Aunque las autoridades han evitado cuantificar las pérdidas por el crudo despachado desde 2019 a través de intermediarios, pero aún sin cobrar, las cifras de la compañía anuncian un naufragio de miles de millones de dólares. A los 8.406 millones de dólares que hasta agosto de 2022 estaban en “cuentas por cobrar”, tal y como reveló Armando.Info en noviembre pasado, se suma el monto de otras 230 facturas que en una operación contable Pdvsa “cedió” al Estado, de acuerdo a nuevos documentos obtenidos para este reportaje.

Un informe confidencial del 11 de octubre de 2022, elaborado por el entonces Vicepresidente de Comercio y Suministro y hoy detenido, coronel Antonio Pérez Suárez, revela que Pdvsa traspasó al Estado facturas sin cobrar de despachos de petróleo entre 2019 y 2022 por 13.338 millones de dólares, de modo de “cerrar contablemente las cuentas por cobrar en el sistema informático SAP”. Este monto incluye buena parte de las cuentas por cobrar que ya registraba Pdvsa hasta agosto de 2022 en el reporte citado, pero descubre otros pasivos millonarios por “embarques entregados a terceros por instrucciones del Ejecutivo nacional” durante los últimos cuatro años.

El documento revela, por ejemplo, un impago a Pdvsa de alrededor de 1.500 millones de dólares asociado a 19 de las compañías controladas entre 2019 y 2020 por Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, los contratistas predilectos de Nicolás Maduro desde que llegó al poder.

La fecha del reporte confidencial de Pdvsa también resulta reveladora, ya que tanto Nicolás Maduro como el Fiscal General de la República nombrado por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente de 2017, Tarek William Saab, han reconocido recientemente que fue en octubre del año pasado cuando se iniciaron las investigaciones sobre la corrupción en Pdvsa.

Además del defenestrado coronel Antonio Pérez Suárez, a quien William Saab calificó como el “jefe principal de la estructura de corrupción”, otros directivos de la vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa están detenidos, así como algunos de los empresarios que estaban tras las sociedades a las que habían asignado despachos de crudo venezolano, como Alejandro Arroyo Pérez, Bernardo Arosio Hobaica o los hermanos Perdomo de la Constructora HP.

“Una vez comercializado el crudo asignado legalmente se incumplió con los pagos correspondientes a Petróleos de Venezuela (...) Aparte de que haces una negociación al margen de la ley, incumplen los pagos [sic]”, resumió el pasado 25 de marzo William Saab, en lo que definió como el modus operandi de una de las tramas de corrupción “más escabrosas” de los últimos años.

Aunque entre los detenidos por la razzia no está Álvaro Pulido, el socio de Alex Saab, se sabe que su residencia en el Country Club de Caracas fue allanada en el marco de la investigación, según confirmó el Fiscal a la WRadio de Colombia. En esa misma declaración, el funcionario desvinculó del caso a Alex Saab, a quien el chavismo defiende como “diplomático venezolano” desde su detención en Cabo Verde el 12 de junio de 2020. 

Sin embargo, los documentos obtenidos confirman que tanto Saab como Pulido figuran entre los intermediarios que más petróleo se llevaron de Pdvsa y dejaron de pagar a la estatal.  De hecho, buena parte de las facturas aún sin cobrar de los años 2019 y 2020 que Pdvsa traspasó al Estado tienen conexión con las sociedades operadas por Saab y Pulido, como las mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group, o las rusas Protón y Delta, entre otras. 

Saab, aunque mal pague

Así como en 2016, en plena ola inflacionaria y de desabastecimiento de productos básicos, Maduro confió al tándem colombiano buena parte del suministro de alimentos para los denominados Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), a mediados de 2019, en otro momento de aprietos, Maduro encargó la comercialización de petróleo venezolano a la dupla colombiana, con la misión de evadir las trabas que para ello habían creado las sanciones que Washington impuso a la petrolera estatal a inicios de ese mismo año.  

Los documentos internos de Pdvsa confirman el fracaso de la estrategia: al menos 19 sociedades manejadas por la dupla Saab-Pulido acumulaban, todavía en octubre de 2022, una deuda con Pdvsa de casi 1.500 millones de dólares. Dos de esas compañías son las mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group, con las que Pdvsa prácticamente comenzó esa tercerización en la venta de sus productos y detrás de las cuales estaban Saab y Pulido junto al mexicano Joaquín Leal, sancionado por el Departamento del Tesoro a mediados de 2020 al ser considerado el “conducto” para burlar las sanciones contra Pdvsa. 

Al principio, el negocio entre Pdvsa y las empresas mexicanas se planteó como un “intercambio humanitario” a través del cual estas compañías cargaban petróleo venezolano a cambio del suministro de mercancías. Así, el 13 de junio de 2019 Libre Abordo pactó con Corpovex, la estatal encargada de centralizar las importaciones públicas, la venta de 1.000 camiones cisterna y, cuatro días después, el 17 de junio, la entrega de 210.000 toneladas de maíz blanco. 

