No es muy conocido, lo que no es de extrañar: hace lo que sea para mantener el bajo perfil, hasta contratar empresas de lavado de reputación en Internet. Pero en documentos del Registro Mercantil de Luxemburgo resalta su nombre en vinculación con la empresa Fimis Holding, que representa la zona cero de su madeja global de negocios, por la que pudo comprarse el primer edificio de superlujo en Madrid y el segundo apartamento más caro de Florida en 2016. Se llama Isaac Sultán Cohén, se le tiene por cercano a Diosdado Cabello, y ahora está de vuelta a su Itaca original, Puerto Cabello, en cuyos almacenes empezó a hacer fortuna.
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Desde que tuvo bajo su control buena parte de las concesiones de los almacenes de los puertos de La Guaira y Puerto Cabello, sobre la franja costera del centro norte de Venezuela, hasta que llegó con sus negocios marítimos y de inmuebles a Ginebra -curiosamente, una ciudad con lago en un país sin mar-, la carrera y las conexiones del empresario venezolano Isaac Sultán Cohén no han parado de expandirse.
Documentos provenientes del proyecto colaborativo de Open Lux –la base de datos con 3,3 millones de entradas del registro mercantil de Luxemburgo que logró obtener el diario Le Monde de París, y que coordinó el Proyecto de Reportería de la Corrupción y el Crimen Organizado (Occrp, por sus siglas en inglés)– permiten ahora conocer que el empresario venezolano se valió de, al menos, dos empresas offshore para incursionar en el negocio de inmuebles de lujo y comprar un edificio completo en Madrid, así como un suntuoso penthouse de dos plantas, con piscina incluida, en una de las zonas más caras y exclusivas del sur de Florida, Estados Unidos.
Precisamente en el edificio comprado por Sultán Cohén en 2014, en la capital española, fueron embargados apartamentos por una investigación en contra del exviceministro de energía venezolano Nervis Villalobos, por el uso de fondos, presuntamente provenientes de lavado de dinero, para la compra de pisos de lujo en España, de acuerdo con lo reseñado por la prensa de ese país. Además, Elecnor, la constructora de origen vasco escogida por quienes representaban al empresario venezolano en España para la remodelación del edificio, fue acusada de pagar presuntos sobornos a Villalobos, disfrazados de “asesorías”, para obtener millonarios contratos en Venezuela entre 2010 y 2012.
Sultán incursionó en el negocio de las viviendas de lujo luego de un accidentado recorrido en la industria naviera en Venezuela. En 2009, una de sus empresas insignia, Braperca, C.A., fue ocupada y luego integrada a la nueva estatal, Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), encargada de gestionar y administrar las operaciones portuarias. Era la culminación de la decisión de Hugo Chávez, expresada por un decreto presidencial del 24 de marzo de ese año, de acabar con todas las administraciones privadas en los puertos.
Poco antes de eso, en mayo de 2007, entre los directivos de Braperca se encontraba Hamud Khalil Massub, a quien los registros ubican como residente de Carabobo. Khalil Massub no solo comparte uno de sus apellidos con Majed Khalil Majzoub, sino que figura como directivo junto a este de la empresa Petroltec Fluidos De Venezuela, C.A, dedicada a la comercialización de fluidos para la perforación de pozos petroleros.
Tanto Majed como su hermano Khaled Khalil Majzoub son empresarios que obtuvieron importantes contratos desde los inicios del chavismo, favor que mantienen hasta hoy con su participación, bajo la figura de alianza estratégica, en empresas públicas como la también expropiada Lácteos Los Andes, por ejemplo.
Sultán, por su parte, no se queda atrás en este tipo de contactos. En julio de 2011, la revista Semana de Bogotá, durante la publicación de los llamados Wikileaks de Venezuela en proyecto conjunto con Armando.info, reprodujo el contenido de un cable interno del Departamento de Estado donde la Embajada de Estados Unidos en Caracas informaba que un empresario del negocio portuario había revelado que Diosdado Cabello, entonces ministro de Obras Públicas y Vivienda y actual número dos del chavismo, era el “verdadero dueño” de Braperca, la compañía que, en papeles, Sultán detentó hasta su expropiación.
