Un pequeño banco de Antigua y Barbuda, pero controlado por venezolanos, está en el centro de algunas operaciones financieras del régimen de Nicolás Maduro. Creado en 2008 y con rastro difuso durante años, el North International Bank comenzó a despuntar en 2016 cuando se autorizó su operación en Caracas. Desde entonces canaliza millones de dólares de paso a y desde las arcas de la ‘nomenklatura’ revolucionaria.
Impidamos que el país se convierta en un desierto informativo.
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A falta de puente aéreo, entre Venezuela y Antigua y Barbuda hay un corredor financiero. Por algunos bancos diminutos de la también diminuta nación insular de las Antillas orientales pasan millones de dólares asociados a contratos del chavismo con empresas fantasmales, así como operaciones de corresponsalía. Al mismo tiempo y en igual proporción, la relación entre los Gobiernos de Nicolás Maduro y Gaston Browne se hace cada vez más estrecha.
Uno de esos bancos es el North International Bank (NIB), con sede en Antigua pero controlado por ejecutivos venezolanos. En agosto de 2016 la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) venezolana otorgó la autorización para que el banco designara un representante en Caracas. “Promover e informar a residentes venezolanos de los productos y servicios” que el banco “puede ofrecer” fue una de las justificaciones del ente regulador de la banca venezolana para otorgar la licencia, contenida en la Gaceta Oficial 40.970 del 19 de agosto de 2016.
Para el momento de esa autorización, desde Estados Unidos no habían aplicado sanciones económicas contra el régimen chavista. Sin embargo, la administración de Maduro se apresuró a usar los servicios del North International Bank como banco corresponsal de entidades financieras estatales como el Banco del Tesoro o el Banco del Desarrollo Social (Bandes) y para los millonarios pagos a los intermediarios contratados para el suministro de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Antigua es una de las jurisdicciones con mayor secreto bancario, según el índice de la ONG Tax Justice Network.
Por ejemplo, apenas once meses después de la aprobación de la Sudeban, 425 millones de dólares de un pago del Gobierno de Nicolás Maduro en favor de Group Grand Limited, comenzaron a pasar por una cuenta bancaria del North International Bank. Group Grand Limited es la firma registrada en Hong Kong tras la cual se escondieron los empresarios colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas para controlar con productos mexicanos las importaciones para los Clap desde el mismo inicio del plan estatal ideado por Maduro.
Los detalles de esa transacción están en el contrato CPVX-CJ-CONT-0086-2017 entre la estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), encargada de centralizar las importaciones públicas, y la compañía de Hong Kong. El documento muestra al North International Bank junto al Rabobank holandés como canales de la transacción destinada a las arcas de Group Grand Limited y de la que 50% se pagó de forma anticipada.
Del contrato se desprende también que la dupla colombiana, favorecida ampliamente con millonarios negocios por Nicolás Maduro desde 2013, cobró 37 dólares por cada caja Clap, tres dólares más que por cada combo de un contrato previo. Un año después, en octubre de 2018, la Procuraduría General de México denunció irregularidades como sobrefacturación o mala calidad en los envíos de Group Grand Limited para el Gobierno venezolano.
Para el momento del convenio, firmado por el mayor general de la Fuerza Aérea Giuseppe Yoffreda, representando a Corpovex, ni Saab ni Pulido habían sido incluidos en la lista Ofac de sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense, ni tampoco habían sido acusados de lavado de dinero en un tribunal del sur del estado de Florida, eventos que ocurrieron a mediados de 2019. Tampoco la Guardia Di Finanza italiana les había congelado activos, como hizo en noviembre del año pasado.
Sin embargo, ya para entonces Armando.info había revelado que detrás de Group Grand Limited se camuflaban los empresarios colombianos, quienes pocos años antes enfrentaron a una acusación de la Fiscalía ecuatoriana por varios delitos presuntamente cometidos con la compañía Fondo Global de Construcción. Con esta misma empresa la dupla de empresarios había firmado un contrato multimillonario en 2011 con el Gobierno de Hugo Chávez para levantar viviendas prefabricadas en zonas populares, lo que marcó el inicio de la era dorada de sus negocios con la autodenominada Revolución Bolivariana y, de paso, condujo al propio Alex Saab al palacio de Miraflores, en una de sus escasas apariciones públicas.
