El desgarrador testimonio ante la justicia peruana de ‘Isabel’, una mujer venezolana, describe paso a paso el mecanismo del que el Tren de Aragua se sirve para exportar suministros humanos a la industria del trabajo sexual en todo el hemisferio. Bajo engaño encadena a sus víctimas a una deuda impagable que las condena a seguir en el negocio. El pacto se mantiene por la coacción y hasta la muerte, destino del que ‘Isabel’ escapó ‘in extremis’. Y a menudo la policía y la ley resultan inoperantes.
Impidamos que el país se convierta en un desierto informativo.
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Cuando Isabel* aceptó el trabajo de vendedora en un local comercial que su prima, Catalina*, le estaba ofreciendo fuera de Venezuela, jamás se imaginó que meses después estaría tendida en una carretera de Perú, haciéndose pasar por muerta y con una bala en el cuello.
Isabel tenía 22 años y no quería dejar pasar la oportunidad de trabajar con su prima en el local ubicado en Mollendo, una ciudad en el departamento de Arequipa, suroeste de Perú. La oferta era su boleto para escapar de la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela. Sin embargo, poco después de llegar a Perú, descubriría que la oferta había sido un engaño y que estaba a merced de una red de trata de personas.
Isabel es una de las cientos de mujeres venezolanas que son captadas por redes de trata de personas año tras año. Su historia se entreteje en las páginas de un caso judicial contra al menos 43 personas acusadas de pertenecer al Tren de Aragua. En varias ciudades de Perú, el grupo ha implementado un complejo sistema de captación, transporte y explotación sexual de mujeres, niñas y adolescentes.
Las víctimas de este esquema criminal son conocidas entre las trabajadoras sexuales como las multadas, en referencia a cómo las víctimas de trata deben pagar una deuda a sus victimarios por el costo de su viaje y manutención.
“Las traen multadas”, dijo Roxi, una trabajadora sexual venezolana que vive en Lima. “Les pagan todo y cuando llegan aquí, llegan engañadas, llegan a explotarlas”.
La ruta de las víctimas a la explotación usualmente comienza en línea. Para Isabel, todo comenzó con los mensajes de su prima, que actuaba como captadora.
Los captadores son el primer eslabón en la cadena de la trata de personas. Se encargan de identificar y engañar a las víctimas para que acepten viajar al exterior.
Cada vez más, las redes de trata se valen de otras mujeres para este proceso, pues inspiran más confianza en las víctimas. Las autoridades peruanas han denominado a esta figura de captadoras como el brazo rosa.
“Llegan chicas, muchas veces captadas por otras chicas que ya están en la situación de trata, es decir, ese mecanismo de utilizar a las víctimas para captar otras víctimas”, declaró Joel Jabiles Eskenazi, coordinador de la Unidad de Protección de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Perú, a Insight Crime.
Según el testimonio de Isabel y la información recolectada por los fiscales, Catalina, luego de convencerla de viajar a Perú, solicitó la aprobación de su traslado a un presunto líder de la célula de Los Gallegos en Perú. Los Gallegos son una facción del Tren de Aragua que se estableció en Perú en 2019, aprovechándose de los flujos migratorios que salían de Venezuela hacia el país andino para expandirse.
Una vez contaron con la aprobación del líder, Isabel, quien para este momento seguía convencida de que se trataba de un trabajo real, comenzó su viaje hacia Perú. Catalina la puso en contacto con un supuesto “asesor de viajes”, quien se encargó de toda la logística del traslado y cubrió los costos, que, según los documentos del caso, varían dependiendo del país de origen. Por las mujeres que viajan desde Venezuela, los “asesores de viaje” reciben 500 dólares, y por las de Colombia, 300 dólares.
El asesor llevó a Isabel hasta Ecuador. Una vez en el país, el hombre la contactó con otro operador, que le compró sus pasajes a Lima, desde donde viajaría a Mollendo, donde supuestamente vivía Catalina.
Al llegar a Mollendo no se encontró con su prima, sino con otra mujer que, con brutal franqueza, le informó que el trabajo que le habían prometido no existía y que, en cambio, debía trabajar en nightclubs o chongos, como se les conoce en Perú a los bares donde se venden servicios sexuales, para poder pagar la deuda de su viaje.
Solo en ese instante Isabel se dio cuenta de que había sido atrapada por una red de trata.
Aunque intentó contactar a su prima para aclarar la situación y salir de la pesadilla en la que estaba envuelta, nunca lo consiguió. Los documentos de su caso dejan constancia de que perdió todo rastro de Catalina, quien dejó de usar sus cuentas en Facebook y WhatsApp.
