Militante de la causa palestina, nacido en Colombia y nacionalizado panameño, Gassan Salama cuelga con frecuencia mensajes de apoyo a las revoluciones cubana y bolivariana en sus redes sociales. Pero esa inclinación no es el principal indicio para dudar de su imparcialidad como observador de las elecciones en Venezuela, función que ejerció en los cuestionados comicios en los que Nicolás Maduro se ratificó como presidente. De hecho Salama, un empresario y político que ha llevado a cabo controvertidas búsquedas de pecios submarinos en aguas del Caribe, encontró su verdadero tesoro en el principal programa de asistencia y control social del chavismo, los Clap, por el que recibe millonarios pagos en euros.
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Gassan Salama Ibrahim fue uno de los pocos observadores internacionales en los comicios del 20 de mayo de 2018 con los que Nicolás Maduro resultó reelecto presidente de la República en un proceso desconocido por la mayoría de la oposición venezolana y buena parte de la comunidad internacional. Ese día en que apareció acreditado como “acompañante internacional” por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que hoy luce como la génesis de la crisis político-institucional que vive el país, Gassan Salama ya era socio del Gobierno de Maduro en el negocio de la venta de alimentos para el programa estatal de los Comité Locales de Abastecimiento Producción (Clap) con su empresa Lido Internacional S.A
El 6 de marzo de 2018 llegó al puerto de La Guaira, cercano a Caracas, el
buque Maersk Wismar. Cargaba 766 toneladas de alimentos en 30 contenedores
despachados por Lido Internacional desde el puerto de Manzanillo, en Panamá, de
acuerdo a documentos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera
y Tributaria (Seniat). Entre los productos había mayonesa, arroz y harina de
maíz, tres de los once rubros normalmente incluidos en los combos CLAP que
reparte el Gobierno en zonas populares. El 23 de abril, un mes antes de que
Gassan Salama apareciera en Caracas con su chaleco de observador internacional,
su compañía envió otras 620 toneladas de alimentos en el buque San Alessio,
según la autoridad aduanera.
El consignatario de ambos cargamentos fue la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), adscrita al Ministerio de Alimentación, aunque fueron contratados por la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), holding encargado de centralizar las importaciones públicas. Aunque para esta entrega no se pudo consultar el contrato correspondiente, Lido Internacional sí aparece en un listado de contratistas de Corpovex al que tuvo acceso Armando.info y en el que destacan varios de los proveedores de alimentos para el programa que Nicolás Maduro oficializó en marzo de 2016 como respuesta a lo que denomina “guerra económica” por parte del empresariado nacional y factores internacionales.
La compañía de Gassan Salama también ha relucido en la información intercambiada en las reuniones que desde el año pasado realizan funcionarios de unidades de inteligencia financiera de varios países de la región para investigar posibles prácticas corruptas en los negocios del Gobierno venezolano. De acuerdo a esos datos, entre enero y agosto del año pasado las exportaciones de Lido Internacional a Venezuela sumaban casi 3.500 toneladas.
Sólo el 17 de noviembre de 2017 la compañía de Gassan Salama recibió pagos del Gobierno por casi dos millones de euros relacionados a la “adquisición de combos de alimentos”. En enero de 2018 hubo otro giro por 1,8 millones de euros, de acuerdo a fuentes en Corpovex. El del suministro para los Clap no era el primer negocio de Lido Internacional con Maduro. En octubre de 2018 las autoridades pagaron a la empresa panameña otros 9,7 millones de euros como pago del contrato 0135 suscrito con Corpovex inicialmente en 2016 para la venta de azúcar cruda. “La verdad no tengo información al respecto, tendría que conversar directamente con el dueño, pero no se encuentra en el país”, responden en las oficinas de Lido Internacional en Panamá al ser consultados sobre el tema.
En las redes sociales de este empresario de origen árabe, nacido en Colombia y naturalizado panameño en 2001, no hay pistas de sus negocios con el chavismo. Abundan, en cambio, mensajes de apoyo a Hugo Chávez, Adán Chávez -hermano del mandatario fallecido-. Nicolás Maduro o Fidel Castro, así como fotos en lugares emblemáticos para la revolución cubana y la bolivariana, de las que se declara ferviente defensor. También está la prueba de su participación como observador internacional en el proceso electoral del 20 de mayo.
“Ser invitado como observador internacional a Venezuela es un placer. Pero más placer es ser invitado como palestino ante tan importante acto democrático”, escribió en Twitter ese día. El mensaje está acompañado de una foto en la que se le ve con un polo rojo y el chaleco marrón del CNE junto al ex presidente de Ecuador, Rafael Correa. Publicó además un video tomado desde la tarima en el Palacio de Miraflores -sede del Ejecutivo en Caracas- en la que Nicolás Maduro celebró su cuestionada victoria.
