El miedo es lo que se ve desde la torre de control de Maiquetía

Con cámaras de TV y redes de delatores, se ha impuesto una política de espionaje a los controladores que ordenan el tránsito de los aviones que aterrizan y despegan del principal aeropuerto del país. Algunos secretos e irregularidades están en resguardo en medio de un clima permanente de cacería de brujas. Dos empleados ya han sido sometidos a un juicio interminable y cuestionable como demostración de la suerte que aguarda a quien no desee someterse a un sistema que, más que la seguridad aérea, procura el silencio.

24 abril 2022

En principio, podría tomarse por una precaución normal y comprensible para la seguridad de instalaciones tan sensibles como las de un aeropuerto internacional.

Pero pronto se notan rasgos que exceden el simple protocolo de seguridad.

Desde hace cuatro años todos los trabajadores de la torre de control del aeropuerto de Maiquetía, el principal de Venezuela, que sirve a la ciudad de Caracas, son monitoreados por cámaras de televisión las 24 horas del día, los siete días de la semana. 

Por el afán de vigilancia, cercano al espionaje, podría decirse que es algo que emula al Gran Hermano de la novela 1984 de George Orwell. Aunque por el despliegue de cámaras, también recuerda al reality show homónimo y su mecánica de concurso, con penitencias, participantes eliminados e intrigas internas. 

En la sala de control del sistema están los directivos tanto del aeropuerto como del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), todos militares. No solo dominan las consolas sino que imponen reglas arbitrarias que, por lo visto, no son iguales para todos. También ha quedado expuesta su finalidad, que no es la seguridad sino el amedrentamiento. 

La vigilancia por video no es el único anillo de seguridad. Una red de informantes y delatores se ha constituido internamente para, al menos, crear un clima constante de persecución, si acaso fallara en revelar conspiraciones y fugas de información. Por último, como en una suerte de muro o fosa perimetral para el escarmiento, se exhiben los casos de dos exempleados del ente aeronáutico que permanecen desde hace dos años prisioneros en los calabozos de la inteligencia militar, a manera de advertencia para aquellos funcionarios que no quieran creer que en Maiquetía la Omertá o Ley del Silencio va en serio. 

Los aviones y sus siglas son visibles para cualquier traseúnte en la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional de Maiquetía. Crédito: Yuri Cortez / AFP.

Precisamente el caso de Derbys Rodríguez y Guillermo González, los dos exempleados, ha funcionado como compendio de todo lo que le puede pasar a quien deba ser castigado, ya no solo con el despido o destitución, por la logia militar que desde hace años controla al aeropuerto de Maiquetía. El calvario judicial de Rodríguez y González, inadvertido para la opinión pública, entretanto ha servido para cimentar entre el personal aeroportuario la certeza de que todo el sistema de supervisión interna, más que prevenir o desactivar amenazas externas, busca asegurar que no se filtren infidencias desde el interior.  

Las cámaras ven, las paredes oyen, todas delatan

El 20 de mayo de 2020, dos funcionarios de la División General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), vestidos de civil, se presentaron en la torre de control del aeropuerto de Maiquetía, acompañados del general de la Guardia Nacional Bolivariana Carlos Mata Sosa, gerente de Seguridad Aeronáutica del INAC desde el año 2015, y de una mujer, funcionaria del mismo instituto. Avisaron que iban a subir a buscar a un empleado, sin ahondar en explicaciones adicionales. 

El joven que buscaban era Guillermo González, quien hoy tiene 25 años de edad. Es un empleado que tenía apenas un año y medio trabajando en el aeropuerto como controlador aéreo. González fue arrastrado a lo que se suponía sería solo una entrevista en la sede del Dgcim en la urbanización Boleíta del noreste de Caracas pero que, tras prolongarse por 12 horas, dio lugar a una detención formal. En ese tiempo los agentes de inteligencia militar lo interrogaron y revisaron los contenidos de su celular y redes sociales. 