La mujer que recibió a Isabel en Mollendo la llevó a una casa donde vivían otras nueve mujeres y un hombre, el encargado de vigilarlas para que no se escaparan. Allí le dijeron que tenía que pagar una deuda que tenía con Los Gallegos por los costos de su viaje, además de lo que le cobrarían por hospedarla y alimentarla en Perú.
Las deudas o multas varían según la nacionalidad y procedencia de la víctima. Si vienen de Colombia, la multa es de 3.200 dólares, pero si llegan desde Venezuela, la suma asciende hasta casi los 4.000, según los documentos. Para Isabel, que había accedido a lo que creía que era un trabajo de vendedora en un local comercial, pagar esa cantidad de dinero era prácticamente imposible.
Estas multas son una de las formas de control que usan grupos como Los Gallegos para someter a las víctimas de trata. Cualquier acto de desobediencia se castiga con un incremento en la multa de entre 250 a 500 dólares. Otras, para pagar su deuda, optan por captar a mujeres como Isabel para que tomen su lugar.
Como se lo había sentenciado la mujer que la recibió en Mollendo, Isabel se vio obligada a trabajar en un chongo. Al final de cada jornada, nada del dinero quedaba para ella. Según los documentos del caso, los clientes de la red pagaban alrededor de 34 dólares por media hora de sesión, 40 dólares por una hora, y 186 dólares por amanecer con alguna de las mujeres. Todo lo que estas ganaban debían entregarlo al hombre que las vigilaba, tanto en el establecimiento como en la casa donde dormían, como parte del pago de su deuda.
Para mantener a las víctimas bajo su control, Los Gallegos no solo las violentan y amedrentan, sino que también ejercen otras formas de coerción. Su estrategia incluye la manipulación psicológica acompañada de constantes amenazas de lastimar a sus familiares, incluso en sus países de origen. Y es que la estructura descentralizada del Tren de Aragua y su presencia en varios países les permite encontrar y amenazar a las familias de sus víctimas, incluso si están en el exterior.
“Ellas ya no se van, ya no se escapan porque saben lo que puede pasar a sus hijos, y a su familia en Venezuela”, dijo Ángela Villón, líder de Miluska Vida y Dignidad, una asociación de trabajadoras sexuales en Lima que ha conocido casos de trata de primera mano.
Además, las mujeres multadas son vigiladas todo el tiempo. Para evitar que busquen ayuda o que generen vínculos, son trasladadas de calle y ciudad constantemente.
“[Las] mueven aquí una semana, [las] mueven acá otra semana, ... hasta las llevan a provincias”, dijo Liliana, otra trabajadora sexual venezolana que reside en Lima.
Semanas después de que Isabel llegó a Mollendo, una de las mujeres que vivía con ella logró escapar y llegar a las autoridades. Para evitar a la policía, Los Gallegos decidieron mover a Isabel y a las demás mujeres a la ciudad de Arequipa, la capital provincial. Una vez allí, las obligaron a trabajar en las calles, mientras un hombre armado, desde una motocicleta, las vigilaba a la distancia.
Isabel, por su parte, intentó escapar dos veces. Tras el primer intento fallido, la encerraron en un cuarto sin poder hablar con nadie. En el segundo llegó más lejos, hasta el terminal de transportes, pero de nuevo la alcanzaron. Con la vigilancia constante a la que estaba sometida, no sería fácil escapar. Además, incluso si Isabel hubiera logrado pagar la multa con el grupo, era casi imposible que la dejaran ir.
“Hay casos que ellas pagan y las siguen explotando (...) no las dejan respirar pa’nada. Tienen que hacer lo que ellos digan”, dijo Roxi.
Los documentos judiciales hacen eco de su testimonio. Las mujeres que habían pagado su deuda no tenían más opción que continuar trabajando, y debían pagar 150 soles (unos 40 dólares) al día por estar en el territorio de Los Gallegos, pues pocas contaban con redes de apoyo que les permitieran salir de la explotación o volver a sus familias.
En entrevistas con InSight Crime, miembros de La Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (Onupdd) y de la División de Trata de Personas de la Policía Nacional del Perú (PNP) comentaron que la mayoría de las mujeres rescatadas durante los operativos contra la trata de personas vuelven a la situación de explotación. Por lo demás, de 2.500 personas rescatadas en 2023, solo 5% tienen investigaciones abiertas, según datos de la PNP. Esto se debe a que el sistema judicial peruano comienza una investigación solo cuando una persona hace una denuncia formal, algo que muy pocas víctimas hacen por miedo a sufrir alguna represalia.
