Cobró mucho y ejecutó menos. Más de la mitad de los contratos suscritos por Odebrecht con el Estado venezolano no se llevaron a cabo. Ese país rutilante que en mapas el comandante Chávez dibujaba durante sus transmisiones en cadena, sembrado de puentes ultramodernos, vías férreas y represas, cuya construcción confió sin concurso a la compañía favorita de su aliado Lula da Silva, quedó para el ensueño. Aunque sus costos sí fueron reales. Un inventario de los 32 proyectos que la corporación líder del esquema de Lava Jato tomó en Venezuela, de los que 17 quedaron en deuda, permite comprobar el colosal incumplimiento.
Impidamos que el país se convierta en un desierto informativo.
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La compañía brasileña Odebrecht -liquidada ya en su país de origen para pasar a llamarse Novonor- acaparó contratos para ejecutar en Venezuela durante al menos una década. Exactamente, 32 proyectos de gran envergadura, en su mayoría de infraestructura, fueron entregados a dedo con sus respectivos contratos, sin pasar por algún proceso de licitación o evaluación más allá de la “bendición” de la poderosa dupla que conformaban hace una década el presidente venezolano Hugo Chávez y su par de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva.
El destape del caso Lava Jato dejó claro que Odebrecht estableció un esquema de pago de sobornos para la obtención de contratos que se repitió en al menos doce países. Pero además de esa irregularidad, en Venezuela -a diferencia de los otros- las obras sufrieron retrasos considerables y 17 de ellas no fueron concluidas, con lo que quedaron en el limbo miles de millones de dólares asignados a su ejecución y cuyo total hoy resulta casi imposibles de precisar.
El 11 de septiembre de 2019, el ministro de Transporte Terrestre venezolano, Hipólito Abreu, tomó por sorpresa las oficinas desde donde Odebrecht centralizaba la operación técnica en Caracas y anunció que los contratos que quedaron sin ejecutar pasarán a manos del ministerio por instrucciones del Presidente de la República, Nicolás Maduro. Un lance que pretendió retomar, con la asignación de unos pocos millones de dólares, la reactivación de los proyectos que quedaron como elefantes blancos regados por todo el país.
Aseguró que ese mismo día estaban siendo ocupados otros 56 campamentos de la compañía, pero un año y ocho meses después todo apunta a que fue una nueva maniobra de propaganda revolucionaria. Mientras, las ruinas modernas de Odebrecht siguen esperando una reactivación cada vez más improbable.
La historia del que iba a ser el segundo puente sobre el Lago de Maracaibo no es una oda a la ingeniería, sino una trama de sobreprecios, pagos fingidos y malabares cambiarios que desembocó en una obra inconclusa: solo quedan un terraplén y escasos pilotes después de 15 años desde su inicio y de cientos de millones de dólares invertidos. El documento de un contrato entre Odebrecht y uno de sus proveedores, una dudosa compañía en los Países Bajos, recientemente filtrado, permite echar un vistazo a una muestra en pequeño de las prácticas que a la larga conformaron un fraude monumental y otra promesa incumplida del chavismo.
La compañía brasileña acaparó durante años los monumentales contratos para obras de infraestructura que debían convertir a Venezuela en una potencia. Pero los delirios de Chávez dieron paso a la realidad del país, una vez más. Tras el colapso del emporio entre escándalos internacionales de corrupción, y su retirada consiguiente, los campamentos del área metropolitana donde antes estuvieron a resguardo las maquinarias, materiales y el personal de esos proyectos -sobre todo de trenes de cercanía, en los que se invirtieron miles de millones de dólares- se convirtieron en escombreras y baldíos prestos para las pobladas invasoras. Un cuartel de policía y un huerto de ajíes son algunos de los reciclajes improvisados que florecieron en su lugar.
