La Procuraduría General de la República ya ha advertido que la empresa brasileña no concluyó once obras de gran envergadura para la que fue contratada durante los gobiernos de Hugo Chávez. Pero hasta ahora solo es por el incumplimiento en la construcción de 2.400 viviendas -cotizadas con un exorbitante sobreprecio y proyectadas en un terreno no apto para construir- que la constructora enfrenta a la justicia en Venezuela, país en el que, solo después del propio Brasil, Odebrecht admite que repartió el mayor monto en sobornos.
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Odebrecht está a las puertas de su primer juicio en Venezuela. Una demanda interpuesta por la Compañía Anónima Metro de Caracas contra la empresa brasileña cursa ante el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a cargo de la Magistrada Belinda Paz Calzadilla.
Se trata de la primera y única acción judicial contra la constructora en la trama venezolana del ya célebre escándalo Lava Jato. El litigio presentado por el Metro de Caracas, encargado de ejecutar contratos suscritos entre el Gobierno y la empresa -caída en desgracia en su Brasil natal y en otros países de la región tras revelarse un esquema de pago de sobornos para beneficiarse con jugosos contratos- no guarda relación alguna con la investigación iniciada por la Procuraduría General de la República (PGR), el organismo que hace las veces de abogado del Estado. Este envió un legajo de documentos que reposan en las oficinas de la Fiscalía 55 contra la Corrupción, ahora a cargo de la Fiscal 22 Nacional Aramay Carolina Terán Hidalgo, sin que hasta la fecha alguno de los casos señalados haya llegado a los tribunales venezolanos.
Esto, a pesar de la masiva presencia que Odebrecht tuvo en Venezuela durante al menos tres lustros del régimen bolivariano. La propia empresa admitió ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que en ningún otro país, excepto Brasil, Odebrecht pagó tantos sobornos en el periodo de 2006 a 2015 como en Venezuela: al menos unos 98 millones de dólares en coimas.
Apenas fue este reciente miércoles 7 de agosto cuando se celebró una audiencia judicial de un caso de Odebrecht relativamente desconocido. En esta primera batalla, el resultado fue desfavorable para el demandante: El tribunal ordenó al Metro de Caracas subsanar errores en la demanda, ya que la compañía no determinó ni probó el monto del daño que la gigante de la construcción habría ocasionado al Estado por el incumplimiento en la construcción de 2.400 viviendas a edificar en un terreno ubicado en Mariches, municipio Sucre del estado Miranda (al este de Caracas).
Por su parte, Odebrecht rechazó la acusación alegando que con el anticipo recibido sí ejecutó parte de los compromisos. Al hacer la declaración ante el tribunal, la empresa optó por reservarse las pruebas, las que parecen ser muy necesarias puesto que una visita al sitio donde se levantarían las viviendas muestra, a simple vista, que no hay más que maleza y maquinaria abandonada.
El Estado venezolano, en manos del chavismo desde 1999, no acudió a la justicia por alguno de los once megaproyectos de infraestructura que contrató a la gigante brasileña de ingeniería civil. Curiosamente, sus reflejos solo le han dado para llevar a Odebrecht ante un tribunal por estas casas inexistentes.
La demanda interpuesta por el Metro de Caracas exige el pago de 76,05 millones de dólares (los 50,7 millones de dólares desembolsados como anticipo más 23,35 millones por incumplimiento de obligaciones), además de la cancelación de 854 millones de bolívares (unos 65.000 dólares al cambio de la tasa paralela). La acción judicial fue admitida ante la Sala Político Administrativa del máximo tribunal el 19 de junio de 2018, seis meses después de ser presentada, el 14 de diciembre de 2017.
En la disputa el Metro reclama a la empresa brasileña, y también a Seguros Caroní S.A, -que actuó como afianzadora- el reembolso al Estado del dinero que se entregó en anticipo, debido al incumplimiento de sus obligaciones en el contrato N-MC-4749, destinado a la construcción de 2.400 viviendas en el sector Mariches, en Petare, al este de Caracas. Durante la audiencia, la aseguradora pidió al juzgado que se le excluya de la demanda, dando fe de no haberla recibido por parte de Odebrecht.
