Empresarios cuestionados en Ecuador y EEUU le venden comida al gobierno venezolano
El nombre de Alex Saab vuelve a aparecer. El empresario colombiano, relacionado con la contratista Fondo Global de Construcción, parece reinventarse. Gracias a una sociedad registrada en Hong Kong, ha logrado venderle alimentos a Venezuela por más de 200 millones de dólares en una negociación aprobada con la firma de Nicolás Maduro y con la intermediación de la Gobernación del estado Táchira, que dirige José Gregorio Vielma Mora. Los productos pagados con dólares preferenciales, pero facturados con sobreprecio, se han dirigido a los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el programa bandera con el que las autoridades venezolanas pretenden paliar el hambre.
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Su
rostro ha salido más en las páginas de sociales de los periódicos de
Barranquilla que por sus negocios en Caracas. De esmoquin, con corbatín negro y
un botón en la solapa, se le vio como pocas veces, posando en la edición del 2
de mayo de 2011 del diario El Heraldo, en una de las bodas de la
temporada. Pero desde entonces, el nombre de Alex Nain Saab Morán figura más
gravitando alrededor de los contratos furtivos del chavismo que en las fiestas
de la costa colombiana.
Primero
destacó como constructor del programa gubernamental de la Misión Vivienda; luego
como beneficiario de la moneda del Sucre –“el bit
coin chavista”– y, ahora, nada más y nada menos que en el cerrado
círculo de afortunados que tienen invitación a otra fiesta: la de la importación
de alimentos con dólares preferenciales, para subsidiar el programa
gubernamental de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción
(CLAP).

Alex Nain Saab Morán, el primero de derecha a izquierda, en una boda que reunió a las familias más influyentes de Barranquilla, Colombia, en mayo de 2011. Fotografía: El Heraldo de Barranquilla.
El
plan asistencialista surgió hace poco más de un año. Empezó con el reparto
desordenado de bolsas de comida en las zonas populares y se ha sistematizado al
formato de la caja que en teoría reciben quincenalmente las familias censadas.
Es la respuesta gubernamental a una crisis económica prolongada por más de tres
años, con un desabastecimiento persistente y generalizado, y una inflación de
tres dígitos. “Todo el poder para los CLAP”, machaca con insistencia Nicolás
Maduro. Con la medida, también quiere evitar las colas de personas a las puertas
de los supermercados en busca de productos a precios regulados y su posterior
reventa en mercados informales, práctica conocida como
“bachaqueo”.
Rastrear
las cajas para los CLAP es un viaje confuso que lleva a un entramado opaco, pero
ahora se puede advertir que Alex Saab tiene cuando menos una tajada de esta
torta. Un centenar de documentos obtenidos para esta investigación prueban que,
por medio de una empresa llamada Group Grand Limited, importó alimentos a través
de la intermediación de la Gobernación del estado Táchira, en cuya cabeza está
José Gregorio Vielma Mora, militar que participó en el golpe de estado del 4 de
febrero de 1992, comandado por Hugo Chávez, y que ha tenido varios cargos
públicos durante el chavismo.
Es
el mismo Alex Saab que en 2015 fue cuestionado –junto a su socio, Álvaro Pulido
Vargas– por un escándalo de corrupción con su empresa Fondo Global de
Construcción. La Fiscalía ecuatoriana detectó irregularidades dos años atrás;
señaló la simulación y sobrefacturación de exportaciones desde Quito y Guayaquil
hasta Caracas, para sacar provecho al control de cambio venezolano a través del
Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre), creado por los
gobiernos del fallecido Hugo Chávez y su par ecuatoriano, Rafael
Correa.
Según
las averiguaciones de los fiscales de Ecuador, eran operaciones vinculadas a los
contratos que años atrás concretó Fondo Global de Construcción con organismos
venezolanos para levantar casas prefabricadas del programa gubernamental de la
Misión Vivienda. No se trata, de cualquier modo, de la única investigación
contra el grupo: una
reciente publicación del periodista Gerardo Reyes,
en Univisión, reveló que tanto a Saab como a Pulido los investiga la
Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus
siglas en ingles).