Ambos contratos sumaron 195 millones de euros, pero nunca se ejecutaron del todo. En cambio, el petróleo cargado y adeudado por Libre Abordo a Pdvsa entre 2019 y 2020 asciende a 422 millones de dólares distribuidos en 16 facturas que finalmente la petrolera estatal traspasó al Estado. En el caso de Schlager Business Group, el petróleo adeudado a la Pdvsa suma volúmenes cotizados en 276 millones de dólares, distribuidos en 15 facturas del año 2020.

Lo más paradójico de esa relación comercial, lesiva para Pdvsa, se vio cuando las autoridades norteamericanas investigaban las actividades de Joaquín Leal y las empresas mexicanas: Libre Abordo anunció su bancarrota acusando pérdidas por 90 millones de dólares. “El valor de la mercancía que se iba a compensar por el petróleo era mucho más bajo que el valor del petróleo”, asegura una fuente que conoció las actividades de Libre Abordo, pero prefiere el anonimato. Un petróleo que, además, quedaría debiendo.

Pero el recorrido de Alex Saab y Álvaro Pulido como comercializadores de petróleo venezolano no quedó allí. A las compañías mexicanas le sucedieron otras registradas en Rusia que, al igual que las primeras, a la postre quedaría en deuda con Pdvsa el petróleo que se llevaron.

La compañía Protón Sociedad Limitada quedó debiendo a Pdvsa casi 90 millones de dólares, distribuidos en cinco facturas del año 2020. Dos de esas facturas, la 128300442 y la 128300543, están fechadas el 31 de mayo de 2020, sólo días antes de que Alex Saab fuera detenido en Cabo Verde como consecuencia de la acusación por lavado de dinero que un tribunal de Florida había divulgado en su contra a mediados de 2019 y que, finalmente, también provocó su extradición a los Estados Unidos en octubre de 2021. 

Pese a las deudas que ya mantenía, el 30 abril de 2020 esa misma Protón Sociedad Limitada obtuvo dos contratos de Bariven, filial de Pdvsa encargada de las compras internacionales de la corporación, para el suministro de alimentos por 1.023 millones de euros pagaderos con petróleo. Fue el último gran negocio que logró Saab justo antes de caer detenido. Por ello, su ejecución efectiva recayó en Pulido, tal y como reveló Armando.Info en un reportaje publicado en diciembre pasado, pero desde la oficina en Moscú de los empresarios colombianos a cargo de la también colombiana María Camila Ballén Hernández, quien registró a Protón en Rusia.

Delta, Novosi Solutions, Shamrium, Xiamen Logistics o Zervekas son otras de las 19 sociedades que controlaron Saab y Pulido a través de sus operadores en Caracas y Moscú para comercializar el petróleo de Pdvsa y cuyas facturas por casi 1.500 millones de dólares entraron en el traspaso contable que la petrolera estatal hizo al Estado, de acuerdo a los documentos conseguidos para este reportaje. De hecho, esas cinco empresas fueron listadas, junto a la mexicana Schlager Business Group, en un correo electrónico que llegó el 11 de agosto de 2020 al departamento de “Administración de Contratos” de Pdvsa para solicitar un “estado de cuenta” de todas las compañías que hacían parte de lo que denominaron como un “consorcio”, como también publicó Armando.Info. 

“Alex Saab se encargaba de la parte política de conseguir los cupos de petróleo, compensaciones, contratos, mientras que Álvaro Pulido se encargaba de la parte operativa y financiera”, relata otra fuente que también prefiere el anonimato.

Cuentas por cobrar hasta en Rusia

A diferencia del tratamiento de las deudas de las compañías operadas por Saab y Pulido, en el informe confidencial del 11 de octubre de 2022 sí se incluyeron los impagos de otras compañías ligadas a otros empresarios que ya estaban listadas en el reporte de las cuentas por cobrar a agosto del año pasado, y cuyos casos ya habían llegado a instancias judiciales en Venezuela por el incumplimiento en los pagos. 

Una de esas sociedades es Montmagastre Ventures Ltd, registrada en Belice, un paraíso fiscal de Centroamérica, con una subsidiaria en Serbia, y ligada en Venezuela a los hermanos Majed y Khaled Khalil Majzoub, viejos contratistas del chavismo en distintos negocios. La deuda de Montmagastre Ventures Ltd con Pdvsa y a la postre traspasada al Estado llega a casi 311 millones de dólares, distribuidos en ocho facturas del año 2021.

Ese caso de Montmagastre Ventures Ltd llegó al propio Tribunal Supremo de Justicia porque la empresa, que usaría el petróleo para cobrar una acreencia que otra compañía ligada a los Khalil tenía con Pdvsa, terminó denunciando el robo del cargamento.  

El informe que detalla la cesión de facturas de Pdvsa al Estado también incluyó las deudas de Supraquimic, la fabricante de los productos de limpieza Clic, del empresario José Alfredo Llamozas González, por 221 millones de dólares; y la de casi 50 millones de dólares de Arcos Services Ecuador, ligada a Kristina Antonorsi Quintero, detenida el 9 de octubre de 2022. 

