Cobró mucho y ejecutó menos. Más de la mitad de los contratos suscritos por Odebrecht con el Estado venezolano no se llevaron a cabo. Ese país rutilante que en mapas el comandante Chávez dibujaba durante sus transmisiones en cadena, sembrado de puentes ultramodernos, vías férreas y represas, cuya construcción confió sin concurso a la compañía favorita de su aliado Lula da Silva, quedó para el ensueño. Aunque sus costos sí fueron reales. Un inventario de los 32 proyectos que la corporación líder del esquema de Lava Jato tomó en Venezuela, de los que 17 quedaron en deuda, permite comprobar el colosal incumplimiento.
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La compañía brasileña Odebrecht -liquidada ya en su país de origen para pasar a llamarse Novonor- acaparó contratos para ejecutar en Venezuela durante al menos una década. Exactamente, 32 proyectos de gran envergadura, en su mayoría de infraestructura, fueron entregados a dedo con sus respectivos contratos, sin pasar por algún proceso de licitación o evaluación más allá de la “bendición” de la poderosa dupla que conformaban hace una década el presidente venezolano Hugo Chávez y su par de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva.
El destape del caso Lava Jato dejó claro que Odebrecht estableció un esquema de pago de sobornos para la obtención de contratos que se repitió en al menos doce países. Pero además de esa irregularidad, en Venezuela -a diferencia de los otros- las obras sufrieron retrasos considerables y 17 de ellas no fueron concluidas, con lo que quedaron en el limbo miles de millones de dólares asignados a su ejecución y cuyo total hoy resulta casi imposibles de precisar.
El 11 de septiembre de 2019, el ministro de Transporte Terrestre venezolano, Hipólito Abreu, tomó por sorpresa las oficinas desde donde Odebrecht centralizaba la operación técnica en Caracas y anunció que los contratos que quedaron sin ejecutar pasarán a manos del ministerio por instrucciones del Presidente de la República, Nicolás Maduro. Un lance que pretendió retomar, con la asignación de unos pocos millones de dólares, la reactivación de los proyectos que quedaron como elefantes blancos regados por todo el país.
Aseguró que ese mismo día estaban siendo ocupados otros 56 campamentos de la compañía, pero un año y ocho meses después todo apunta a que fue una nueva maniobra de propaganda revolucionaria. Mientras, las ruinas modernas de Odebrecht siguen esperando una reactivación cada vez más improbable.
La historia del que iba a ser el segundo puente sobre el Lago de Maracaibo no es una oda a la ingeniería, sino una trama de sobreprecios, pagos fingidos y malabares cambiarios que desembocó en una obra inconclusa: solo quedan un terraplén y escasos pilotes después de 15 años desde su inicio y de cientos de millones de dólares invertidos. El documento de un contrato entre Odebrecht y uno de sus proveedores, una dudosa compañía en los Países Bajos, recientemente filtrado, permite echar un vistazo a una muestra en pequeño de las prácticas que a la larga conformaron un fraude monumental y otra promesa incumplida del chavismo.
La compañía brasileña acaparó durante años los monumentales contratos para obras de infraestructura que debían convertir a Venezuela en una potencia. Pero los delirios de Chávez dieron paso a la realidad del país, una vez más. Tras el colapso del emporio entre escándalos internacionales de corrupción, y su retirada consiguiente, los campamentos del área metropolitana donde antes estuvieron a resguardo las maquinarias, materiales y el personal de esos proyectos -sobre todo de trenes de cercanía, en los que se invirtieron miles de millones de dólares- se convirtieron en escombreras y baldíos prestos para las pobladas invasoras. Un cuartel de policía y un huerto de ajíes son algunos de los reciclajes improvisados que florecieron en su lugar.
Una serie de empresas de fachada en Países Bajos, registradas a nombre de un empresario claramente identificado pero que permanece en libertad, suscribieron contratos con Odebrecht que cubrían el desvío de fondos, destinados oficialmente a obras de infraestructura en Venezuela, para el pago presunto a 'funcionarios y políticos extranjeros', como estableció hace tiempo la fiscalía holandesa. Ahora surgen en alertas del Deutsche Bank al Departamento del Tesoro estadounidense las evidencias de transferencias de millones de dólares a una de ellas.
Más allá de los nombres de figuras políticas y funcionarios del Estado involucrados, la trama de corrupción desplegada por la constructora brasileña en Venezuela puso en circulación cantidades descomunales de dinero en pagos irregulares. En bancos suizos se ha detectado el tránsito de al menos 235 millones de dólares, en su mayoría de coimas vinculadas al proyecto hidroeléctrico Tocoma, que luego de nutrir las cuentas de intermediarios llegaron a destino. Por ahora las investigaciones determinan que la capilaridad por la que fluyeron los fondos conducía a mercaderes de arte, patriarcas de dinastías de la ingeniería civil y hasta gerentes deportivos.
Hoy exhiben tímidos perfiles empresariales, pero en la investigación de la Fiscalía de Portugal sobre la caída del Banco Espírito Santo se detallan los movimientos de un antiguo lugarteniente de Hugo Chávez, el exministro Alcides Rondón Rivero y su abogado y asesor, Carlos Caripe Ruiz, quienes formaron parte de la red de funcionarios que apoyó el flujo de dinero venezolano al banco en apuros y, según el documento judicial, recibieron poco más de 800.000 dólares por los favores recibidos.
Desde hace una década, Julio César Sequera Rojas ha sido favorecido con negocios millonarios que le otorgaron altos oficiales de la Fuerza Armada, incluyendo recomendaciones del ministro Vladimir Padrino y del mayor general Alejandro José Guevara Hernández. A empresas relacionadas con este último han ido a parar algunos pagos tras contrataciones con errores formales y omisiones inexplicables, como la desaparición de dos helicópteros.
A Jorge Silva la suerte le sonríe desde hace más de una década, cuando el sargento de la GNB y funcionario del Seniat empezó su consagración como magnate de la agroindustria. Aún así, 2024 le está resultando especialmente dichoso: pidió la mano a una exMiss Venezuela, se casó con ella y espera su primer hijo. También siguió con el engorde de sus negocios, que ahora pastan en campos petroleros. Pero nada de esto habría sido posible sin conexiones privilegiadas, que incluyen a Diosdado Cabello y a la pareja del exministro Pedro Morejón.
De la abnegación e idealismo que se les supone a los defensores públicos ya quedaba poco; pero, después del 28 de julio, eso se extinguió. Entonces pasaron a ser parte de un tubo judicial al servicio del régimen de Nicolás Maduro. A fin de castigar a quienes protestaron el fraude electoral, no han tenido pudor alguno en llevar con desgano cómplice la representación, impuesta, de sus presuntos defendidos. También coaccionan para grabar videos de denuncia contra la oposición, no informan de sus acciones, cuando las hay, y hasta se inhiben de apelar las decisiones de los tribunales chavistas.
El coronel Elías Plasencia Mondragón marca varias casillas del funcionario ejemplar de la autodenominada Revolución Bolivariana: militar, dispuesto a llevar decenas de casos de presos políticos, y empresario tras bambalinas con vínculos privilegiados al poder. Uno de ellos es con Luis Daniel Ramírez, un exfuncionario del ente comicial, hoy contratista, que ha intentado borrar sus rastros en Internet pero que no consigue hacer lo mismo con los lazos que le unen al “cerebro técnico” y rector de esa institución, Carlos Quintero.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.