Joaquín Leal Jiménez, un veinteañero mexicano graduado en Boston, fue señalado por Washington como cabecilla de una operación que simulaba un intercambio humanitario de petróleo por mercancías para burlar las sanciones comerciales y financieras impuestas al régimen de Nicolás Maduro. Tras ser él mismo sancionado, sale a relucir su vínculo con un joven empresario de Venezuela, vástago de una familia de la alta sociedad caraqueña.
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Joaquín Leal Jiménez y Axel Galit Capriles Hernández tienen varias cosas en común: Son jóvenes que rayan en los treinta años, hijos de familias adineradas de México y Venezuela, respectivamente; los dos muestran en sus currículos estudios superiores en prestigiosas escuelas de negocios en el exterior y de bachillerato en colegios top de Irapuato y Caracas.
Comparten, pues, perfiles propios de los yuppies, esa tribu urbana que entre finales de los 80 y comienzos de los 90 sobresalió en esa era dorada de la liberación de las economías y las privatizaciones salvajes. Y como si fueran tales, en esta historia lo que los une son los negocios.
Ninguno de los dos es muy conocido. En los últimos tiempos el nombre de Joaquín Leal Jiménez empezaba a despuntar en la prensa mexicana, que le consultaba en su doble rol de precoz gurú y descollante empresario del sector eléctrico. Pero entró en tropel al conocimiento público el reciente 18 de junio. Ese día el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señaló como articulador, junto al colombiano Alex Saab -principal contratista de Nicolás Maduro-, de un esquema para evadir las sanciones financieras de la administración de Donald Trump contra el régimen chavista.
Joaquín Leal, de sólo 28 años de edad, fue el “conducto” de esa trama, aseguró Washington, por lo que lo incluyó en la llamada Lista Clinton de personas naturales y jurídicas del extranjero sancionadas por la Ofac, siglas en inglés de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. La operación en México buscaba adoptar la apariencia de un intercambio humanitario de petróleo por mercancías de primera necesidad. Pero la puesta en escena fue descifrada por las autoridades estadounidenses. Por lo demás, las cuentas del negocio a través de las empresas Libre Abordo y Schlager Business Group no cuadraban, con lo que el pretendido intercambio no resultó muy equitativo para la parte venezolana, según los documentos vistos por Armando.Info y El País para esta serie de dos reportajes.
El nombre de Axel Galit Capriles Hernández, por su parte, podría resultar familiar al confundirse con el de su padre, Axel Daniel Capriles Méndez, psicólogo y empresario, fundador de los estudios junguianos en el país, columnista de prensa, autor de obras como El complejo del dinero o La picardía del venezolano, y miembro de la reconocida familia de editores e inversionistas venezolanos. A su alto perfil público se agrega desde 2012 la reputación ganada como empresario de éxito en el negocio inmobiliario en España gracias a una veintena de sociedades. Su nombre se convirtió en sinónimo de la gentrificación de algunos barrios tradicionales del centro de Madrid, cuyos edificios adquiere para remodelar y convertir en unidades de lujo.
Si bien Axel Galit Capriles Hernández no ha sido mencionado como integrante de la estructura de empresas y accionistas que el Departamento del Tesoro sancionó, lo comprobable es que desde hace tiempo comparte sociedad con Joaquín Leal Jiménez en la compañía Generadora de Electricidad y Gas en México (Gasemex).
Esa compañía fue registrada en julio de 2019 por la madre y un tío de Joaquín Leal, pero apenas un mes más tarde Capriles Hernández compró las acciones del tío, mientras que el propio Leal se quedó con las de su madre, formalizando así una sociedad a partes iguales, según los documentos mercantiles. En noviembre del mismo año Capriles se mudó desde la ciudad de Nueva York, donde vivió algunos años, a atender ese y otros emprendimientos en México.
Para Leal el sector eléctrico no era desconocido. Con sólo 23 años fundó Suministro Sustentable de Energía en México (Sumex), empresa que facturó millones de pesos, pero de la que se apartó en 2017 tras el cuestionamiento de algunas de sus actuaciones por parte de sus socios. Para Axel Capriles Hernández, en cambio, suponía un cambio tras su recorrido en el mundo financiero y el mercado petrolero.
Casi en simultáneo con el registro de Generadora de Electricidad y Gas en México, Joaquín Leal hacía movimientos en Venezuela para el negocio petrolero con la administración de Nicolás Maduro. En junio de 2019, sólo dos meses antes de que Leal y Axel Capriles sellaran la sociedad en la empresa eléctrica, en Caracas, Libre Abordo firmaba con Corpovex, la estatal que centraliza las importaciones públicas, dos contratos por casi 200 millones de euros para el suministro de 1.000 camiones cisternas y 200.000 toneladas de maíz, como contraprestación a los barriles de petróleo que Pdvsa debía entregar.