Otras deudas que no aparecían en las cuentas por cobrar de Pdvsa hasta agosto del año pasado y que surgen en el nuevo informe de octubre de 2022 son las de algunas sociedades que vendieron petróleo venezolano a Rusia, especialmente entre 2021 y 2022.

Tres compañías identificadas como One Maritime Services, Tracor Trading y Yunshu Maritime, quedaron debiendo a Pdvsa alrededor de 1.200 millones de dólares por petróleo transportado en el año 2021. Al cierre de esta investigación no se pudo establecer qué empresarios operan esas compañías. 

El desorden administrativo en las cuentas por cobrar de Pdvsa es tal que, según los documentos, en octubre pasado y con el aval de la Vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, la petrolera estatal quedó autorizada para que en los próximos contratos petroleros “permitan incorporar la figura de cesión de factura y la compensación con la República Bolivariana de Venezuela para los embarques de hidrocarburos que en el futuro deban ser entregados a terceros por instrucciones del Ejecutivo nacional”. 

Mientras tanto, en Pdvsa siguen sin saber dónde está el dinero de buena parte del petróleo comercializado desde 2019. 

Según se desprende de un amplio legajo de documentos, obtenido y procesado de manera conjunta por el diario español EL PAÍS y Armando.info, y que ha dado origen a la presente serie de reportajes de investigación, “El bypass mexicano contra las sanciones”, una empresa desconocida en las lides de la producción de materias primas, de nombre Consorcio Panamericano de Exportación (Copaex), propuso a la presidencia de la CVG un plan para la “reactivación de la industria del aluminio en Venezuela”.

El proyecto con la CVG fue otra de las ideas del empresario mexicano Joaquín Leal Jiménez, aliado de Alex Saab en México, quien activó una red secreta de comercialización de commodities venezolanos diseñada a partir de una solicitud original de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para solventar los inconvenientes generados por el apagón nacional de cinco días continuos en marzo de 2019. Por una sutil ironía, había sido esa misma crisis eléctrica la que condenó a la inoperancia a la industria estatal del aluminio: la electricidad de Guayana -región venezolana al sur del río Orinoco, rica en minerales y caudales de agua-, hasta entonces abundante, continua y barata, es uno de los suministros indispensables para su producción. Para concentrar el aluminio en sus celdas, Alcasa y Venalum, las dos empresas de la CVG destinadas al mercado de ese metal, requieren de unos 1.500 megavatios al día.

El apagón representó el tiro de gracia para un parque industrial que llegaba a marzo de 2019 con una producción equivalente a apenas 10% de su capacidad instalada. Era la culminación de un declive que empezó en 2010, cuando el fallecido expresidente Hugo Chávez ordenó la paralización de la industria del aluminio para ahorrar energía eléctrica durante la primera gran crisis del servicio, oficialmente achacada a la sequía de ese año y a la reducción del nivel en la represa del Guri, sobre el alto río Caroní, en el estado Bolívar, uno de los tres -junto a Delta Amacuro y Amazonas- de la región de Guayana. Si desde entonces la producción de ese conglomerado de empresas transformadoras de minerales nunca volvió a ser la misma, con el apagón de 2019 cayó a cero.

Mal que por bien le vino a Leal

La debacle, sin embargo, lucía como una oportunidad de negocios para Leal, quien despuntaba en México como empresario del sector eléctrico. Vio al alcance de la mano la posibilidad de añadir otra materia prima venezolana a su portafolio de productos para el mercado global.

A través de la desconocida Copaex, propuso a la contraparte venezolana hacer una sola inversión de 300 millones de dólares para proveer y transportar “plantas de generación a base de gas con capacidad de 200MV” que, junto a una alianza con la estatal venezolana Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), sería suficiente para activar, en nueve meses, 125 de las 905 celdas de aluminio paralizadas por el apagón de marzo de 2019.

Al cabo de un año más, según el documento que fue dirigido con toda familiaridad al “licenciado Pedro”, en referencia a Pedro Maldonado, presidente de la CVG y hombre de confianza del vicepresidente de Economía, Tarek El Aissami, Leal y Copaex calculaban que ya podían estar activas todas las celdas.

“Copaex enviará plantas generadoras a Venezuela a partir de Julio de 2019 y espera completar la capacidad instalada de 200 MV en los próximos 12 meses. Con los 16 MV se estima que se reactiven 10 celdas con una producción de 510 toneladas al mes. Para iniciar con la producción se requiere firmar un acuerdo de colaboración entre Venalum y Copaex en los cuales se determinaran [sic] las aportaciones de las partes y el beneficio de las mismas”, dice la propuesta en tono optimista, con fecha del 10 de junio de 2019.

Aunque en la carta dirigida al presidente de la CVG la compañía mexicana aseguraba que solo la movía a presentar la propuesta su “compromiso con el desarrollo industrial de Venezuela”, y destacaba que la experiencia de Leal se había acumulado en el negocio eléctrico, el plan se quedaba corto a la hora de avizorar el eventual rescate de la industria venezolana del aluminio.

