No tiene capo, pero es manejado por la alta oficialidad de la Fuerza Armada Nacional. Hace poco ruido, pero tiene aliados tan poderosos como el Cártel de Sinaloa y el ELN. Su estructura es difusa, a veces se le tiene por una leyenda, pero existe, y es capaz de trasegar hasta 350 toneladas de cocaína al año. Entre ríos, fincas y avionetas, en Venezuela sigue traficando el Cártel de los Soles, como lo establecen las acusaciones de la justicia estadounidense a las que ahora respaldan decenas de documentos de la Fiscalía colombiana.
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La muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013 no marcó la desaparición o el debilitamiento del llamado Cártel de los Soles, sostenido por el andamio operacional de la Fuerza Armada Bolivariana, a la que el comandante revolucionario lideró por 14 años. Era de esperar que, al dejar a un civil en la Presidencia, la actividad de ese grupo disminuiría o cesaría, pero con Nicolás Maduro ha cobrado nuevos bríos en la forma de una federación de organizaciones dedicadas al narcotráfico en Venezuela que hoy está en pleno auge.
En 2020 el Departamento de Justicia estadounidense presentó acusaciones contra altos dirigentes del régimen de Maduro por dirigir el mencionado grupo que, a pesar de su nombre, no funciona como un cártel en sentido estricto. Se trata de una estructura criminal difusa, puesta al servicio de cárteles extranjeros de la droga -especialmente, mexicanos-, pero apoyada en el Estado venezolano, especialmente por los militares que tienen el control estratégico del territorio. Ellos manejan el tráfico de drogas como un negocio privado y responden no a uno, sino a varios comandantes o jefes de zonas. Otros actores del poder público local y judicial también participan, además de numerosos testaferros y operadores privados.
Ahora, una masiva filtración de documentos, complementada con otros informes y decenas de entrevistas, expone y actualiza el funcionamiento interno de este peculiar cártel, disipando las afirmaciones de que no existe y de que, en realidad, las acusaciones que se le formularon habrían sido meras fabricaciones de naturaleza política.
Se trata de informaciones recabadas a partir de NarcoFiles: el nuevo orden criminal, una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado global, liderada por el Proyecto de Reportería del Crimen Organizado y la Corrupción (Occrp, por sus siglas en inglés), con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), a partir de una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de Colombia compartida con Armando.info y más de 40 medios de comunicación en todo el mundo.
Los documentos permiten corroborar que el gobierno de Colombia, por lo menos hasta mediados de 2022, consideraba al Cártel de los Soles como una “amenaza activa” que actuaba en llave con cárteles mexicanos y grupos armados colombianos para el tráfico de cocaína que, solo en la zona del río Catatumbo -área limítrofe binacional, al oeste de Venezuela y al noreste de Colombia-, generaba ganancias de hasta 5.900 millones de dólares al año. El del Catatumbo es uno de los tres “ejes de operaciones” que sustentan las rutas del cártel en Venezuela y que, según varios informes, mueve entre 250 y 350 toneladas de drogas al año.
Si bien el relato convencional hasta ahora difundido sobre la agrupación señala que, en tiempos de Hugo Chávez, el Cártel de los Soles sostuvo una alianza con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para facilitar las operaciones de tráfico de drogas, varios informes elaborados por militares colombianos desde 2019 y hasta 2022 -cuando la mayoría de ese grupo subversivo ya se había desmovilizado- detectaron que este cártel expandió y diversificó sus alianzas con facciones disidentes de esa guerrilla que se mantuvieron en armas, así como con el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con bandas del crimen organizado. Específicamente, un documento de 2019 apuntó que el cártel venezolano había establecido relaciones directas con el Frente Acacio Medina (disidencia de las FARC), y con los frentes o divisiones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) Compañía Maisanta, José Daniel Pérez Carrero, Luis Enrique León Guerra y el 33, además del grupo delictivo Los Rastrojos.
El modus operandi del tráfico hacia Venezuela comienza con la producción de hoja de coca, que ocurre sobre todo en el Catatumbo colombiano, cuya “condición fronteriza (...) le permite ser epicentro del tráfico internacional de estupefacientes hacia Venezuela”, señala un informe de 2022. Fuentes cercanas a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en Colombia señalan para este reportaje que la gran mayoría, si no la totalidad, del producto de las 42.000 hectáreas de hojas de coca sembradas en esa zona limítrofe con el estado Zulia llegan a Venezuela a través de los ríos Catatumbo, Zulia y Tarra, tras ser procesadas y convertidas en pasta o en polvo de cocaína en las adyacencias de poblaciones colombianas como Ocaña, La Gabarra y Tibú.