“Nosotros tenemos la limitación de poder continuar [las investigaciones], porque muchas veces tenemos que buscar otros elementos de convicción para que nos puedan conducir a determinar que estas son víctimas de trata, porque ellas no lo aceptan”, dijo a InSight Crime el General Aldo Ávila Novia, Jefe de la División de Trata de Personas de la PNP. “Es bien difícil que ellas puedan aceptar que son víctimas por las circunstancias [de violencia]”, agregó.
Y las denuncias son pocas. Existen falencias en las investigaciones y operativos contra la trata de personas y, en ocasiones, se registra a trabajadoras sexuales como víctimas de trata. En otros casos, según autoridades y funcionarios de organizaciones internacionales y de derechos humanos, las víctimas no buscan ayuda por temor a que las amenazas de violencia contra ellas o sus familiares se materialicen o desconfían de la capacidad de las autoridades. Incluso, muchas mujeres vuelven a la situación de explotación.
Mientras, los casos reportados siguen aumentando. Aunque es difícil estimar el número de mujeres y niñas que caen en las redes de trata de personas, las cifras no son alentadoras. Y es muy probable que correspondan a un subregistro por parte de las autoridades, superadas en su capacidad.
En 2020, la PNP registró 372 denuncias por trata de personas en el país, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú. Para 2022, la cifra fue de 631, de las que 85,3% fueron mujeres (538), y 153 eran venezolanas. Para 2024, solo en los primeros seis meses del año, la PNP registró 458 denuncias, de las que 78,7% de las presuntas víctimas fueron mujeres y. de ellas, 54% tenían entre 13 y 17 años de edad.
Cuando Isabel intentó escapar, el castigo no se hizo esperar.
“Le hicieron poner sus manos en una mesa y le dieron golpes con la cacha de una pistola, diciéndole que tenía que hacerlo cuando ellos le dijeran, que era de ellos”, dicen los documentos judiciales.
Desde entonces, las amenazas aumentaron. Los criminales le daban golpes constantemente, le quitaban su celular para ver las conversaciones con su familia, e incluso le dijeron que habían enviado personas a Venezuela a buscar a sus familiares.
Una tarde, alrededor de las 2:00 p.m., dos hombres llegaron a la habitación de Isabel. Le dijeron que se levantara y recogiera sus cosas, que se tenía que ir con ellos. Había pasado poco tiempo desde la captura de uno de los miembros del grupo. Aunque los documentos no son claros, parece ser que la policía también detuvo a Isabel en ese momento y luego la dejó en libertad.
Salieron en un carro por una carretera. Le dijeron que la tenían que cambiar de sitio, a uno donde estaría mejor y, sigilosamente, le preguntaron qué le había dicho a la policía, a lo que ella respondió que no había dicho nada.
Después de unas tres horas de camino, la hicieron bajar del carro. Uno de los hombres le pasó un celular, mientras que el otro sacó una pistola y le disparó.
Isabel cayó al piso. La bala solo la había rozado. Uno de los hombres le dio una patada, para asegurarse de que el trabajo había quedado bien hecho. Ella sabía que si se movía, le iban a disparar de nuevo, así que aguantó el dolor. Lo último que les escuchó decir fue “móntate, móntate rápido, que esta quedó lista”.
Minutos después escuchó el carro irse, y comenzó a pedir auxilio. Alguien la ayudó a llegar a la comisaría, donde le tomaron su denuncia y la trasladaron al hospital.
Aunque Isabel logró escapar de su situación de explotación y hoy el caso judicial contra sus victimarios avanza en las cortes de Arequipa, es la excepción a la regla. Mientras tanto, el Tren de Aragua y sus facciones continúan ganando grandes sumas de dinero explotando a mujeres y niñas que, desesperadas por un futuro mejor, siguen atrapadas en sus garras.
*Los nombres de los protagonistas fueron cambiados para proteger su identidad.
Un asesino serial anda suelto en la capital de Perú. Es la megabanda de origen venezolano, pero ya multinacional, que con la migración ha exportado sus métodos. Empezando por sus propias compatriotas, el TDA inició un esquema minucioso de cobro de ‘cupos’ en la prostitución, cuyas cuotas no son fáciles de pagar. Quien quede en mora corre el riesgo de quedarse sin trabajo o de morir, y así servir de advertencia para toda la comunidad del trabajo sexual. Se cumplen dos años desde que un par de asesinatos llevaron el asunto a la atención pública.
Los ‘caminos verdes’ que cruzan los límites entre Colombia y Venezuela son un negocio para los grupos irregulares que los controlan y un peligro para quienes se ven obligados a transitarlos. En las últimas décadas, centenares de venezolanos han desaparecido en ellos sin dejar rastro. Los familiares que los buscan deben sortear extorsiones y amenazas de los actores armados y hasta estafas de los pobladores locales, mientras las autoridades del Estado hacen poco o nada para ayudarlos.
