Al menos entre 2011 y 2012, venezolanos anónimos, empresas pequeñas o medianas -una panadería por aquí, una editorial de libros técnicos por allá-, recibieron pagos por miles de dólares en cuentas del extranjero. Las transferencias eran abonadas por una comercializadora global de oro, con sede en Dubái, de la que ni habían oído hablar. Pero no se trataba de una promoción o de una lotería, como tarde habrían de enterarse. Eran parte, sin saberlo, de un sofisticado esquema de circulación de dinero que vio una oportunidad de propagación en la Venezuela del control de cambio y sus distorsiones, que empujaron a muchos a cubrir sus necesidades en el mercado negro de divisas. Tampoco sabían que al mismo tiempo sus nombres y transacciones eran monitoreadas desde Washington.
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Maracaibo, Barquisimeto, Caracas, Lechería, Güiria: En estas cinco ciudades, tan dispares como equidistantes entre sí sobre un eje costero que va de oeste a este a lo largo de 1.300 kilómetros, se encuentra un puñado de pequeñas empresas que tienen como denominador común haber recibido pagos de una compañía con sede en los lejanos Emiratos Árabes Unidos: Kaloti Jewellery International Company Limited, de Kaloti Jewellery Group.
Se trata de una de las corporaciones de refinación, fabricación y comercialización de oro más extendidas del mundo, que por tres años fue investigada por una fuerza de tarea conjunta liderada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), pesquisas que incluso llevaron a funcionarios estadounidenses a recomendar en 2014 que la empresa fuera designada como una amenaza de lavado de dinero utilizando la Ley Patriota, en base a todas evidencias que habían acumulado. El gobierno de Estados Unidos decidió cerrar el caso por consideraciones diplomáticas con sus aliados emiratíes, pero las alertas llevaron a que algunos bancos les cerraran las cuentas y perdieran una importante certificación de su principal refinería.
¿Por qué la megacorporación del oro fundada en Dubái depositó miles de dólares a las cuentas bancarias en el extranjero pertenecientes a una empresa pesquera, un instituto oncológico, una editorial de medicina y odontología, el propietario de una panadería y el dueño de una importadora en Venezuela, todos sin aparente relación con el sector aurífero?
Las inusuales transacciones entre Kaloti y sus contrapartes venezolanas, en las que mediaron bancos extranjeros que operan en jurisdicciones de "alto riesgo", levantaron las alarmas de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su acrónimo en inglés), la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que investiga pistas en el sistema bancario relacionadas con lavado de dinero, crimen organizado y terrorismo.
La filtración de más de 2.100 reportes de actividades sospechosas (en inglés Suspicious Activity Report, o SAR), obtenida por BuzzFeed News, compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y a la que tuvieron acceso más de 400 reporteros de 88 países para dar origen a la investigación global de los FinCEN Files, reveló que entre 2011 y 2012 Kaloti transfirió al menos seis pagos a dos particulares y tres compañías registradas en Venezuela que suman un total de 420.070 dólares, equivalentes a unos 8,4 kilos de oro, según el promedio de la cotización del metal en esos años. Una cifra que podría lucir intrascendente ante los montos y volúmenes del mercado internacional del oro, pero que en realidad se suma a las miles de operaciones que efectuó la transnacional a un centenar de compañías en otros países de América Latina, Asia y África, tal como registran los documentos de FinCEN.
De
hecho, las operaciones bancarias de Kaloti Group identificadas como dudosas por
el Departamento del Tesoro estadounidense totalizan miles de transferencias por
un valor de 9.300 millones de
dólares, realizadas entre 2007 y 2015 a través del sistema financiero
internacional. Uno de cada cuatro de los SAR recogidos en la filtración están
relacionados con el comercio del oro. Venezuela figura como el tercer país con mayor número de
reportes de actividades sospechosas de estar vinculadas con lavado de dinero a
través del comercio de oro.
Que un nombre de persona o empresa aparezca en un SAR del Departamento del Tesoro norteamericano no es una buena noticia, pero no necesariamente es indicativo de algún delito o conducta criminal. Los bancos en Estados Unidos están obligados a enviar a la FinCEN informes que indiquen si se "sabe, sospecha o tiene alguna razón de sospechar" que una transacción tenga un origen ilícito o dudoso objetivo de negocio. No son en sí denuncias formales, pero alertan a las autoridades sobre posibles operaciones de lavado de dinero proveniente de la corrupción, el crimen organizado y el financiamiento del terrorismo. En los FinCEN Files no está sino una mínima fracción de la totalidad de los millones de informes emitidos durante los años analizados.
Si bien las empresas venezolanas que recibieron pagos de Kaloti fueron registradas en el país, las transacciones se hicieron entre cuentas de bancos internacionales por orden de compañías domiciliadas en “sitios conflictivos” como Curazao y Guyana -ambos fronterizos con Venezuela, por el norte y el este- justo en una época en la que regía el control de cambio implantado por el gobierno chavista desde 2003, que bajo la gestión de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) bloqueaba la libre convertibilidad de la moneda y, por lo tanto, el intercambio entre cuentas bancarias de bolívares venezolanos a dólares.
Aunque el objeto de estas operaciones bancarias fue descrito como "comercialización de oro" por la empresa emiratí, no hay registro de exportaciones por parte ni de las empresas venezolanas ni de los particulares involucrados. En los balances aduaneros de los años que figuran en los reportes a la FinCEN no existe la venta de lingotes dorados provenientes de Venezuela ni a Kaloti ni a ninguna otra compañía extranjera, según recoge la base de datos de comercio internacional Import Genius.
