En el submundo de las operaciones encubiertas, el venezolano Martín Rodil se hizo una carrera y fama de agente con poderes casi mágicos para identificar y ayudar a entregar a informantes, corruptos del chavismo y narcotraficantes ante la justicia estadounidense. Sus logros podrían convertirlo en un héroe de la democracia, si acaso no fuera suficiente su éxito como consultor privado. Pero ahora en España se inicia un proceso judicial en el que se le investiga bajo sospecha de que extorsiona a los mismos fugitivos a los que debe entregar.
Un consultor clave para los esfuerzos de Estados Unidos por llevar ante la justicia a funcionarios corruptos del gobierno venezolano y a narcotraficantes, es investigado en España por presuntamente extorsionar a algunos de los mismos venezolanos ricos que Estados Unidos solicita.
Los fiscales en España alegan que Martin Rodil (n. Barquisimeto, 1974), el consultor en cuestión, un abogado y destacado experto en temas de corrupción venezolana, dirigió un grupo que extorsionaba a venezolanos ricos sospechosos de corrupción. Los 13 miembros de esta trama, que, con Rodil a la cabeza, incluye a tres policías españoles -Daniel Renuncio Mateos (de la policía municipal de Madrid), David Berruguete (inspector de la Policía Nacional) y José Manuel Betanzos (oficial retirado de la policía regional vasca o Ertzaintza)- y a un exmilitar hispano-israelí, Alberto Avi Galán, son investigados por los delitos de tráfico de influencia, corrupción y lavado de dinero, entre un total de siete cargos. En documentos judiciales del caso, todavía en fase de instrucción, los fiscales españoles dicen que los exfuncionarios que aseguran haber sido chantajeados son figuras prominentes en escándalos masivos de corrupción pública en Venezuela, que pagaron grandes sumas de dinero a Rodil y sus asociados en la aparente creencia de que les ayudarían a evitar cargos criminales en Estados Unidos.
Rodil, que no ha sido acusado formalmente, no respondió a las solicitudes de comentarios para esta historia.
Los aliados de Rodil dicen que los exfuncionarios venezolanos que lo señalan están tratando de desacreditar de ese modo las investigaciones de Estados Unidos sobre su propia presunta malversación, desplegando una campaña contra un asesor clave de las autoridades en Washington. Dicen que los fiscales en España, un país que algunos expertos consideran un refugio seguro para los venezolanos corruptos, están siguiendo de manera errónea una agenda que en realidad forma parte de la campaña de desinformación orquestada por estos exfuncionarios del chavismo, ahora residenciados en el país ibérico.
Roger Noriega, exsubsecretario de Estado (equivalente a un viceministro de Relaciones Exteriores) de Estados Unidos en la administración del republicano George W. Bush (2000-2008), y quien más recientemente trabajó con Rodil en su negocio de consultoría, calificó al venezolano como un eficaz cruzado anticorrupción y dijo que los pagos a Rodil "se hicieron en el contexto de cuando Martín estaba cooperando en actividades cuidadosamente monitoreadas", bajo supervisión de las autoridades estadounidenses. La investigación española se derivaría de "una historia que está siendo tejida por criminales con sus asesores legales", sostuvo Noriega.
Con una amplia práctica de consultoría, Rodil ha trabajado con la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), así como con las principales fiscalías de la nación.
Rodil ha mantenido dos especialidades profesionales que se complementan entre sí. Brinda servicios de consultoría privada a venezolanos ricos que buscan reubicarse en los Estados Unidos, en parte, poniéndoles en contacto con funcionarios involucrados en su otra línea de negocios: ayudar al gobierno de Estados Unidos a perseguir casos de corrupción y narcotráfico. Aquellos venezolanos podrían, en esencia, intercambiar su conocimiento interno de los delitos por la residencia en Estados Unidos.