La de Group Grand Limited no es la única transacción financiera ligada a los Clap que ha pasado por jurisdicciones destacadas por su opacidad financiera. Los propios Saab y Pulido han usado empresas de Emiratos Árabes Unidos, mientras que otros intermediarios han recibido pagos millonarios en bancos de Hong Kong y Suiza.
Quizás en la preferencia del gobierno de Caracas por el North International Bank haya influido que sus socios sean inversionistas venezolanos. O quizás, pese la experiencia de Saab y Pulido en la jurisdicción de Antigua y Barbuda, que el tándem colombiano conoce de sobra. Tanto, que Alex Saab llegó a tener un pasaporte como “representante económico” de la isla, emitido en 2014, cuando el primer ministro Gaston Browne llevaba pocos meses en el cargo. Browne tuvo que dar explicaciones públicas por la emisión de ese documento, justo cuando las investigaciones contra Saab y Pulido arreciaban. “Todo lo que puedo decir a la gente de Antigua y Barbuda es que si en algún momento se le acusa al señor Saab por cualquier irregularidad, pueden estar seguros que revocaremos su nombramiento”, declaró a una emisora local en octubre de 2018.
Browne es aliado cercano de Maduro, condición que no queda claro si precedió o acompañó a la conversión de Antigua y Barbuda en un hub financiero del chavismo. La relación empezó en el marco del programa Petrocaribe con el que Hugo Chávez logró seducir a muchos de los países del Caribe anglófono, titulares de una importante cantidad de votos en la OEA y otros foros internacionales. Pero Browne y Antigua y Barbuda despuntaron, hasta el punto de hacerse en 2019 miembros plenos del Alba, la alianza de regímenes bolivarianos que, hoy menguada, también creó Chávez.
Del rol del North International Bank en las maromas financieras de la administración de Maduro hay otras evidencias. El 24 de diciembre de 2017 el estatal Banco del Tesoro deseó una “feliz navidad” a quienes llamó “nuestros bancos corresponsales”. Entre los cumplimentados figuraban la entidad de Antigua y Barbuda junto con el ruso Gazprobank, el Italbank International Inc y el Commonwealth Bank & Trust, domiciliado en la también caribeña isla de Dominica.
El diputado Carlos Paparoni, quien desde 2017 investiga el negocio detrás de las importaciones para los Clap y el año pasado fue designado por el Gobierno interino de Juan Guaidó como “comisionado presidencial contra el terrorismo y el crimen organizado”, también ha señalado al North International Bank como “banco intermediario” en operaciones financieras irregulares o ilegales del régimen de Maduro y en las que hay participación del Bandes. Hasta 2016, cuando llegó la aprobación de la Sudeban y tras ocho años de creado, el rastro del North International Bank en Venezuela era, más bien, discreto.
El primer representante en Caracas de North International Bank, avalado por Sudeban, fue Fidel Antonio Gómez Barrios, de quien no se conoce mayor experiencia en instituciones financieras, salvo por su presencia en una firma registrada en Panamá en 2008 denominada Optivalores Servicios Financieros S.A. Fidel Gómez no será el único venezolano detrás de North International Bank. En realidad, sus socios y buena parte de sus empleados son también venezolanos.
Los actuales socios del banco son Jordán Alberto Silva Tugues y Carlos Eduardo Sandoval Arocha, quienes son los dueños en Caracas de la empresa NIB Asesores de Negocios. Con esa compañía tramitaron en 2013 ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (Sapi) los derechos de la marca del North International Bank en Venezuela, que les fueron concedidos al año siguiente. Tanto el banco como la caraqueña NIB Asesores de Negocios nacieron en 2008 y poseen oficinas en la Torre La Castellana, al este de Caracas. Fidel Gómez, Jordán Silva y Carlos Sandoval también pasaron en Caracas por la firma Econoconsult Consultores Asociados.
