Víctor Vargas y sus amigos "ahorraban" en el Banco del Orinoco

Cuando en 2019 cayó el Banco del Orinoco NV en Curazao, lo demás fue cuestión de tiempo. El imperio del llamado 'banquero de Chávez' se tambaleó y arrastró las cuentas pendientes de un país a otro del Caribe. En medio del colapso, casi 1.500 ahorristas, registrados en una nómina que Armando.info ha consultado, quedaron con sus fondos cautivos. Pero no todos los afectados, casi siempre venezolanos, eran víctimas con el mismo perfil: en realidad muchos de ellos o pertenecen al círculo de empresas y socios del banquero, o son organismos del Estado chavista que colocaban dinero allí.

9 mayo 2021

Murió por Covid-19 y “en la más precaria condición”, relata su abogado. Era un cliente venezolano del Banco del Orinoco NV de Curazao cuyo dinero quedó entrampado con el derrumbe de la entidad. Su nombre no se revela para no entorpecer la causa legal, como sugiere el abogado, quien representa los intereses del ahora fallecido ahorrista en una de las demandas colectivas que se han radicado en tribunales de los Países Bajos, donde se dirime el caso de ese banco, propiedad del magnate venezolano Víctor Vargas, conocido en los medios como el banquero de Chávez.  

Aquel cliente no pudo disponer del dinero que depositó en el banco offshore a través de una agencia del Banco Occidental de Descuento (BOD), también propiedad de Vargas, pero en Venezuela y, como el del Orinoco, intervenido en septiembre de 2019. No disfrutó de los intereses generados por sus colocaciones en dólares, a una tasa atractiva, supuestamente respaldadas por la experiencia de una entidad con casi tres décadas en el mercado. Fue uno de los tantos venezolanos a quienes resultó más atractivo y seguro manejar sus recursos en moneda extranjera que en el devaluado bolívar -vapuleado al extremo por el control cambiario- pero, tratando de salvaguardar su patrimonio, terminó entregándolo a una especie de rosca financiera que lo evaporó.

Los caminos de ese esquema quedaron expuestos en septiembre de 2019 cuando cayó el Banco del Orinoco, constituido en Curazao conforme a las leyes holandesas y los tratados suscritos con Venezuela. Las autoridades del Banco Central de Curazao y San Martín lo intervinieron, y luego suspendieron definitivamente su licencia para operar. Problemas de iliquidez e irregularidades administrativas nunca aclaradas por el banco, a pesar de constantes requerimientos de los reguladores, sustentaron la medida.

Los apuros del Banco del Orinoco en Curazao alimentaban desde varios años la comidilla de los corros financieros. Había algo de piramidal en las jugosas ofertas de intereses en dólares que el banco presentaba a acaudalados venezolanos. Pero los cada vez más frecuentes episodios de intereses sin pagar o de clientes que se quejaban en público por no conseguir a tiempo el reembolso de sus fondos, daban pie a rumores acerca de las dificultades de Víctor Vargas para seguir el ritmo de esa bicicleta financiera. Hasta que la intervención de las autoridades de Curazao dio realidad a todas las versiones.

La crisis del Banco del Orinoco NV estalló como una onda expansiva que desde Curazao recorrió el Caribe y generó una reacción en cadena inmediata en los bancos de Víctor Vargas: Allbank en Panamá (intervenido, cerrado y en proceso de liquidación), Boi Bank en Antigua, Bancamérica en República Dominicana y el propio BOD en Venezuela, que a casi dos años de distancia sigue operando a puertas abiertas pero provisionalmente intervenido por la Superintendencia de Bancos.

Esto no tenía por qué haber ocurrido así. Pero las sucesivas crisis e intervenciones de los bancos de Víctor Vargas en el Caribe pusieron a la luz un hallazgo: todos mantenían posiciones cruzadas entre sí. Fondos acreditados a uno estaban depositados en otros, y viceversa. Por lo tanto, si uno caía, arrastraba a los otros.

Esta práctica irregular se verifica en un registro clave: 27% de los fondos comprometidos con los acreedores cuyos depósitos quedaron atrapados al momento del colapso del Banco del Orinoco en Curazao, corresponden a empresas, entidades e individuos vinculados a Víctor Vargas y su grupo corporativo. 

El B.O.D. lideró el liderazgo del grupo financiero de Víctor Vargas que se extendió por el Caribe, con la adquisición de Allbank en Panamá, Banco del Orinoco en Curazao y Boi Bank en Antigua. Foto: Federico Parra / AFP.