El 18 de diciembre de 2012, Haiman El Troudi, entonces presidente del Metro de Caracas, suscribió junto a Euzenando Prazeres de Azevedo, representante de la Constructora Norberto Odebrecht en Venezuela, un contrato para la ejecución y construcción de 25 edificios de doce niveles cada uno, conformado por 2.400 apartamentos, por un monto de 169,4 millones de dólares.
El contrato se firmó por 169 millones de dólares destinados al componente extranjero, más un componente nacional de 1.877 millones de bolívares, equivalente a 437.600 dólares, calculados a una tasa de oficial de 4.289,3 bolívares por dólar.
Según el total, cada vivienda a construirse en el urbanismo, enmarcado en el programa social Misión Vivienda, en Petare, le costaría al Estado 70.599 dólares, equivalentes a poco más de 302 millones de bolívares fuertes. Para entonces, en el municipio Baruta del sureste de Caracas el precio de un apartamento que variaba entre los 62 y 665 metros cuadrados oscilaba entre los 790.000 bolívares hasta 14 millones de bolívares. Mientras en Los Naranjos, una zona acomodada del municipio El Hatillo de Caracas, el precio máximo de una vivienda con similares características era de 18 millones de bolívares fuertes.
El alcance de la inversión prometía la edificación de un complejo habitacional que contaría con 440 apartamentos de 52 metros cuadrados con dos habitaciones y un baño, y 960 de 70 metros cuadrados con tres habitaciones y dos baños.
El complejo residencial, anclado en el corazón de la barriada más grande de América Latina, contaría con un Mercal, una escuela primaria, un preescolar Simoncito, un módulo de salud del tipo Centro de Diagnóstico Integral, áreas socioproductivas, dos canchas deportivas y de usos múltiples, una plaza de encuentro comunal y 200 puestos de estacionamiento, además de paisajismo, vialidad, cloacas, drenajes y cerca perimetral.
El acuerdo avanzó con agilidad. Apenas diez días después de firmado el contrato, la constructora recibió en sus arcas del Citibank en New York el primer anticipo proveniente del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) por 50,7 millones de dólares, y otro para el componente nacional por 563 millones de bolívares, en su cuenta del banco Banesco en Caracas.
Fue al cierre del mismo año en que la constructora donó 35 millones de dólares a la última campaña presidencial del entonces presidente Hugo Chávez, según declaraciones de un asesor de campaña del partido político de Luis Ignacio Lula Da Silva a la Policía Federal de Brasil.
En el documento principal del contrato MC-4749, que reposa en el expediente AA40-A-2018-011 en el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, además se establece, en el tercer apartado dedicado al costo básico de los trabajos, que el precio consolidado del contrato equivaldrá a la cantidad de 2.601.891.700,00 bolívares que, calculados a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV) de 4.289,3, arroja un precio total de 606.000 dólares. Una cantidad irrisoria y con una distancia notoria con respecto a la cifra real, de 169 millones de dólares, que constituye la verdadera base de cálculo de la demanda presentada por el Metro de Caracas y un inexcusable error que compromete seriamente la transparencia del contrato suscrito.
Otra irregularidad que exhibe el documento contractual es que si bien se ofrecían 2.400 viviendas, en el alcance documentado para la obra se enumeran un complejo habitacional que contaría con 440 apartamentos de 52 metros cuadrados, y otros 960 de 70 metros. Es decir, 1.400 viviendas y no las 2.400 que se habían proyectado.
Los vecinos de Brisas de Morichal conocen poco de los detalles de la contratación. Solo saben que la obra sería ejecutada por Odebrecht, la misma empresa que realizaba entonces las obras del Metrocable Mariches – La Dolorita.