Las transferencias de Kaloti por concepto de “comercio de oro” a empresas venezolanas ocurrieron entre 2011 y 2012, cuatro años antes de la creación por decreto del controversial Arco Minero Minero del Orinoco, un megaproyecto de minería concebido y anunciado por Hugo Chávez en 2011, e instaurado definitivamente por Nicolás Maduro para la explotación de materiales estratégicos, que derivó en una cantera de corrupción, devastación ambiental, masacres y desapariciones. También ocurrieron antes de que fuera establecido por ley el monopolio de la comercialización del oro por parte del Estado, cuando las reglas de la compra y la venta del oro explotado en las minas del sur del país eran más inciertas. El Banco Central de Venezuela (BCV) es el organismo que autoriza la venta del material aurífero tanto dentro como fuera del país.
Las empresas señaladas tienen en común alguna formalidad estructural como identificación fiscal, registro de empresa, y reporte de importación de mercancía con su correspondiente registro en aduana. Dos de las cinco compañías aparecen además en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), aunque en la actualidad figuran como inhabilitadas para contratar con el Estado. Pero en todos los casos resultó difícil conseguir el contacto y sede física a partir de la dirección, correo electrónico y números telefónicos reflejados en los SAR y algunas cuentas de redes sociales. La falta de datos muestra también las dificultades que pueden enfrentar los bancos de Estados Unidos, ubicados en la primera línea de prevención del lavado de dinero pero a mucha distancia de sus investigados, para seguir las trazas del dinero que consideran sospechoso.
Una de las irregularidades que con más frecuencia reportan los ejecutivos de cumplimento de los bancos a la FinCEN, en casos relacionados con Kaloti, es que la compra y venta de oro no parece ser la actividad regular de los beneficiarios de sus transacciones. Asoman que los movimientos bancarios sospechosos se inscriben dentro de patrones de lavado de dinero estudiados por la DEA y organizaciones como Global Witness.
Pero en el caso de Kaloti y las empresas venezolanas se encuentra una particularidad. Un grupo de pequeñas y medianas empresas venezolanas sin relación entre sí y desconectadas del sector aurífero quedaron envueltas en inusuales transacciones entre comercializadoras de oro extranjeras que se valieron del control de cambio en Venezuela para ejecutar esas operaciones identificadas como sospechosas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y lo hicieron sin proponérselo.
Cuando vio el nombre de Kaloti Jewellery International en el balance bancario de su empresa pesquera, Alí Saab Saab tuvo un mal presentimiento. ¿Por qué una joyería extranjera le estaba transfiriendo los más de 100.000 dólares correspondientes al pago pendiente de la deuda acumulada de un cliente por compra de pescado? “Esto nos puede traer problemas”, pensó con inquietud. Pocos meses después, el First Bank of Miami cerró la cuenta corporativa y, nueve años más tarde, el nombre de la mediana compañía ubicada en Güiria, al extremo oriental del estado Sucre, apareció en la filtración de los FinCEN Files como receptora de una transacción sospechosa que relaciona a la corporación del oro de Dubái y la comercializadora El Dorado Trading, ubicada en Guyana.
Según el reporte de actividad sospechosa de marzo de 2012, en referencia a Inversiones Rosu C.A., el First Bank de Miami señaló que el 19 de diciembre de 2011 Kaloti Jewellery Internacional hizo dos transferencias por un total de 109.452 dólares a beneficio de la empresa pesquera de Güiria desde su cuenta del Deutsche Bank de Londres, usando la entidad intermediaria Deutsche Bank Trust de Nueva York, por concepto de "comercio de oro por orden de El Dorado Trading”.
El banco estadounidense confirmaba en su reporte que la empresa de los hermanos Roston, Rafik y Ali Saab Saab, se dedicaba a la industria pesquera y operaba cuatro barcos con autorización para trabajar en Venezuela, Surinam, Guyana y la costa del Atlántico Sur hasta Brasil. En el documento ante la FinCEN, el First Bank de Miami explicó que las transacciones (de Inversiones Rosu C.A) no parecían tener “un razonable propósito y se desvían de la actividad esperada por el cliente”. También dijo que el cliente “no pudo proporcionar documentación para respaldar las transacciones”.
Alí Saab Saab aseguró, en una entrevista hecha para esta nota el 23 de septiembre de 2020, que no había manera de presentar documentos de una transacción en un país de extrema informalidad financiera y poca fiscalización como Guyana, operación por la que además no fueron previamente consultados. Lo dice quien es oriundo de una región de Venezuela ahora azotada por el contrabando de gasolina, narcotráfico y bandas criminales.
Los propietarios de Inversiones Rosu C.A son tajantes: “Nunca hemos tenido ningún tipo de relación con la empresa (Kaloti Jewellery International Group.), y jamás hemos comercializado con oro. Lamentablemente, todo lo que trajo esa transferencia fue un incidente ajeno a nuestra voluntad y control”.
En una respuesta enviada por email el 23 de septiembre, Saab Saab despeja las sospechas sobre las embarcaciones de la empresa en aguas extraterritoriales. "Güiria siempre se ha caracterizado por ser un área de producción pesquera y agrícola. Es costumbre que toda las embarcaciones pesqueras, llámese pargueras y polivalentes, tanto de Güiria, como de otros puertos del Oriente, realicen faenas de pesca en aguas de Guyana, Surinam e incluso Guayana Francesa, con licencias legales obtenidas o auspiciadas por los clientes que existen en esos puertos, permitiendo descargar o vender parte de la producción pesquera”.