“Felicidades al pueblo venezolano por sus elecciones. Ojalá los países de la región entiendan que en diez meses se han hecho en Venezuela cuatro elecciones. El pueblo es soberano y decidió”, elogió al colgar en la red el video. No queda claro si fue tomado por Gassan Salama a apenas unos metros del propio Maduro y confundido entre ministros y jefes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Pero de su cercanía con figuras del chavismo hay más pruebas. En diciembre de 2016 fue homenajeado por el entonces gobernador del Táchira -Andes suroccidentales venezolanos-, José Gregorio Vielma Mora, también oficial retirado del Ejército y ex jefe del organismo tributario bajo la presidencia de Hugo Chávez. En la misma jornada en la que le concedió la “orden superior y de la excelencia del estado Táchira” a su esposa y reconoció a los integrantes de la Coral de la entidad en su cuadragésimo aniversario, Vielma Mora otorgó a Gassan Salama la Orden Mérito al Trabajo.
“En reconocimiento a su esfuerzo y dedicación, destacándose en sus actividades profesionales, laborales, gremiales, empresariales, académicas, culturales y sociales enfocadas al servicio y en beneficio de la administración pública y privada, del municipio, y también del estado Táchira y de la República Bolivariana de Venezuela”, refiere la distinción. En los registros venezolanos apenas hay evidencia de su actividad empresarial. Se trata de una compañía homónima a la que usa para vender los alimentos para los Clap registrada en Caracas en 2005. Apenas tiene dos empleados y no hay constancia de que haya firmado convenios con el Estado, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), o tramitado divisas preferenciales en la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). La oficina está ubicada en un pequeño edificio en Las Mercedes, zona comercial al este de la capital venezolana, en la que nadie responde el timbre.
Sin embargo, el reconocimiento de Vielma Mora, quien en su juventud participó en la intentona golpista de 1992 comandada por Hugo Chávez y quien hasta hace meses fue ministro de Nicolás Maduro, no parece casual. Vielma Mora fue una pieza clave en el nacimiento de los Clap como programa masivo. Fue a finales de 2016 que Cobiserta, empresa adscrita a la gobernación de Táchira, firmó un primer contrato con Group Grand Limited, sociedad registrada en Hong Kong y manejada por los empresarios colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, para la compra de diez millones de combos Clap. A la postre, el dúo de empresarios colombianos, hoy investigados en países como Colombia y México, se convirtió en el principal importador para el programa estatal logrando al menos dos contratos por casi 800 millones de dólares.
Fueron los inicios de un programa que, concebido para producir alimentos en la base a modo de pequeñas células partidistas, derivó en importaciones masivas a través de intermediarios seleccionados a dedo por el Gobierno. Hasta 2017 estos compraban los combos de alimentos fundamentalmente en México para luego revendérselos a Venezuela a precios que oscilan entre 34 y 39 dólares por cada despensa Clap. Pero desde el año pasado empresas de Turquía empezaron a ganar terreno a través de estos intermediarios, al tiempo que las autoridades de Caracas estrechaban su relación política y comercial con el régimen de Recep Tayyip Erdogan, que se ha convertido en uno de sus principales aliados globales. La propia Lido Internacional ha comprado los alimentos a fabricantes mexicanos y turcos, según panjiva.com, base de datos especializada en comercio internacional.
Las pocas cifras oficiales indican que el de los Clap es un negocio que no ha parado de crecer. En 2018 el Gobierno distribuyó 114 millones de cajas Clap, que se suman a las 91 millones repartidas en 2017 y que equivaldrían a un gasto que oscila entre los 6.000 millones a 8.000 millones de dólares en solo dos años. “114 millones de combos Clap se distribuyeron a nivel nacional, el mercado a la casa, ¡Llegó el Clap! debería ser la consigna. ¡La revolución lleva el mercado a la casa!”, manifestó recientemente Maduro.
Ahora se sabe que a Lido internacional, la compañía de Gassan Salama, le tocó una porción de ese jugoso pastel. Su empresa, al igual que FB Foods LLC y Wellsford Trading Corp, otras dos compañías panameñas proveedoras de los Clap, escapó al veto comercial que impuso en abril del año pasado el Gobierno venezolano contra casi un centenar de personas jurídicas del istmo, luego de que el presidente panameño, Juan Carlos Varela, sancionara a 55 funcionarios venezolanos. “Recordando momentos en que Panamá en el año 2016 estimulaba la venta de alimentos a la hermana República de Venezuela. Ahora de manera extraña hasta se quiere desprestigiar el suministro de alimentos que empresas panameñas están desarrollando”, tuiteó Salama a modo de crítica el 14 de julio de 2018 con una foto en la que el ex ministro Miguel Pérez Aabd y el ex presidente de Corpovex, Giuseppe Yoffreda, pactaron la compra de alimentos para los Clap con autoridades panameñas.