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Una compañía fantasmal
Group
Grand Limited fue registrada en Hong Kong en 2013 y, de acuerdo a los papeles de
inscripción, desde el 7 de mayo de 2015 hasta el 24 de febrero de 2017, tuvo
como accionista y beneficiario a Shadi Nain Saab Certain, familiar de Alex Saab.
La conexión entre ambos se repite en dos fundaciones registradas el mismo día en
Panamá hace cuatro años, así como también en la firma Saab & Compañía,
registrada en 2004 en Barranquilla y disuelta en 2014, según la Cámara de
Comercio de esa ciudad del noreste colombiano.
El
parentesco entre ambos no es la única prueba de la relación entre Fondo Global
de Construcción y Group Grand Limited. La dirección de contacto de Shadi Saab,
incluida en el registro de Hong Kong, coincide con la ubicación de una de las
dos oficinas que Fondo Global de Construcción ocupó en el Centro Galipán, en El
Rosal, una exclusiva zona financiera de Caracas. El detalle de la dirección será
otra señal para seguir la presencia casi fantasmal en Venezuela de Group Grand
Limited, una compañía sin Registro de Información Fiscal (RIF), ni inscripción
en el Registro Nacional de Contratistas
(RNC).
En
las facturas emitidas por Group Grand Limited a la Comercializadora de Bienes y
Servicios del estado Táchira (Cobiserta), adscrita a la Gobernación de esa
entidad, la dirección vuelve a conducir a las oficinas de Fondo Global de
Construcción en Caracas. Ese dato también se repetía en la web de la empresa,
pero fue modificado justo después de que se les contactara por teléfono, para
solicitarles una entrevista para este reportaje. “Voy a ubicar a la consultoría
jurídica y ellos se van a comunicar con usted”, contestaron en esa oportunidad.
No hubo atención formal de parte de sus representantes sobre la relación con
Group Grand Limited, salvo que una fuente vinculada con la compañía se limitó a
indicar que desconocía la razón por la cual la sociedad de Hong Kong tenía como
sede en Caracas la misma dirección. “Fondo Global está sólo en lo relacionado
con la construcción”, aseveró.
Al
seguir los nuevos datos de contacto publicados en el sitio web de Group Grand
Limited, la respuesta fue que la compañía tenía dos sedes en Caracas. “Sí, lo
que pasa es que manejamos dos oficinas, en el Centro Galipán y acá”, explicó una
mujer al otro lado del teléfono. Allí tampoco atendieron al pedido de
entrevista. Finalmente, al discar el número telefónico internacional que figura
en las facturas de Group Grand Limited, un hombre con acento colombiano
identificado como Carlos negó el nexo con Fondo Global de Construcción: “¿Qué es
eso, chico? Estás equivocado, esta es una empresa de Hong Kong”, disparó con
rapidez y prometió que a los dos días respondería a una entrevista que nunca
ocurrió.
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La
luz verde para el negocio entre Group Grand Limited y la Gobernación de Táchira
llegó el 10 de octubre de 2016. Es la fecha de un punto de cuenta en el que José
Gregorio Vielma Mora solicitó a Nicolás Maduro la “exoneración del pago de los
gravámenes de importación, tasa por servicios aduaneros, Impuesto al Valor
Agregado (IVA), impuestos del uno por mil (1X1000), gastos operativos y
logísticos de Bolipuertos”, relacionados con un “plan especial de abastecimiento
alimentario”, que supondría la adquisición de “diez millones de combos de
alimentos que serán distribuidos al pueblo venezolano, mediante mecanismos
justos, que hagan frente a la guerra económica que hoy impulsan sectores de la
oposición nacional e internacional”.
Según
el cronograma presentado en el documento, 2 millones de combos se entregarían en
diciembre de 2016 y los 8 millones restantes entre enero y febrero de este año.
Maduro avaló la petición de Vielma Mora y además autorizó 340 millones de
dólares para que la empresa de la Gobernación del estado Táchira ejecutara el
negocio. Los recursos saldrían del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden),
entidad creada en 2005 por Hugo Chávez para manejar con discrecionalidad parte
de las reservas internacionales y del ingreso petrolero venezolano, de acuerdo a
la carta que dirigió la secretaria ejecutiva del Fonden, Arlen Piñate, a un
funcionario de la Gobernación de Táchira llamado José Salvador
Bolívar.
