En un gesto inusual en él, el 'número dos' del chavismo dio en 2015 un paso al frente para sellar en persona una alianza milmillonaria con el gigante de alimentos brasileño JBS, con quien el chavismo ya venía haciendo negocios. Sería la última gran oportunidad en Venezuela de esa corporación. Pero la estructura que entonces usó para pagar los servicios de sus aliados locales no solo despertó sospechas ese año en la banca internacional, sino que también sería el embrión para el surgimiento de la nada de un próspero actor industrial, el Grupo JHS.
El año 2015 comenzó con una tormenta económica para los venezolanos. “Dios proveerá”, soltó Nicolás Maduro en enero ante la Asamblea Nacional, en alusión al desplome de los ingresos petroleros y ante lo que ya era una crisis económica inocultable. Pero Dios no terminaría por ser el proveedor: apenas un mes después de ese reconocimiento por parte del sucesor de Hugo Chávez en la presidencia, su gobierno firmó un contrato para el suministro de alimentos por poco más de 2.000 millones de dólares con la compañía brasileña JBS, la mayor cárnica del mundo.
Prueba de la importancia concedida al proveedor y a ese convenio fue la visita que poco después hizo a su sede en Brasil el llamado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, entonces presidente de la Asamblea Nacional, en uno de sus raros y poco publicitados viajes al exterior. Fue un negocio milmillonario que en las sombras tuvo otro ganador: el entonces desconocido y recién creado grupo empresarial venezolano JHS, encabezado por Jorge Silva Cardona, un ex sargento segundo de la Guardia Nacional y ex funcionario tributario en el Seniat entre 2008 y 2013.
Nuevos documentos contenidos en los FinCEN Files, una investigación global basada en la filtración de 2.100 archivos que Buzzfeed News compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y otros 108 medios en 88 países, entre ellos Armando.Info, permiten reconstruir el millonario negocio que se ejecutó a tres bandas: la jerarquía chavista, la trasnacional JBS y la tachirense JHS.
“Teniendo a Brasil tan cerca, no tenemos necesidad de buscar tan lejos”, celebró el 9 de junio de 2015 desde ese país el diputado Cabello. Poco dado a los viajes al exterior, estuvo acompañado por su hermano José David, y por los generales Rodolfo Marco Torres y Giuseppe Yoffreda, todos militares de alto rango y para ese momento responsables del área económica en un tren Ejecutivo que intentaba paliar el severo desabastecimiento de alimentos antes de la elección parlamentaria del 6 de diciembre de ese año. El esfuerzo fue inútil, ya que la oposición obtuvo una amplia mayoría, pero los millones de dólares de Venezuela para JBS, y de esta a JHS, no pararon de correr.
Los funcionarios compartieron varios días con Lula Da Silva, expresidente de Brasil, y los hermanos Joesley y Wesley Batista, cabezas de JBS y del holding J&F Investimentos. También recorrieron las oficinas y plantas del grupo empresarial en Sao Paulo. “Aquí hemos encontrado total y absoluta disposición, estamos seguros que con el apoyo de los empresarios y el gobierno brasileño la situación en Venezuela puede sobrellevarse”, aseguró Cabello.
Aunque con el chavismo las exportaciones de JBS a Venezuela casi se habían duplicado entre 2012 y 2013, hasta llegar a 517 millones de dólares, según cifras de la compañía, en aquellos días de junio de 2015 quedó claro que a la relación entre JBS y los jerarcas del chavismo todavía le quedaba trecho por andar.
Cuando Diosdado Cabello encabezó la gira a Brasil, el negocio estaba andando paso a paso: de Venezuela salían millonarios pagos para JBS y, luego, de la compañía brasileña para la novel empresa venezolana Servicios JHS, apenas creada en noviembre de 2013. Esa fue la primera del emporio empresarial -junto a Aves JHS- que había comenzado a levantar el ex Guardia Nacional Jorge Silva sin haber cumplido los 30 años y mientras las grandes trasnacionales huían del país, asfixiadas por el modelo económico de la autodenominada Revolución Bolivariana.