Saab Saab confirmó que aquel cliente de Guyana les adeudaba varias faenas o campañas de pesca. “El hecho de que esos fondos fueran abonados a nuestra cuenta sin nuestro consentimiento en lo que respecta al remitente de la transferencia, nos costó no solo la relación comercial, sino también el cierre de la cuenta. Inclusive, los fondos fueron abonados sin control previo por parte del banco, que de haberlo realizado, nunca habríamos aceptado el depósito de los mismos".
Descartan asimismo cualquier vinculación con El Dorado Trading. "No existía relación con esa empresa; obviamente exigimos una explicación a nuestro cliente en Guyana, que sin consultarnos o solicitar nuestra autorización pidieron por su cuenta que nos hicieran la transferencia cuyo concepto original era producción pesquera".
Un caso similar ocurrió con Actualidades Médicas y Odontológicas Latinoamericana, Amolca C.A, una editorial de textos de medicina fundada hace 36 años en Caracas y que en 2019 mudó su sede principal a Medellín -capital del departamento de Antioquia, en Colombia- empujada por la crisis generalizada de Venezuela, aclararon sus propietarios. Conservan la oficina de la capital venezolana en un pequeño edificio, tan discreto como desvencijado, del este de la ciudad.
En un informe de actividad sospechosa de la FinCEN de diciembre de 2011, el Ocean Bank de Miami reportó que Amolca C.A registró actividades sospechosas con algunos giros provenientes de ubicaciones geográficas de “alto riesgo”, como Emiratos Árabes Unidos y Siria. Agregaron que la actividad era inconsistente con el negocio y la historia del cliente.
El SAR reporta que en diciembre de 2011 la empresa, propiedad de Rafael Angel Cortez, Margarita Florez de Cortez y Guillermo Cortez, recibió un pago único de 9.976 dólares por parte de Kaloti Jewellery International de Dubái a través de la cuenta del Deutsche Bank y del intermediario Deutsche Bank Trust de Nueva York por concepto de “comercio de oro al cuidado de Haig’s Internacional N.V”. Identificaron esta operación como “inusual” y “altamente irregular” emitida desde una jurisdicción “de alto riesgo” y relacionada a una actividad comercial muy diferente a la editorial.
En su momento, a Margarita Florez de Cortés, una de las propietarias de Amolca C.A, le extrañó recibir en su cuenta del Ocean Bank -un banco de inversionistas venezolanos en el sur de Florida- un depósito de casi 10.000 dólares por parte de una “joyería internacional”.
En diciembre de 2011, relata, la editorial necesitaba obtener divisas para cubrir algunas operaciones en el extranjero para la compra y venta de derechos de autor, por lo que debieron recurrir al mercado negro, costumbre arraigada en la Venezuela de aquellos años sumida bajo el control cambiario que solo permitía el acceso a dólares preferenciales a reducidos sectores de la economía, como los de alimentos y medicinas.
“Aquella transacción fue producto de la compra de dólares en el mercado secundario a una persona que nos recomendaron para cambiar las divisas a fin de honrar compromisos de la editorial en el exterior. La operación se hizo de esa manera debido al control cambiario en Venezuela; era además una práctica común que hacían las empresas que tenían compromisos en el exterior”, aseguró Florez en una carta enviada a los redactores de este reportaje, con fecha del 21 de septiembre de 2020. En ese tiempo regía, sin embargo, la Ley de Ilícitos Cambiarios que establecía multas y prisión a quienes compraran o vendieran divisas fuera del Banco Central de Venezuela, una legislación que solo fue derogada en 2019.
La propietaria de Amolca C.A subraya que se trató de una operación puntual y no consecutiva que se efectuó hace nueve años. Asegura que no conserva detalles de esa transacción, de modo que no puede informar sobre la identidad de la persona en Caracas que gestionó el cambio de bolívares a dólares, o si se hizo mediante cheque o transferencia bancaria: “Con la mudanza, se desecharon muchos documentos que la empresa no consideró importantes”. De lo que sí está completamente segura, insiste, es que la editorial nunca vendió oro y jamás tuvo relación ni con Haig’s International ni con Kaloti.
¿Por qué Haig’s International, una comercializadora de oro afincada en Curazao, de conocida gestión en el mercado global, querría tener una moneda tan devaluada como el bolívar fuerte venezolano en 2011? La respuesta podría apuntar hacia el sur minero del país. Para aquel año en que Hugo Chávez nacionalizó la actividad aurífera en Venezuela, la compra y venta del oro en la región minera del estado Bolívar aún se efectuaba con bolívares y en efectivo. Además, denuncias oficiales y reportajes periodísticos han confirmado que la antigua antilla neerlandesa ha servido de puente para la legitimación del oro venezolano promoviendo su salida legal hacia el mercado internacional. Sin embargo, como más adelante se verá, los propios ejecutivos de Haig's niegan haber tenido ese interés.
Un esquema parecido se aplicó con el Instituto Oncológico del Occidente, centro de salud especializado registrado en 1981 en Maracaibo, capital del estado Zulia, extremo noroccidental del país.
En un reporte de actividades sospechosas de finales de 2012 destaca la suspicacia del Century Bank en torno a la familia propietaria de la clínica zuliana, José Luis Padilla Viloria, Mirna Yolanda Parra de Padilla y María Carola Padilla Parra, así como también sobre el emisor de la transacción, Kaloti Jewellery International de Dubái. En el documento sus oficiales de cumplimiento informan que la operación resultaba "una actividad que no está en línea con su actividad habitual" y que los titulares de la cuenta abierta en 2009 no podían presentar documentación que la justificara.