A la postre, Cabello fue sancionado en mayo de 2018 por Estados Unidos bajo acusaciones de que estaba involucrado en “lavado de dinero, malversación de fondos estatales y otras actividades corruptas”, imputaciones que el político niega.
Tras el revés momentáneo en los almacenes portuarios, Sultán continuó con sus empresas de transporte de carga marítima y siguió haciendo negocios en Europa, Panamá y Estados Unidos. Su expansión posterior no fue solo geográfica. También amplió el abanico de sus negocios al sector high end de los bienes raíces, un negocio en el que muchos capitales venezolanos se colaron.
Cuando Sultán fue defenestrado de Puerto Cabello, corrían tiempos duros para la economía europea y del mundo. Todavía se sentían los coletazos de la burbuja de las hipotecas subprime de 2008. Las ondas expansivas de la recesión recorrían el planeta y en el frente de choque estaba el sistema financiero global. Gigantes de la banca se derrumbaban o se veían obligados a acudir a los expedientes de los subsidios estatales y de la fusión con pares.
Esta situación llevó al gobierno español en 2012, en conjunto con las autoridades de la Unión Europea, a crear la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), una institución con capital 54,1% privado (de bancos y aseguradoras) y 45,9% público (del FROB, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), que nació con el objetivo de recapitalizar a la banca y ayudarla a lidiar con sus activos tóxicos y deudores insolventes.
La página web de este organismo precisa que la sociedad compró, entre 2012 y 2013, un paquete de 198.211 “activos problemáticos” valorados en 50.781 millones de euros, que incluía 90.765 préstamos y créditos (77,7% de la inversión) y 107.446 inmuebles (22,3%). La idea era que el fondo sacara el máximo rendimiento a estos activos, para luego pagar a los bancos intervenidos por el FROB a través de bonos avalados por el Tesoro Público español que las entidades podían cambiar por dinero en el Banco Central Europeo (BCE). Las instituciones financieras que participaron en este mecanismo fueron BFA-Bankia, Catalunya Banc, Banco de Valencia, Novagalicia Banco, Banco Gallego, BMN, Caja3, CEISS y Liberbank.
Precisamente este último banco, Liberbank, vendió uno de sus activos a la Sareb: el edificio del número 48 de la calle José Abascal, ubicado en el exclusivo distrito Chamberí-Almagro, a tan solo 200 metros del Paseo de la Castellana de Madrid, luego de que el inmueble fuera embargado por el banco Castilla-La Mancha S.A, institución que fue absorbida por Liberbank, por falta de pago de un crédito hipotecario solicitado por el dueño anterior, la empresa Indegesu S.L.
Entonces entró en escena Sultán Cohén. Aprovechó la oportunidad que ofrecía la gran liquidación de inmuebles, bajo supervisión del Estado español, por incumplimientos hipotecarios. Pasó la due diligence (el proceso de búsqueda de información sobre una persona o corporación previa a la realización de negociaciones) del estatal Banco de España, la institución financiera que cumple funciones de banco central en ese país, y compró el edificio por 26,5 millones de euros el 24 de abril de 2014. Una verdadera ganga para como terminaron siendo los precios del metro cuadrado de construcción en la zona.
Para hacer esta compra, Sultán Cohén se valió de una empresa llamada Fimis Holding S.à r.l., una offshore constituida en Luxemburgo apenas diez días antes de la transacción. Pero quien dio la cara para la compra del edificio fue, a los efectos jurídicos, una empresa española de nombre Basgaron Spain SL, creada dos meses antes de la venta, que tiene por objeto “la actividad inmobiliaria, la urbanización, construcción, compraventa, rehabilitación” en este sector. De acuerdo con documentos obtenidos por Armando.info, esta compañía figura como la propietaria del inmueble.