Mucho ruido

“Bajo investigación”, se leía en más de una decena de indicadores de los informes de los síndicos encargados de manejar la liquidación del Banco del Orinoco, designados por el Tribunal de Primera Instancia de Curazao y presentados ante el Banco Central de ese país para atender la quiebra. El más reciente de los documentos, del 17 de marzo de 2021, ratificaba que no quedaba claro si “efectivamente dispone de la liquidez y valores/bonos para cubrir sus obligaciones”. Aunque las acreencias de algunos ahorristas habían sido honradas por el banco al momento de redactar este reportaje, se trataba de un lote nada significativo de clientes con montos de menos de 10.000 dólares. Parecía una lotería sin ningún pronóstico, mientras las redes sociales seguían atestadas de mensajes de los afectados por el fraude bancario, soliviantados por el retraso en el pago de sus ahorros.

En el documento, los síndicos afirmaban que el Banco del Orinoco registra 1.935 acreedores ordinarios, con una deuda que totaliza un poco más de 735 millones de dólares. Explican que “80% de los titulares de las cuentas han aceptado una transferencia de su crédito al Boi Bank, en Antigua”, del mismo grupo financiero de Víctor Vargas, en el remoto Caribe oriental. El restante quiere su dinero y, según una máxima del derecho bancario, se debe proteger al ahorrista, sin importar cuánto sea el monto.

De esos casi dos millares de acreedores, 1.421 son ahorristas. Basta con radiografiar la lista oficial en los que se les registra, a la que Armando.info tuvo acceso, para precisar que las cuentas de al menos 1.310 no superan el millón de dólares; de hecho, son apenas 79 los que acumulan acreencias de entre uno y cuatro millones de dólares. El total del dinero de los cuentahabientes reflejado en esta base de datos es de 665 millones de dólares -equivalente a 90% de la deuda del banco- y aproximadamente la mitad de esos fondos corresponden a un grupo no muy numeroso que concentra una fortuna. Entre ellos se cuentan empresas panameñas de Víctor Vargas y su red de bancos en el Caribe.

Los montos más altos reflejados en la base de datos pertenecen al mismo grupo financiero de Vargas, incluyendo otras de sus entidades bancarias que están en proceso de liquidación o intervención: Allbank, Plus Capital Market (una empresa de corretaje de activos financieros en Panamá), Boi Bank y BOD. Entre todas reúnen un poco más de 65 millones de dólares, que era parte de ese capital que rotaban entre sí para imitar una fantasiosa solidez.

Las empresas de Víctor Vargas tenían cuentas en el Banco del Orinoco, incluyendo su petrolera Esvenca que encabeza la lista de clientes con mayores fondos depositados. Foto: Luis Robayo / AFP.

Los propios síndicos de Curazao destacan la existencia de esa rosca en su informe reciente. Una parte de los créditos del Banco del Orinoco fueron identificados en empresas del mismo Grupo Financiero BOD, el holding de Vargas. Por ejemplo, Allbank tenía varios “securities [valores] con un valor nominal total de USD 30.605.000”, que vencieron desde la fecha de quiebra. En el caso de Plus Capital Market, el proceso de liquidación llegó después, y se encargaba de “las relaciones financieras en nombre de sus propios clientes”, pero también tenía cuentas en el Banco del Orinoco, siempre según el mismo relato.

Pero no es un banco o una compañía financiera el principal ahorrista-acreedor del Banco del Orinoco. Ese es Environmental Solutions de Venezuela (Esvenca), la firma principal de Vargas para sus negocios petroleros. Aparece en la lista con más de 72 millones de dólares colocados en el banco. El de Esvenca es un nombre familiar para los reguladores curazoleños. Aparece mencionado en un reporte del Banco Central de Curazao y San Martín a raíz de la intervención del Banco del Orinoco. Allí alude a transferencias sospechosas de una compañía neerlandesa, Hanson Holland 2, a Esvenca, en lo que era parte de un intento frustrado por comprar Televen, el segundo canal privado de televisión de Venezuela, en 2015, transacción en la que Vargas hizo de componedor financiero. De igual forma, el holding y vehículo de control de los emprendimientos de Vargas en Venezuela, Cartera de Inversiones Venezolana, a través del cual adquirió el paquete accionario del BOD en 1992 y luego de Corp Banca en 2006, figura con una cuenta de 17 millones de dólares.