Si en Venezuela Gassan Salama es prácticamente un desconocido para la opinión pública, no ocurre lo mismo en Panamá. Durante años se ha movido entre la política y el mundo de los negocios. Tras ser presidente de la Cámara de Comercio, Agricultura e Industria de Colón -el puerto caribeño de Panamá que aloja una próspera zona franca- entre el año 2000 y 2002, se convirtió en gobernador de esa provincia en 2003. “Como ex Gobernador de la provincia de Colón, Panamá, y como hijo de la Revolución palestina le reitero nuestro más profundo afecto a usted Comandante Fidel y al pueblo cubano”, escribió en 2004 Salama en el Granma, diario oficial cubano.
Además de Lido Internacional, Gassan Salama está relacionado a otras ocho empresas, casi todas registradas en Colón. La “causa palestina” es otra de sus banderas y aúpa varias organizaciones que promueven los lazos de Palestina con América Latina. Además de Venezuela, ha llevado sus negocios a Cuba y Bolivia. “Sus vínculos con estos países son tan políticos como comerciales”, explican fuentes panameñas.
Su rol como emprendedor no escapa a controversias. Gassan Salama está relacionado a la empresa Investigaciones Marinas del Istmo (IMDI), creada hace 19 años en la provincia de Colón y señalada de expoliar el pecio del galeón San José, una embarcación española hundida en 1631 en el Golfo de Panamá. Entre 2013 y 2014 la compañía rescató un botín de monedas de plata que a la postre fueron decomisadas por el Servicio Nacional de Aduanas. El 5 de julio de 2012, el diario La Prensa se refirió a las labores de IMDI como la de unos “cazatesoros sin fiscalización” y advertía que “IMDI pudo haber sacado oro, plata u objetos de embarcaciones que allí naufragaron (aguas próximas a Contadora), sin haberlo declarado y sin que el Instituto Nacional de Cultura (Inac) pudiera determinar su conservación en museos, en caso de tener valor histórico”. En esa nota se aseguraba que Gassan Salama como vicepresidente de IMDI manifestó que “hasta la fecha no han hecho ningún tipo de rescate que reportar”.
Años después, un informe de la Unesco del 7 de diciembre de 2015 señaló la responsabilidad de la empresa IMDI en el caso del San José. De acuerdo a la reseña que realizó el diario La Prensa sobre ese reporte, las actuaciones de la empresa fueron una “simple operación de extracción de objetos enmascarada en un proyecto supuestamente arqueológico” y que “las actividades realizadas por IMDI podrían haber afectado a más de un pecio hundido en la zona del archipiélago de las Perlas”.
En la sala tercera de lo contencioso administrativo de la Corte Suprema de Justicia panameña reposan dos expedientes relacionados con las labores de IMDI. Hasta ahora eso no parece haber sido freno para que Gassan Salama continué con sus negocios dentro y fuera de Panamá. El 21 de junio de 2018, justo un mes después de que participara como observador internacional en las elecciones venezolanas, el empresario panameño se reunió con el Ministro para Políticas de Integración Regional de República Dominicana como uno de los representantes de la constructora China State Construction Engineering Corporation Ltd (Cscec) para evaluar posibles inversiones en el país caribeño. “El grupo estuvo compuesto por Zhihe Zhang, Sui Man, Kevin Zhao, Zaid Yaafar y Gassan Salama”, reseñó el boletín de presidencia de la República Dominicana.
Esa búsqueda de nuevos negocios no le impide seguir con atención la crisis político-institucional que se vive en Venezuela. El 25 de enero, dos días después de que la oposición venezolana proclamara presidente interino de la República a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, Gassan Salama expresó su crítica en Twitter. “Las democracias es para los que la entiendan, no para los que pierden en elecciones y siguen cocinando golpes de Estado. Viva la democracia y viva Venezuela. Sólo el pueblo venezolano resolverá a lo interno sus diferencias”.
This is the chronicle of a trip to nowhere. An effort of over a year to find the birth certificate of Nicolas Maduro—the key piece to solve the controversy over the nationality of the Venezuelan leader—led the team of Armando.info to the only document that the civil registry of La Candelaria Parish in Caracas could show, a few scanned pages. There is an unknown land where the original document is, if any. According to different versions, it is in a safe under the ongoing argument of "State security reasons," under a 24-hour personalized custody of at least four gatekeepers committed to deny access to the folios inside.
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