Con este esquema, el nombre del venezolano logró pasar fuera del radar, a lo sumo nombrado como un “inversor extranjero” en algunos medios españoles. La discreción suele ser una marca en las actuaciones del magnate venezolano. No en balde, en un reportaje reciente de Armando.info se reveló que fue uno de los clientes que entre 2016 y 2020 precisaron de los servicios de Eliminalia, una empresa española de lavado de reputación en Internet.
Los balances financieros de Fimis Holding demuestran la conexión de esta empresa con Basgaron Spain SL. Wntre los años 2014 y 2018, realizó un pago anual de alrededor de cuatro millones de euros, descrito con el rubro de “activo financiero fijo”, a Basgaron. El accionista de esta empresa es otra offshore de nombre Ibericlake Holdings Limited, una compañía inscrita en las Islas Caimán que aparece en otras empresas asociadas a Sultán Cohén.
Basgaron, constituida el 27 de febrero de 2014, apenas unas semanas antes que Fimis, también ejerció como “promotora” de la obra. Es decir, se encargó de gestionar los permisos ante el ayuntamiento, de arreglar el contrato con la constructora, contratar a las consultoras encargadas de comercializar los inmuebles, entre otras gestiones. Armando.info envió una solicitud de información a la Sareb el 16 de agosto, para obtener más detalles sobre esta compra, pero hasta la fecha de publicación del presente reportaje la institución no había dado respuesta.
Luego de la compra del edificio en Madrid en 2014, Basgaron decidió cambiar el proyecto original de las obras y redujo la cantidad de apartamentos a la mitad, para hacer viviendas de lujo.
La empresa escogió a la trasnacional vasca Elecnor, y a su filial Área 3 (dedicada a las actividades de de “interiorismo, diseño y equipamiento”), para las obras de remodelación del edificio que culminaron en 2016 y que tuvieron un costo de 3,5 millones de euros, de acuerdo con la página 18 del dossier de proyectos ejecutados por esa empresa.
El grupo Elecnor es una compañía dedicada al sector eléctrico que tuvo su primera filial extranjera en Venezuela. Durante los años del chavismo ejecutó grandes obras como la construcción de la Central Eléctrica Juan Manuel Valdez de 350 MW, en Güiria, en el oriental estado Sucre, con un costo de 709 millones de euros, o la red de transmisión eléctrica Red Termocentro, ubicada en el estado Miranda, centro norte de Venezuela, a un costo de 159 millones de euros.
Elecnor también fue relacionada al pago de presuntos sobornos al exviceministro de Energía venezolano, Nervis Villalobos, uno de los principales acusados por parte de las autoridades de Andorra de estar involucrado en un esquema de pagos irregulares que superaron los 2.000 millones de euros a través de la banca de ese país. Fue arrestado en Madrid en 2017, acusado de blanqueo de capitales también en Estados Unidos, España y Venezuela. Actualmente está en libertad, pero enfrenta procesos judiciales en España por estas acusaciones y solicitudes de extradición.
El diario El País de Madrid publicó documentos que indican que la compañía vasca abonó 11,5 millones de euros a Villalobos por supuestas “asesorías” entre los años 2010 y 2012. El pago fue vinculado con la participación que consiguió Elecnor en la construcción de una termoeléctrica en Cumaná, capital del estado Sucre, por 1.420 millones de euros. También según el mismo medio, Elecnor pagó comisiones a Villalobos por negocios en otros países.
Luego de que Elecnor culminó las obras de remodelación en 2016, el edificio de José Abascal 48 fue presentado en julio de ese año como una opción de viviendas de lujo, con zonas comunes entre las que se encontraban un gimnasio, zona de aguas, jacuzzi, sauna y baño turco, así como un estacionamiento robotizado con capacidad para más de 200 puestos. Los costos de las viviendas oscilaban entre los 600.000 euros y los cuatro millones de euros. Los principales clientes potenciales para este inmueble que, como se asombraba el diario El Confidencial de Madrid, “fue víctima de la crisis inmobiliaria y ahora se ha convertido en el primer edificio de viviendas de superlujo”, eran, precisamente, los venezolanos y otras nacionalidades latinoamericanas como los mexicanos y los colombianos.