Una serie de empresas de fachada en Países Bajos, registradas a nombre de un empresario claramente identificado pero que permanece en libertad, suscribieron contratos con Odebrecht que cubrían el desvío de fondos, destinados oficialmente a obras de infraestructura en Venezuela, para el pago presunto a 'funcionarios y políticos extranjeros', como estableció hace tiempo la fiscalía holandesa. Ahora surgen en alertas del Deutsche Bank al Departamento del Tesoro estadounidense las evidencias de transferencias de millones de dólares a una de ellas.
Más allá de los nombres de figuras políticas y funcionarios del Estado involucrados, la trama de corrupción desplegada por la constructora brasileña en Venezuela puso en circulación cantidades descomunales de dinero en pagos irregulares. En bancos suizos se ha detectado el tránsito de al menos 235 millones de dólares, en su mayoría de coimas vinculadas al proyecto hidroeléctrico Tocoma, que luego de nutrir las cuentas de intermediarios llegaron a destino. Por ahora las investigaciones determinan que la capilaridad por la que fluyeron los fondos conducía a mercaderes de arte, patriarcas de dinastías de la ingeniería civil y hasta gerentes deportivos.
La operación militar estadounidense del 3 de enero dejó una baja inesperada: la continuidad de los Contratos de Participación Productiva (CPP) otorgados entre 2024 y 2025 por la actual Presidenta Encargada, entonces Ministra del Petróleo. Aunque ya se conocen concesiones ligadas al magnate Harry Sargeant III y al entorno del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, la mayoría de los beneficiarios son empresas pequeñas, poco conocidas y con vínculos previos con el Estado chavista, que quedaron bajo la amenaza de la toma del petróleo venezolano que Donald Trump patrocina.
Mientras se desempeñaba como Ministra de Petróleo de Nicolás Maduro, la flamante Presidente Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, repartió campos petroleros bajo la figura de los Contratos de Participación Productiva (CPP). Entre los favorecidos de la piñata estuvo una oscura empresa registrada en España, sin experiencia en actividades de producción de hidrocarburos, propiedad en los papeles de un ciudadano ecuatoriano que se vincula al entorno del expresidente Rafael Correa.
Con apenas 32 años de edad y una formación académica exigua, Alejandra Romero Castillo ya es titular del Tribunal Tercero de Juicio contra el Terrorismo, una posición clave en las prácticas del régimen para reprimir e intimidar a la oposición democrática. Ser hija de un militar chavista y su disposición a impartir castigos con severidad revolucionaria le sirven como únicas credenciales para imponer recientemente la pena máxima al yerno de Edmundo González Urrutia y conducir causas destacadas de prisioneros políticos.
El extrañamiento fue el destino que debieron adoptar unos 408 activistas, según comprobó esta cobertura, tras sufrir la represión que siguió al fraude electoral de julio de 2024. Año y medio después, el desarraigo se extiende más de lo esperado y la subsistencia se les vuelve una batalla diaria, a la que suman su militancia remota por Venezuela. Aunque escaparon de peligros inminentes, muchos comprueban que la distancia no los separa del todo ni del riesgo ni de las memorias que les acosan.
Un accidente aéreo hace dos meses en Maiquetía expuso una red de influencias tejida por el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano -uno de los sobrevivientes del avión siniestrado- que involucra a las cúpulas de los regímenes de Cuba y Venezuela. La bitácora de la aeronave muestra numerosos vuelos entre el istmo, Caracas y La Habana, y que en algunos de ellos viajó un nieto de Raúl Castro. Y hasta un empleado suyo fue nombrado embajador de Panamá ante el castrismo.
El régimen de Nicolás Maduro pretende ganar simpatías con una campaña para reverdecer los laureles que, en su época dorada, cosechó el baloncesto venezolano. Pero ese propósito, en su ejecución actual a través de la llamada Superliga, arrastra una tara de nacimiento: el campeonato mismo y, al menos, dos de sus equipos, están vinculados a jerarcas de los organismos de represión, mientras muchos juegos se disputan sobre la cima de El Helicoide, el tenebroso centro de reclusión y torturas en Caracas.