Del North International Bank fue socio también Carlos Vicente Croes Hernández entre 2015 y 2016. “Jamás he sido directivo del banco, sólo he sido accionista”, afirma Croes. En su perfil de Linkedin subraya que no tiene “ningún tipo de responsabilidad administrativa, gerencial o directiva” al referirse a su paso por el banco.
La cara visible del North International Bank como presidente de la junta directiva es Jordán Silva. Él fue quien apareció en la firma de un acuerdo de patrocinio con el club de fútbol de la primera división española Atlético de Madrid. “El acuerdo, cuya duración es de cuatro años, quiere ofrecer cada vez más y mejores opciones de mecanismos de pago a los seguidores de nuestro equipo en Sudamérica y en el Caribe, reforzando su identidad atlética y pasión por el fútbol”, destacó el equipo español en un comunicado, donde describe al North International Bank como “un reconocido banco” con sede también en República Dominicana, además de Antigua y Barbuda.
Sin embargo, sobre la posible operación del North International Bank en República Dominicana no hay rastro siquiera en la web del banco o en sus canales de promoción. En la hoja de vida Jordán Silva también destaca haber sido presidente del estatal Banco Solidario C.A entre 2006 y 2008, así como director ejecutivo de la Gobernación del Distrito Federal entre 1995 y 1998. Contactado para este reportaje Silva pidió por escrito las preguntas, pero al cierre de esta edición no había contestado.
Fuentes ligadas al mundo financiero explican que fue a partir 2014, cuando el Sapi autorizó los usos de la marca North International Bank en el país, que empezaron a captar clientes con la oferta de tarjetas de débito prepagadas en dólares en un momento en que todavía el rígido control cambiario aplicado por el chavismo limitaba a los ciudadanos hasta la posibilidad de tener dólares en caso de un viaje al exterior. En efecto, además del uso de la marca, el Sapi les aprobó la denominación “travel card” para la promoción de tarjetas de débito y crédito “pre y post pago”.
En la nota de prensa que difundió el North International Bank semanas después de su alianza con el Atlético de Madrid, se aseguraba que “ha emitido más de un millón de instrumentos físicos de pago en la última década, desde tarjetas prepagadas, de crédito, de nómina hasta tarjetas de regalo (gift cards) y otras opciones”.
En 2014 también se vio al North International Bank como mecenas y coeditor de folletos de artistas plásticos venezolanos. “Para Nibank constituye un honor contribuir con la sociedad latinoamericana como patrocinante internacional de diversas causas sociales, dentro de nuestro compromiso con el desarrollo del ser humano en lo ético, social, deportivo, cultural”, se lee en uno de esos catálogos. Era una ambiciosa presentación para una realidad que por entonces seguía siendo, más bien, difusa.
Hoy, en cambio, el banco parece estar en expansión. A los fondos relacionados con los intermediarios de los Clap, las actividades de intermediación o corresponsalía de bancos estatales venezolanos, así como al acuerdo de patrocinio con el Atlético de Madrid se suma que la institución está en busca de personal para su oficina en Caracas. En febrero de este año el banco publicó en sus redes sociales vacantes para administradores, abogados corporativos y especialistas en tecnología de la informática, de medios de pagos y de desarrollos web, entre otros cargos. Otra señal de que el North International Bank vive un auge desde que Sudeban autorizó su operación en Venezuela en 2016, a contracorriente del prolongado desplome económico que sufre el país.
Desestimando las dificultades crónicas de abastecimiento en el país, el régimen chavista participa de forma activa, a través del Ministerio de Alimentación, en las exportaciones de esta especie marina, prohibidas desde 2017 de manera expresa en una normativa que busca garantizar la sustentabilidad de la industria pesquera local. Siete de cada diez toneladas, despachadas también por empresas privadas, fueron a parar a la isla, un gesto nada conservacionista que tiene menos de desprendimiento que de auxilio al aliado castrista.
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