Según el reporte del banco donde se analizaban los movimientos, no quedaba claro el objetivo del depósito de 165.690 dólares a los propietarios de ese centro para el tratamiento de cáncer, realizado el 23 de julio de 2012 por parte de Kaloti desde su cuenta del Deutsche Bank de Londres, usando como banco corresponsal el Deutsche Bank NYC y cuyo objetivo de pago era, de nuevo, el "comercio de oro" por parte de Haig's International.
Hacia 2012, Haig’s International, ubicada en la zona franca de Curazao, contaba con 25 años de experiencia en comercio, transporte y distribución de metales preciosos. “No se encontró relación entre los clientes del banco y el emisor de la transferencia (Kaloti) o la comercializadora de oro de Curazao (Haig’s)”, indicó el documento agregando que “no se puede asegurar la legitimidad de la transacción que parece ser un pago a terceros”, que los oficiales de cumplimiento describieron en el SAR “como un mecanismo o red de personas que reciben dinero con el fin de hacer equivalencias de los fondos de terceros en otra ubicación geográfica”.
Estas operaciones entrarían en un sistema informal de transferencia de valor o IVTS (por las siglas en inglés de Informal Value Transfer System) que se maneja fuera del sistema bancario convencional a través de instituciones financieras no bancarias u otras entidades comerciales, la llamada “banca clandestina”. Se trata de un mecanismo o red de personas que reciben un monto de dinero cuyo valor equivalente es pagadero a un tercero situado en otra ubicación geográfica, como algunas redes de envío de remesas, por ejemplo. Es lo que podría haber ocurrido con las empresas venezolanas en cuestión salvo por un detalle: según las evidencias por ahora disponibles, no estaban al tanto de que formaban parte del sistema de intercambio.
Por la versatilidad y anonimato que proporciona al usuario, este sistema puede ser muy atractivo para cometer ilícitos como lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras actividades criminales, evalúan expertos.
Las severas restricciones que impuso desde 2002 el régimen cambiario en Venezuela derivaron en el surgimiento de un mercado negro de divisas, un espacio de compra y venta ilegal de dólares, principalmente, que no solo promovió la masiva fuga de capitales y de dinero público, a pesar de las penas previstas por la la Ley de Ilícitos Cambiarios que el chavismo promulgó en su oportunidad. También permitió a venezolanos anónimos tener acceso a dólares y plegarse a esquemas de operaciones poco transparentes y al menos cuestionables, como la que tanta suspicacia despertó entre los analistas de los bancos que reportaron a la FinCEN.
El Ocean Bank consultó en su momento a María Carola Padilla Parra, quien aseguró que la transferencia de 2012 era producto de la venta de un apartamento en Caracas, en el capitalino municipio de Baruta -un coto de clase media en el sureste de la capital venezolana- e incluso presentó la fotocopia del contrato por 3,38 millones de bolívares (786.046 dólares a la tasa de cambio oficial de 2012). En esa rendición de cuentas del cliente al banco, ni Kaloti de Dubái ni Haig’s International V.D. de Curazao fueron mencionadas.
El Instituto Oncológico de Occidente es un conocido centro para tratamiento del cáncer en Maracaibo, cerca de la transitada avenida Las Delicias de la capital zuliana. Ninguno de los teléfonos fijos que se mencionan en su cuenta de Instagram funciona, y el último post informativo colgado en esa red social data de septiembre de 2019. Sin embargo, se pudo comprobar que el instituto sigue activo, recibiendo pacientes incluso durante la pandemia de Covid-19. Sus propietarios no respondieron a las peticiones de entrevistas enviadas los días 21 y 24 de septiembre de 2020 por vía de correo electrónico para este reportaje. Pero sí se logró obtener la versión de la compradora del apartamento vendido por la familia Padilla en Caracas, que confirma el esquema aplicado en las sospechosas operaciones de Kaloti con titulares venezolanos de cuentas bancarias.
A.V. (quien pidió mantener su nombre en reserva) es gerente en uno de los principales bancos de Venezuela. Compró en 2011 el inmueble ofrecido por los Padilla, quienes para el momento residían en Miami. Pagó una inicial con un cheque en bolívares y contrató un crédito hipotecario aprobado por la misma entidad bancaria donde trabaja desde hace 13 años para cubrir el resto de las cuotas valuadas en moneda venezolana. El contrato de la venta del apartamento fue firmado en Caracas por Héctor Luis Parra Mejías, tío de María Carola Padilla, en calidad de apoderado. No hizo ninguna transacción con oro para pagarlo.
Para A.V., la sorpresa no pudo ser mayor al enterarse, ocho años después, de que aquella inicial por el apartamento que pagó en bolívares había sido presentada por la vendedora del inmueble como justificación de los dólares supuestamente recibidos de una comercializadora de oro en Curazao. Y de que su nombre aparezca entre los movimientos bancarios sospechosos reportados ante el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. "No tengo ninguna vinculación con Kaloti, ni Haig's ni ventas de oro. Tras concretarse la compra del apartamento, no supe más de los Padilla".
El reporte alude a una transacción de 2011 por 34.976 dólares por parte de Kaloti. El beneficiario principal de esta transferencia fue Evangelista Antonio da Conceiao, un panadero portugués
La historia de las transacciones de Kaloti en Venezuela alcanzaron a un panadero portugués. En un reporte que alude a una transacción de 2011, se detalla la transferencia de 34.976 dólares por parte de Kaloti a través del Deutsche Bank. El beneficiario principal de esta transferencia fue Evangelista Antonio da Conceiao (aunque en el SAR está registrado como Antonio Evangelista da Conceiao), descrito como propietario de una panadería en Venezuela.