En extensos expedientes judiciales presentados en el Tribunal 29º de Instrucción de Madrid, los fiscales españoles alegan que Rodil intentó extorsionar al menos a tres exfuncionarios venezolanos: Nervis Villalobos, Javier Alvarado Ochoa y Carlos Aguilera Borjas. En informes de investigación y una propuesta de orden de arresto presentada ante el tribunal en octubre -antes de que Rodil, quien todavía no se ha apersonado ante la juez en Madrid, nombrara abogado-, los fiscales afirman que el factor clave de influencia y credibilidad de Rodil fue la percepción de que, con sus extensas conexiones con las policías estadounidense y española, podría ayudar a los venezolanos a mitigar sus problemas legales. Los documentos de investigación presentados en la corte española, que ICIJ revisó para esta historia, incluyen supuestos episodios en los que Rodil instaba enérgicamente a los venezolanos a contratar sus servicios de consultoría, pero proporcionan escasa evidencia de que lo haya hecho mediante amenazas directas o utilizando coerción alguna.
Las sumas en cuestión en el proceso contra Rodil por parte de España palidecen en comparación con los miles de millones de dólares de las arcas públicas que los exfuncionarios venezolanos, incluido Nervis Villalobos, un antiguo alto funcionario del ministerio de Energía de Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez, supuestamente malversaron. Algunos de los acusados más prominentes han estado esperando juicio en España durante años.
El caso de Rodil pone de relieve las dificultades de perseguir casos de corrupción internacional y las trampas que enfrentan los fiscales, quienes trabajan con una variopinta colección de informantes y consultores que, a menudo, son cruciales para hacer que tales casos funcionen pero, a la vez, arrastran relaciones complejas con negocios riesgosos que pueden generar acusaciones de conflictos de intereses.
El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios para esta historia.
Los fiscales españoles declinaron hacer comentarios.
En los últimos años, Rodil también ganó prominencia pública como experto sobre corrupción venezolana y ha sido citado en inglés por la agencia AP y por la radio pública NPR, así como por el propio ICIJ. Ha escrito artículos sobre Venezuela para The Daily Beast. También se le ha podido ver en programas de canales de noticias en español de Estados Unidos.
Un extenso perfil de la agencia Bloomberg en 2016 describe a Rodil como alguien sociable y de una presencia imponente, que "dominó el arte de ser tanto una aplanadora como un encanto a la vez”, a fin de ofrecer avances críticos a los fiscales estadounidenses.
En solo unos años, Rodil salió de la oscuridad como investigador de bajo nivel en el Fondo Monetario Internacional (FMI) -cuya sede está en Washington-, para convertirse en una figura importante en el esfuerzo internacional para combatir la corrupción venezolana, según Bloomberg. Mientras estuvo en el FMI, Rodil tuvo la tarea de investigar pagos ilícitos relacionados con la petrolera estatal de Venezuela, Pdvsa, cuya notoria corrupción se le convirtió en una obsesión, también según Bloomberg. Pronto se encontró trabajando como consultor con Noriega, un diplomático de carrera devenido cabildero, quien en Washington es una voz prominente de las posiciones políticas conservadoras hacia América Latina y un feroz opositor de los gobiernos izquierdistas de los presidentes Hugo Chávez y, más tarde, Nicolás Maduro, en Venezuela.
Para 2016, Rodil estaba trabajando con una serie de agencias de la ley federales en Estados Unidos y era considerado un activo clave para los esfuerzos de Washington contra la corrupción venezolana. Era un momento en que los fiscales estadounidenses se estaban enfocando en un grupo de exfuncionarios venezolanos que supuestamente habían saqueado miles de millones de dólares de Pdvsa. Estados Unidos impuso una serie de nuevas sanciones a los líderes del país y acusó al entonces presidente de Venezuela, Maduro, y a su predecesor, Chávez.