Tres años después, Silva se convirtió en el dueño del Deportivo Táchira, quizás el club de fútbol con mayor tradición en Venezuela y orgullo de San Cristóbal, su ciudad natal. Hoy, el denominado Grupo JHS controla hasta doce compañías e instalaciones en varios estados del país ligadas a la agroindustria y tiene 1.200 empleados, según la empresa. Y aunque no lo diga, esa expansión no hubiera sido posible sin los acuerdos de Cabello con la familia Batista y JBS.
Cuando Cabello y el resto de funcionarios aterrizaron en Brasil, estaba fresca la tinta de un contrato suscrito por poco más de 2.000 millones de dólares para la venta a Venezuela de “leche en polvo, margarina, carne y pollo”, monto que reconoció un ejecutivo de JBS a la agencia Bloomberg tres meses después de la visita de Cabello.
Los documentos obtenidos para este reportaje revelan, cinco años después, que el contrato 0040-2015 entre la compañía brasileña y Corpovex, la estatal encargada de controlar las importaciones públicas, se firmó el 13 de febrero de 2015, el mismo día que los brasileños registraron en Islas Vírgenes Británicas la compañía J&F Company Services Ltd para atender sus negocios venezolanos. El rastro de esa empresa offshore, cuyo beneficiario final es J&F Investimentos, el holding con que la familia Batista controla JBS y otras compañías, quedó en los llamados Panama Papers, la filtración de 2016 de millones de archivos procedentes del bufete Mossack Fonseca, que prestaba servicios offshore desde el istmo. En efecto, JBS contrató a Mossack Fonseca para el registro de esa shell company en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas que, sin embargo, no figura en la lista oficial de filiales y empresas subsidiarias que JBS enumera en sus comunicaciones.
Un mes después del mega contrato, Jorge Silva hizo su aparición en la puesta en escena. En marzo de 2015, el joven militar asistió a la “feria cultural” de JBS, celebrada en Argentina. En las fotos se le ve ataviado con los colores de la compañía junto a los hermanos Joesley y Wesley Batista, así como a José Batista Sobrinho, patriarca y fundador de la que hoy es el mayor conglomerado cárnico del planeta y uno de las mayores exportadoras de carne desde Brasil. Todavía hasta 2017, en su perfil de Linkedin, Silva se proclamaba “representante legal y comercial de la empresa brasileña JBS, líder mundial de la fabricación de productos cárnicos”.
Formalmente, la relación con Jorge Silva y su Grupo JHS nunca apareció en la información corporativa de JBS. La compañía brasileña, de hecho, tenía su propia representación y oficina en Caracas desde 2006, de acuerdo al Registro Nacional de Contratistas (RNC). Silva no atendió la solicitud de entrevista para este reportaje, mientras que JBS y J&F Investimentos no contestaron el cuestionario enviado por vía del correo electrónico.
Pero las transacciones entre las partes sí quedaron reflejadas en los Reportes de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) elaborados por personal de cumplimento (compliance, el término en inglés usado por la industria) de la banca privada en Estados Unidos para la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro estadounidense. Uno de esos informes detalla que entre el 2 de julio de 2015, tres semanas después de la visita de Diosdado Cabello a Brasil, y el 11 de septiembre de ese año, JBS realizó nueve transferencias bancarias en favor de Servicios JHS, la compañía de Jorge Silva, por poco más de ocho millones de dólares. “La investigación sobre JHS (Servicios) no fue concluyente”, dice el reporte, elaborado por ejecutivos del Deutsche Bank Trust Company Americas.