La propuesta de negocios reconocía que para activar todas las celdas de aluminio hacía falta una generación de por lo menos 1.448 megavatios, pero no revelaba si la nueva capacidad añadida era parte del convenio propuesto o a cuántas plantas de generación eléctrica equivalía. De hecho, terminaba por asignar explícitamente a la estatal Corpoelec la responsabilidad de generar y suministrar unos 1.250 megavatios de los necesarios, desde la proyectada hidroeléctrica de Tocoma, sobre el cauce bajo del río Caroní, que nunca entró en servicio a pesar de que el Estado le inyectó cerca de 10.000 millones de dólares. Eso sí, deja claro que los servicios de Copaex le serían pagados “en especie con aluminio producido”.

Maniobra de resucitación

La apuesta por el aluminio fue una maniobra que Leal intentó para canalizar ingresos hacia el mencionado Consorcio Panamericano de Exportación (Copaex), creado como una sociedad mercantil de capital variable en 1998 pero registrado finalmente en el estado mexicano de Guanajuato en 2017, con un amplísimo objeto social inclinado levemente a la actividad ganadera o agrícola. La empresa no fue creada por Leal, quien la adquirió luego a través de familiares.

La compañía fue registrada con un capital de 50.000 pesos y con tres miembros en su junta directiva hasta agosto de 2019, cuando fue modificado su objeto social inicial -también muy amplio pero ahora con alguna ambición en el campo del comercio de alimentos y aceites- y los tres directivos que constaban en su creación fueron cesados de sus cargos dando lugar a dos nuevos integrantes: María Guadalupe Villanueva Ayala y Francisco González Ramírez, este último el firmante de la propuesta a la CVG en su calidad de presidente del Consorcio, al que, según las fechas, acababa de ingresar.

En una Asamblea Extraordinaria celebrada en octubre de 2019, la empresa dio otro giro con el aumento de capital de 50.000 a 100.000 pesos mexicanos (de 2.500 a 4.500 dólares) y la inclusión de un nuevo miembro en la junta directiva, María Teresa Alfaro Castañeda, abuela de Joaquín Leal, lo que ratifica una práctica común en las compañías de Leal: no aparece en los documentos constitutivos de las empresas, sino que pone a sus familiares en ellos.

Tres meses después de esa modificación, la empresa hizo una transferencia a otra de las compañías del entramado de Leal, Libre Abordo, con un cheque de 15 millones de dólares que esta, a su vez, entregó a la estatal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) como parte de pago por las 210.000 toneladas de maíz blanco que, a la postre, intercambiaría por petróleo a Venezuela. Esa fue una de las primeras movidas de una sofisticada estructura corporativa, en la que también participaba Alex Saab, para obtener recursos a cambio de petróleo y evadir las sanciones estadounidenses. Luego llegarían el control del carbón, el interés por captar las remesas de los venezolanos en el exterior y el aluminio.

Un año después de esa firma, que significó la entrada de familiares de Leal en Copaex, en marzo de 2020, el capital social “variable” de la misma aumentó drásticamente a 100 millones de pesos (poco más de cinco millones de dólares); se multiplicó por 1.000. Los dos antiguos accionistas renunciaron, según consta en las actas a las que ha tenido acceso EL PAÍS y Armando.info, y a la abuela de Leal se une una nueva socia, Carlota Leal Jiménez, hermana de Joaquín, con una mínima participación de 0,5% de las acciones.

Mientras Copaex intentaba cerrar el negocio con la CVG, también ofrecía colocar un cargamento de 180.000 toneladas de carbón en puertos centroamericanos -específicamente en Guatemala- por un valor de 12,3 millones de dólares. Esta propuesta de venta tenía especificaciones técnicas mucho más claras que la propuesta de reactivación del aluminio. Aunque en ninguna parte el documento señalaba que el carbón era de origen venezolano, para ese momento la red de Leal y Saab manejaba las exportaciones de carbón de la estatal Carbozulia.

No hay indicios de que el negocio propuesto por el Consorcio Panamericano de Exportación se hubiera concretado. Reactivar a Alcasa y Venalum con una planta de gas de 200 megavoltios es prácticamente imposible. Un ingeniero con más de 20 años de experiencia en la industria del aluminio, que prefiere mantener su nombre en reserva, expone, a solicitud de los reporteros, lo que realmente hace falta para que esta empresa básica retome operaciones: “El requerimiento total de energía para una producción al 100% de la industria del aluminio está en el orden de 1.800 a 2.000 megavatios, equivalente a 18 o 20% de la capacidad de Guri con 10.300 megavatios de capacidad total. No se puede hablar de plantas de generación de paquete de este tamaño o de plantas seccionadas que van agregándose, se necesita un sistema dedicado de alta fiabilidad que requeriría de una gran inversión o de recuperar el sistema interconectado nacional dentro de una clara estrategia de balance entre consumo industrial y del resto del país”.