Varios exfuncionarios y profesionales financieros fueron acusados a la postre en distintas jurisdicciones de Estados Unidos por delitos relacionados con la compañía petrolera. En medio de esa ofensiva, según Bloomberg, Rodil era tenido por un "hacedor de lluvia" (rainmaker, en inglés) por las autoridades estadounidenses, en referencia al valor decisivo de sus gestiones en favor de la aplicación de la ley. Trabajó en casos venezolanos con la DEA y fiscales estatales y federales en Miami, Florida, y Manhattan, Nueva York. Según Bloomberg, Rodil también comenzó a ayudar al gobierno israelí en sus propias investigaciones.
De acuerdo a Bloomberg, en su oportunidad, Venezuela se rehusó a renovar el pasaporte a Rodil. No era de extrañar: se había ganado la inquina del régimen de Caracas.
Ya en 2016, en su programa semanal por televisión, el entonces considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, nombró públicamente a Rodil como parte de un grupo de “traidores a la patria”. En esa emisión, Cabello, también sancionado por Estados Unidos, describía así las gestiones de Rodil: “[Hay una] oficina de extorsión a los venezolanos bolsas que se roban los reales aquí y después no hallan cómo legalizar sus reales, y les dice allá en Estados Unidos: ‘Dame tanto y yo te arreglo tu problema, le das tanto al gobierno norteamericano y tú quedas sano’. Así han arreglado sus problemas muchos”.
Después de eso, según ICIJ pudo comprobar, Rodil obtuvo la nacionalidad en Israel, país en el que mantiene importantes conexiones de negocios.
"Martín es probablemente una de las personas más efectivas en términos de conseguir información y reclutar testigos que se han utilizado para acusar a venezolanos corruptos", dijo Roger Noriega a los reporteros de la presente entrega.
Javier Alvarado Ochoa, un exejecutivo de Pdvsa y quien también ocupó un alto cargo del ministerio de Energía, que enfrenta cargos de lavado de dinero en Estados Unidos y desde 2016 vive en España, donde se avino a servir como colaborador de los cuerpos policiales y la fiscalía, le dijo a ICIJ que Rodil le habló en Estados Unidos de sus extensas conexiones con fiscales estadounidenses y funcionarios de la DEA. "Tienes problemas aquí", recuerda Alvarado que Rodil le dijo. "Los fiscales te están esperando, te están investigando en Estados Unidos. Déjame ayudarte".
Rodil "es un extorsionador muy bueno y sutil", le dijo Alvarado a ICIJ. "Él te enferma para que tengas la necesidad de curarte".
Alvarado dijo que Rodil le exigió dos millones de dólares a cambio de ayuda con los problemas legales de aquel. Según documentos proporcionados por el abogado de Alvarado al fiscal español en septiembre reciente, Alvarado pagó a Rodil más de 1,1 millones de euros (para la fecha, alrededor de 1,2 millones de dólares) mediante tres transacciones entre marzo y diciembre de 2015, pero, aún así, aseguró Alvarado, Rodil no le proporcionó ningún servicio útil.
Según relató Alvarado Ochoa al reportero Marcos García Rey de Moncloa.com, en Madrid, la supuesta extorsión tuvo por parte de Rodil dos fases diferenciadas: esa primera en Estados Unidos, entre 2013 y 2016, y una segunda en España.
Rodil lo llamó en Madrid y le sugirió que tenía un equipo de confianza en España para ayudarle con sus problemas en la Audiencia Nacional y con otras investigaciones policiales en curso contra él. Cuando se negó a pagar más dinero, Rodil lo habría amenazado con influir para quitarle la nacionalidad española que había conseguido en 2017, según el relato de Alvarado.
Otro de los presuntos extorsionados por el grupo de Rodil habría sido Carlos Aguilera Borjas, uno de los militares de confianza de Chávez y exdirector de la policía política (entonces Disip, Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención). Aunque Aguilera no ofreció declaraciones para este reportaje, Moncloa.com tuvo acceso a su declaración por videollamada ante la juez titular del Tribunal 29 de Instrucción de Madrid y los fiscales, ofrecida el pasado 6 de octubre de 2022.