Los indicios por los que le arrestaron fueron los de tener fotos de aviones guardadas en su celular y que publicó en Twitter, además de mantener conversaciones en WhatsApp con su supervisor, Derbys Rodríguez, en una de las cuales le preguntó si un avión de ayuda humanitaria había aterrizado o no. Al presentarlo en tribunales le imputaron los delitos de terrorismo, asociación para delinquir y revelación de material estratégico del Estado.

Casi por ende, la inteligencia militar acudió de nuevo a Maiquetía, esta vez para arrestar a Rodríguez, el supervisor de González. Pero lo hizo un mes más tarde. 

Durante el operativo, la novia de Rodríguez, Oriana Rojas, intentó grabar un video para dejar constancia del traslado de su pareja: temía que ocurriera lo mismo que con Guillermo González un mes antes, al que se llevaron y nunca regresó. La osadía le costó ser llevada también al interrogatorio. 

En la sede de la Dgcim, a Rodríguez lo interrogaron con insistencia machacona usando versiones de una misma pregunta: dónde había estado el 30 de abril de 2019, el día de la fuga del dirigente opositor Leopoldo López del arresto domiciliario en el que se encontraba entonces, y de un levantamiento de unas pocas unidades militares que se congregaron al frente de la Base Aérea de La Carlota, en Caracas. Las variantes de la pregunta que le formulaban correspondían a las diversas amenazas que le hacían, como la de quemarlo con una plancha a fin de hacerlo hablar.

Consiguieron hacerle firmar un papel en el que, palabras más, palabras menos, Rodríguez aceptaba que todo el procedimiento había sido legal. Entre tanto, revisaron el contenido de su celular y lo vaciaron. 

Esa noche dejaron que la pareja durmiera en la misma celda y 48 horas después fueron presentados ante los tribunales. Rojas, la novia, quedó en libertad pero con régimen de presentación bajo cargos de resistencia a la autoridad. Pero sucedió lo que ella tanto había temido y vaticinado: Derbys Rodríguez se quedaba en prisión. Le imputaron los delitos de revelación de información confidencial y asociación.

Poco importó que los cargos tuvieran escaso asidero en los hechos. Por ejemplo, como subraya el abogado de Rodríguez, Joel García, la llegada a Maiquetía de un avión de ayuda humanitaria fue un hecho cubierto y difundido por medios de comunicación oficiales. A pesar de ello, lo que señala a Rodríguez al respecto en el expediente es su intercambio por Whatsapp con Guillermo González, el primer detenido. La acusación también cita un intercambio de correos en el que se habría incluido un “informe operacional” destinado “al equipo de Juan Guaidó” por el que se compartían, según la inteligencia militar, fotografías de las instalaciones del aeropuerto. 

En lo que sí es bastante más preciso el expediente, en cambio, es en la revelación de redes y mecanismos de espionaje entre el personal técnico del aeropuerto.

Por ejemplo, en el expediente aparece el general Mata Sosa relatando a los fiscales del caso que con anterioridad había hecho una denuncia ante su entonces superior en el INAC, coronel Freddy Borges, hoy director del aeropuerto de Maiquetía, sobre rumores que los servicios de inteligencia había recogido y que acusaban a Derbys Rodríguez de estar en connivencia con Guillermo González en la divulgación de información confidencial. Esa denuncia no solo fue el detonante de todo el caso, sino que todavía hoy sigue siendo su principal soporte. 

En su testimonio, Mata Sosa aseguró que sabía que González había informado a Rodríguez de que lo contactaron para que permitiera el despegue desde Maiquetía de un avión que no contaba con los permisos correspondientes, como parte de un probable plan de robo de aviones. Mata Sosa a su vez presumía, y así lo declaró ante el Ministerio Público, que era solo una pieza de una acción desestabilizadora mayor. El coronel Borges, director del aeropuerto, ordenó que mantuvieran vigilado a Rodríguez, de quien además una red de patriotas cooperantes -expresión popularizada por el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, para referirse a los informantes anónimos de denuncias contra supuestos opositores- había dicho que era un hombre “crítico del gobierno legalmente establecido” y “rebelde”. 