Otro nombre que salta a la vista entre los cuentahabientes a los que más dinero debe el Banco del Orinoco es el de Carmen Leonor Santaella Tellería, de quien Víctor Vargas se divorció en 2014 mediante la sentencia 446 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Se trató entonces de una sentencia pionera que no solo resolvió el caso de Vargas y Santaella, sino que sentó un cambio en la jurisprudencia.

En 2012, un juzgado en Caracas había declarado con lugar el divorcio de los Vargas-Santaella; sin embargo, poco después fue anulado. Los abogados del banquero interpusieron nuevamente la demanda para salir de la larga contienda y, en respuesta, el máximo tribunal decidió reinterpretar el artículo 185-A del Código Civil que disuelve el vínculo matrimonial por separación de cuerpos y modificó el procedimiento, a pesar de la resistencia de “algunos magistrados”. La ruptura consiguió finalmente sanción legal, sin derecho a una nueva anulación.

Pero el conflicto y su sonado desenlace no supusieron obstáculos para que Carmen Leonor Santaella mantuviera una cuenta de seis millones de dólares en el banco de su exmarido en Curazao. Víctor Vargas mismo tenía a su propio nombre una cuenta personal en el banco, con un saldo similar de seis millones de dólares. En términos comparativos, los 12 millones de Vargas y Santaella equivaldrían a lo que tienen los 700 ahorristas con menos dinero depositado de la lista.

Víctor Vargas ha sido conocido como el “banquero de Chávez”. Su ex esposa, sus amigos y socios, incluso él mismo, forman parte de los acreedores con fondos congelados en Curazao. Foto: Creative Commons / Wikimedia.

Los amigos y socios de Victor Vargas también engrosaban el listado bancario de clientes, hoy acreedores.

Destaca el ingeniero Rafael Ernesto Ramírez Ruiz, quien manejaba los negocios petroleros de varias compañías, incluyendo Esvenca, y aparece con algo más de un millón de dólares. De la misma manera, Ricardo Castellanos García -el sustituto de Ramírez en Esvenca desde 2017, exgerente de Comercialización del diario El Nacional de Caracas y de la Cadena Capriles, hoy Grupo Últimas Noticias- posee una cuenta con algo más de 500.000 dólares. Sin embargo, quien significativamente tiene una fortuna cautiva en las cuentas de Curazao es Diego Lepage, abogado y mano derecha de Vargas, quien aparece con unos ocho millones de dólares.

Los doce mayores cuentahabientes-acreedores del Banco del Orinoco, que acumulan casi 180 millones de dólares, tienen alguna vinculación con Víctor Vargas y su grupo empresarial.

Pero el cotejo de la lista con el registro del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) arroja algo más singular: más de un centenar de empleados activos de las empresas de Vargas -en Esvenca o en el BOD- tenían cuentas en el Banco del Orinoco. La mayoría proceden del estado Miranda y del Distrito Capital, así como de entidades petroleras como Monagas, Zulia y Anzoátegui.

Las cuentas rojas

A Víctor Vargas, suegro de Luis Alfonso de Borbón -este, bisnieto de Francisco Franco y heredero de la inefable corona francesa-, se le ha llamado el banquero de Chávez, no sin razón. 

Aunque el comandante falleció hace ocho años, los favores para Víctor Vargas continúan. El más reciente data del 17 de abril de 2021. Ese día la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) anunció su disposición para acompañar y supervisar al intervenido BOD en un plan de recuperación, luego de que recibiera medidas administrativas prorrogadas cada 120 días y que lo han auxiliado desde octubre de 2019. El plan, que no especifica el monto del auxilio, establece que el dinero depositado en los bancos de Vargas debe ser garantizado, aún cuando estén en otro país, como es el caso del Banco del Orinoco. Y ya se ve cómo están compuestas las acreencias de este banco tras su cierre.

El B.O.D. sigue recibiendo auxilio financiero del gobierno de la Superintendencia del Sector Bancario (Sudeban) quien anunció “su disposición para acompañar y supervisar” un plan de recuperación. Foto: Luis Robayo / AFP.

En la efervescencia de los días posteriores a la intervención, el 3 de octubre de 2019,  la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, manejada por magistrados afectos al chavismo, emitió la Sentencia 0326, a favor de los clientes naturales y jurídicos del banco en Curazao, a fin de proteger sus depósitos. Más allá del derecho, una de las razones que explican el interés del gobierno venezolano en asegurar el proceso yace en las cuentas que varias instituciones oficiales mantenían en el Banco del Orinoco.