Ese volumen es masivo si se tiene en cuenta que cada hectárea de hoja de coca cosechada tiene un rendimiento medio de 7,9 kilogramos de cocaína en polvo, según las cifras que señala un informe sobre Colombia publicado en octubre reciente por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd). El cálculo cruzado entre superficie cultivada y rendimiento por hectárea sugiere que el año pasado, por ejemplo, hasta 300 toneladas de cocaína estuvieron disponibles para ser enviadas desde el alto Catatumbo, en el departamento colombiano de Norte de Santander, al estado Zulia en Venezuela. Pero los expertos se apresuran a señalar esta cifra de parcial y conservadora, pues corresponde solo al primero y principal de los tres “teatros” o rutas de tráfico binacional, que representaría 60% de la droga que entra en Venezuela.
Una vez que la droga está en territorio venezolano entra en juego el Cártel de los Soles. Al recibirla en distintos puntos de la geografía venezolana, el grupo actúa como bisagra de los cargamentos que luego distribuye a través de ríos y carreteras venezolanas hacia puertos y pistas clandestinas con rumbo a destinos intermedios de comercialización, como República Dominicana, Trinidad y Tobago, Honduras, Surinam, Guyana, y en algunos casos hasta los destinos finales, como Estados Unidos y Europa.
En otro informe de 2022, los oficiales de inteligencia colombiana ofrecen otra clave de la operación del Cártel de los Soles. Para lograr este trasiego el grupo criminal ha estrechado relaciones con los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, además del brasileño Primer Comando Capital (PCC).
El fin de estas alianzas, adicionales a las ya existentes con grupos colombianos, sería “establecer y fortalecer el envío de drogas y oro ilícito y otros minerales extraídos ilegalmente”. La relación entre el cártel venezolano y el de Sinaloa es reiterada en los documentos, En un testimonio recogido en las investigaciones que se revisaron para esta cobertura, un guerrillero desmovilizado aseguró a la Fiscalía colombiana haber servido de “nexo” entre el Cártel de los Soles y el Cártel de Sinaloa.
Aunque el papel de los militares en esta zona limítrofe entre Venezuela y Colombia se limitaba tradicionalmente a cobrar vacuna por permitir el paso de la droga, poco a poco han ido asumiendo un protagonismo mayor en las operaciones, hasta convertirse en proveedores de los cárteles mexicanos.
En la ruta del Catatumbo, el control militar venezolano corresponde a la guarnición del Ejército en el Fuerte Motilón, cerca de la población de Casigua-El Cubo, capital del Municipio Semprún del estado Zulia, al sur del Lago de Maracaibo.
Las plantaciones del Catatumbo, gestionadas en su mayoría por miles de campesinos independientes que cultivan pequeños lotes de tierra, se han convertido en fuente de un gran negocio para grupos como el ELN, los disidentes de las FARC y un tercer actor, el Ejército Popular de Liberación (EPL). Según uno de los informes fechado en 2022, el comercio de cocaína producida solo en esa zona genera cada año alrededor de 25 billones de pesos, unos 5.900 millones de dólares.
Algunas fuentes llegan a señalar que, en los últimos años, el cártel ha conseguido pasar del simple transporte al procesamiento de la mercancía, al establecer en el lado venezolano una serie de laboratorios capaces de procesar la pasta de coca para obtener cocaína en polvo, lo que genera mayores beneficios. Una de esas fuentes, el exvicepresidente de Colombia y exjefe de la Policía Nacional de ese país, el general Óscar Naranjo, afirma que en territorio venezolano, en áreas limítrofes con Colombia, se han instalado “laboratorios cristalizaderos”.
Fuera de los documentos filtrados, un informe elaborado por IBI Consultores, organización especializada en el estudio del crimen organizado, señala que los comandantes de las diferentes Regiones Estratégicas de Defensa o REDI venezolanas -el equivalente a los distritos militares en otros países- son los encargados de velar por el buen desarrollo de la operación de resguardo y movimiento. Entre los investigadores que elaboraron el documento "hay consenso en que el ministro de Defensa, el subsecretario de Defensa, el jefe de las cuatro ramas de las fuerzas armadas (Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Guardia Nacional) y los comandantes de las ocho REDI estratégicas son pilares clave de la estructura del cártel".
En los testimonios recabados por las investigaciones de la Fiscalía colombiana entre desmovilizados, personas que piden protección y acusados por delitos de narcotráfico, se encuentran varios que también aseguran haber sido testigos de la participación de militares venezolanos en el resguardo y transporte de la droga en territorio nacional. Uno de estos testimonios, el de un detenido por participar en un grupo delictivo colombiano, aseguró que tenía relación con el Cártel de los Soles y “contactos con altos militares venezolanos”, a quienes apuntó como “los encargados de autorizar o no la salida de las avionetas [con cocaína] de territorio venezolano”.