González, el primer controlador detenido, declaró ante el tribunal que, en efecto, fue contactado por un militar llamado Luis Alfredo Gómez Ávila, a quien había conocido cuando cursó unos estudios en la Academia Militar que no quiso terminar. En ese momento, el hombre le pidió dejar salir un avión sin plan de vuelo, a cambio de dinero.  González, que se habría negado ante la propuesta, reportó esta irregularidad a Derbys Rodríguez por ser su jefe directo. Rodríguez entonces elevó la denuncia a Wilfredo Gil, quien era el coordinador de los Servicios de Tránsito Aéreo y su jefe inmediato en ese momento. González y Rodríguez resultarían a la postre imputados. Gil, en cambio, solo prestó declaración como testigo, aunque fue llevado a la sede de la Dgcim el mismo día y en el mismo carro que González; ese día quedó liberado.

La primera juez que llevó el caso fue Carol Padilla, conocida por ocuparse de los casos políticos de mayor interés para Nicolás Maduro y ahora precandidata a magistrada al Tribunal Supremo de Justicia. Ella no prestó interés a la denuncia del intento de soborno que antecede este caso. Entre tanto, ni su heredera de causas políticas, incluyendo la de estos controladores aéreos, la jueza Hennit Carolina Lopez, ni el fiscal acusador, Jorge Rojas, han considerado necesario investigar el episodio del militar que intentaba comprar a González para que permitiera un vuelo sin permisos.

La jueza López no es una magistrada cualquiera del Poder Judicial chavista. Es la jueza 27 de Terrorismo en funciones de juicio. Suele encargarse de los casos con elementos políticos y de seguridad nacional. Por ejemplo, lleva los juicios del atentado contra Maduro que se intentó en agosto de 2018 en la Avenida Bolívar de Caracas con la detonación de un par de drones cargados con explosivos -en principio lo tenía la jueza Padilla-, y ahora también estudia el caso de la llamada Operación Gedeón, el conato de rebelión armada llevado a cabo en mayo de 2020 por algunos opositores en conjunto con una empresa de mercenarios estadounidenses para capturar a Nicolás Maduro y sacarlo del país. Que se le haya confiado el proceso contra los controladores aéreos dice con elocuencia la entidad que el gobierno concede al caso.

El capataz del miedo 

Diversas fuentes -hasta con cuatro empleados pudo hablar Armando.info- coinciden en señalar al general Mata Sosa como la eminencia gris detrás del trono en Maiquetía. Nada pasa sin su supervisión. Suya fue la decisión de instalar el circuito cerrado de TV para la vigilancia del personal de la torre de control, así como la de restringir el paso a las instalaciones, que hasta entonces era locación predilecta de pilotos y azafatas para selfies que los mostraban con las pistas del aeropuerto y los aviones estacionados en un segundo plano. 

El poder de Mata Sosa, gerente de Seguridad Aeronáutica del INAC, no mengua con los cambios administrativos en el aeropuerto. De hecho, estos son pocos y se completan con el enroque de un mismo círculo de militares allegados. 

Al día de hoy, el mayor general del Ejército, Juan Texeira, es el presidente del INAC. En julio de 2020 sustituyó al coronel de la Aviación, Freddy Borges, quien, a su vez, dejó el cargo, que ocupaba desde 2018, para pasar a desempeñarse como director del aeropuerto de Maiquetía. 