Las fechas de esos pagos no coinciden con el único contrato para el “servicio de empaquetado” y “servicio de planta para contenedores refrigerados” que JHS prestó a JBS entre el 6 de noviembre y el 18 de diciembre de 2015, al menos según consta en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Sin embargo, esa relación comercial surgida a la sombra del negocio entre la compañía brasileña y el régimen de Maduro alcanzaría para explicar el rápido auge en Venezuela del Grupo JHS, que apenas un año después de registrada la compañía Servicios JHS, en diciembre de 2014, podía reportar casi 40 millones de dólares en el exterior, de acuerdo al expediente mercantil de la empresa en Caracas.
Al contrato de 2.000 millones de dólares que firmaron los brasileños con el gobierno venezolano, se sumaron otros posteriores a la visita de Diosdado Cabello. Días después de la gira, en julio de 2015, J&F Investimentos pactó con Corporvex el suministro de tractores marca Massey Ferguson, y en noviembre JBS acordó la venta de pernil. Ambos contratos sumaron alrededor de 55 millones de dólares. En agosto de 2016, JBS repitió el acuerdo con la estatal para enviar a Venezuela despachos de pernil por casi 26 millones de dólares.
Algunos de los pagos de organismos venezolanos a JBS también activaron las alarmas del sistema financiero internacional, tal como consta en los reportes de la FinCEN ahora revelados. El 19 de junio, días después de que Diosdado Cabello estuviera en Brasil, JBS recibió seis transferencias bancarias por casi 18,5 millones de dólares de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (Casa), compañía que entonces estaba adscrita al Ministerio de Alimentación y que fue a la larga reemplazada por la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal). El 23 de junio, salieron otros dos pagos de Casa para JBS por 14.231 dólares, según uno de los informes de actividad sospechosa.
Otra transacción sospechosa entre el régimen chavista y JBS ocurrió el 30 de diciembre de 2015. Se trata de un pago efectuado por el Ministerio de Planificación y Finanzas por casi 70 millones de dólares, que también fue reportado a la FinCEN.
Esas dudas se suman ahora al perfil oscuro que en los últimos años ha mostrado JBS. Aunque la empresa logró un crecimiento internacional hasta convertirse en una corporación global, está manchada por investigaciones judiciales en Brasil y otros países.
En 2017, la compañía admitió ante la justicia brasileña haber sobornado a políticos de ese país y aceptó realizar un acuerdo de “delación premiada” junto al pago de una multa equivalente a 67 millones de dólares. El Tribunal Supremo aún debe validar ese acuerdo con la justicia. A eso se suma otra causa por irregularidades en los préstamos recibidos del banco estatal de desarrollo de Brasil, Bndes. Por este último motivo, el grupo aceptó en octubre pasado pagar una multa de 256 millones de dólares en Estados Unidos, tras haber usado su sistema financiero para el pago de sobornos a funcionarios brasileños a cambio de esos créditos favorables que empujaron la expansión internacional de la compañía en mercados como el norteamericano.
La cercanía de la familia Batista con los jerarcas del chavismo tampoco ha pasado inadvertida en los Estados Unidos. El año pasado los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez, republicano por Florida y demócrata por Nueva Jersey, respectivamente, pidieron al Secretario del Tesoro, Steve Munchin, investigar los negocios de JBS con Corpovex, así como la conexión con el propio Diosdado Cabello. “La relación personal de los hermanos Batista con el sancionado Diosdado Cabello sólo genera más preocupaciones”, refiere la carta del 8 de octubre de 2019 firmada por ambos legisladores y en la que detallan las marcas e instalaciones que el grupo brasileño adquirió en los Estados Unidos durante los últimos años.
En Venezuela el rastro de JBS parece haber desaparecido. Aquel gran contrato de 2.000 millones de dólares luce hoy como el último gran negocio que pudo llevarse alguna empresa antes de que Maduro creara los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) en 2016, con lo que el negocio de la comida cambió de manos. En cambio, el Grupo JHS y su presidente Jorge Silva siguen presumiendo de músculo.
