En los campamentos mineros del sur de Venezuela cobran vacunas y aumentan los homicidios. "Los mismos indígenas cuentan que sacaron a los militares de las minas y entonces aparecieron los 'sindicatos'".
Más de 100 disparos recibió la estación policial del sector El Perú, al sur de Guayana, en el municipio El Callao. Las actas de la Policía del Estado Bolívar advierten que 15 sujetos identificados como parte de los llamados sindicatos mineros llegaron disparando la noche del pasado 23 de agosto sobre motos, para recuperar un koala con pistolas, balas y memorias portátiles.
El oficial Asdrúbal José Belisario Zamora, de 30 años, murió tras el episodio. Fue un intercambio tan poco común -de ráfagas de armas automáticas contra las pistolas zamoranas de la policía regional- que el pueblo reaccionó este jueves con un paro de comerciantes contra el aumento de la violencia en ese y otros de los municipios mineros del sur del país. Hasta el Mercal del pueblo cerró sus puertas.
El diputado Américo De Grazia, de la Causa R por el estado Bolívar, señala que a espaldas de Caracas, hay una suerte de guerra por el control de las minas del sur del país. "¡Es el cartel del oro!", insiste.
Por si alguien no se ha enterado, indica que desde hace cinco años, aproximadamente, una serie de bandas criminales tomaron los campamentos mineros bajo la figura de "sindicatos mineros". Desde entonces en los yacimientos de oro y diamantes se cobra vacuna y prevalece la ley del más fuerte. "Nosotros lo que queremos es que se sepa la verdad, y la verdad es que hay guerrillas en las minas", dice. "No es que de alguna manera lo son y por eso nosotros lo decimos así: ¡estos son grupos paramilitares!".
El "sindicato" de El Chingo se enfrentó el sábado de la semana pasada contra la propia comisaría de El Callao. Reclamaba una moto y un koala que los oficiales habían decomisado en otro enfrentamiento ocurrido cuatro horas antes.
Dentro del koala hallaron cuatro cargadores para pistolas, tres de ellos extralargos. También 48 balas calibre 9 milímetros, dos celulares, un radio portátil y varios dispositivos de memoria digital, que "El Chingo" reclamó a través de un mensajero: "Que le envíen su koala porque si no arde Troya".
Y ardió Troya. El enfrentamiento terminó con un policía muerto. Esta, sin embargo, no es la primera vez que los medios de Guayana dan noticias de la banda de "El Chingo": el primero de enero asesinaron a seis personas que recibían el año en el sector Finlandia de El Callao; en abril acabaron con la vida del policía Osmar Josué Cedeño Ochoa, de 22 años, y en mayo se les vio en una serie de fotos con armas largas, que dieron la vuelta al estado Bolívar.
Las gráficas mostraban jóvenes de escasos 20 años posando para las cámaras con pacas de billetes, así como un arsenal de granadas y armas largas que llegaron a pintar con colores fosforescentes. El espectáculo incluía niños, en pañales y sin franelas, sosteniendo pistolas en el monte. Se trata de un fenómeno inédito que hace tres meses dio a conocer el sitio web El Fortín de Guayana y los diarios El Progreso y Nueva Prensa.
No en vano las muertes violentas en El Callao se han multiplicado más de 7 veces en menos de dos años. "En 2012 hubo 5 homicidios y este año van 38", lamentó el jueves el alcalde del pueblo, Coromoto Lugo, en medio del paro.
Solo en 2013, los medios de Guayana dieron cuenta de 28 asesinatos en El Callao, de acuerdo a una base de datos que -año a año- alimenta el ex diputado del estado Bolívar, Adón Soto, en función de las informaciones publicadas en prensa. Aun sin algún asesinato que haya quedado escondido en las minas, la tasa de homicidios de esa población de poco más de 24.000 habitantes alcanzó un promedio de 116 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
En menos de dos años El Callao pasó a superar el promedio nacional de 79 asesinatos por cada 100.000 habitantes, que el año pasado registró el Observatorio Venezolano de la Violencia. Se trata de una cifra por debajo de los 155 asesinatos por cada 100.000 habitantes de Caracas, pero por encima de los 102 homicidios por 100.000 habitantes que hay en Tegucigalpa, otra de las ciudades más peligrosas del hemisferio.