Esa panadería a la que hace referencia el SAR estaba ubicada en Barquisimeto, capital del estado Lara, y aparece registrada en el documento como Pan Norte, C.A. Sus abogados panameños, del grupo Castillero, Sieiro & Asociados, se limitaron a confirmar tanto el fallecimiento de Evangelista Antonio Da Conceiao en 2019 como la autenticidad de la información del SAR respecto de la propiedad de la panadería Pan Norte, vendida a mediados de la década de 2010.
Otra transacción calificada de “alto riesgo” une a Kaloti con Venezuela. A juzgar por los involucrados, esta vez, una parte de 99.976 dólares saltaron de tierra firme a una isla: de Lechería, en el estado Anzoátegui, a Porlamar, en la famosa y ahora económicamente deprimida isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta.
El comienzo de estos movimientos se sitúa en marzo de 2011. El monto inicial, una vez más, partió de una transferencia de Kaloti a una cuenta personal de Jorge Enrique Navarro Ordóñez.
En Linkedin, Navarro Ordóñez se presenta como egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y como ex director de zona del Banco Provincial -marca en Venezuela del español BBVA-. Desde 2008, según ese mismo perfil, es director de Orientinvest, C.A. No hay website oficial que exponga datos de la compañía. Tampoco los sitios externos: en Import Genius hay apenas una mención sobre operaciones en 2010. En su foto de perfil se ve a Navarro Ordóñez, de chaqueta y casco, escoltado por una moto de alta cilindrada.
Navarro Ordóñez y Orientinvest aparecen en ese reporte de actividad sospechosa. “Se trata de una cuenta comercial a nombre de Orientinvest, C.A., que fue abierta el 23 de marzo de 2011. La compañía fue registrada el 7 de marzo de 2008 en el estado Anzoátegui. Los directores son el señor Navarro Ordóñez y Luis Arturo Salazar Martínez. Se dedican a la importación y comercialización de productos pesados y equipo para uso industrial”.
Tres elementos llamaron la atención a los agentes bancarios. El primero fue que las transferencias electrónicas “para personas físicas y entidades comerciales” se mueven en bancos con sedes “extraterritoriales”: Curazao, Antillas Neerlandesas y las Islas Caimán. El segundo factor: con el seguimiento a las transacciones, en un lapso de doce meses entre 2011 y 2012, se corroboró que los fondos “se desembolsan a través de transferencias electrónicas a una lista de personas físicas y entidades para que se acrediten en sus cuentas en otras instituciones financieras de Estados Unidos”. Lo tercero es la complejidad de las transacciones: un vaivén de transferencias que saltan de una empresa pequeña (literalmente: en su haber cuenta con un solo trabajador), como Desarrollos Galope (con sede en la avenida Libertador, en Caracas), a la cuenta de Navarro Ordóñez.
Una de esas transacciones fue por 13.200 dólares desde la cuenta de Navarro a la cuenta de la empresa Alidelta, con sede en el estado Nueva Esparta. Su propietario es Luis Alexander Paredes Guillén.
Paredes Guillén accedió a conversar por vía telefónica para este trabajo. Lo primero que aseguró fue que no conoce ni a Navarro Ordóñez ni a su empresa. ¿Cómo explica entonces las transferencias? Un caso similar al de Amolca, la obtención de divisas en la aridez cambiaria de Venezuela, podría explicar el vínculo desconocido.
Alidelta es parte del Grupo Diorca, una distribuidora de alimentos fundada en el oriente del país en el año 2000. “Representamos a Colombina [empresa colombiana productora y distribuidora de alimentos] en el oriente del país. En 2009, 2010 y 2011 comenzaron las dificultades cambiarias. El sistema bancario no satisfacía la necesidad que teníamos para distribuir 30.000 cajas en el oriente para Colombina. Cuando se secan las arcas del Estado, quedamos con una deuda con Colombina. Las casas de cambio no existían”, explica.
La desaparición gradual de las casas de cambio (había más de diez cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999) fue una de las consecuencias del régimen de control cambiario. Hubo cada vez menos divisas por los controles, lo que llevó a muchas empresas a buscar alternativas mientras boqueaban en la marea inflacionaria. En junio de 2020 se anunció la reapertura de algunas casas de cambio.
Fue en ese dilema, el de subsanar una deuda en divisas, cuando Navarro Ordóñez y Orientinvest aparecieron, según lo que deduce Paredes Guillén. “A través de alguien que trabajaba en una casa de bolsa comprábamos divisas. Él nos daba la cuenta, nosotros depositábamos los bolívares y recibíamos los dólares. No sabíamos de dónde venían y eso fue todo lo que sucedió. Eso puede explicar una de las transferencias que recibió Alidelta”, añade.
Interrogado sobre Kaloti, asegura que no ha escuchado sobre esa empresa. “No supe de una investigación (...) No tenemos nada que ocultar y tenemos más de 20 años en esta actividad”.
Para este reportaje se intentó establecer contacto con Navarro Ordóñez a través de Matthyse y Asociados, la firma de abogados que representaba a su empresa en Panamá, Victoria Consulting Group; y a través de Lazarus Corporate Filing Services, la empresa de servicio de archivo corporativo que registró Oriente Invest Group LLC en Miami, Estados Unidos. Ambas empresas están inactivas.
Salvo en el caso de Inversiones Rosu, cuya cuenta fue cerrada por el banco meses después del reporte de sospecha, así como el de Evangelista Antonio Da Conceiao y María Carola Padilla Parra, ambos interrogados por sus correspondientes bancos al respecto, no se conoce que las empresas y particulares que recibieron transferencias de Kaloti hayan sido sancionadas por parte de las entidades bancarias que presentaron los reportes ante la FinCEN.