Flor María Gordonez vive en la invasión Terrazas de Enmanuel, y cuenta que la empresa ocupó el terreno en 2007 para instalar un campamento cuando inició la construcción del Metrocable: “Ellos vinieron, limpiaron el terreno, pusieron máquinas, camiones para botar basura, y todo eso; a medida del tiempo no sé lo que pasó con Odebrecht, y eso quedó ahí solo y abandonado”, comenta.
Doce años después el Metrocable funciona solo hasta la mitad del tramo inicialmente previsto; los 2.400 apartamentos no existen y lo único que avanzó fue la maleza que engulló el campamento y las promesas.
El terreno, vecino del barrio Brisas del Morichal, está ubicado en una pendiente que ofrece una privilegiada vista al Ávila. Durante mucho tiempo, y antes de ser proyectado como urbanizable, fue empleado – dicen los vecinos – como un relleno sanitario y botadero de escombros. Por esta razón no sería apto para soportar edificios de la envergadura que Odebrecht y Metro de Caracas aspiraron en el contrato que suscribieron en 2012.
Y así lo confirmaron durante la audiencia celebrada el 7 de agosto en el Tribunal Supremo de Justicia, tanto los representantes de la empresa como los del Metro de Caracas. Alegaron que, tras conocer que el terreno no era adecuado para levantar edificios, modificaron el contrato para reducir el proyecto de 2.400 a 400 viviendas. Lo que reveló que ambas compañías firmaron un contrato y giraron recursos sin realizar los estudios de suelo previos, indispensables para la planificación, diseño y ejecución de un proyecto de toda construcción.
“Esto está en pañales” declaró Marisol Oramas, jueza de paz de la Alcaldía del Municipio Sucre, quien intervino en el caso en respuesta a los reclamos que los vecinos del sector hicieron al alcalde, José Vicente Rangel Ávalos, durante un acto de entrega de autobuses en marzo de este año en el sector Filas de Mariche.
En medio de una asamblea vecinal en los espacios de la Casa Bolivariana La Fortaleza en Petare, días previos a la audiencia, Oramas confirmó que Odebrecht no realizó ningún estudio de suelo en el terreno, estudio que hoy requieren que para avanzar en la elaboración de un nuevo proyecto, ahora un poco más modesto. La aspiración es construir 160 viviendas de 72 metros cuadrados, que comprenderán la primera etapa de un nuevo desarrollo habitacional.
“Sabemos que el alcalde o la alcaldía no tienen dinero, pero estamos intentando impulsar una actividad de autogestión, se han tenido reuniones constantes con la comunidad, apostando a hacer un estudio de suelo para conocer si el terreno está apto para construir casas. Estamos en un periodo de investigación, apenas estamos gateando”.
La abogada dijo conocer que “la empresa fue expropiada por el Estado por la situación del país, situación de fondos, no sabemos más allá, solo sabemos que hubo una expropiación. Ellos se tienen que legalizar y organizar como comunidad, la alcaldía les dijo claramente que no hay fondos, que este proyecto puede llegar a término solo por autogestión”.
Mientras la investigación Lava Jato -que destapó el sistema de sobornos y trampas contractuales de Odebrecht, iniciada en Brasil- movía los cimientos de la política en América Latina, en Venezuela reinaba el silencio. No fue sino hasta el 5 de febrero de 2017 que Nicolás Maduro ordenó a su vicepresidente Tareck el Aissami, “buscar todo lo que está mal hecho” en los contratos y obras ejecutadas por la brasileña. Lo dijo desde las vías férreas del Metro Guarenas-Guatire, otra promesa que quedó a la mitad.
Un año después, en transmisión por el canal estatal VTV, el mandatario venezolano advirtió nuevamente: "En donde haya obras inconclusas yo se las voy a entregar a los gobernadores y gobernadoras del país para que terminemos todas las obras que tenía Odebrecht en Venezuela”.