Este, sin embargo, no es un caso exclusivo de El Callao; tampoco de Sifontes, Roscio y el resto de los municipios del este de Bolívar. En La Paragua, al otro lado de la región, también hay denuncias de mafias que imponen su ley no solo en los campamentos mineros.
Allí, en ese pueblo de pocas calles y escasos 50.000 habitantes, la concejal Aireana Rodríguez da cuenta de una serie de crímenes que han levantado las alarmas de los vecinos. Aun no deja de sorprenderla el asesinato del hijo de un concejal indígena al que tres meses atrás le dispararon a las 8:00 de la noche en plena Troncal 16. "¿Cómo se justifica que habiendo tantas alcabalas móviles en el camino, haya tantas armas y hechos violentos?", pregunta.
La Paragua y el resto del municipio Bolivariano de Angostura siempre giró en función de las llamadas bullas mineras que convocan a los cazadores de fortunas. Si bien alrededor de los yacimientos de oro y diamantes abundan actividades ilegales, nunca se habían visto asesinatos en las calles. Los "sindicatos" tienen cuatro o cinco años y se trata de un fenómeno del que la concejal fue testigo cuando se encontró con bandas armadas en los campamentos mineros, que visitó durante la campaña electoral de los comicios del pasado 8 de diciembre.
"Se escuchaba que esos 'sindicatos' operaban en Tumeremo pero luego empezaron a aparecer en La Paragua", comenta. "Los mismos indígenas cuentan que sacaron a los militares de las minas y entonces aparecieron los 'sindicatos'".
El Gobierno nacional ha reconocido el problema. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, anunció medidas contra las mafias que tomaron las minas. "Hay algunos grupos de personas que se hacen llamar sindicatos, que no son sindicatos sino bandas armadas que se dedican a la extorsión", dijo el pasado 24 de enero desde el estado Bolívar luego de una reunión con los alcaldes de la entidad y el gobernador Francisco Rangel Gómez.
Rodríguez Torres habló de planes de patrullaje inteligente y acciones conjuntas entre el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el Ministerio de Defensa y otros organismos del Estado, para neutralizar "esas bandas armadas que están haciendo prácticamente lo que les da la gana en el estado Bolívar". Hasta ahora, sin embargo, la violencia no ha parado en el sur de Guayana.
Aunque las comunidades indígenas tienen miedo de hablar sobre el tema, más de siete capitanes indígenas hace dos semanas formalizaron la denuncia. Una carta sellada y firmada el 15 de agosto, y filtrada desde el propio pueblo de La Paragua, advierte que el director de la policía regional en la zona, Pinto Novis, informó sobre el tema al secretario de seguridad ciudadana del estado y director de la Policía del Estado Bolívar, Juvenal Villegas.
"Los capitanes están solicitando que las autoridades se aboquen a darle una solución a las presuntas irregularidades que están presentando, por los que se hacen llamar Sindicatos Mineros los cuales están cometiendo barbaridades entre las cuales destacan los actos lascivos con las menores, así como también con las mujeres de los mismos capitanes de las comunidades a quienes de igual forma los golpean y maltratan", indica el documento.
"Según lo dicho por ellos mismos después de esto los amedrentan, les quitan el oro, la comida, la gasolina y hasta sus propias lanchas las cuales utilizan para trasladarse", agrega.
Es la ley del oeste, reclama el diputado Américo De Grazia. No es casual, a su juicio, que los militares hayan ido desapareciendo al mismo tiempo que unas guerrillas tomaron el control de los campamentos ilegales, que históricamente han existido en el sur del país.
La tragedia se estrenó en las minas con la llamada Masacre de La Paragua, en el sector Papelón de Turumbán. Según la versión de Manuel Felipe Lizardi, que sobrevivió haciéndose el muerto, 14 oficiales del Ejército lanzaron explosivos desde un helicóptero y más tarde descendieron, pusieron de rodillas a los mineros, los obligaron a llevar sus manos a la cabeza y finalmente los ejecutaron.