Kaloti
Jewellery Internacional negó cualquier participación en Venezuela, aunque su
nombre aparezca en los estados de cuentas de empresas venezolanas. En una carta
de respuesta enviada al ICIJ, coordinador del proyecto FinCEN Files y socio de Armando.info en este
reportaje, el 4 de septiembre de 2020, el portavoz de la corporación aseguró que
“nunca (se) ha realizado ningún pago a personas o empresas en Venezuela (de
terceros o de otro tipo) en ningún momento". Aseguró además que "Kaloti jamás ha
comprado oro a ninguna entidad (o persona) en Venezuela en ningún momento ni ha
tenido ninguna relación con el gobierno venezolano ni con ningún miembro del
mismo, incluido Nicolás Maduro". Puntualizó también que desde 2013 en adelante,
"Kaloti se ha negado a comerciar con cualquier entidad que identificara, o le
diera a Kaloti una sospecha razonable para creer que el oro venezolano podría
estar en su cadena de
suministro”.
Una explicación que se inscribe en el hecho de que las transacciones realizadas entre 2011 y 2012 se realizaron entre cuentas de bancos fuera de Venezuela, aunque los titulares fueron venezolanos.
Como parte de las transferencias que hace Kaloti a las empresas venezolanas desvinculadas del sector oro, resaltan dos traders o comercializadoras ubicadas en países que FinCEN califica de “alto riesgo”: Curazao y Guyana. En los SAR analizados, los pagos de Kaloti fueron ordenados por terceras partes identificadas con B/O, siglas en inglés de la frase “by order of” y por concepto de comercio de oro.
Una de las B/O es Haig’s Internacional, con sede en Curazao, que ordenó al menos tres de las cinco transacciones de la corporación del oro de Dubái entre 2011 y 2012 y que fueron registradas por los informes sobre movimientos sospechosos de FinCEN.
Archak Bedrossian Liberatoscioli, propietario y director de Haig’s International V.D. aseguró que desconoce por completo las empresas venezolanas con las que aparece vinculado en los reportes de actividad sospechosa de la FinCEN. En una carta de respuesta para este reportaje, enviada el 29 de septiembre de 2020, explicó que para 2011 la compañía con sede en Curazao compraba el oro a personas y éstas recibían el pago correspondiente de Kaloti por orden de Haig’s Internacional V.D. “No hacíamos operaciones de cambio de divisas. Kaloti es una refinería que pagaba el oro directamente a los vendedores por indicación de nosotros que nos encargábamos de verificar el peso y calidad y por ello nos ganábamos una comisión. Estamos hablando de pequeñas cantidades, prendas de oro, llamada también chatarra de oro”.
Bedrossian explicó también que entre 2011 y 2012 el oro subió de precio —como está ocurriendo en 2020— y mucha gente optó por vender sus ahorros en el metal. “Nuestra actividad principal en Curazao siempre fue comprar oro que luego exportábamos a las refinerías en el extranjero como Kaloti, que desde Dubái pagaba la mercancía a los vendedores vía transferencia a terceros y así los clientes recibían su pago de manera más fácil y rápida. Las operaciones en Curazao, por la aduana y vía Dubái, eran todas legales”.
El trader agregó que en aquellos años el venezolano trataba de salvarse de la devaluación y viajaba con sus prendas de oro hasta Panamá, Miami, Nueva York, Bogotá y el Caribe a vender el oro y cambiarlo por divisas fuertes. “Nosotros aprovechamos ese comercio físico del oro”.
El director de Haig’s remarca que nunca actuó como cambista. “No necesitaba ni usaba bolívares porque el oro no lo comprábamos en Venezuela sino en Curazao, donde ningún cliente quería que le pagaran en bolívares sino con dólares. Cuando pagábamos en dólares, o en florines, no era en efectivo. Todo el oro comprado se pagaba a través de transferencia bancaria y salía exportado legalmente por la aduana”.
Haig’s International es una empresa dedicada a la importación, exportación, compra, venta, procesamiento, y refinación de oro, así como su embalaje y transportación en el mercado internacional, registrada en 1994 con un capital de 200.000 dólares, según indica su ficha del registro mercantil ubicada en Willemstad, la capital de Curazao. Archak Archie Bedrossian Liberatoscioli es un economista venezolano que desde hace tres décadas se ha dedicado al comercio de oro en la región, especialmente con el proveniente de Venezuela. En mayo de 2018, tras recibir el mote de Zar del oro por parte de la prensa de la ex antilla neerlandesa, fue detenido por la policía RTS holandesa en Curazao, a petición de parte venezolana, por un presunto “contrabando de oro y blanqueo de capitales”.
Al mes de estar en prisión, Bedrossian fue liberado porque Venezuela nunca presentó las pruebas incriminatorias ante Interpol. En junio de 2018, el Ministerio Público de Curazao confirmó que los cargos no eran por contrabando sino por estafa.
La detención de Bedrossian coincidió con la denominada Operación Manos de Metal, que el gobierno de Nicolás Maduro lanzó en junio de 2018 para “atacar a las mafias de contrabando de extracción de metales” en el estado Bolívar, al sur de Venezuela, donde se encuentra el controversial Arco Minero del Orinoco. Por esa operación se emitió orden de captura de unas 35 personas por presunta vinculación con la explotación y tráfico de oro ilegales. Una decisión oficial que evidenciaba el desplazamiento de poderes dentro de una compleja estructura instaurada alrededor de la actividad minera al sur del país.
