Cobró mucho y ejecutó menos. Más de la mitad de los contratos suscritos por Odebrecht con el Estado venezolano no se llevaron a cabo. Ese país rutilante que en mapas el comandante Chávez dibujaba durante sus transmisiones en cadena, sembrado de puentes ultramodernos, vías férreas y represas, cuya construcción confió sin concurso a la compañía favorita de su aliado Lula da Silva, quedó para el ensueño. Aunque sus costos sí fueron reales. Un inventario de los 32 proyectos que la corporación líder del esquema de Lava Jato tomó en Venezuela, de los que 17 quedaron en deuda, permite comprobar el colosal incumplimiento.
La compañía brasileña Odebrecht -liquidada ya en su país de origen para pasar a llamarse Novonor- acaparó contratos para ejecutar en Venezuela durante al menos una década. Exactamente, 32 proyectos de gran envergadura, en su mayoría de infraestructura, fueron entregados a dedo con sus respectivos contratos, sin pasar por algún proceso de licitación o evaluación más allá de la “bendición” de la poderosa dupla que conformaban hace una década el presidente venezolano Hugo Chávez y su par de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva.
El destape del caso Lava Jato dejó claro que Odebrecht estableció un esquema de pago de sobornos para la obtención de contratos que se repitió en al menos doce países. Pero además de esa irregularidad, en Venezuela -a diferencia de los otros- las obras sufrieron retrasos considerables y 17 de ellas no fueron concluidas, con lo que quedaron en el limbo miles de millones de dólares asignados a su ejecución y cuyo total hoy resulta casi imposibles de precisar.
El 11 de septiembre de 2019, el ministro de Transporte Terrestre venezolano, Hipólito Abreu, tomó por sorpresa las oficinas desde donde Odebrecht centralizaba la operación técnica en Caracas y anunció que los contratos que quedaron sin ejecutar pasarán a manos del ministerio por instrucciones del Presidente de la República, Nicolás Maduro. Un lance que pretendió retomar, con la asignación de unos pocos millones de dólares, la reactivación de los proyectos que quedaron como elefantes blancos regados por todo el país.
Aseguró que ese mismo día estaban siendo ocupados otros 56 campamentos de la compañía, pero un año y ocho meses después todo apunta a que fue una nueva maniobra de propaganda revolucionaria. Mientras, las ruinas modernas de Odebrecht siguen esperando una reactivación cada vez más improbable.
La historia del que iba a ser el segundo puente sobre el Lago de Maracaibo no es una oda a la ingeniería, sino una trama de sobreprecios, pagos fingidos y malabares cambiarios que desembocó en una obra inconclusa: solo quedan un terraplén y escasos pilotes después de 15 años desde su inicio y de cientos de millones de dólares invertidos. El documento de un contrato entre Odebrecht y uno de sus proveedores, una dudosa compañía en los Países Bajos, recientemente filtrado, permite echar un vistazo a una muestra en pequeño de las prácticas que a la larga conformaron un fraude monumental y otra promesa incumplida del chavismo.
La compañía brasileña acaparó durante años los monumentales contratos para obras de infraestructura que debían convertir a Venezuela en una potencia. Pero los delirios de Chávez dieron paso a la realidad del país, una vez más. Tras el colapso del emporio entre escándalos internacionales de corrupción, y su retirada consiguiente, los campamentos del área metropolitana donde antes estuvieron a resguardo las maquinarias, materiales y el personal de esos proyectos -sobre todo de trenes de cercanía, en los que se invirtieron miles de millones de dólares- se convirtieron en escombreras y baldíos prestos para las pobladas invasoras. Un cuartel de policía y un huerto de ajíes son algunos de los reciclajes improvisados que florecieron en su lugar.