Cinco años después un grupo de indígenas pemones amarró y desarmó a 20 militares que fueron sorprendidos con botas de mineros extrayendo oro de manera ilegal en el Alto Paragua.
Ahora los enfrentamientos y las masacres en las minas corren por cuenta de los llamados sindicatos. El diputado Américo De Grazia responsabiliza al gobierno de Francisco Rangel Gómez y recuerda que en esas bandas también destacó Yorman Márquez, mejor conocido como el 'Gordo Bayón', quien consiguió la muerte la noche del pasado 2 de junio en Caracas, tras salir de una reunión en el Palacio de Miraflores. "Como ya no pueden ejercer el control de las minas a través del Ejército porque es demasiado obvio, encontraron una salida más inteligente pero igual de cruel con los llamados sindicatos mineros, en los que hay hasta pranes", asegura.
No fue posible conseguir alguna respuesta en la Gobernación. Aunque se consultó al secretario de seguridad de la entidad, Juvenal Villegas, se trancó la llamada cuando se le pidió un balance sobre las mafias que han prosperado alrededor de las minas. Igual pasó con el ex secretario de seguridad ciudadana, Julio César Fuentes Manzulli, quien se encuentra haciendo trabajo político en la zona. Las llamadas se cayeron y no fue posible volverlos a encontrar.
El gobernador Francisco Rangel Gómez anunció el jueves, de cualquier forma, que activó un contingente de seguridad integrado por la Policía del Estado Bolívar, la Guardia Nacional Bolivariana y otros organismos, para combatir la minería ilegal en la zona sur del estado. "Le declaramos la guerra al hampa", dijo desde Ciudad Bolívar sobre el paro que ese día hicieron los habitantes de El Callao. "Trabajaremos hasta lograr la erradicación del 100% de los mal llamados sindicatos, que solo atemorizan a la población trabajadora de los pueblos del sur".
(*) Este reportaje fue originalmente publicado el 31 de agosto de 2014 en el diario El Universal.
Adrián Perdomo Mata acaba de entrar en la lista de castigados del Departamento del Tesoro estadounidense en su condición de presidente de Minerven, la estatal encargada de explorar, exportar y procesar metales preciosos, sobre todo, el oro de las minas de Guayana. Su llegada a ese cargo coincidió con el auge de las exportaciones intempestivas de oro venezolano a nuevos destinos, como Turquía, para financiar las importaciones de comida. Detrás de esas sigilosas operaciones está la sombra de Alex Saab y Alvaro Pulido, los principales beneficiarios de las ventas de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), y con quienes el propio Perdomo trabajó antes de que Nicolás Maduro lo colocara al mando del oro venezolano.
Múltiples indicios sugieren que el empresario colombiano Alex Saab, uno de los mayores proveedores de los programas alimentarios del Gobierno de Nicolás Maduro y blanco para las investigaciones policiales de varios países, participa en el opaco intercambio de metales preciosos por bienes de consumo que se ha establecido entre Venezuela y Turquía. Que el nuevo presidente de la empresa estatal Minerven sea un antiguo empleado suyo, es apenas una de las pistas.
El gobierno de Nicolás Maduro hace una sigilosa repartición de recursos a países aliados. Dos empresas recién registradas en Estambul aparecen en el vecindario como socias de las estatales Carbones del Zulia y CVG Minerven. Tienen casi la mitad de las acciones, a pesar de que su rastro se diluye en el mercado offshore. Entre Ankara y Caracas reina la opacidad.
Ex combatientes de la que fuera la mayor guerrilla de América Latina y que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016 se encuentran en un proceso de transición y reacomodo de estructuras criminales, donde el tráfico de drogas ilícitas y la minería ilegal continúan siendo sus principales ejes articuladores, ahora en territorio venezolano. En Amazonas se han reunido con pueblos y comunidades indígenas para formalizar su presencia en el territorio, afirmando que cuentan con el apoyo del Gobierno venezolano, pero también se desplazan hacia terrenos del Arco Minero del Orinoco, donde incluso controlan minas de coltán.
