En México tres familias engordan sus fortunas con los Clap de Venezuela
Si el papel clave de los empresarios colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas en la trama de importaciones para el programa del Gobierno de Nicolás Maduro ha salido a relucir, casi nada lo ha hecho la participación de los comerciantes que desde México le sirven como proveedores. Se trata de grupos económicos que, aún antes de hacer negocios con Venezuela, tampoco eran ajenos a la controversia pública.
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El
18 de octubre la Procuraduría General de México reveló los hallazgos de una
investigación sobre las operaciones financieras detrás de las compras de
alimentos en ese país por intermediarios del Gobierno de Nicolás Maduro para el
programa estatal de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). El
subprocurador especializado en investigación de delincuencia organizada, Israel
Lira, lo definió como un “esquema fraudulento” y de “operaciones inusuales” por
parte de empresas y personas que vendieron a Venezuela productos de “baja
calidad” con “sobreprecios”.
Entonces
el comunicado oficial de la dependencia mexicana solo hizo referencia al elenco
de personajes que se mueven en torno al esquema de intermediación importadora de
los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas. Pero en
ningún modo aludió a sus proveedores: un trío de grupos empresariales que en
México ha concentrado en sus pocas manos un negocio
milmillonario.
Jorge
y Elías Landsmanas Dymensztejn, dueños del Corporativo Kosmos y sus filiales
Productos Serel y La Cosmopolitana; Jorge Carlos Fernández Francés de El
Sardinero; y Aristóteles Vaca Pérez, propietario de Almacenes Vaca y Rice &
Beans; son los nombres de quienes suministran una porción sustantiva de las
provisiones que llegan a Venezuela empacados como cajas o bolsas Clap. A ellos
se suma el Grupo Brandon, una
fantasmal compañía que en 2018 ha monopolizado la oferta de leche en polvo para
el programa social venezolano.
Algunas
de estas empresas ya han figurado en la prensa mexicana como protagonistas de
incidentes públicos. La Cosmopolitana, por ejemplo, fue la responsable de
distribuir en 2014 comida contaminada con Salmonella en una cárcel llamada
Puente Grande, que provocó la intoxicación de 450 internos; El Sardinero fue
multada por falsificar la dirección en una licitación pública, mientras que
Almacenes Vaca acumula alrededor de 600 contratos por adjudicación directa con
el Gobierno de Enrique Peña Nieto, presidente saliente de México.
En
la declaración del pasado 18 de octubre las autoridades prefirieron omitir la
participación de estas empresas para las que el plan gubernamental oficializado
por Nicolás Maduro el 12 de marzo de 2016 terminó siendo una oportunidad
millonaria. Cifras de la Secretaría de Economía de México indican que sólo entre
enero de 2017 y agosto de 2018 las exportaciones de los 11 productos que
contienen las cajas Clap sumaron 850 millones de dólares. Un salto abrupto si se
toma en cuenta que meses antes de la creación del plan estatal el intercambio
comercial entre ambos países estaba en niveles mínimos y apenas hubo
exportaciones esporádicas de aceite vegetal, harina de maíz y lentejas.
Pesca de altura
Para
El Sardinero, autodefinida como una “empresa líder en servicios de
alimentación”, el negocio empezó pronto. A comienzos de 2017 despachó desde el
puerto de Veracruz, en el Este de México, al de La Guaira, cercano a Caracas,
miles de combos Clap para Cobiserta, una compañía adscrita a la Gobernación del
estado Táchira con la que Group Grand Limited firmó a finales de 2016 un
contrato para surtir al programa del Gobierno venezolano. Al momento del acuerdo
entre Group Grand Limited -el holding registrado en Hong Kong por Saab y Pulido-
y la Gobernación de Táchira, al occidente de Venezuela, era gobernador José
Gregorio Vielma Mora, un capitán del ejército de la camada de Hugo Chávez, ex
director del organismo tributario nacional y que luego fue Ministro de Comercio
Exterior de Nicolás Maduro durante unos meses.