Para el momento de la detención de Bedrossian en Curazao, Haig’s International V.D. ya no comercializaba oro. Detuvo sus operaciones en 2016, según confirmó su director al ser consultado para este reportaje. “Nunca tuve problemas con las autoridades en Curazao y como venezolano tampoco con las autoridades de Venezuela, a excepción del caso particular y falso que me inventaron en 2018. Nunca he sido cuestionado por ninguna autoridad por algún caso en ninguna parte del mundo”.
Además de Haig's, el segundo trader que aparece en las transacciones de Kaloti con Venezuela es El Dorado Trading. Más por algunas conexiones con Kaloti o por pagos de transparencia difusa, esta empresa, con sede en Georgetown, capital de Guyana, fue noticia en octubre de 2019 cuando, en un tiroteo en frente de una de sus oficinas, un comerciante de oro fue asesinado. Pero el propietario del local, Tamesh Jagmohan, siempre ha preferido el bajo perfil, salvo cuando de algún logro se trata, tal y como fue el caso a finales del año pasado, cuando una escueta nota de prensa señalaba que la compañía encabezó las exportaciones de oro en Guyana: 629.000 onzas -alrededor de 17 toneladas- en 2019.
Su nombre figura en la lista de los SAR como uno de los participantes de la red de transferencias sospechosas. Aún cuando el nombre de su empresa está vinculado con un esquema de lavado, Jagmohan argumenta sus “estrictos” procedimientos para blindar cada una de las etapas de sus transacciones de oro. “La documentación generada por esos procedimientos es constantemente examinada por nuestros supervisores locales y extranjeros”.
En respuesta a través de su abogado, Kaloti niega haber participado en un esquema de lavado mediante pagos a terceros, incluido El Dorado Trading. Y Jagmohan deja claro que 2011 fue el año del despegue de sus intercambios con Kaloti. Pero también admite que en un momento prefirió deslindarse. “Alrededor de 2011 comencé a operar oro con Kaloti y todo fue bien hasta que en algún momento del 2014 me encontré con un informe de noticias de la BBC que mencionaba que Kaloti estaba siendo investigado por malas prácticas con el comercio con África. Al enterarme de esto, inmediatamente terminé todos los tratos con Kaloti a pesar de que más tarde me indicaron que habían sido absueltos de todo delito en los procedimientos del tribunal”.
En una segunda carta al ICIJ se muestra menos abierto a aclarar las dudas. Por ejemplo, sobre pagos en efectivo de Kaloti a su empresa. En esa misma respuesta insta al ICIJ y a los medios que participan en la investigación de los FinCEN Files “a evitar las habladurías, las alegaciones especulativas y no verificadas en su prisa por cumplir con sus plazos", pues, según razona, ello podría suponer “la ruina financiera de mi empresa”.
En 2012 Jagmohan fue detenido en el aeropuerto de Miami por no haber declarado 27 lingotes de oro. Tuvo que pagar 40.000 dólares de multa y salió de Estados Unidos con la visa revocada, de acuerdo con un proyecto de investigación multinacional, Mercurio, una mancha en la selva, liderado por el portal Infoamazonia y en el que participó Armando.info, donde además se asegura que El Dorado Trading compró oro venezolano hasta 2019, poco antes de que la Asamblea Nacional de Venezuela lo designara como “oro de sangre”.
“No hay que olvidar que aún el mundo empresarial de los metales preciosos es un terreno de mucha informalidad y de indiferencia moral”
El que una corporación del oro de alcance global transfiera miles de dólares a pequeñas empresas en Venezuela sin relación con el sector aurífero y con cuentas bancarias en el extranjero, pagos que a la vez fueron ordenados por comercializadoras del oro que operan en países de “alto riesgo” como Curazao y Guyana, reúne suficientes elementos para identificar un sofisticado esquema de lavado de dinero, analizan expertos consultados.
“Aquí se presenta una dinámica de lavado de dinero en la que Kaloti participa pero no técnicamente”, considera Frédéric Massé, investigador y experto en tráfico de oro.
Massé considera que uno de los esquemas más comunes para lavar el oro ilegal, es crear empresas de maletín de duración temporal o bien utilizar compañías completamente desvinculadas del sector oro que no levanten sospechas. “Intermediarios formales en el mercado aurífero internacional se encargan de comercializar ese ‘material estratégico’ fuera de Venezuela valiéndose de cuentas en bancos ubicados en países sin muchos controles fiscales. De esta manera, una corporación de las dimensiones de Kaloti no compraría el oro directamente a un restaurante o lavandería en Venezuela, por ejemplo, sino a través de traders conocidos en el sector que no averiguan mucho de dónde viene el metal”. Así, dice el especialista, se legalizaría el oro de origen injustificado.
Pero en el caso de Venezuela, se añadiría un eslabón más en la dudosa cadena de las transacciones. Terceras partes fungieron como un nebuloso cash exchange: cambiaron bolívares por dólares a particulares y empresas venezolanas. Con la moneda venezolana era posible comprar el oro en el mercado negro local que luego sería entregado a Kaloti, el comprador original.
Las transacciones escaladas obedecerían a la fórmula de lavado de dinero en la que se suman intermediarios para dificultar la trazabilidad de las operaciones bancarias que de con la emisión de origen, describe Massé. “Mientras más transacciones se registren, más fácil resulta esconder la ruta de las transacciones. Una de las reglas del lavado es multiplicar los intermediarios para borrar la huella que permite dar con la emisión de orígen”.