Un reportero holandés del site brasileño Infoamazonia viajó durante tres meses por las disputadas áreas mineras del sur de Venezuela y, en el camino, encontró grupos armados ilegales, comunidades indígenas reprimidas por guerrillas y enclaves de mineros informales atormentados por la malaria. El futuro de Guayana pinta incierto. Aquí el corolario de su travesía.
Apurado por el desplome de los precios del petróleo y el colapso de la producción de crudo, Nicolás Maduro apuesta al Arco Minero del Orinoco como fórmula para levantar los recursos que tanto escasean en las arcas nacionales. Bajo el esquema de “empresas mixtas” el Gobierno ha terminado pactando con compañías poco conocidas en la industria extractivista como Corporación Faoz. Entre las beneficiadas también figura Gold Reserve, la minera canadiense a la que Hugo Chávez expulsó de Venezuela años atrás. La filtración Paradise Papers muestra que tanto la una como la otra han registrado sociedades en ese paraíso fiscal llamado Barbados.
Tras el escándalo en la Alcaldía de Baruta por un presunto esquema de sobornos para conceder permisos de construcción, un conflicto vecinal alrededor del polideportivo de una urbanización del sureste caraqueño dejó en evidencia una red de amistades y parentescos picados por la fiebre del pádel. Los funcionarios del ayuntamiento no vacilaron en privatizar ese espacio público en favor de la peña de aficionados, relacionados no solo con el alcalde Darwin González sino también con su mentor, David Uzcátegui.
Pocos se acuerdan de este pueblo, un lugar ahora casi desierto aunque inmortalizado por un documental, cuyos habitantes fueron condenados a migrar o morir de mengua por una catástrofe ambiental. Es un olvido cruel y que condena a repetir la tragedia, pues las mismas circunstancias que produjeron ese abandono se repiten en otros asentamientos palafíticos del sur del Lago de Maracaibo: desidia, contaminación, pobreza y falta de protección del Estado.
Los zoocriaderos gozan en Venezuela del mismo estatus que los zoológicos y los acuarios y son cruciales para el rescate y la conservación de fauna silvestre. Pero estos establecimientos podrían estar sirviendo para el tráfico ilícito de animales, algunos de ellos vulnerables a la extinción. Un caso prominente es el de Inversiones Alazán GAC C.A, aliada al Ministerio de Ecosocialismo, que, pregonando el conservacionismo, comercializa fuera del país un abultado número de especies, incluyendo guacamayas, rey zamuros y osos hormigueros.
La acusación del Ministerio Público por corrupción en Pdvsa involucra a dos exfuncionarios del gobierno municipal en la recepción de al menos 15 pagos que totalizaron medio millón de dólares. Estos desembolsos serían “sobornos” para la obtención de permisos de construcción. La movida ha servido también para que los poderosos hermanos Jorge y Delcy Rodríguez activen sus fichas dentro de una de las principales alcaldías de la oposición en medio del silencio del alcalde Darwin González.
Que esta novena histórica del béisbol profesional no haya conseguido títulos desde hace más de 30 años no disuade al empresario naviero Wilmer Ruperti en su empeño por convertirse en su nuevo dueño. Pero sus esfuerzos han tropezado con un obstáculo difícil de sortear: la demanda que otro empresario naviero y contratista del Estado interpuso contra Francisco Arocha, uno de los dos propietarios del equipo.
Un suizo y un venezolano fueron los únicos autorizados por Claudia Díaz Guillén para custodiar 250 lingotes de oro de los cuales, al menos una buena parte, no se sabe dónde están. La inusual encomienda elevó el perfil de estos dos hombres –jóvenes entonces– que rozaron el círculo amistoso formado por Díaz, la actual alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y Norka Luque, y elevaron sus perfiles con propiedades y sociedades millonarias, aunque solo se dejan ver como mecenas de arte moderno en Londres.