Estos datos coinciden con un informe publicado en marzo de 2022 por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que describe a Venezuela como una ruta de preferencia para el tráfico de drogas, predominantemente cocaína, amparada por la actuación de funcionarios del gobierno venezolano: "Individuos del régimen de Maduro colaboraron con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para transportar cocaína a través de Venezuela", dice el informe, citando al titular del Comando Sur, con cuartel general en Doral, Florida.
Fuera del teatro principal del Catatumbo, el resto de la droga se mueve hacia Venezuela por las tierras bajas del río Arauca a través del departamento colombiano de Vichada, por las selvas de la cuenca del río Orinoco, sobre todo en su ribera occidental.
La zona del Arauca se sitúa entre los Llanos de Colombia y Venezuela. Una parte importante de la hoja de coca cosechada en las regiones de Putumayo -en la frontera con Ecuador y Perú (53.648 hectáreas en 2022)- y del Guaviare (6.769 hectáreas), se envía hacia el este, a las localidades colombianas de Cravo Norte, Tame, Fortul y Saravena, y de allí al estado venezolano de Apure, cruzando el fronterizo río Arauca. Fuentes consultadas en Venezuela dijeron que los cargamentos que se mueven a través de la región de Arauca ascienden a cerca de 30% del total de la cocaína que entra en el país.
Dado que los Llanos de Colombia y Venezuela suelen inundarse durante la temporada de lluvias, la mayoría de las cargas se llevan, a través de esta zona poco habitada, en botes y lanchas hacia San Fernando, la capital de Apure, y otros poblados cercanos. El Cártel de los Soles utiliza fincas y haciendas ganaderas de esta zona, algunas con pistas de aterrizaje privadas y acceso a los ríos, como centros de almacenamiento desde los que mueven el cargamento hacia Puerto Cabello, en el estado Carabobo, principal puerto del país. Allí la cocaína en polvo es ocultada dentro de cargueros que se dirigen a Europa, el Caribe o Centroamérica.
El tercer eje, el menor en volumen, funciona en torno a los ríos Orinoco y Vichada, afluente este de aquel. Los cargamentos que salen de Colombia normalmente son llevados por el Orinoco a Isla Ratón, en Venezuela, y desde allí a Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, en su camino hacia el noreste, rumbo a los estados Delta Amacuro y Monagas, con costa al Atlántico, y a los mercados de consumidores en Estados Unidos y Europa. La mayoría de los cargamentos de esta zona son pequeños, se llevan en canoas, y suponen aproximadamente una décima parte del total de cocaína que pasa por Venezuela.
Sobre esta última ruta, un exfuncionario militar venezolano que conversó con Armando.info confirmó la existencia de un corredor de tráfico de cocaína en el estado Monagas que atraviesa San Félix y Temblador y termina en Barrancas del Orinoco, donde las cargas son enviadas por el río a través del dédalo de canales del estado Delta Amacuro “hasta Guyana y Trinidad Tobago [sic] rumbo a Estados Unidos”. Este exfuncionario aseguró haber sido testigo de cómo en ese corredor -también describió otro que va de Machiques a Falcón, en la costa noroccidental- la cocaína se transportaba en camiones tipo cisterna que descargaban en Barrancas en una embarcación, con el curioso nombre de General, para transportarla por el río. “Después de dos años nos dimos cuenta de que era coca lo que traían las cisternas”.
Aunque el grueso de los cargamentos de cocaína entra en Venezuela a través de zonas remotas y a veces salvajes, las fuentes dijeron que, si bien no hay un capo o cabeza única del Cártel de los Soles, su funcionamiento responde a las directrices emitidas por una parte del generalato de la Fuerza Armada, apostado en Caracas. Una de las fuentes consultadas precisa que estos generales no siempre trabajan en forma combinada, pero no se estorban. “No se pisan la manguera”, dice.
"Aunque no es monolítica, hasta ahora [la organización] ha evitado cismas importantes, impulsada conjuntamente por el deseo compartido de aferrarse al poder y desviar parasitariamente recursos del Estado venezolano y de actividades ilícitas” afirma también el informe de IBI Consultores.
Aunque los expertos remontan la decisión del régimen de involucrarse en el tráfico de drogas a hace casi 20 años, afirman que en los últimos tres años se ha producido un aumento sustancial del volumen manejado por los militares venezolanos.
Esto va de la mano con el hecho de que la producción de coca en Colombia ha aumentado significativamente, debido al cambio drástico de la política antidrogas de Colombia, dijo el exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, Mike Vigil, en entrevista con el reportero del Miami Herald.
"El presidente Gustavo Petro ha decidido no perseguir realmente la erradicación de las plantas de coca, sino ir tras los principales líderes de los cárteles. Así que ha cambiado la estrategia, y como resultado de ello, ahora tienen más plantaciones de coca, y gran parte de ella fluye hacia Venezuela, desde donde va a Europa y América Central, principalmente Honduras, y luego a Estados Unidos", dijo Vigil, quien confirma lo señalado por los informes de inteligencia colombianos sobre una alianza entre el Cártel de los Soles y el Cártel de Sinaloa.