"Odebrecht entró en barranco y yo quería establecer un acuerdo para que ellos terminaran sus obras pero, bueno, ellos continúan en su barranco en Brasil, hundiéndose cada vez más", dijo. Pero, dos años después, la empresa brasileña continúa figurando como la contratista oficial de todas esas obras en Venezuela. No hubo traspaso, ni avance en las obras.
La empresa continúa operando con un personal mínimo en los espacios de los patios de la inconclusa línea 5 del Metro de Caracas, muy cerca de la estación Miranda en Parque del Este, desde donde despacha su actual presidente, Carlos Nostre, a quien se intentó contactar en varias oportunidades para este trabajo. El campamento luce desierto. Un vigilante distraído permitió el paso al impecable y vacío interior. Junto a él, una amable secretaria acudió a su superior pero nunca hubo respuesta efectiva sobre la disposición de los directivos.
El mismo escenario de desolación se percibió durante una de las tres visitas de la reportera de Armando.Info a la oficina comercial de Odebrecht, ubicada en la Torre Humboldt al sureste de Caracas. En el piso 13, ocupado en su totalidad por la empresa, una secretaria también se comprometió a canalizar la solicitud de entrevista. La visita, breve de por sí, fue interrumpida por un corte del servicio eléctrico que afectó a varios sectores de Caracas, incluyendo a las oficinas del gigante que, por cierto, estuvo en el consorcio encargado de la construcción de la central hidroeléctrica de Tocoma, al sur del país, jamás concluida y llamada a prevenir buena parte de la crisis eléctrica que se le avecinaba a Venezuela, y que al fin llegó.
Un recorrido por algunas de las construcciones permitió confirmar que se encuentran totalmente paralizadas, y que apenas cuentan con personal de vigilancia y supervisores que las recorren al menos una vez a la semana. La planta de anillado de Guarenas-Guatire quedó como un cementerio de autobuses del Metro de Caracas. Mientras en los patios de la línea 5, estación Las Mercedes, funciona una empresa de cemento y un taller mecánico que antes ofreció servicios a la compañía.
Gerson Hernández, presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción, quien estuvo muy activo luego de las declaraciones de Maduro sobre la transferencia de las obras a empresas venezolanas, señaló que, tras los anuncios, miembros del gremio que representa manifestaron su interés por participar e incluso instalaron mesas de trabajo, pero nada de eso prosperó. Menciona como principal obstáculo la inflación: “Para retomar esas obras se requiere necesariamente de una alianza estratégica e inversión extranjera, porque dado el escenario económico actual, se hace casi imposible elaborar un presupuesto, la inflación te modifica cualquier presupuesto en cuestión de horas”.
Por su parte Mauricio Brim, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, aseguró que el gremio que representa no ha sido llamado por el gobierno a participar en conversación alguna sobre una posible transferencia de las obras a empresas nacionales: “El único conocimiento que tenemos es público, todos lo conocemos, pero más allá de eso, nada, oficialmente no hemos sido llamados por el gobierno”.
La organización civil Transparencia Venezuela detalla en uno de sus informes que el finiquito de cada contrato exige acciones contundentes por parte de la justicia venezolana y disposición a clarificar los procesos. “Es necesario resolver los acuerdos con los proveedores, revisar la situación del personal, llevar a cabo evaluaciones de ingeniería forense y realizar el cierre financiero, lo que supone confrontar diferencias entre el avance físico y los pagos realizados”. Pero sobre todo el Estado venezolano tiene que negociar el cierre de los contratos y cobrar las indemnizaciones y nada de esto se puede hacer hasta tanto no exista una acción judicial resultado de un juicio.
El pase directo al único juicio que enfrentará la brasileña en Venezuela es solo por el incumplimiento en la construcción de las viviendas ofrecidas a los vecinos de Brisas de Morichal. Para la comunidad el fraude es colosal, pero en realidad es muy pequeño si se toman en cuenta las once grandes obras de infraestructura, sin concluir, y los más de 40 contratos suscritos con Odebrecht en el marco del memorándum de entendimiento pactado en abril del 2007 entre Brasil y Venezuela.