Una serie de empresas de fachada en Países Bajos, registradas a nombre de un empresario claramente identificado pero que permanece en libertad, suscribieron contratos con Odebrecht que cubrían el desvío de fondos, destinados oficialmente a obras de infraestructura en Venezuela, para el pago presunto a 'funcionarios y políticos extranjeros', como estableció hace tiempo la fiscalía holandesa. Ahora surgen en alertas del Deutsche Bank al Departamento del Tesoro estadounidense las evidencias de transferencias de millones de dólares a una de ellas.
Más allá de los nombres de figuras políticas y funcionarios del Estado involucrados, la trama de corrupción desplegada por la constructora brasileña en Venezuela puso en circulación cantidades descomunales de dinero en pagos irregulares. En bancos suizos se ha detectado el tránsito de al menos 235 millones de dólares, en su mayoría de coimas vinculadas al proyecto hidroeléctrico Tocoma, que luego de nutrir las cuentas de intermediarios llegaron a destino. Por ahora las investigaciones determinan que la capilaridad por la que fluyeron los fondos conducía a mercaderes de arte, patriarcas de dinastías de la ingeniería civil y hasta gerentes deportivos.
Con la entrada al corro bursátil caraqueño de Corporación Berakah, el joven Julio Mendoza Delgado corona su éxito casi instantáneo en la actividad minera de Guayana. Claro: solo si por éxito se entiende la incorporación de empresas fantasmas con sedes intangibles, la puesta en marcha de una procesadora de arenas auríferas sin casi ninguna factibilidad económica que no hace más que demandar nuevas inversiones, y la obtención de unos cuantos contratos estatales. Según coinciden expertos consultados, el oro no es precisamente lo que acá brilla.
Tras el escándalo en la Alcaldía de Baruta por un presunto esquema de sobornos para conceder permisos de construcción, un conflicto vecinal alrededor del polideportivo de una urbanización del sureste caraqueño dejó en evidencia una red de amistades y parentescos picados por la fiebre del pádel. Los funcionarios del ayuntamiento no vacilaron en privatizar ese espacio público en favor de la peña de aficionados, relacionados no solo con el alcalde Darwin González sino también con su mentor, David Uzcátegui.
Pocos se acuerdan de este pueblo, un lugar ahora casi desierto aunque inmortalizado por un documental, cuyos habitantes fueron condenados a migrar o morir de mengua por una catástrofe ambiental. Es un olvido cruel y que condena a repetir la tragedia, pues las mismas circunstancias que produjeron ese abandono se repiten en otros asentamientos palafíticos del sur del Lago de Maracaibo: desidia, contaminación, pobreza y falta de protección del Estado.
Los zoocriaderos gozan en Venezuela del mismo estatus que los zoológicos y los acuarios y son cruciales para el rescate y la conservación de fauna silvestre. Pero estos establecimientos podrían estar sirviendo para el tráfico ilícito de animales, algunos de ellos vulnerables a la extinción. Un caso prominente es el de Inversiones Alazán GAC C.A, aliada al Ministerio de Ecosocialismo, que, pregonando el conservacionismo, comercializa fuera del país un abultado número de especies, incluyendo guacamayas, rey zamuros y osos hormigueros.
La acusación del Ministerio Público por corrupción en Pdvsa involucra a dos exfuncionarios del gobierno municipal en la recepción de al menos 15 pagos que totalizaron medio millón de dólares. Estos desembolsos serían “sobornos” para la obtención de permisos de construcción. La movida ha servido también para que los poderosos hermanos Jorge y Delcy Rodríguez activen sus fichas dentro de una de las principales alcaldías de la oposición en medio del silencio del alcalde Darwin González.
Que esta novena histórica del béisbol profesional no haya conseguido títulos desde hace más de 30 años no disuade al empresario naviero Wilmer Ruperti en su empeño por convertirse en su nuevo dueño. Pero sus esfuerzos han tropezado con un obstáculo difícil de sortear: la demanda que otro empresario naviero y contratista del Estado interpuso contra Francisco Arocha, uno de los dos propietarios del equipo.