Para el empresario Joaquín Leal, en cambio, el esquema improvisado parecía un negocio redondo. Lo que comenzó bajo la apariencia de un “intercambio humanitario” de petróleo por bienes, le terminó abriendo una fuente de materia prima venezolana para alimentar su negocio energético en México, como en algún momento pensó, o para revenderla en un mercado global hambriento, justo antes de la irrupción de la pandemia, de mercancías como petróleo, carbón y aluminio.

Mientras la red se desarrollaba y cobraba escala hasta manejar millones de barriles de crudo y miles de toneladas de otras mercancías, persistía también el misterio de cuánto de ello era del conocimiento del gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador, y si acaso contaba con su visto bueno. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación hace un año sobre algunos de los implicados, sin que haya tenido mayores avances en la justicia mexicana. Amén de insuficiente, la acción del ente fue tardía, justo cuando Washington se dispuso a adoptar sanciones financieras contra Joaquín Leal y otros protagonistas del negocio.

Ahora una investigación de EL PAÍS y Armando.info, adelantada a partir de miles de documentos internos de la red, ha obtenido evidencias de que al menos una instancia del gobierno mexicano podría haber actuado como aliado de la red, de acuerdo con papeles de la empresa Libre Abordo, en los que esta se presentaba como designada por el gobierno de México para hacer este tipo de operaciones y como cliente de Segalmex, el organismo de seguridad alimentaria del Estado mexicano.

Además, documentos en poder de ambos medios y entrevistas con diversas fuentes confirman una relación entre el joven empresario Joaquín Leal, en el vértice de la trama, y el subsecretario de Exteriores para América Latina y El Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga. El número dos de la Cancillería defiende que en su responsabilidad es fundamental apoyar a “toda empresa mexicana, se llame como se llame, sin consultar su posición política ni partidaria”. “Partimos de que los empresarios que se acercan a nosotros lo hacen de buena fe y desean tener mejores vínculos económicos en la región”, agrega Reyes en respuesta para este reportaje.

“Libre Abordo fue nombrada por el gobierno mexicano para entrar en el programa humanitario de intercambios de petróleo por comida con Venezuela con el propósito de ejecutar la venta de una variedad de productos alimenticios para ser comercializados entre ambos países”, asegura la empresa en una presentación corporativa elaborada en enero de 2020, que forma parte de los documentos en poder de ambos medios. En la presentación, la empresa, creada ad hoc por Joaquín Leal para los negocios con Venezuela, explica que el acuerdo se fraguó en una serie de conversaciones bilaterales entre las autoridades de Caracas y Ciudad de México.

Todos a bordo

La misma presentación apunta que Libre Abordo llegó a un acuerdo con Segalmex, la agencia gubernamental para la producción y distribución de comida. “Segalmex recibe instrucciones del gobierno federal de México para proseguir con la ayuda humanitaria, con la intención de beneficiar a los pueblos de México y Venezuela”, se lee en el documento. Según la versión de Libre Abordo, la administración de Andrés Manuel López Obrador instruyó a Segalmex para venderle 210.000 toneladas de maíz con destino a Venezuela. La cantidad coincide con la operación que, en junio de 2019, Libre Abordo realizó con la estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex): se firmaron dos contratos para suministrar esas toneladas de maíz y 1.000 camiones cisterna de agua potable a cambio de de dos millones de barriles de petróleo, una operación valorada en 200 millones de euros.

A esa mención se suma otro documento del legajo electrónico obtenido para esta investigación periodística. En la búsqueda de clientes que estuviesen dispuestos a procesar el petróleo de PDVSA que se había intercambiado por alimentos, Libre Abordo contactó a principios de 2020 con la refinería india Reliance. A propósito del proceso de debida diligencia iniciado por la empresa asiática para certificar a su posible nuevo proveedor, Libre Abordo entregó una carta fechada el 16 de diciembre de 2019 con el membrete de Segalmex, el organismo que debía venderle el maíz con destino a Venezuela. “Podemos confirmar que hemos recibido instrucciones del gobierno mexicano para proseguir con este trato”, se lee en la misiva que lleva la firma supuesta del entonces jefe de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira. “El maíz se repartirá en tres entregas programadas para la tercera semana de enero de 2020, la tercera semana de febrero y la tercera de marzo”. Fuentes próximas al exfuncionario, quien dejó el cargo en junio del año pasado envuelto en acusaciones de corrupción, aseguran que la firma en la carta no es la de Gavira y afirman que se trata de una imitación forjada por Leal y sus colaboradores.

Libre Abordo también presentó un comprobante de una transferencia bancaria del 11 de diciembre de 2019 a Segalmex por 330,6 millones de pesos (15 millones de dólares) como adelanto para la entrega de las 210.000 toneladas de maíz de la operación inicial. La empresa que hizo el pago fue Consorcio Panamericano SA de CV, una compañía mexicana en la que la abuela de Leal es socia junto a presuntos testaferros que participaron en otras entidades del empresario. Libre Abordo aseguró en los correos enviados a Reliance que Consorcio Panamericano le hizo un “préstamo” para completar la transacción. Consultada para este reportaje, Segalmex ha respondido que “no va a hacer comentarios” sobre la supuesta operación.