Otros tres exagentes de la DEA que supervisaron la situación en Venezuela en distintos momentos y fueron consultados en el curso de esta investigación coincidieron con la valoración de Vigil sobre el papel actual de los militares venezolanos y de la cúpula del régimen de Maduro en las operaciones de narcotráfico. También lo confirmaron media docena de exfuncionarios venezolanos que rompieron filas con el régimen y ahora viven en Estados Unidos.
Uno de los exagentes de la DEA consultados dijo que, dada la estructura jerárquica de la Fuerza Armada, donde cada decisión viene directamente de la cúpula, "no hay duda de que los altos mandos y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, están directamente involucrados", ya que son el Ejército y la Guardia Nacional los que tienen el control del territorio y son los que aseguran el tránsito de la droga dentro del país.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos por narcotráfico contra Padrino López en mayo de 2019. Otros 13 altos cargos venezolanos, entre ellos Nicolás Maduro y el diputado Diosdado Cabello, considerado tradicionalmente como el número dos del régimen, también han sido acusados por Estados Unidos. La lista incluye al exvicepresidente Tareck El Aissami -hoy caído en desgracia-, el ministro del Interior, Néstor Reverol, el exjefe de Inteligencia Militar, Hugo El Pollo Carvajal y el general Cliver Alcalá. Carvajal está a punto de ser juzgado en Nueva York y Alcalá colabora con la justicia estadounidense tras ser apresado.
Pero el número real de funcionarios del régimen que han estado o están actualmente implicados en operaciones es bastante mayor. Documentos obtenidos por Armando.info y entrevistas realizadas por el Miami Herald con más de una docena de militares y antiguos funcionarios del régimen revelaron los nombres de más de 75 funcionarios del régimen y empresarios implicados en las operaciones del cártel.
La mayoría de ellos son miembros activos o retirados de la Fuerzas Armada, pero también se incluyen funcionarios locales y regionales -incluso del gobierno y de los tribunales- de las regiones por donde se mueven los cargamentos, así como empresarios que prestan sus nombres y las estructuras de sus negocios para el resguardo de los cargamentos, pero también para que la riqueza y las propiedades no puedan ser rastreadas hasta los verdaderos miembros del cártel.
“Los actores venezolanos utilizan empresas fantasmas y contactos familiares o comerciales que actúan como apoderados para ocultar sus activos. Las élites venezolanas siguen utilizando complejos mecanismos transnacionales para mover, almacenar y comerciar con su riqueza en el extranjero", expone el informe del Comando Sur de Estados Unidos
Es de tal magnitud el beneficio económico de esa actividad que un reciente informe de Transparencia Venezuela y la firma Ecoanalítica, señala que el tráfico de drogas es la primera de las “economías ilícitas” del país, con un movimiento de 5.115 millones de dólares solo en 2022, equivalente a 8,5% del Producto Interno Bruto del país. Sin embargo, ello no significa que este dinero se constituya en ingresos formales del Estado venezolano. “Las economías ilícitas están, por definición, al margen del Estado”, señala una de las personas que participó en la elaboración del informe.
Algunos documentos derivados de la filtración recogen denuncias de ganaderos venezolanos que han sido extorsionados y atacados para permitir el transporte de la droga a través de sus fincas. Un miembro de un grupo armado detenido por las autoridades colombianas señala en sus declaraciones que los grupos del ELN que manejan el tráfico en el Catatumbo solían reunirse para coordinar los pasos de la mercancía con autoridades del batallón del Ejército venezolano en Machiques, estado Zulia. Estas alianzas, cultivadas con frecuencia y casi a plena luz del día, muestran que los militares venezolanos saben que tienen algo más que carta blanca para operar, hasta el punto de poner una coletilla a su nombre, según revela el exmilitar venezolano contactado por Armando.info: “Se hacen llamar Cártel de los Soles, alias Los Intocables”.
Para el general Naranjo, cuando un grupo se sabe así amparado o favorecido por la estructura estatal, el daño institucional infligido a la democracia se vuelve estructural. “Donde hay intocables el Estado empieza a transitar ya no a un Estado de violencia criminal sino a un Estado mafioso”.
*Este contenido es parte de 'NarcoFiles: el nuevo orden criminal', una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus innumerables tentáculos y quienes los combaten. El proyecto, liderado por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (Occrp), con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), se inició con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia que fue compartida con Armando.info y más de 40 medios de comunicación en todo el mundo. Los periodistas examinaron y corroboraron el material junto a cientos de documentos, bases de datos y entrevistas.
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