015/3316. y con Oscar Cunto André como director.

Cunto André firmó, junto con el también ciudadano venezolano Bronson Alexander Dávila Medina, las incorporaciones de otras dos empresas de Francisco Flores Suárez: Prokingca e Inversiones Mardokeo. También figura como socio en Venezuela de Alimentos Reino, otra ficha del conglomerado de Flores. 

Armando.info consiguió rastrear otras cinco empresas sin actividad aparente, incorporadas en jurisdicciones de tax havens caribeños como Barbados, Bahamas e Islas Vírgenes Británicas, en las que Cunto André figura como representante. Junto con Brandon Dávila Medina registró una compañía, de nombre KCB Limited.

Francisco Flores Suárez y Brandon Dávila compartieron una cuenta en el colapsado banco Credit Suisse. La cuenta llegó a tener un saldo de más de 26 millones de francos suizos, según pudo conocer Armando.info. 

Armando.info intentó contactar al abogado Cunto André, tanto a través de su correo electrónico en el bufete Dentons en Caracas como de su empresa Grupo Multiobras MM 77, pero al cierre de esta historia no había obtenido respuesta. También se solicitó una entrevista a Cunto -además de la versión federativa sobre sus actividades y las de la FVF Operaciones Globales que sale en los papeles del caso Zapatero- por medio de las cuentas oficiales de correo electrónico de las direcciones de Prensa y de Integridad de la FVF y de la Secretaría General de la entidad, pero esta gestión tampoco tuvo resultados.