La compañía brasileña acaparó durante años los monumentales contratos para obras de infraestructura que debían convertir a Venezuela en una potencia. Pero los delirios de Chávez dieron paso a la realidad del país, una vez más. Tras el colapso del emporio entre escándalos internacionales de corrupción, y su retirada consiguiente, los campamentos del área metropolitana donde antes estuvieron a resguardo las maquinarias, materiales y el personal de esos proyectos -sobre todo de trenes de cercanía, en los que se invirtieron miles de millones de dólares- se convirtieron en escombreras y baldíos prestos para las pobladas invasoras. Un cuartel de policía y un huerto de ajíes son algunos de los reciclajes improvisados que florecieron en su lugar.
Una serie de empresas de fachada en Países Bajos, registradas a nombre de un empresario claramente identificado pero que permanece en libertad, suscribieron contratos con Odebrecht que cubrían el desvío de fondos, destinados oficialmente a obras de infraestructura en Venezuela, para el pago presunto a 'funcionarios y políticos extranjeros', como estableció hace tiempo la fiscalía holandesa. Ahora surgen en alertas del Deutsche Bank al Departamento del Tesoro estadounidense las evidencias de transferencias de millones de dólares a una de ellas.
La Línea 5 del Metro, el Metro Guarenas-Guatire, la Línea 2 del Metro de Los Teques y el Cabletrén de Petare: todos esos proyectos de infraestructura quedaron a medio hacer. Pero tan temprano como 2014, solo ese año y en conexión con las obras del subterráneo capitalino, la constructora brasileña canalizó coimas por 34 millones de dólares. Los registros de estos pagos se encuentran en la base de datos secreta de Odebrecht, Drousys, a la que ahora se tiene acceso por primera vez gracias a una filtración obtenida por el ICIJ de Washington DC. El rastro del dinero fluye por empresas offshore de venezolanos y llega hasta el entorno del ex ministro Haiman El Troudi.
Dos empresarios de Perú, Yosef Maiman y Sabih Saylan, participaron como intermediarios en los pagos irregulares de Odebrecht, a través de estructuras offshore, al expresidente de ese país. Los mismos figuran en una trama de ´shell companies’ construida por Mossack Fonseca para participar como accionistas de la operadora privada de TV por cable y telefonía en Venezuela, Inter, y de la que el propio bufete panameño llegó a sospechar que era usada para lavar dinero. Mientras, otra firma del grupo contrataba obras con el Estado chavista.
Más allá de los nombres de figuras políticas y funcionarios del Estado involucrados, la trama de corrupción desplegada por la constructora brasileña en Venezuela puso en circulación cantidades descomunales de dinero en pagos irregulares. En bancos suizos se ha detectado el tránsito de al menos 235 millones de dólares, en su mayoría de coimas vinculadas al proyecto hidroeléctrico Tocoma, que luego de nutrir las cuentas de intermediarios llegaron a destino. Por ahora las investigaciones determinan que la capilaridad por la que fluyeron los fondos conducía a mercaderes de arte, patriarcas de dinastías de la ingeniería civil y hasta gerentes deportivos.
Euzenando Azevedo tuvo puertas abiertas con Chávez en el Palacio de Miraflores y a la vez línea directa con el CEO Marcelo Odebrecht. Luego se convirtió en testigo clave en el desfile de las delaciones premiadas del caso Lava Jato. Entre tantos privilegios, sin embargo, su testimonio se quedó corto: de las cosas que dejó de contar resaltan unas cuentas bancarias en Suiza que revelan que guardó dinero con uno de los mismos comisionistas a los que había delatado, el abogado venezolano Héctor Dáger
El Ministerio de la Defensa contrató en 2014 el ‘overhaul’ de tres helicópteros del Ejército con un proveedor de Florida. Transportados por un avión Antonov, fueron a dar a Suiza. Una década y 17 millones de dólares después, las aeronaves no han regresado. En la fallida operación se combinan incumplimientos del contratista y omisiones de altos oficiales venezolanos.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