“En
atención al convenio Nº MPPBF-Fonden-CATF 2016-074, suscrito entre su
representada y el Fondo de Desarrollo Nacional, S.A, y al punto de cuenta S/N de
fecha 10 de octubre de 2016, aprobado por el presidente de la República, las
divisas aprobadas por un monto total de trescientos cuarenta millones de dólares
americanos de los Estados Unidos (USD 340.000.000), para la adquisición de
rubros de primera necesidad, entre ellos alimentos, deberán ser cancelados de
acuerdo a la tasa de cambio de divisas protegidas (Dipro), de conformidad con lo
establecido en el convenio cambiario número 35”, dice la misiva con fecha del 10
de octubre de 2016.
Un negocio redondo
La
carta de la secretaria ejecutiva del Fonden revela la magnitud del negocio. Los
340 millones de dólares aprobados por Maduro para Vielma Mora superan los 274,2
millones de dólares que liquidó la extinta Comisión Nacional de Administración
de Divisas (Cadivi) para Alimentos Polar entre 2004 y 2012, o más de la mitad de
los 595,2 millones de dólares que en el mismo período percibió la división de
Cervecería Polar, el mayor grupo empresarial del país. Los 340 millones de
dólares equivalen hoy a una cuarta parte de la deuda que acumulan las empresas
agrupadas en la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) con sus
proveedores en el exterior por importaciones aún no pagadas por las
autoridades.
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De
los papeles se desprende la discrecionalidad con la que el Ejecutivo nacional
maneja las divisas preferenciales, tasadas a 10 bolívares por dólar, un valor
ínfimo si se compara con la cotización del dólar “paralelo”, casi 500 veces más
alta. Salvo Procter & Gamble y MSD Farmacéutica, ninguna compañía privada
obtuvo pagos de divisas por una cifra cercana a esos 340 millones de dólares ni
en 2015, ni en 2016. Alex Saab sí consiguió un mejor
trato.
Group
Grand Limited se lleva buena parte la torta de 340 millones de dólares. Entre el
8 y el 30 de enero de este año esa compañía emitió, al menos, 149 facturas a la
compañía de la Gobernación del Táchira por unos 212,3 millones de dólares
correspondientes a la venta de un total de 95,1 millones de kilogramos de
alimentos, lo que supone un promedio de 2,23 dólares por cada
kilo.
En
el negocio Group Grand Limited sólo funge como trader y cobra
por adelantado. Mayonesa, caraotas, atún enlatado, pastas, harina de maíz
precocida, aceite refinado vegetal, salsa de tomate, azúcar, arroz, leche en
polvo y lentejas fueron los productos despachados.
Varios
empresarios coinciden en que los productos reflejan sobreprecio, si se toma en
cuenta que son compras al mayor. Por ejemplo, Group Grand Limited cobró por cada
kilogramo de atún 6,29 dólares, por el de salsa de tomate 7,39 dólares y por el
de mayonesa 8,17 dólares, por citar los montos más abultados. “Son precios
exagerados, muy altos”, sostiene un empresario del sector de alimentos tras
analizar las facturas.
Una
búsqueda de precios internacionales confirma la opinión del empresario. En
supermercados de Colombia, por ejemplo, la salsa de tomate que Group Grand
Limited facturó en 7,39 dólares no excede los 5 dólares. Con el atún enlatado
ocurre algo similar: supermercados venezolanos compran la presentación de 140
gramos entre 1 y 2 dólares. Con los granos y la pasta pasa lo mismo. “Nosotros
estamos comprando las caraotas en 0,99 dólares el kilo y ellos la están
vendiendo en 1,77”, alertó otro empresario. “El costo de la pasta que importamos
oscila entre 1 y 1,25 dólares el kilo, pero ellos la facturan en 2,22”. En ambos
casos el sobreprecio ronda 80%.
En
numerosas oportunidades Cavidea ha cuestionado el hecho de que el Gobierno
privilegie las importaciones de productos terminados en vez de la compra de
materia prima para las empresas. En esa organización repiten que “con un millón
de dólares la industria nacional produce cinco veces más de lo que se obtendría
por importaciones”. Juan Pablo Olalquiaga, presidente de la Confederación
Venezolana de Industriales (Conindustria), tiene una posición similar. “Los CLAP
venden productos importados que generan trabajo en otros países, es un uso
altamente ineficiente de las divisas”, sentenció recientemente en una rueda de
prensa.