El par del general Mata Sosa en el aeropuerto, como su director de Seguridad, es el general de brigada del Ejército, Rafael Antonio Franco Quintero, exdirector de Investigaciones de la Dgcim, que fue objeto de sanciones en 2019 por Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Suiza y Canadá por violaciones a los derechos humanos. Esas potencias extranjeras señalan a Franco Quintero como parte del grupo de militares que sometieron a torturas, hasta matarlo, al capitán de Fragata, Rafael Acosta Arévalo, cuando estaba bajo su custodia. En julio de 2020 se señaló al mismo oficial como el funcionario que orquestó el acoso contra el presidente interino, nombrado por el parlamento opositor en enero de 2019, Juan Guaidó, cuando este llegaba de una gira internacional al aeropuerto internacional de Maiquetía.

Resulta cuando menos curioso que estas prácticas de amedrentamiento interno entre los empleados técnicos del aeropuerto de Maiquetía y, en particular, de sus operadores en la torre de control, se hayan combinado con flexibilizaciones de las normas de seguridad en las operaciones en pista. De hecho, aseguran fuentes que accedieron a conversar con Armando.info, unas tienen que ver con las otras, en una relación de proporción inversa que con las primeras intenta ocultar las segundas. 

Por ejemplo, se ha instaurado un conjunto de privilegios para unos cuantos “aviones VIP”, al menos 13 aeronaves, en su mayoría privadas, que tienen el derecho a despegar con prioridad, solo reportan sus vuelos por radio frecuencia y sin presentar el plan de vuelo por escrito que se debería reportar al menos un día antes con los detalles de ruta y la información del número de pasajeros.

Además, esos aparatos pueden desembarcar por la rampa de las aeronaves del Servicio de Búsqueda y Salvamento, y nunca pasan por los controles de migración, aduana o control antidrogas. Por allí salen o llegan en aviones privados personalidades del Gobierno, empresarios o las personas que autoriza la Vicepresidencia de la República.

Son algunas particularidades que ocurren en Maiquetía de las que no se puede dar testimonio público, a menos que se quiera terminar como Guillermo González o Derbys Rodríguez. 

El general Mata Sosa hizo una reunión con el personal luego de las dos detenciones. Entonces dijo que los colegas estaban detenidos por vinculaciones con la oposición y aseguró que en el teléfono de Rodríguez se había conseguido evidencia de que espiaba a sus compañeros y pasaba información confidencial sobre ellos a personas cercanas a Juan Guaidó. Armando.info envió una solicitud de entrevista y breve cuestionario al correo corporativo en el Inac del general Mata Sosa, pero no respondió.

Los militares Freddy Borges y Rafael Antonio Franco Quintero ocupan los cargos de director y jefe de seguridad del aeripuerto internacional de Maiquetía. Imagen tomada del Twitter de Maiquetía.

En las siguientes semanas, funcionarios de inteligencia militar llegaron de manera sorpresiva, hasta en tres oportunidades, a las oficinas de la torre de control para quitarles los teléfonos celulares a los controladores aéreos de guardia. Retenían los móviles por horas y luego eran devueltos, según afirman los empleados entrevistados. Nunca se les informó si había una orden judicial para vulnerar así su intimidad.

También después de las detenciones de González y Rodríguez, otros dos trabajadores fueron detenidos una noche y liberados en la madrugada. Uno de ellos fue sacado de su lugar de trabajo a las ocho de la noche y a la otra persona la buscaron en su casa sin que sus compañeros de trabajo supieran qué estaba pasando.

Ambos fueron llevados desde La Guaira -la ciudad capital del estado homónimo, en el litoral adyacente a Caracas y donde está el aeropuerto- hasta algún lugar de Caracas que ellos no lograron identificar. Solo contaron a sus compañeros que también fueron interrogados sobre los acontecimientos del 30 de abril de 2019 y sus respectivos paraderos en esa fecha. Los dejaron detenidos hasta poco antes del amanecer, cuando fueron liberados en la calle. Les devolvieron los teléfonos y tuvieron que caminar hasta conseguir quien les auxiliara para volver a sus casas. Algo parecido a un secuestro, aunque con final feliz. 

González y Rodríguez, en cambio, siguen en una celda como el recordatorio de lo que podría suceder si se habla sobre lo que ocurre dentro de la caja negra de Maiquetía.

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