Aguilera ratificó lo que ya había dicho a la policía: “Esta trama se dedicaba a generar problemas para posteriormente ofrecerse a solucionarlos, cobrando por ello”.
Al igual que Alvarado Ochoa, Aguilera recalcó que el supuesto chantaje tuvo lugar en dos fases, una en el extranjero y otra posterior en España. Pero la inicial no pudo tener lugar en Estados Unidos, a donde Aguilera no puede entrar, sino en destinos turísticos del Caribe.
A comienzos de 2015, relató el exmilitar venezolano, se reunió en la isla franco-neerlandesa de San Martín con Rodil y Ran Benhamu, este, un consultor israelí y socio de Rodil. Se ofrecieron a ayudarle con sus problemas en España y le advirtieron que sabían dónde estaba su dinero.
Unas semanas después lo citaron en República Dominicana y a la reunión ─según relató Aguilera─ acudieron también dos abogados estadounidenses, dos agentes de la DEA y Alberto Galán, (a) Avi. Insistieron en solucionar sus problemas en Estados Unidos y España.
Más adelante, también en 2015 y ya en Madrid, siempre según Aguilera en su deposición judicial, tuvo reuniones en el hotel Villamagna con abogados y Avi. Tanto a viva voz como por correo electrónico, el supuesto equipo de Rodil en España le siguió presionando: “Me decían que iban a poner cierre a todos los procesos judiciales contra mí. Eliminar el peligro de acciones penales y administrativas que hubieran podido surgir, y evitar que me tenga que presentar en la Audiencia Nacional”.
Según Aguilera, por los servicios llegó a pagar a la trama un total de 500.000 euros y 130.000 dólares.
“Yo sentí una extorsión desde el principio”
Aguilera concluyó: “Yo sentí una extorsión desde el principio cuando hablé con el señor Martín Rodil y con el señor Ran Benhamu, porque me hablaron de darme solución a mi problema y que el coste iba a ser de dos millones de euros”. Añadió: “En ningún momento hubo maltrato ni amenaza [de ‘Avi’], es una persona que estaba prestando un servicio ordenado por este [Rodil]”.
Los fiscales en Houston, Texas, acusaron a Alvarado en 2019 de lavado de dinero, alegando que manejó millones en ganancias corruptas de Pdvsa como parte de un vasto esquema de sobornos. Estados Unidos ha presentado solicitudes de extradición para Alvarado que los tribunales españoles vienen rechazando. Los abogados de Alvarado han afirmado que su enjuiciamiento en Texas es"fatalmente defectuoso", debido a un estatuto de limitaciones aprobadas, cuestiones jurisdiccionales y lo que llaman inexactitudes fácticas en la acusación.
Mientras tanto, entre 2016 y 2017, Rodil recibió más de seis millones de euros en pagos de Nervis Villalobos, según los registros judiciales españoles. En 2018, Villalobos fue acusado en Estados Unidos por lavado de dinero relacionado con sobornos extranjeros. Los abogados de Villalobos también han negado los cargos y se han activado para desestimar el caso.
Según los registros judiciales españoles, Hugo Góis, un ciudadano portugués, envió millones de dólares que había recibido de Villalobos y otros venezolanos a empresas ficticias registradas en jurisdicciones como Chipre y Escocia. Entre esas empresas se hallaban entidades supuestamente controladas por Rodil.
Más tarde, en 2018, Góis fue acusado en Miami por presuntamente lavar dinero para funcionarios venezolanos, como parte de la trama revelada por la operación Money Flight de la oficina de Homeland Security Investigations. Los cargos de Estados Unidos en su contra están pendientes en el tribunal. Los registros judiciales españoles indican que las autoridades en España utilizaron los extensos archivos de Góis para construir su propio caso contra Rodil.