Al
sumar cada producto que vendió Group Grand Limited, la caja para los CLAP con
unos 16 kilos de producto tendría un costo aproximado de 34 dólares, que a la
tasa de 10 bolívares por dólar, equivaldría a 340 bolívares, una cifra muy por
debajo de los entre 12 mil y 18 mil bolívares del precio oficial. Son cifras que
han alarmado a diputados de la oposición venezolana, quienes desde hace meses
han denunciado corrupción en el sistema de los CLAP, así como inconsistencias en
los precios. Los números, además, echan por tierra la versión reciente del
ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Jesús Faría, quien aseguró
que los CLAP se estaban importando al tipo de cambio complementario (Dicom),
tasado alrededor de 700 bolívares por dólar.
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El negocio y el hambre
“Desde
el mes de diciembre no nos llega el CLAP”, soltó un joven a Nicolás Maduro en un
acto televisado a las afueras de Caracas. A los pocos días se repitió el reclamo
durante otra transmisión. Esta vez una religiosa de La Vega –uno de los tantos
barrios marginados del oeste de la capital– le dijo al presidente venezolano:
“hay mucha deficiencia de alimentación, desde noviembre no llega el CLAP”. Ambos
–el joven y la religiosa– se referían a la caja con alimentos subsidiados que el
gobierno venezolano vende a la población de menos recursos, a través de los
Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Las
quejas muestran que los CLAP parecen cuestión de azar. Para los empresarios que
importan la mercancía, en cambio, son el premio gordo de una lotería. El negocio
no es poca cosa, si se toma en cuenta que el Gobierno pretende atender, al
menos, 6 millones de hogares.
“Estamos
trayendo productos importados por el gobierno revolucionario de varios países
hermanos: Trinidad y Tobago, Colombia, México, Nicaragua y hasta Estados Unidos,
el camarada Trump me está ofreciendo CLAP a buen precio”, anunció Maduro
recientemente entre risas. “Ustedes se ríen, va a haber
sorpresa”.
De
los empresarios ungidos por el Gobierno para traer los alimentos no se habla. En
febrero se supo que Samark López, a quien la Oficina de Control de Activos
Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos señaló como “testaferro” del Vicepresidente de la República,
Tareck El Aissami, es uno de los afortunados. Ahora se sabe que en la lista
también figura Alex Saab, a quien se le ha vinculado con una gran aliada
internacional del chavismo, nada más y nada menos que la ex senadora colombiana
Piedad Córdoba, a quien se le vio hace pocos días en Táchira agasajada por
Vielma Mora.
Fue
en 2011 cuando Saab asistió como “representante legal” de Fondo Global de
Construcción al palacio de Miraflores, en Caracas, para sellar el convenio que
luego derivaría en millonarios contratos. La ceremonia estuvo presidida por los
mandatarios Hugo Chávez y Juan Manuel Santos, y los cancilleres Nicolás Maduro
–hoy presidente de la República– y María Ángela Holguín. Con ellos cuatro se
sentó hace seis años, pero los papeles de Group Grand Limited hoy revelan otros
vínculos políticos: Javier Ernesto Betancourt Valle, que si bien actúa como
director de la sociedad antes se desempeñó en la administración pública en
cargos como el de cónsul de su país en New York o en el Ministerio de Minas como
presidente de la Asociación Nacional de Hidrocarburos.
Tras
haber realizado un negocio redondo con la Gobernación del estado Táchira, en
Group Grand Limited se hicieron cambios administrativos para borrar la pista de
Sahdi Nain Saab Certain. De acuerdo a los papeles de registro de Hong Kong, el
24 de febrero de este año las acciones de la empresa fueron transferidas a Eolo
Energies INC y Viladrake Internacional INC, dos sociedades panameñas registradas
por bufetes al estilo del ya famoso Mossack Fonseca que prestan nombres de
personas desconocidas para que, en apariencia, funjan como directivos de otras
compañías. Pero cuando llegó la maniobra, el millonario negocio ya había
ocurrido.