Esos dos millones de barriles iniciales de junio de 2019 se acabaron convirtiendo en un volumen de al menos 30 millones de barriles de crudo en embarques que zarparon entre noviembre de 2019 y mayo de 2020. De acuerdo con correos en poder de EL PAÍS y Armando.info, Libre Abordo justificó el salto de dos a 30 millones de barriles por la caída internacional del precio del crudo, con lo que la equivalencia de los bienes canjeados había cambiado, en detrimento de la parte venezolana. La empresa mexicana se asesoró con despachos para completar las operaciones por medio de trueques bajo la patente de la “ayuda humanitaria”.

La operación, que incluía el maíz y unos camiones cisterna a cambio de crudo venezolano, prometía aliviar las tribulaciones del régimen de Caracas. Presionado por las sanciones impuestas por Estados Unidos a algunos de sus jerarcas y a organismos como la petrolera estatal PDVSA y el Banco Central, el gobierno de Maduro encontraba cada vez más dificultades para colocar su menguante producción de crudo en mercados internacionales y obtener divisas. Un pretendido canje humanitario parecía brindar una fachada a la transacción lo bastante convincente para pasar el escrutinio de Washington.

A pesar de las maniobras, al final el Departamento del Tesoro sancionó a Libre Abordo y a Joaquín Leal por hacer negocios con Venezuela, una medida que anunció hace un año, en junio de 2020. Entonces, la UIF mexicana inició una investigación para seguir el rastro de los 200 millones de euros. La investigación no tuvo apenas avances hasta que el reciente 18 de mayo la UIF envió una denuncia a la Fiscalía en la que pedía el aseguramiento de un centenar de cuentas de Leal y Libre Abordo, según pudo comprobar esta investigación. De los supuestos acuerdos con Segalmex, sin embargo, no hubo entonces ni hay todavía algún pronunciamiento oficial.

Nexo real

Dos fuentes testimoniales aseguraron a los autores de la presente investigación que Leal llegó a Segalmex en 2019 por facilitación de Maximiliano Reyes Zúñiga, número dos de la cancillería mexicana. Según confirman esas fuentes, los primeros contactos se sitúan en una reunión en Monterrey, capital del estado de Nuevo León, con altos funcionarios del Gobierno de Venezuela que visitaron México y que plantearon abrir una vía de comunicación institucional entre ambas administraciones. Esa reunión se produjo poco después de la visita de un grupo de empresarios mexicanos, entre los que se encontraba José Adolfo Murat, exsocio de Leal, a Caracas. Entonces, de acuerdo a la documentación obtenida, se produjo una reunión con Omar Abou Nassif, hermano de un empresario cercano a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, quien planteó la posibilidad de utilizar la sucursal en Chihuahua de Industrias Lácteas Asturianas (ILA, productora de la marca Reny Picot) como proveedor en México, algo que corroboran fuentes próximas a Segalmex.

En ocasión de la presente serie investigativa, de la que este reportaje forma parte, se solicitaron las versiones de Joaquín Leal y del gobierno de Venezuela. Ninguna de las solicitudes obtuvo respuesta.

El Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento de Renovación Nacional (Morena), aunque de izquierdas, desde que llegó al poder ha mantenido una posición ambigua respecto al conflicto venezolano. Ciertamente evitó reconocer al líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino, algo que complacía a Maduro, pero a la vez ha contribuido a sacar opositores venezolanos para darles refugio en México. Las relaciones del gobierno chavista y de la oposición venezolana con la diplomacia mexicana son estrechas y frecuentes, hasta el punto de que México se perfila como la probable sede de una próxima negociación entre ambas partes para buscar una salida a la crisis política y humanitaria que se ha hecho crónica en el país sudamericano. En el caso del presidente López Obrador, que no se priva de opinar sobre todo tipo de asunto desde su conferencia mañanera, se ha referido a Venezuela en muy pocas ocasiones. Una de ellas fue tres días antes de la sanción del Tesoro a los empresarios mexicanos, para decir que estaría dispuesto a colaborar con ayuda humanitaria si el gobierno de Caracas la requiriera: “No nos ha hecho ninguna solicitud. En el caso que nos hiciera la solicitud y fuese una necesidad humanitaria, lo haríamos”.

Para que México funcionara como uno de los vértices de un esquema subrepticio de comercio con la Venezuela chavista no era necesario que tuviera un gobierno de izquierdas. Ya en 2016, bajo la administración de Enrique Peña Nieto, del otrora hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI), empresarios cercanos a Nicolás Maduro, como Alex Saab, encontraron en México a los proveedores para comprar toneladas de alimentos que viajaron a Venezuela en las cajas CLAP. En 2018, las autoridades de entonces de la Procuraduría General de México, casi en las vísperas de las elecciones que ganó López Obrador, abrieron una investigación contra ese negocio por encontrar en los embarques indicios de productos de mala calidad y sobreprecios, pero el caso se saldó con solo unas pequeñas multas a las compañías involucradas. 