A la
trama tejida alrededor de Group Grand Limited, con
la que el dúo de empresarios colombianos estructuró todo su negocio de
importación, fue que apuntó el subprocurador mexicano el pasado 18 de
octubre. “Se detectó la presencia de diversos operadores como el señor Alex N,
aparentemente relacionado con autoridades del Gobierno de aquel país, así como
Álvaro N, Emmanuel N, Santiago N y Andrés N, quienes con el propósito de obtener
los productos alimentarios que deben suministrar al Gobierno venezolano acuden a
diversos países, entre ellos México, para contactar con otras empresas”. Se
refería a Alex Saab y Álvaro Pulido, pero también a los representantes de
Group Grand Limited en México: Santiago Uzcátegui Pinto, Andrés
Eduardo León Rodríguez y Emmanuel Enrique Rubio González, hijo de Álvaro Pulido,
de quien se sabe se cambió el nombre poco después del año 2000 y cuya identidad
original es la de Germán Rubio. La Fiscal General Luisa Ortega Díaz, destituida
por Nicolás Maduro, denunció en agosto del año pasado que tras Group Grand
Limited estaba el propio presidente venezolano.
Una
factura reciente, del 7 de julio de 2018, revela que El Sardinero mantiene los
suministros de alimentos para los Clap en sociedad con los empresarios
colombianos, aunque ya no mediante Group Grand Limited. La compañía ahora
factura la mercancía a Asasi Food FZC, una
sociedad registrada en Emiratos Árabes Unidos y que en la trama de Saab-Pulido
reemplazó a Group Grand Limited. Las cifras de aduana también
confirman que el negocio para El Sardinero continúa. En los primeros seis meses
de este año envió a Venezuela casi 100.000 toneladas de alimentos, un volumen
que la hace la empresa mexicana que más productos despachó al país sudamericano.
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En
2015 el nombre de Jorge Carlos Fernández Francés, dueño de El Sardinero, fue
noticia al descubrirse que, para evadir impuestos, sobrepuso unas placas de la
Ciudad de México a un Ferrari 458 con el que llevaba paseándose por París,
Barcelona y Roma desde al menos cuatro años antes. La matrícula 415-SYL que
usaba su auto deportivo realmente pertenecía a un Golf modelo 2003, según los
registros vehiculares del gobierno de la Ciudad de México y estaba a nombre de
El Sardinero. La empresa también ha tenido sus choques con la ley. El 22 de
diciembre de 2014, la Función Pública la sancionó con una prohibición de poco
menos de dos años y medio para celebrar contratos con dependencias y entidades
federales, y una multa por 672.000 pesos (cerca de 34.000 dólares), por
falsificar la dirección en una licitación pública.
Mercados cautivos
No
es la única firma mexicana vinculada al negocio de los Clap que ha cometido
irregularidades. La familia Landsmanas Dymensztejn, propietaria de La
Cosmopolitana y Productos Serel, fue multada en julio de 2014 por las
autoridades sanitarias del Gobierno de Jalisco -provincia del oeste mexicano- al
comprobar que vendieron comida con Salmonella en el penal de Puente Grande. Es
el mismo conglomerado que vende la leche en polvo Kosland, fabricada por
Productos Serel, que llega a Venezuela en los combos Clap. La marca fue una de las peor valoradas
en términos nutricionales tras el análisis físico-químico que practicó a varias
leches mexicanas el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la
Universidad Central de Venezuela (UCV) a solicitud de Armando.info. El
producto mostró excesos de carbohidratos y sodio, pero bajos niveles de
calcio, hasta el punto de que un niño debía ingerir 24,8 vasos para
cubrir su aporte diario de calcio en vez de los 1,8 vasos que se requieren
normalmente. En los combos Clap también se han visto lentejas, caraotas y
azúcar de la misma marca Kosland de Productos
Serel.
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Por
lo ocurrido en la cárcel de Puente Grande la compañía fue sancionada. Aunque la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) continúa recibiendo quejas de los
familiares de los reclusos por la “alimentación de mala calidad y antihigiénica”
de parte de La Cosmopolitana, los contratos millonarios para proveer de
alimentos a varios penales mexicanos no han cesado y acaba de obtener uno nuevo
por 143 millones de pesos mexicanos (un poco más de 7,1 millones de dólares)
para ofrecer los servicios de alimentación a los internos de los Centros de
Reinserción Social y de Adolescentes del Estado de Baja California, en el
noroeste de México. Según Contrabook, La Cosmopolitana acumula 4.623 millones de
pesos (alrededor de 230 millones de dólares) por contratos públicos en
México.