Sin embargo, en diciembre de 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró “nulas” las licencias municipales concedidas por el ayuntamiento de esa ciudad para la realización de las obras por violar la “edificabilidad” permitida en esos terrenos en 790,46 metros cuadrados y ordenó a la institución municipal demoler parte de la construcción, para que esta se adapte a los límites permitidos. Esta sentencia todavía está pendiente de ejecución.
Por si fuera poco, en 2018, cuando se hizo pública en la prensa española la investigación adelantada por dos jueces de ese país en torno a una veintena de venezolanos “que se han dedicado a invertir en inmuebles en España para lavar el dinero” presuntamente desviado de Pdvsa, salió a relucir que Nervis Villalobos, a través de la sociedad Columbus Properties One, era dueño de “24 pisos en los céntricos barrios de Salamanca y Chamberí de la capital española”, entre ellos, un apartamento embargado en “la calle José Abascal 48”. El esquema usado por Villalobos y sus socios para esconder sus nombres fue muy parecido al empleado por Sultán Cohén para comprar el edificio. Para la adquisición no se usó el nombre de los propietarios sino que se constituían sociedades “SL” y los pagos se hicieron con fondos provenientes de cuentas en el extranjero.
Los documentos de Fimis Holding también indican que esta empresa tenía participaciones en Esther Maritime LTD y Simaee SA. La primera compañía está dedicada al comercio marítimo a través del transporte de contenedores y fue inscrita en Malta, una nación insular en el Mediterráneo oriental con características de paraíso fiscal. La segunda tiene como objeto social prestar servicios de administración, contabilidad y análisis financiero y su sede está en Ginebra, Suiza.
Una fuente que conoce el sector inmobiliario de España, y que solicitó no ser identificada, indicó que Sultán Cohén tiene “buenas conexiones” en Suiza y que sus intereses e inversiones han sido representados directamente por Thierry Sauvaire, director ejecutivo de Eurocement Holding AG, empresa con sede también en Ginebra. Esta corporación es la apoderada legal y la asesora financiera del grupo Eurocement, el mayor productor de cemento de Rusia, que cuenta con 19 plantas en ese país, además de Ucrania y Uzbekistán.
La directora de finanzas de Eurocement Holding AG, la contadora Jessie Agostinelli, también figuró como integrante de la junta directiva de Basgaron, la subsidiaria de Fimis Holding que compró el edificio de José Abascal 48 en Madrid. Armando.info envió solicitudes de información al correo electrónico de Eurocement Holding el 16 y el 17 de agosto, desde dos correos distintos; sin embargo, ambos envíos fueron rechazados por el sistema de correo.
Andrea Agostinelli, el esposo de Jessie Agostinelli, fue nombrado como directivo de Fimis Holding en febrero de 2015 y fue renovado en este cargo, al menos, hasta diciembre de 2020. También fue director de Esther Maritime LTD, y Simaee SA, las otras dos subsidiarias de Fimis Holding que aparecen en los documentos de la filtración de Open Lux.
Andrea Agostinelli viene del mismo sector que Sultán Cohén, pues trabajó hasta 2014 para una de las compañías de carga marítima más grandes del mundo: Mediterranean Shipping Company, en donde laboró durante 26 años y se desempeñó como vicepresidente para la región de Latinoamérica por la misma fecha en que Sultán Cohén operaba su negocio naviero. Esta compañía, de origen italiano, tiene su sede en Ginebra.