Además de la producción avícola, JHS ha incursionado en la producción de embutidos, bajo la marca Delicias Isa, y de refrigerios, bajo la marca Moys, cuya imagen publicitaria es Stephany Gutiérrez, Miss Venezuela en 2017 y pareja de Silva.
El grupo, que en 2013 nació con un apartamento residencial como oficina, y luego se mudó al Centro Lido de El Rosal, antigua milla de oro financiera de Caracas, ahora tiene su centro de operaciones en el exclusivo Centro Comercial San Ignacio, en el noreste de la capital venezolana. También un complejo de oficinas en Chuao, al este de la ciudad.
Fuentes de la agroindustria venezolana afirman que en su desempeño se nota el pulmón financiero con el que parece contar el Grupo JHS, aunque también coinciden en señalar la “inexperiencia” y “fracasos” que habría cometido. Silva saca pecho. “La idea principal es mantenerse; la compañía tiene una visión de mucha creencia en el país, a pesar de las dificultades que se presentan con el tema financiero y logístico. Nuestro eslogan apoya que Venezuela es el mejor país del mundo”, dijo el ex Guardia Nacional en una reciente nota de prensa.
Pero antes de tales juramentos nacionalistas, lo cierto es que todo comenzó en Brasil y a la sombra del millonario negocio de la familia Batista con el chavismo.
Las alertas que el sistema bancario ha levantado sobre el dinero del erario público de Venezuela que fluye a cuentas de corruptos llegan tarde. Más de 4.000 millones de dólares en transacciones sospechosas por parte de venezolanos figuran en la filtración de los FinCEN Files y 70% de ellas están vinculada a entes del Estado. El proyecto internacional de periodismo de investigación, del que Armando.info es parte, encontró que la complicidad bancaria, de pequeñas instituciones en paraísos offshore y de las grandes firmas globales, ha permitido el saqueo de la que fue la nación más rica de América Latina.
JP Morgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon han facilitado el movimiento de dinero sucio. Informes secretos de bancos muestran cómo billones de dólares levantaron alertas que desbordan a la FinCEN, pero el dinero siguió fluyendo libremente. Una filtración que BuzzFeed News compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y 108 medios, entre ellos Armando.info, revela que el blanqueo de capitales se apalanca en los bancos, que con una gran cantidad de puntos ciegos están en la primera línea de combate de este delito.
El Global Bank of Commerce de esa isla caribeña asegura que en la actualidad no tiene nada que ver con el contratista colombiano, proveedor predilecto y ‘enviado especial’ del gobierno de Nicolás Maduro. Pero testimonios aseguran que por algún tiempo le sirvió como custodio y distribuidor de sus fondos. Se comprobó además que transacciones realizadas desde esa entidad con allegados y fachadas corporativas de Saab en 2016 y 2017 despertaron suspicacias entre funcionarios del sistema financiero de Estados Unidos.
En 2015 cuando la crisis venezolana y la escasez de todo comenzaba, la empresa brasilera JBS no sólo ganaba contratos a granel, sino que sorteaba cómodamente la rutilante morosidad del gobierno de Nicolás Maduro. Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del régimen, ungió a la compañía con un contrato millonario que duplicó el presupuesto completo que usó el Ministerio de Alimentación para la operatividad del año 2014. Durante algunos años casi toda la carne que entró a Venezuela a través de Puerto Cabello fue de esa empresa, que además dejó a su paso varias sucursales de maletín oficinas de dudoso domicilio
A mediados de 2013 Jorge Alfredo Silva Cardona trabajaba como técnico administrativo del Seniat. Tres años y medio después se ha convertido en el timón del Grupo JHS, la fachada que se levantó a la sombra del millonario negocio entre los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y la compañía brasilera JBS. Este conglomerado es propietario del Deportivo Táchira y comienza a ser conocido como un jugador de renombre en el cada vez más exclusivo negocio de la importación de alimentos básicos en Venezuela. El exempleado de la oficina de tributos parece tener el know how que se necesita para triunfar en una economía de puertos.
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