Ya alcanzaron Estados Unidos los forajidos que, siguiendo la ola migratoria venezolana, cometen fechorías en una docena de países. A todo tren esta megabanda se ha convertido en la que el general de policía Óscar Naranjo llama la organización criminal “más disruptiva” de Latinoamérica, una que le ha ganado escaramuzas hasta a la guerrilla colombiana. Ahora la Patrulla Fronteriza norteamericana reporta intentos de infiltrar la franquicia al norte del río Bravo.
En el estado de Roraima, al norte de Brasil, la organización delictiva ‘Primer Comando da Capital’ funciona como un grupo empresarial multinivel a cargo de negocios que van del tráfico de drogas a la minería y de la prostitición a las criptomonedas. Hoy, cuatro de cada diez integrantes del PCC en ese estado son venezolanos, inmigrantes a los que abre sus brazos para integrarlos a una gran hermandad criminal de la que solo se escapa a precio de la propia vida.
Una suerte de pillaje institucionalizado nutre el patrimonio de bienes raíces de los cuerpos de seguridad del Estado chavista, en particular de la Contrainteligencia Militar, que se ha hecho de inmuebles por lo general ubicados en urbanizaciones del este de la capital venezolana. En algunas de esas ‘casas seguras’, dedicadas al secuestro, la extorsión y la tortura de adversarios políticos, los servicios secretos atormentan a sus víctimas, rehenes o desaparecidos, mientras no están a la orden de los circuitos judiciales. La presente es la entrega inicial de una serie que radiografía esos lugares y el horror que los habita.
De una a otra orilla del río Orinoco transcurre un episodio de la competencia global por el control de las tierras raras y otros minerales estratégicos, que enfrenta sobre todo a China y Estados Unidos. Por la densa capilaridad de la frontera fluvial y selvática se van los tesoros geológicos, a los que arrancan del Escudo Guayanés bajo la supervisión de grupos irregulares, y van a dar a empresas de dudosa reputación en Colombia, hasta finalmente alcanzar las refinerías en China.
En la frontera binacional, la extracción de minerales estratégicos ocurre en un lado y se comercializa en el otro, alimentando una economía ilícita transnacional que involucra a guerrilleros y redes criminales. Mientras Maduro y su némesis, María Corina Machado, ofrecen -con objetivos muy distintos- la explotación del subsuelo venezolano, esta ocurre ahora mismo de modo desregulado, invasivo y violento, parte de una guerra sucia global que se libra en pos de las materias primas indispensables para lograr un futuro ‘limpio’.
Una tendencia explica la otra: mientras el tajalí, una especie marina de alta calidad proteica y precio asequible, desapareció de los mercados nacionales, a la vez se convertía en el cuarto rubro pesquero de exportación desde Venezuela. Lo curioso de esta relación de proporcionalidad inversa está en quiénes terminan por disfrutar del manjar en el extranjero, porque tres cuartos de las ventas se hacen a Estados Unidos, aunque la propaganda oficial se ocupe tan solo de pregonar los despachos hacia China.
En tiempos en que el actual gobernante se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores de Hugo Chávez, una comunicación de la representación diplomática venezolana en Líbano informaba con candidez a Caracas sobre un caso que expuso el mecanismo por el cual alijos de cocaína, transportados por compatriotas hasta Medio Oriente, se destinaban a financiar al grupo fundamentalista chií. Ese comercio ilícito se suma a otros nexos de coordinación y apoyo entre las dos partes, denunciados esta semana en una audiencia del Senado estadounidense.
El pasado 5 de septiembre, una noticia se difundió por todo el mundo: dos aviones de combate F16 venezolanos habían sobrevolado un buque de guerra estadounidense en el Caribe Sur. La maniobra, que se interpretó como un gesto de desafío, convirtió en celebridades fugaces al par de pilotos, uno de los cuales, el mayor general Alfredo Tanzella Rangel, cumple otra misión: formar parte de los 17 socios, todos altos oficiales activos de la Aviación Militar, de una empresa que vende desde dispositivos GPS hasta sacos de arroz.
Tras un cuarto de siglo de obras, Nicolás Maduro inauguró el lujoso hospedaje, de cuya regencia dejó a cargo a su otrora contratista favorito y actual ministro, en el rol de presidente del CIIP. Pero antes, en 2013, el comerciante colombiano había aceptado la misión de terminar la construcción en un año, tarea que incumplió. Entonces y ahora Saab ha tenido como contrapartes a miembros de la familia de Cilia Flores, inspirados por el lema “Juntos todo es posible”, mismo que denomina a una corporación estatal que controlan.