Sultán Cohén aparece en la página del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) como adscrito a la nómina de la empresa Total Maritime Corp., filial en Venezuela de la taiwanesa Evergreen Marine Corporation, una de las dos gigantes globales -junto a la danesa Maersk- en el transporte marítimo de contenedores. Allí aparece junto al ingeniero venezolano Ángel Fidalgo de la Vega. No será el único registro donde coincidan. Fidalgo ha registrado 17 compañías en Estados Unidos y, al menos, nueve de ellas tienen alguna relación con Sultán Cohén.
Fidalgo también aparece relacionado con otras personas del círculo cercano del empresario portuario. María Alejandra Osechas López, quien figura como directora suplente en los documentos de Braperca en Venezuela como esposa de Sultán, compró un lujoso apartamento en las residencias de One Bal Harbour por siete millones de dólares el 11 de marzo de 2019. En el registro de venta de este apartamento en Miami-Dade, Osechas señala que ahora es una mujer soltera. El vendedor de este apartamento, que Sultán Cohén ponía como dirección personal en otras empresas de Estados Unidos, fue una compañía de Florida de nombre Bal 2008, LLC, cuyo director es Ángel Fidalgo, quien firmó el traspaso del apartamento a Osechas.
Hay indicios de que esta es la modalidad escogida por Sultán Cohén para continuar con sus inversiones en inmuebles de lujo en Estados Unidos, usando, esta vez, el nombre de su socio Ángel Fidalgo, y el de otra offshore, como tapadera. Este fue el caso de la compra de un penthouse de dos plantas por 25,5 millones de dólares por la empresa UPH01S LLC el 21 de febrero de 2017, en las exclusivas residencias del edificio Oceana Bal Harbour, erigido por Consultatio Real Estate, constructora de apartamentos lujosos perteneciente al empresario argentino Eduardo Constantini.
El espectacular apartamento de 2.800 metros cuadrados, bautizado como una “mansión en el cielo” por páginas especializadas en bienes raíces, fue el segundo más caro vendido en Florida ese año. Cuenta con una terraza techada, una piscina propia y un spa. Como único directivo de la empresa que compró el apartamento, para la fecha de la venta, figuraba Ibericlake Holdings Limited, la misma offshore que posee las acciones de Fimis Holding en Luxemburgo. Fidalgo, el inseparable socio de Sultán, se unió a la directiva de esta empresa en julio de 2020.
Las compañías presididas por Fidalgo compraron, al menos, otros cinco apartamentos de lujo en Florida, todos en la avenida Collins, la turística arteria que viene desde Miami Beach y sigue al norte, atravesando Bal Harbour y otras secciones playeras, como la ahora tristemente célebre Surfside.
El pasado 10 de agosto Armando.info fue hasta la sede de Total Maritime Corp, ubicada en un piso de la torre Credicard en el municipio Chacao, al este de Caracas, con la intención de dejar un cuestionario dirigido a Sultán Cohén y Fidalgo, pero este no fue recibido en la recepción, sin que mediara explicación alguna. Ese mismo día, el reportero envió el cuestionario a través de los correos electrónicos de la compañía, pero hasta la fecha de publicación de esta nota no ha habido ninguna respuesta.
El precio del resto de los cinco apartamentos comprados por las empresas de Fidalgo, que oscila entre 2,6 y 5,7 millones de dólares, sirve como un indicio de que las compras de este cercano socio de Sultán Cohén apuntan a las inversiones en viviendas de lujo. Los siete apartamentos en los que aparece el nombre de Fidalgo –incluyendo el de María Alejandra Osechas, que Sultán Cohén apuntaba como su dirección personal con anterioridad- suman un total de 55,4 millones de dólares y fueron adquiridos entre 2012 y 2020.
Armando.info envió una solicitud de información de estas operaciones a la firma de abogados R&S International Law Group, LLP, que figura como agente registrador de las empresas. El socio del bufete, Marco E. Rojas, indicó que las regulaciones legales de Florida le impiden dar información sobre sus clientes. Explicó que tras la solicitud de este medio hicieron un nuevo proceso de due diligence, a través de sus bases de datos, y que encontraron que “no sale ninguna información negativa” sobre Sultán Cohén.
