La flota pesquera venezolana y la industria procesadora de productos del mar se fueron a pique por las importaciones masivas aupadas desde el Gobierno. Por ironía, el tiro bajo la línea de flotación se lo dieron oficiales militares encargados de velar por la soberanía nacional. Una empresa subsidiaria de la caja de ahorros del Ejército importó atún y otros bienes. El negocio se blindó con acceso garantizado a divisas del Estado a tasas preferenciales y alianzas con la nueva clase empresarial.

Que en Miami y la farándula confluyen los anhelos de chavistas y antichavistas es lo que se constata con la historia de esta cantante venezolana, ahora en receso por una condición de salud, pero que hasta hace poco ascendía al estrellato con baladas de Wilmer Ruperti y el padrinazgo de la pareja anticastrista más poderosa de Florida. Hija de militar, su familia es cercanísima a la de la almirante Carmen Menéndez, ex ministra de la Defensa.

El ‘comandante eterno’ de la Revolución Bolivariana quiso tener su cadena de supermercados socialistas y para eso mandó a expropiar en 2010 las tiendas Éxito, que creía colombianas. Para cuando se enteró de que pertenecían al francés Grupo Casino, ya era tarde: el Gobierno de París había intervenido y consiguió no solo un pago jugoso por el negocio, sino que ayudó a conservar una participación francesa en lo que pasó a ser Abastos Bicentenario. Siete años más tarde, cuando la red de abastos languidece, los franceses siguen vendiéndole hasta 3.000 toneladas al año de productos no alimenticios a través de una empresa en Panamá.

El contralmirante Remigio Ceballos Ichaso es uno de los astros ascendentes en la cúpula militar. Formado con los Navy Seals, fue parte del séquito del ‘comandante eterno’ de la revolución. Sus credenciales lo han impulsado hasta el segundo cargo más importante de estado mayor de las fuerzas armadas y a la coordinación de la Gran Misión Abastecimiento Seguro, sin que en ese ascenso hayan hecho peso los –al menos- dos expedientes que se le abrieron por presuntas irregularidades administrativas.

Ese es el nombre del grupo que mantiene las más grandes instalaciones en América Latina para la minería de criptomonedas, según su publicidad. Es parte de un auge del negocio en Venezuela, en el que algunos, no obstante, son más iguales que otros. Es el caso de esta granja, que tras una fachada de innovación y emprendimiento esconde fuertes lazos con el gobierno regional del estado Aragua.

Bolipuertos cedió las operaciones de “ejecución y seguridad” de la descarga de buques graneleros en el puerto más importante del país a Servicios Colonial. Además de haber sido favorecida a dedo, la empresa está relacionada con una de las almacenadoras involucradas en el caso “Pudreval”, donde se pudrieron toneladas de comida adquirida por el Estado, y su dueño y cara visible ha sido socio del cuestionado excomandante de la Armada, Carlos Aniasi Turchio.

Justo en 1999, año de la inauguración de la presidencia de Hugo Chávez, Venezuela alcanzó su récord histórico de producción cafetalera: 95.000 toneladas. Algo más de una década después, el rubro había desaparecido de los mercados y marcas tradicionales dejaron de existir, por quiebra o por estatización, que vino a ser lo mismo. Ahora una cierta reactivación del sector genera exportaciones que, antes que las de petróleo, sortean las sanciones de Estados Unidos, pero solo beneficia a emprendimientos como Grupo Botalón, una iniciativa privada con aroma a negocio favorecido.

Si la llegada de Turkish Airlines a Venezuela, en 2016, fue parte del acercamiento de los regímenes de Nicolás Maduro y Recep Erdogan, en realidad se concretó gracias a la sociedad de un intermediario turco, Saffet Calarkan, con dos leales contratistas del chavismo, los hermanos Khalil. Desde entonces la ruta Caracas-Estambul no solo se desarrolló como un virtual puente aéreo por el que discurren misterios diversos, sino como punta de lanza de nuevos negocios entre los mismos socios.  

Se revela que las únicas visas doradas concedidas por Portugal a venezolanos hasta 2014 -destinadas a inversionistas en inmuebles- fueron compradas con dinero de sobornos del Banco Espirito Santo y Odebrecht para dos altos funcionarios, el ex ministro Haiman El Troudi y un ejecutivo de Pdvsa, Abraham Ortega. En realidad, fueron a dar a venezolanas: las esposas de cada uno de ellos. Desde entonces el banco y Odebrecht cerraron sus puertas; Ortega fue sentenciado en Florida; pero El Troudi se hizo diputado y bloguero.

El primer gran negocio del empresario colombiano en Venezuela no solo dejó muestras de las que serían sus prácticas irregulares del futuro -amaños cambiarios, precios inflados, palancas en el gobierno-, sino que quedó inconcluso. Entregó menos de cuatro de cada 100 viviendas de un proyecto habitacional en el estado Carabobo, que había facturado a precio de oro. El monte, los invasores y el olvido ahora amenazan la obra, iniciada hace una década y abandonada a medio hacer.