Olga María Zepeda Esparza firmó en Caracas los contratos en representación de Libre Abordo el 13 y 17 de junio de 2019. En esas fechas Joaquín Leal estaba en Venezuela, según se desprende de los datos que manejan las autoridades mexicanas que ahora rastrean el flujo de los 200 millones de euros. A su vuelta a México se hizo socio de Axel Capriles Hernández en Generadora de Electricidad y Gas México (Gasemex).
Tras un año de creada, Gasemex no es una empresa conocida en el mercado eléctrico mexicano. Tampoco está claro cómo se inició el enlace entre Joaquín Leal y Axel Capriles Hernández. Ni Leal ni Capriles atendieron a las solicitudes de entrevista hechas para esta cobertura.
El punto de conexión entre ambos fue el petróleo, según aseguran varias fuentes que conocen al joven empresario venezolano y que lo califican como un “fichaje” del mexicano. “Leal hizo mucha plata en el sector eléctrico y quizás pensó en ser un zar petrolero con lo de Libre Abordo”, refiere un empresario que conoce a Leal y Capriles Hernández, pero que prefiere el anonimato.
A diferencia de su padre, Axel Capriles Méndez, y de su hermano menor, Edric Daniel Ossian Capriles Hernández, quienes manejan el negocio inmobiliario en España a través de firmas como Orinoquia Real State, con la cual gestionan al menos 22 apartamentos de renta turística en el exclusivo barrio madrileño de Salamanca, y otras inversoras inmobiliarias donde confluyen los fondos de miembros de la familia Capriles, como Miguel Ángel Michu Capriles López, el camino de Axel Capriles Hernández fue el del petróleo y demás commodities.
Axel Galit Capriles Hernández, próximo a cumplir 35 años de edad, es ingeniero de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), con postgrado en la IE Business School de Madrid. En Caracas trabajó en Maximiza Casa de Bolsa, al menos hasta finales de 2009, según consta en el seguro social venezolano. Su salto profesional lo dio en Nueva York trabajando como broker para Glencore, el gigante comercializador de materias primas de origen suizo. Durante un tiempo buscó negocios de commodities en Colombia y Venezuela, pero con escaso éxito, relatan algunos conocidos.
Tras abandonar Glencore en 2019, Axelito, como lo llaman sus amigos, recaló en México, donde se casó a comienzos de este año con una joven venezolana. La boda, fastuosa según testimonios de conocidos, tuvo lugar en el balneario de Tulum, sobre la llamada Riviera Maya de la costa mexicana que da al Caribe. Del evento quedan algunas gráficas dispersas en Internet, así como de la presencia de Axel Capriles Hernández en otras ocasiones de gala de la alta sociedad mexicana.
Capriles Hernández mantiene participación en empresas incorporadas, al menos, en otros tres países además de México: Panamá, Estados Unidos y Barbados.
Antes de conformar la sociedad con Joaquín Leal en Gasemex, Axel Capriles Hernández fundó en mayo de 2019 Totam Servicios Tecnológicos en Monterrey, Nuevo León, ciudad industrial del norte del país. Según los papeles de registro, el objetivo es el desarrollo de una app para comparar los precios del combustible en estaciones de gasolina. Esa fue, precisamente, la oportunidad de negocio que lo llevó a México, de acuerdo al testimonio de sus conocidos, que saben además que la visa que permitía hasta entonces a Capriles seguir trabajando en Estados Unidos estaba patrocinada por su anterior empleador, Glencore. Al dejar de trabajar para Glencore no podía seguir en Estados Unidos.
Pero ahora se sabe que esa circunstancia lo llevó a atender su cita con el destino en México. Allí nació la sociedad con Joaquín Leal. Algunas fuentes, incluso, sostienen que Axel Capriles Hernández llegaría a “despachar” desde la oficina en México de Joaquín Leal.
La sanción del Departamento del Tesoro contra Joaquín Leal ahora parece un muro contra el fulgurante ascenso empresarial de alguien que aún no ha cumplido los treinta años. Además de su participación en el esquema de intercambio petrolero con Venezuela y de la empresa eléctrica en sociedad con Axel Capriles Hernández, Leal creó otras sociedades en varias jurisdicciones en los últimos meses y cuando quizás ya estaba en la mira de las autoridades norteamericanas.
En septiembre de 2019 se anunció que The Mystic Universe Capital, un supuesto fondo de inversión canadiense concentrado en proyectos de impacto social, invertiría en Luzy, una empresa creada por Leal en Estados Unidos en agosto de 2019, y por familiares un mes antes en México. En su página sólo aparecen una docena de empresas vinculadas con Leal, su familia y el grupo Diversidad SA de CV, una comercializadora de energía en la que trabajó como asesor tras su salida de Sumex -en 2017- hasta noviembre pasado. Se aseguraba, además, que se habían invertido más de 300 millones de dólares en empresas de Leal.