Entre los cuentahabientes-acreedores del Banco del Orinoco aparece el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder), dependencia del Ministerio de Agricultura y Tierras, con depósitos por 12 millones de dólares. Entre 2017 y 2019, la presidencia del Inder la ocupó Oswaldo Barbera, que dejó el cargo al ser designado ministro de Ecosocialismo, cartera que tuvo bajo su responsabilidad hasta que murió por Covid-19 en abril de 2021.

Otros 3,3 millones de dólares los tenía depositados Bolivariana de Puertos, mientras que casi 500.000 dólares correspondían al Instituto Postal Telegráfico de Venezuela.

Otro grupo no tan conocido pero que cobra importancia en el occidente del país, de donde es originario el BOD, es Lácteos y Cárnicos San Simón. La empresa zuliana, que actualmente trabaja con el gobierno regional en la distribución de alimentos, tenía más de 1,5 millones de dólares en el banco de Curazao. Apenas conocida la intervención, en 2019 la empresa solicitó un amparo constitucional y, es allí cuando ocurre el pronunciamiento del TSJ sobre la materia. Otros despachos jurídicos, sin tanta influencia o recursos legales, se adhirieron a la misma, para darle validez al petitorio de recuperar el patrimonio depositado.

Varias instituciones gubernamentales hicieron una apuesta riesgosa y ahora tienen los fondos congelados en el Banco del Orinoco, en septiembre de 2019. Foto: Revista digital Dinero.

Pocas nueces

“Deplorable”. Ese fue el calificativo que usó el Banco Central de Curazao y San Martín (CBCS, por sus siglas en inglés) para describir la salud financiera del Banco del Orinoco NV al momento de su intervención. Estaba condenado a una agonía que ninguna medida de emergencia podría evitar: “No ofrecerá nuevos servicios ni aceptará nuevos clientes”, sentenciaba el comunicado del CBCS del 5 de septiembre de 2019.

Un par de meses después, el 13 de noviembre, el Tribunal de Primera Instancia de Curazao confirmó la quiebra, y su investigación concluyó lo que se temía: que el Banco del Orinoco “había utilizado documentos falsos a fin de corroborar su posición financiera”. En pocas palabras, el dinero que supuestamente tenía en sus bóvedas era en parte humo. Así que ¿a cuántos les debe dinero legítimamente y cuánto dinero tiene el banco para saldar esas deudas? Ese es un epílogo de la historia que se dirime en los despachos de abogados y de las autoridades financieras de Curazao.

En Venezuela, la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, conocida por las siglas de Anauco, lleva la defensa de 600 clientes del Grupo Financiero BOD. De acuerdo con Roberto León Parilli, presidente de la organización, la mayoría de los casos son del Banco del Orinoco, aunque lleva también denuncias sobre el Allbank de Panamá, y unas pocas contra el Boi Bank de Antigua. En total, el abogado estima que el monto adeudado a estas personas ronda los 120 millones de dólares.

Entre los dimes y diretes de las denuncias judiciales y mediáticas, parecía que el caso se estaba enmoheciendo. Por año y medio los liquidadores insistían en que se certificaran los créditos, los dueños del grupo financiero proponían a los acreedores pasar sus fondos al Boi Bank sin necesidad de un plan de liquidación, y los abogados trataban de forzar una mesa de negociación. 

Ayer sábado, mientras en las redes se promocionaba la publicación de este reportaje, los ejecutivos de Comunicaciones del BOD distribuyeron entre medios venezolanos un boletín de prensa en cuyo título aseguraban que estaba "resuelto el caso de la liquidación del Banco del Orinoco NV". De acuerdo a la nota, se habría completado un acuerdo con los síndicos, para su firma el próximo mes de julio, por el que "los 1.900 acreedores y clientes serán llamados para informarles de las condiciones del proceso" de "liquidación conjunta y controlada" del banco.

El comunicado atribuye la obtención del acuerdo a "la presión ejercida por los acreedores, en especial el Grupo Anauco, y todas las gestiones llevadas a adelante por representantes del Grupo Financiero BOD", mientras achaca las dilaciones a la intervención de las autoridades del Banco Central de Curazao y San Martín.

Consultado este mismo sábado sobre el hito, Roberto León Parilli, presidente de Anauco, admitió que acababa de enterarse del acuerdo por sus abogados en Curazao, pero desconocía sus términos. "Con este acuerdo se destrancó el conflicto", celebró, pero para advertir a la vez: "Falta conocer su texto para ver si se garantizan los derechos de los ahorristas, eso no lo sabemos".

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