Además de Venezuela y Estados Unidos, los vínculos de Sultán Cohén y Fidalgo, egresado de la facultad de ingeniería de la Universidad Central de Venezuela (UCV), se extienden a otras latitudes. Forma parte de la junta directiva con Andrés Sultán Osechas, hijo de Sultán Cohén, en dos empresas panameñas: AFS Services Marine, S.A y EAE Logistics S.A, dedicadas al traslado de carga y el comercio marítimo.
Las compañías de comercio marítimo de Sultán Cohén siguen en pleno funcionamiento en diversas regiones. Este es el caso de Atlantic Feeder Services, S.A. en Panamá (abreviada AFS, como la que dirige su hijo), en donde figura su nombre junto al de Juan José Iturbe Rodríguez. Hay dos empresas con nombres similares en Estados Unidos: Atlantic Feeder Services (USA), LLC, inscrita el 23 de enero de 2013 y Atlantic Feeder Services, S.A. Corp, registrada como compañía extranjera en el estado de Florida el 4 de noviembre de 2020. En su página web, la sociedad panameña señala que tiene una asociación con una compañía naviera mediterránea para proveer servicios a las compañías de envíos marítimos más grandes de la región del Caribe.
Esta empresa tiene como dirección en Venezuela una oficina ubicada en el casco central de Puerto Cabello que pertenece a Mundo Mar Agencia Marítima, S.A. En Venezuela el nombre de esta empresa panameña es Agencia Marítima Mundo Mar C.A., y tiene como objeto exclusivo el comercio marítimo. Durante esta investigación Armando.info encontró que el empresario venezolano ha creado más de 20 empresas, en distintas partes del mundo, en los últimos 20 años.
En febrero de 2017, tras casi ocho años de la estatización de los puertos venezolanos, la autodenominada Revolución Bolivariana, ahora presidida por Nicolás Maduro, reactivó el Sistema de Registro de Operadores Portuarios (SROP) para las empresas privadas que prestan servicios en los puertos y empezó a establecer tarifas en dólares para la inscripción de las compañías. Fue la oficialización de las llamadas “alianzas estratégicas”, una figura que está usando el chavismo desde hace unos años para abrir la puerta a que empresarios de su círculo cercano le ayuden a rescatar industrias que fueron quebradas por la administración estatal.
En una nota publicada en la web de Bolipuertos el 28 de noviembre de 2018, este ente indicó que se encontraba realizando una inspección de las maquinarias y equipos en las instalaciones del puerto de Puerto Cabello y se señala que entre las empresas inspeccionadas estuvo la Agencia Maritima Mundo Mar C.A. En agosto de ese año se informa sobre otra alianza estratégica entre la empresa estatal y Cosco Logictics, la filial de la empresa china de transporte marítimo de mismo nombre cuyo representante en Venezuela es Carlos Hostos, quien fue accionista de Braperca, la empresa de Sultán Cohén ocupada en 2009.
Estas noticias en el portal de Bolipuertos dan cuenta del fracaso de esta institución en la administración de los puertos venezolanos, a cuyos muelles regresaron algunos de los empresarios perjudicados en los tiempos de las confiscaciones de Chávez. Sultán, que vivió un ascenso que contrasta con el estado de los almacenes que administró a inicios del chavismo, sigue operando en estas instalaciones y un empresario del sector, que prefiere el anonimato, no descarta su regreso, o el de sus antiguos socios, a través de concesiones, a los mismos almacenes de los que fueron expulsados.
El que con bancos mata, a bancos muere: casi medio siglo de próspera trayectoria en el negocio no previno a esta familia del estado Lara de una racha negativa en transacciones relacionadas con las finanzas. Si su banco en Puerto Rico fue objeto de una redada del FBI en 2019, ya arrastra una década con un pleito en España iniciado por la compra frustrada de otro banco en Cataluña, a través de una compañía registrada en Luxemburgo. Ambos emprendimientos internacionales surgieron en el mismo momento en que Hugo Chávez les expropiaba la entidad de ahorro y préstamo Casa Propia; pero de algún modo se han salido con la suya de cada contratiempo.