El sociólogo Fernando Fernández, experto en contrabando de materiales estratégicos, recuerda que en Venezuela existen vacíos legales en materia del oro que son “un incentivo para cometer lavado de dinero y contrabando”. “No hay que olvidar que aún el mundo empresarial de los metales preciosos es un terreno de mucha informalidad y de indiferencia moral donde muchos se tapan los ojos sin preguntar de dónde viene la mercancía por ser una atractiva oportunidad de negocios”, agrega.
El portavoz de Kaloti enfatizó que los pagos a terceros, tal como los que hizo a Inversiones Rosu, Amolca, Instituto Oncológico de Occidente y a los propietarios de Pan Norte y Orieninvest, “no eran ilegales ni generalmente infrecuentes hasta 2013”. Agregó que eran “completamente transparentes” y se hacían en representación de los clientes aprobados. Dijo que identificaban claramente la fuente, el remitente y el destinatario, y que “nunca prestó ningún servicio que no sean aquellos para los que tenía licencia completa” y que “cumplió plenamente con todos los requisitos legales y reglamentarios relacionados con su negocio y todas las transacciones en las que ha sido parte”. El abogado subrayó: “Kaloti nunca ha comprado oro de ninguna entidad (o persona) en Venezuela en ningún momento”.
En 2015 Kaloti instaló una base de operaciones en Surinam, país con el que comercia desde hace décadas, e inauguró una refinería conjunta con el gobierno de Dési Bouterse, la Kaloti Surinam Mint House, sobre la que ha habido denuncias de que pudo haber sido un aliviadero de la frenética extracción en el Arco Minero del Orinoco. El canciller Jorge Arreaza negó en junio de 2019 que el gobierno venezolano tuviera alguna relación con la compañía de oro en Surinam.
Kaloti también aseguró que dejaron de realizar pagos a terceros en 2012, justo cuando se establecieron regulaciones internacionales en pro de la lucha antilavado.
No sólo Kaloti insiste en que ese tipo de operaciones puede ser legal. También en ello coinciden algunos expertos financieros consultados para este reportaje. En el trepidante mercado del oro existen las llamadas cuentas mancomunadas o pool accounts de metales preciosos, a través de las cuales corporaciones como Kaloti pueden hacer pagos por orden de otras empresas del sector. El intercambio sería de dólares por oro. Se usan estos mecanismos informales para controlar el negocio del metal entre refinerías, bancos de lingotes y manufacturas, porque permiten un suministro “rápido, seguro y sin interrupciones”.
Esto explicaría el pago de Kaloti a empresas pequeñas sin relación con el sector del oro siguiendo orden de comercializadoras como Haig’s International y El Dorado, que sí están vinculadas con el mercado aurífero. Pero de esta relación nunca se enteraron las pequeñas empresas venezolanas que recibieron los pagos en sus cuentas en dólares sin conocer el origen.
(*) Este reportaje contó con la colaboración de: Kyra Gurney y Emilia Díaz-Struck (ICIJ) desde Washington DC, Mary Triny Zea (La Prensa) desde Panamá y Ángel Van Delden (Noticias Curazao) desde Curazao.
Al menos un cuarto de las denuncias de transacciones sospechosas incluídas en los FinCEN Files tienen que ver con empresas que comercian con oro. Una de ellas es el Grupo Kaloti Jewellery de Dubái, que tiene una planta en Surinam que pudiera estar procesando oro venezolano. La compañía estuvo bajo investigación de la DEA y del Departamento del Tesoro, cuyos agentes llegaron a sugerir que la empresa fuera marcada por sus actividades vinculadas al lavado de dinero, pero el gobierno estadounidense decidió cerrar el caso por consideraciones diplomáticas. Aunque la compañía se salió con la suya, perdió una importante certificación y algunos bancos globales optaron por cerrar sus cuentas.
JP Morgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon han facilitado el movimiento de dinero sucio. Informes secretos de bancos muestran cómo billones de dólares levantaron alertas que desbordan a la FinCEN, pero el dinero siguió fluyendo libremente. Una filtración que BuzzFeed News compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y 108 medios, entre ellos Armando.info, revela que el blanqueo de capitales se apalanca en los bancos, que con una gran cantidad de puntos ciegos están en la primera línea de combate de este delito.
Asociado a las redes de tráfico de mercurio y de otras mercancías ilícitas en el noreste de la cuenca amazónica, el comercio clandestino del metal precioso que se extrae en Venezuela atraviesa las selvas del país vecino del este. A pesar de la pandemia y otros frenos, la producción local muestra un incremento de casi una tonelada, volumen que con probabilidad procede de la Guayana venezolana. Exportadores de escala industrial compran sin distingo el 'oro de sangre' a militares corruptos, mineros artesanales y guerrilleros, para luego blanquearlo con envíos a refinerías que lo venden a algunas de las más importantes corporaciones globales.
La lección de química mejor aprendida por los mineros de ese rincón selvático del sureste de Venezuela es que para obtener el elemento 'Au' debes contar primero con el 'Hg'. A ella desde hace poco se le agregó otra de geografía económica: mientras más cerca de Guyana, al oriente, más barato encontrarás el codiciado 'azogue'. La apertura el año pasado de una ruta aérea entre la capital, Georgetown, y el pueblo de Eterimbán, amenazó con convertir el cruce del río, que hace de frontera entre los dos países, en un pasadizo para el contrabando del tóxico material; la Covid-19 mantiene en suspenso ese pronosticado auge. Pero de todas maneras el mercurio es allí plata líquida con la que resulta más seguro y rentable comerciar que con el mismo oro. Nadie, ni siquiera las autoridades militares, se da por enterado del decreto de Nicolás Maduro que en 2016 prohibió su uso.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