Góis se presentó ante la Fiscalía Anticorrupción de Madrid en abril de 2018 y desde entonces ha entregado una documentación copiosa. Entre tanto, se le investiga en el marco de la llamada macrocausa de Pdvsa que cursa ante la Audiencia Nacional española.
Góis no respondió a una solicitud de comentarios.
Los registros judiciales españoles detallan las actividades de una firma propiedad de Rodil, Glenfield Corp. LP, con un formato de sociedad limitada escocesa, un tipo de registro mercantil que se ha vuelto popular entre los lavadores de dinero y oligarcas en los últimos años. Un expediente de registro, compartido con ICIJ por el diario Expresso de Lisboa, indica que Rodil utilizó un agente que se presentó a sí mismo como el único accionista de Glenfield en los documentos corporativos, ocultando efectivamente la propiedad última de Rodil en los archivos públicos.
El nombre del agente, Adrian Matthew Bradley, o a veces solo Matthew Bradley, aparece con diferentes variaciones en los registros de docenas de compañías fantasmas en todo el mundo, según documentos filtrados y registros públicos. ICIJ envió solicitudes de comentarios a la aparente dirección de correo electrónico de Bradley, pero no recibió respuesta. Según un artículo en el sitio web del Atlantic Council -un think tank de Washington-, Bradley Matthew Adrian es en realidad un "nombre señuelo" usado por un oligarca ucraniano fugitivo llamado Sergiy Kurchenko. Los fiscales ucranianos han acusado a Kurchenko de acumular millones de dólares a través de la evasión de impuestos y el robo a inversionistas bancarios.
Noriega dijo que no tenía la información suficiente sobre los pagos de Villalobos y los otros venezolanos a Rodil como para proporcionar una explicación completa, pero aseguró que confía en que los pagos se hicieron como parte de una operación estadounidense.
La DEA no respondió a una solicitud de comentarios. Pero en una declaración jurada presentada ante el tribunal español en octubre reciente, un exagente supervisor de la DEA, Robert Zachariasiewicz, afirma que, después de diez años de trabajo con Rodil, "nunca observó ni tuvo motivos para sospechar irregularidades o violaciones de la ley en las actividades profesionales del señor Rodil".
En la misma misiva, Zachariasiewicz explica que “debido a reservas éticas, laborales y de seguridad” no le está permitido hablar sobre la mayor parte de su trabajo en la DEA. Sin embargo, señala que sabe que Rodil ayudó a personas para “trasladarlas fuera de Venezuela y otros lugares hostiles” y que esas mudanzas comportan gastos logísticos.
Zachariasiewicz declinó hacer comentarios para esta historia.
"Esto no me suena como extorsión”
Debra LaPrevotte, una exagente de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) cuya carrera tuvo foco en casos de corrupción, dijo a ICIJ que las acusaciones de extorsión le parecen extrañas porque Rodil no trabajó directamente para el gobierno de Estados Unidos y, por lo tanto, tendría poca capacidad para influir en la dirección de los casos. "Esto no me suena como extorsión", dijo.
LaPrevotte agregó que pagos así a un contratista del gobierno pueden ser parte de una operación encubierta de Estados Unidos.
"El gobierno puede participar en algo que luce como una actividad ilegal para ver si alguien muerde", dijo LaPrevotte.
Noriega, amigo y excolega de Rodil, sostiene que los exfuncionarios venezolanos acusados están tratando simplemente de desacreditar los cargos de Estados Unidos en su contra. "Esos tipos son unos delincuentes", dijo Noriega. "Todavía estoy en una etapa de la vida en la que creo más en lo que dice el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo que dice un personaje del crimen internacional ante la justicia en España".
Noriega dijo que la investigación española está desacreditada por el trato indulgente que España prodiga a los venezolanos ricos que huyen de las acusaciones de corrupción. Aunque hayan sido fiscales españoles quienes acusaron a Villalobos, Alvarado y otros por delitos relacionados con Pdvsa, los casos se han prolongado durante años. Mientras, España ha negado las solicitudes de extradición de Estados Unidos. Los exfuncionarios, mientras tanto, viven allí en el lujo.