Víctor Vargas, después de tantear la opción del Banco de Venezuela, adquirió CorpBanca en 2006 y, dos años después, quiso unirlo a su marca matriz, el BOD. Pero los reguladores le pusieron como condición para aprobar la fusión que se deshiciera de un valioso activo, sus acciones en el Banco del Orinoco de Curazao. Así que el magnate superó el obstáculo con creatividad, audacia y una maniobra de ingeniería legal-financiera que solo hoy se conoce por una filtración: buscó una empresa de papel en Luxemburgo con la que fingió una compraventa que terminaba en el mismo Vargas.
Cuatro empresas en el Gran Ducado sirvieron para que Alejandro Betancourt y sus asociados blindaran activos importantes, incluyendo ingresos por sus negocios petroleros en Venezuela con contrapartes rusas. El hallazgo, obtenido en el marco del proyecto periodístico transfronterizo OpenLux, puede representar el eslabón perdido para las investigaciones que desde hace tiempo autoridades de Estados Unidos y España adelantan, por presunta estafa a Pdvsa y lavado de dinero, contra los jóvenes magnates que hicieron fortuna gracias a la adjudicación de contratos eléctricos durante el gobierno de Hugo Chávez.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
Empresario venezolano que fue el principal administrador de los almacenes de Puerto Cabello. Además de tener varias empresas dedicadas al comercio marítimo, expandió sus negocios por Europa y Estados Unidos con la compra de inmuebles de lujo.
Empresa que tiene como objeto el comercio marítimo y que tiene entre sus directivos a Isaac Sultan Cohen. Está operando actualmente en el puerto de Puerto Cabello.
Corporación con sede en Ginebra y Zurich que actúa como apoderada legal y asesora financiera del grupo Eurocement, el mayor productor de cemento de Rusia. Sus directivos hicieron gestiones a favor de los intereses de Sultán Cohén.
Fue esposa de Sultan y le acompañó en la junta directiva de Braperca como su suplente. En 2019 compró un apartamento por 7 millones de dólares en Florida, Estados Unidos, en cuyos registros indicó que es soltera.
Socio de Isaac Sultan Cohen en compañías navieras y en las inversiones en bienes raíces en Estados Unidos. Es ingeniero egresado de la UCV y comparte junta directiva con Sultan en empresas en Estados Unidos.
Compañía offshore inscrita en las Islas Caimán que es accionista de Fimis Holding y que además sirvió para comprar un lujoso penthouse por 25,5 millones de dólares en la exclusiva urbanización de Bal Harbour en Florida.
Subsidiaria de Fimis Holding en España que fue constituida el 27 de febrero de 2014 y que compró el edificio de la calles José Abascal 48 ese año con capital de Isaac Sultán Cohén.
Empresa offshore inscrita en abril de 2014 en el principado de Luxemburgo con la que Isaac Sultan Cohen realizó inversiones en España, Malta y Suiza y que sirvió para ocultar su nombre en estas operaciones.
Institución de capital público-privado que adquirió “activos problemáticos” de la banca española con el fin de recapitalizar a esas instituciones. Vendió el edificio de José Abascal 48 a la compañía de Isaac Sultan Cohen en España.
Bolivariana de Puertos, creada por el gobierno de Chávez el 24 de marzo de 2009, fue encargada de gestionar y administrar las operaciones portuarias de Venezuela.
Empresa constituida en 1998 y que fue una de las principales adjudicatarias de las concesiones de almacenes en los puertos de Puerto Cabello y La Guaira. Sus instalaciones fueron ocupadas en 2009 cuando el Gobierno creó Bolipuertos.
Directivo de Braperca para mayo de 2007. También fue socio de Majed Khalil Majzoub, el empresario de ascendencia libanesa que, junto con su hermano Khaled, compraron la atunera Eveba.