En noviembre de 2018 Leal fundó ALEL Technologies LLC, con sede en Delaware -un estado de Estados Unidos que en la práctica funciona como un paraíso fiscal- , y con la que en junio de 2019 solicitó un permiso al Departamento de Energía estadounidense para exportar electricidad a México. Ese mismo mes creó Luzy Technologies, también en Delaware, una empresa que promueve estilos de vida saludable con una app. Ambas compañías tienen su domicilio en el 778 Boylston Street de Boston, donde Leal había estudiado Administración de Empresas años atrás en el prestigioso Babson College.
Desde finales del año pasado, Joaquín Leal se presentaba como CEO de Luzy ante los medios mexicanos y presumió de hacer donaciones de alimentos y equipo médico para apoyar durante la pandemia de la covid-19 a zonas marginales de la periferia de Ciudad de México, según se lee en varias publicaciones de la prensa de ese país. En abril de este año Leal apareció también como socio de Cosmo Resources PTE LTD, establecida en Singapur, una de las jurisdicciones donde según las autoridades norteamericanas se termina comercializando el crudo proveniente de Pdvsa.
Esa carrera ahora parece haber entrado en un callejón sin salida. Todos los activos de Joaquín Leal han sido congelados en México y Estados Unidos. Su ascenso, al menos, se ha detenido y quizás también su sociedad con el venezolano Axel Capriles Hernández.
(*) Este reportaje es la segunda entrega de un proyecto de cobertura conjunta entre Armando.Info y el diario El País, de cuya plantilla forman parte los periodistas Elías Camhaji y Javier Lafuente.
FE DE ERRORES: En una versión anterior de este reportaje se afirmaba que Axel Galit Capriles Hernández estudió en el Instituto Cumbres de Caracas, dato que no era cierto. Se ha corregido en línea. Ofrecemos excusas a los lectores.
Ni el cautiverio en Cabo Verde detuvo los negocios del 'trader' colombiano. Para asegurarse de que así fuera, tejió una red de compañías fantasmales en distintas partes del mundo que, como en un juego de seudónimos, parecían nombrar a distintas personalidades que al final eran la misma gente: el propio Saab y dos cómplices, el mexicano Joaquín Leal y el italiano Alessandro Bazzoni. El esquema les permitió seguir comerciando en todo el planeta con millones de barriles de crudo de Pdvsa frente a las narices del Departamento del Tesoro y sus sanciones. En México, por ejemplo, trataron de hacer negocios con la estatal Pemex, amparados tras empresas de maletín con nombres rimbombantes y cartas de recomendación forjadas.
Fue una de las últimas fórmulas que el empresario colombiano y supuesto testaferro de Nicolás Maduro, ahora detenido en Cabo Verde, ensayó para burlar las sanciones internacionales contra el régimen chavista. Consistió en escenificar un “intercambio humanitario” de crudo de Pdvsa por camiones cisternas y maíz. Al final, hubo indicios de que la mercancía no llegó completa a Venezuela -aunque el Gobierno lo niega-, mientras los cómplices mexicanos del esquema terminaron en aparente bancarrota, bajo investigación de las autoridades antilavado de dinero de su país y medidas del Departamento del Tesoro estadounidense.
Un jet ejecutivo venezolano, listado como sospechoso por Estados Unidos, que aterriza en una remota capital africana; un grupo de pasajeros que incluye agentes de operaciones especiales y se aloja en un cuartel militar; un misterioso avión de transporte ruso; un barco anclado en una isla paradisíaca: son los mimbres con los que en días recientes se tejió una trama digna de una serie de espionaje. La misión era tantear un posible rescate del empresario colombiano y presunto testaferro de Nicolás Maduro de su cautiverio, en el vecino archipiélago de Cabo Verde, antes de que se le extradite a Estados Unidos. Todo eso, justo cuando se cumple un mes de su detención.
El principal contratista de Nicolás Maduro fue detenido el pasado viernes, nada más aterrizar en el aeropuerto internacional de Cabo Verde, un archipiélago ubicado en el Atlántico, a las puertas de África. Puede que sea su penúltimo viaje, si finalmente es deportado o extraditado a Estados Unidos, como pretenden autoridades de ese país. Sería el peor de los finales tras muchos años de viajes en los que acumuló millas pero, sobre todo, millones de dólares gracias a opacas estructuras societarias con las que a partir de 2013 manejó divisas preferenciales, obras públicas, suministros de alimentos para los CLAP, contratos con Pdvsa y hasta el comercio del oro y carbón venezolano.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