Los
reportes de aduana, en cambio, parecen indicar que este año ha caído la
participación de La Cosmopolitana y Productos Serel en los envíos de alimentos
para Venezuela. En los primeros seis meses del año los despachos suman alrededor
de 150 toneladas, muy por debajo de El Sardinero o de Grupo Brandon, una
fantasmal compañía que en 2018 ha monopolizado la venta de leche en polvo para
los Clap, uno de los productos al que los intermediarios del Gobierno le sacan
más provecho económico.
En
los combos de comida que reparte el Gobierno de Maduro han llegado varias
marcas de leche en polvo con el sello de Grupo Brandon, marcas
desconocidas en
el mercado mexicano y
todas de dudosa calidad. Constituida en 2004, Brandon cambió de dueños en abril
de 2017, poco antes de iniciar sus exportaciones a Venezuela. Desde entonces, la
dirección de la empresa ha variado en los empaques del producto.

Una
factura del 18 de julio de 2018 permite establecer la conexión con la trama de
Alex Saab y Álvaro Pulido. Al igual que El Sardinero, Grupo Brandon facturó a
nombre de Asasi Food FZC, la sociedad registrada en Emiratos Árabes Unidos, la
mercancía que finalmente recibiría en Venezuela la Corporación Única de
Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), adscrita al Ministerio de
Alimentación.
El
documento muestra que Grupo Brandon vendió a Asasi Food FZC el kilo de leche de
marcas como Vilec, Santa Paula y Suprema, en 2,20 dólares.
Aunque
para este reportaje no se comprobó el precio al que luego los intermediarios
facturaron el producto al Gobierno de Maduro, en 2017 con Group Grand Limited Alex
Saab y Álvaro Pulido cobraron el kilo de leche en polvo mexicana en 4,75 dólares
a la Gobernación del Táchira, primero, y meses después en casi 7 dólares a
Cuspal como parte de los dos contratos que lograron con las
autoridades venezolanas. Ambos precios duplican y más que triplican,
respectivamente, al que Brandon puso en
julio de este año al
producto.
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Información
de aduana revela que en los primeros seis meses del año Grupo Brandon exportó a
Venezuela casi 30.000 toneladas, sólo por detrás de El Sardinero y de Rice &
Beans, la otra gran ganadora en México con el programa gubernamental
venezolano.
La verdadera ‘Cash Cow’
El
empresario Aristóteles Vaca Pérez, originario del estado de Guanajuato en el
centro de México, es el hombre detrás de Rice & Beans y Almacenes Vaca. Con
esta última sobresalió como uno de los empresarios consentidos por Enrique Peña
Nieto. No en vano, en este sexenio a punto de extinguirse, obtuvo alrededor de
600 contratos por adjudicación directa y a través de Diconsa, la red de abasto
social más grande de México, encargada de garantizar la distribución de
alimentos a la población económicamente más vulnerable.
El
vehículo para que el magnate llegara al negocio de los Clap fue la empresa Rice
& Beans. Sólo entre enero y junio de este año, esa compañía colocó en
puertos venezolanos casi 75.000 toneladas de alimentos. Al igual que con El
Sardinero y Grupo Brandon, las exportaciones se realizan mediante la trama de
Alex Saab y Álvaro Pulido. Por ejemplo, el 17 de julio de 2018, Rice & Beans
vendió 220.104 dólares en alimentos a Mulberry Proje Yatirim, una compañía turca
que completa el esquema de intermediación diseñada por el dúo de empresarios
colombianos.
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Mulberry Proje Yatirim,
junto a Asasi Food FZC, reemplazó a Group Grand Limited.
El
6 de abril de 2018 Group Grand Limited solicitó mediante una carta a la
Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), ente que centraliza las
importaciones públicas venezolanas, la “cesión de los derechos financieros
correspondientes al contrato CPVX-CJ-CONT-0086-2017” en favor de Mulberry Proje
Yatirim. Sólo ese convenio obligaba al suministro al Gobierno venezolano de 11,5
millones de combos Clap.
Aunque
las autoridades no se refirieron a las compañías mexicanas en sus anuncios del
pasado 18 de octubre, está claro que el de las cajas Clap también ha sido un
negocio millonario para empresarios de ese país, aunque tal vez esté por
extinguirse, si se da crédito al otro anuncio realizado por el subprocurador
mexicano: “Los
imputados se comprometen a no efectuar por sí o por interpósita persona ningún
acto comercial con el Gobierno de Venezuela o terceros que operen o se
encuentren relacionados con el envío de Clap a Venezuela”.