Pero la posible participación de un ente gubernamental y que un alto funcionario de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes Zúñiga, estuviera al tanto del esquema comercial -si no fue que la promovió-, le asignaría un nivel de compromiso sin precedentes del gobierno mexicano.

Si del vínculo con Segalmex no se han encontrado otras pruebas que confirmen la especie, no hay dudas sobre las relaciones entre Joaquín Leal, el joven emprendedor que asumió desde México las riendas del circuito para evadir las sanciones internacionales que pesan sobre el régimen chavista, y el número dos de la Cancillería mexicana, el subsecretario (viceministro) de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga. Leal y Reyes se reunieron al menos dos veces en dos restaurantes de Ciudad de México antes de que se cerrase el acuerdo entre la empresa Libre Abordo y Corpovex, según han podido confirmar los reporteros con tres fuentes distintas.

Una venezolana con lealtad doble

Esas reuniones tuvieron un precedente público, en lo concerniente a nexos entre Leal y Reyes, por una columna de Carlos Loret de Mola en el diario El Universal de Ciudad de México. El influyente periodista mexicano sacó entonces a la luz una carta, fechada el 20 de junio de 2019, menos de una semana después de que se firmaron los contratos entre Libre Abordo y Corpovex, a nombre del gobierno venezolano, en la que aparece la venezolana Haymel Brito Martínez como miembro de la delegación mexicana en la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que por esos días se celebraba en Medellín, Colombia. En la delegación de México, encabezada por Reyes, Haymel Brito era la única participante que no ostentaba un alto cargo diplomático. En su columna, Loret de Mola describía a Brito como “una influyente mujer en la Cancillería” mexicana y se preguntaba cómo era posible que una funcionaria diplomática que "representa a dos países" en simultáneo, México y Emiratos Árabes Unidos, pudiera haber nacido "en un tercero", Venezuela. Ante la difusión de la misiva, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) decidió dejar a Brito fuera de la comitiva. Frente al menos dos solicitudes de información, la Cancillería rechazó que la mujer trabajara en la Subsecretaría de América Latina. Tampoco aparece en el directorio como empleada por honorarios de esa dependencia.

De acuerdo con su currículo, Brito Martínez ha sido representante de Fedecámaras —el principal organismo patronal en Venezuela—, analista de la Organización Internacional de Empleadores, becaria en Naciones Unidas y ha trabajado para la oficina del embajador de Emiratos Árabes Unidos en México. Fue durante esa etapa de servicio para el país árabe, a finales de 2018, cuando al menos dos fuentes sitúan el primer encuentro entre Brito y Reyes.

Durante el período de transición del gobierno de Enrique Peña Nieto al de Andrés Manuel López Obrador, en septiembre de 2018, el exalcalde de Ciudad de México, Marcelo Ebrard, visitó la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en calidad de canciller designado. Le acompañaba parte de su equipo, entre los que estaban el actual subsecretario para América Latina y el Caribe, Reyes Zúñiga. Poco después Reyes y Brito empezaron a interactuar intensamente por redes sociales y viajaron juntos a diversos lugares como Ciudad de Panamá, Buenos Aires y Barcelona, según ha podido constatar esta investigación.

La relación personal de Haymel Brito con Joaquín Leal también es un hecho, como acreditan fotos y mensajes en redes sociales de ella junto al entorno más próximo del empresario mexicano. En julio de 2019, Brito comenzó a trabajar como directora de Relaciones Institucionales de Hábitos Luzy, la filial mexicana de Luzy Technologies, una de las empresas que fueron incluidas en la lista negra del Departamento del Tesoro junto a Libre Abordo y también parte del portafolio de Leal. La compañía se especializaba en salud y alimentación y su producto más visible era una aplicación móvil para dar asesoramiento médico. Desde su puesto en Luzy, Brito gestionó la venta de medicinas y equipo médico al gobierno de Panamá con apoyo directo de la Embajada mexicana en el país centroamericano.

El 10 de diciembre de 2019, Maximiliano Reyes Zúñiga viajó a Buenos Aires para representar a México en la toma de posesión del presidente argentino, Alberto Fernández. Según consta en los registros de transparencia, en ese viaje el subsecretario hizo una parada en Panamá para “sostener reuniones en la Embajada de México”. Ese mismo día, Brito compartió en sus redes sociales que se encontraba en Panamá. De acuerdo a los correos, durante ese viaje visitó la Embajada mexicana para dialogar sobre acuerdos comerciales entre Luzy y el Gobierno panameño. A finales de 2019, el embajador mexicano en ese país, Luis Manuel López Moreno, comenzó a reportar ante la mujer venezolana —a quien llamaba “maestra”—, los avances que realizaba en nombre de la empresa. “Nos reuniremos antes del viernes para platicar sobre la aplicación [Luzy]. En cuanto tenga un resultado le informo”, le escribió en un correo el 16 de diciembre el embajador a Brito sobre un encuentro que mantuvo con un empresario, apenas una semana después de la visita. “Muy bien, embajador”, respondió ella.