"Los narcotraficantes y los actores corruptos tienen una larga historia de huir a España para evitar la extradición a Estados Unidos", dijo Paul Pelletier, un exfiscal federal que trabajó por mucho tiempo en casos de corrupción. "Es una fórmula probada y verdadera".
En un artículo de 2019 que examina los casos de larga data de Villalobos, Alvarado y otros, el investigador alemán Jan-Michael Simon concluyó que los procesamientos tardíos de España "podrían crear el riesgo de que la jurisdicción española sea percibida como un refugio seguro para aquellos involucrados en el crimen organizado estatal venezolano".
Tres años después de esa publicación, nada ha cambiado en los casos de Alvarado y Villalobos, dijo Simon a ICIJ, señalando que en Madrid hay toda una industria de abogados y costosos consultores corporativos que sirven a los intereses de los clientes venezolanos ricos. Simon dijo que dinámicas similares han surgido en otras jurisdicciones, como en Perú, donde se refugian los brasileños presuntamente implicados en casos de corrupción. "Este es el esquema perfecto de un refugio seguro para las principales figuras de la corrupción internacional".
(*) Versión de Armando.info, con información y extractos tomados de ICIJ (Spencer Woodman y Brenda Medina) y Moncloa.com (Marcos García Rey).
Micael Pereira, Gerardo Reyes y Uri Blau contribuyeron con este reportaje.
Este es un proyecto conjunto de reportería transfronteriza liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, con sede en Washington DC), con Expresso (Portugal), Moncloa.com (España), La Sexta (España), Shomrim (Israel), Univisión (Estados Unidos) y Armando.info (Venezuela).
Un trío de venezolanos mencionados a menudo en documentos judiciales como parte del esquema de lavado de dinero de Pdvsa a través de la Banca Privada de Andorra (BPA) hicieron importantes inversiones inmobiliarias y turísticas en el Caribe más VIP: un hotel en el casco amurallado de Cartagena y villas en Casa de Campo. Se trata del exviceministro Javier Alvarado, su pareja, Cecirée Casanova, y un tercer y misterioso socio, José Luis Zabala. Desde una empresa de este último en Luxemburgo se puede seguir el rastro del dinero.
El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 ‘shell companies’ que sirvieron de vehículo para el blanqueo de hasta 2.000 millones de dólares en pagos de sobornos y comisiones para funcionarios venezolanos originados en la Banca Privada de Andorra. De buena gana lo hizo, no solo gestionando empresas, sino participando de manera activa en la suscripción de contratos por servicios ficticios; luego, cuando el escándalo estalló, de mala gana se desligó de los negocios con clientes riesgosos como Luis Mariano Rodríguez, Diego Salazar o Nervis Villalobos.
Un filtración de documentos a la que tuvo acceso Armando.info, El Pitazo y Runrun.es, de Venezuela y El Confidencial, de España, demuestra que Nervis Villalobos, acusado en España y Estados Unidos de blanqueo de capitales y corrupción internacional, maneja en bancos suizos una fortuna que amasó a la sombra del control cambiario venezolano y comisiones para conseguir licitaciones
Una filtración de documentos bancarios a la que tuvo acceso Armando.info, El Pitazo y Runrun.es, de Venezuela, así como El Confidencial, de España, muestra cómo el sigiloso y discreto capitán, quien fuera la sombra y protección del hoy fallecido mandatario, puso sus manos en negocios tan diversos como el mantenimiento del Metro de Caracas, la importación de medicinas y hasta arrendamiento de aviones logrando amasar una fortuna superior a los 100 millones de dólares. Él es solo uno de los clientes del francés Charles-Henry de Beaumount, gestor financiero quien captó a más de un "boliburgués" para engrosar la lista de clientes de la banca privada suiza Compagnie Bancaire Helvétique.
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