En respuesta escrita para esta investigación, la venezolana Haymel Brito asegura que su "asesoría externa" para Hábitos Luzy concluyó en 2019 "y no tenía que ver con Venezuela ni con asuntos de ese país (...) No tengo ninguna relación con ninguna institución del gobierno de México". Añade que conoció de Libre Abordo por las publicaciones del diario El País en 2020, "cuando yo ya no estaba ahí" [en Luzy].

El hombre de Reyes en Caracas

La sombra de la Secretaría de Exteriores sobre la trama del petróleo venezolano se extiende también en la Embajada mexicana en Caracas, especialmente con el hombre de confianza de Reyes en esa delegación: Rodrigo Benedith Reyes. Ambos funcionarios se conocen desde hace por lo menos una década, cuando el hoy vicecanciller era legislador en la Asamblea de Ciudad de México en 2009 por el Partido de la Revolución Democrática (PRD, de izquierdas, del que López Obrador y Morena se desprendieron en septiembre de 2012) y el otro era asesor del órgano legislativo. Además trabajaron juntos como directores de área en la delegación (municipio) Miguel Hidalgo de Ciudad de México entre 2012 y 2013. En septiembre de 2019, Benedith ocupaba el cargo de director de Servicios Urbanos de la Alcaldía de Azcapotzalco -otro municipio metropolitano-  cuando fue nombrado, sin ninguna experiencia en el sector diplomático, encargado de cooperación económica y promoción de la representación mexicana en Venezuela. Su nombre aparece en los correos del círculo de Leal, quienes además se jactaban de tener “contactos en Embajadas y consulados”.

En un correo enviado por el propio Joaquín Leal a su equipo el 12 septiembre de 2019, cuando el funcionario apenas llegaba al cargo, el empresario pide que envíen a Benedith unas tarjetas y un contrato.

El nombre del funcionario mexicano está presente también en otras comunicaciones. Como en una del 1 de abril de 2020, en la que la directora de Libre Abordo, Olga María Zepeda Esparza, escribe un correo a la Embajada mexicana en Caracas informando de sus acuerdos con PDVSA. “Queremos compartirle algo de contexto relacionado a nuestra labor como empresa mexicana que provee ayuda humanitaria en Venezuela a cambio de petróleo”, dice el mensaje, dirigido a Benedith Reyes.

Para esta investigación los reporteros enviaron un cuestionario pormenorizado a Maximiliano Reyes Zúñiga con diez preguntas sobre cada uno de estos asuntos específicos. El subsecretario accedió a contestar pero con una declaración general de nueve párrafos sobre las atribuciones y objetivos de su dependencia, sin confirmar o negar nada.

“Como subsecretario para América Latina y El Caribe mi responsabilidad es estar en permanente contacto con todos los gobiernos de la región, en base a los criterios fijados por la Constitución mexicana, que siempre han sido manifestados públicamente. Nuestro principio es el máximo respeto a la soberanía de cada país, y en la medida de lo posible, siempre estamos con disposición de cooperar y colaborar en lo social, económico, cultural, humanitario y comercial. Y en este sentido, no hacemos excepciones con ningún gobierno ni nos sometemos a la política exterior de ningún país”, asegura Reyes en su respuesta, quien alega que trabaja “a favor de un sólido y fluido diálogo con el sector privado para mejorar la dinámica económica y comercial de nuestro país en la región”.

En este sentido, Reyes asegura que para su subsecretaría (viceministerio) “es fundamental apoyar a toda empresa mexicana, se llame como se llame, sin consultar su posición política ni partidaria, partimos de que los empresarios que se acercan a nosotros lo hacen de buena fe y desean tener mejores vínculos económicos en la región en base a un principio fundamental: ganar-ganar-ganar (Gana México, gana el país en cuestión, gana el empresario). Y en ese sentido, tenemos relaciones productivas con muchísimas empresas mexicanas y extranjeras que afortunadamente nos ven como aliados para facilitarles su expansión, de la misma manera que lo hacen otros gobiernos con sus empresas”. Sobre las sanciones que impuso Estados Unidos a Libre Abordo y Leal, Reyes responde: “Nuestra línea es pública: jamás estaremos de acuerdo en resolver nada por la vía de la fuerza ni la coerción, ni mediante sanciones. Es público y notorio nuestra posición. Siempre hemos votado de la misma manera en los organismos internacionales”.

Finalmente, acerca de su conocimiento de Joaquín Leal, afirma que "ubica" al empresario junto "con un grupo de inversionistas mexicanos y extranjeros del sector energético con quienes no tengo contacto desde hace varios meses, antes de que se hicieran públicas las sanciones. Mis pláticas con ellos consistieron en lo mismo que con muchos otros entornos económicos y  comerciales".

*La presente es la segunda entrega de la serie "El bypass mexicano contra las sanciones" que Armando.info produjo y publica en conjunto con el diario El País de Madrid.