Los periodistas que investigan la desinformación son amenazados, encarcelados y, en casos extremos, como el de la periodista india Gauri Lankesh, asesinados. ‘Forbidden Stories’ reunió a más de 100 periodistas de 30 medios de comunicación, entre ellos Armando.info, para exponer el funcionamiento interno del mundo global y secreto de los mercenarios de la desinformación.
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En India, el periodista Mohammed Zubair, cofundador de un conocido sitio web de verificación de hechos sin ánimo de lucro, Alt News, fue detenido en el verano de 2022. Hacía poco que había tuiteado sobre unos polémicos comentarios del portavoz del partido gobernante, Bharatiya Janata Party (BJP), acerca del profeta Mahoma. Pero la detención, derivada de una denuncia relativa a un post de Twitter que Zubair había escrito en 2018, fue ampliamente considerada como una represalia de las autoridades por su trabajo desmontando datos falsos y desinformación sobre religión y castas en su país, entre otros temas.
En Filipinas, la periodista Maria Ressa, Premio Nobel de la Paz, cuyo medio en línea, Rappler, fue la primera publicación en exponer los “ejércitos de trolls" del presidente Rodrigo Duterte que manipulaban la información en torno a su mandato en 2016, se ha enfrentado desde entonces a ataques cibernéticos y a procesos judiciales. En la actualidad lleva un chaleco antibalas cuando viaja por el país, algo que ahora suele hacer en compañía de un grupo de guardaespaldas. Aunque en el reciente mes de enero de 2023 Ressa fue absuelta de cuatro cargos de evasión fiscal, todavía quedan pendientes otros tres cargos penales.
En Finlandia, Jessikka Aro, una de las primeras periodistas en investigar la granja rusa de trolls dedicados a posicionar cientos de mensajes en las redes, fue víctima de una campaña rusa de desinformación. Los trolls la atacaron en Twitter, enviaron correos electrónicos difamatorios a colegas y políticos, y presentaron denuncias oficiales contra ella y su medio, Yle, la radiodifusión estatal finesa. En una ocasión Aro hasta llegó a recibir un mensaje de texto de una persona que se hacía pasar por su difunto padre, afirmando que estaba vivo y “observándola”.
La periodista india, Gauri Lankesh, publicaba sobre el tema de la desinformación para su medio homónimo, Gauri Lankesh Patrike. En septiembre de 2017 tenía previsto hacer público un editorial titulado “En la era de las noticias falsas”, en el que denunciaba las “fábricas de mentiras” de la India. El artículo revelaba cómo un medio de noticias local difundió un rumor virulento, que el oficialista partido BJP y otras personas de grupos de derecha se encargaron de multiplicar. Pero fue asesinada antes de que ese editorial viera la luz.
Cinco años después del asesinato de Gauri Lankesh, Forbidden Stories, cuya misión es la de proseguir el trabajo de periodistas amenazados, encarcelados o asesinados, trabajo cuyos agresores intentaban interrumpir, reunió a más de 100 periodistas de 30 medios de comunicación para completar el trabajo de Lankesh: es la primera vez que un consorcio de periodistas tan grande investiga el mundo global y secreto de los mercenarios de la desinformación.
Durante más de seis meses el consorcio rastreó las narrativas de desinformación hasta sus fuentes originales. Desde la India hasta Arabia Saudí, pasando por Israel, España y Estados Unidos, se investigaron desde los esfuerzos artesanales a pequeña escala para promover la propaganda de un Estado extranjero hasta las operaciones encubiertas, quirúrgicas y profesionalizadas. Se rastrearon empresas que venden servicios para influir en las opiniones, manipular elecciones, destruir reputaciones y borrar la verdad. Un grupo de venezolanos, en su mayoría empresarios vinculados al régimen chavista, ha echado mano a estas últimas para hacerse desaparecer.
Fueron analizados los mecanismos del negocio de la desinformación, una industria que amenaza la democracia mundial y que a menudo, aunque invisible, se hace floreciente y rentable, según demuestra esta serie investigativa. De acuerdo a un informe del Oxford Internet Institute, en 2020, al menos 81 países recurrieron a campañas organizadas de manipulación en las redes sociales.
A medida que los Estados recurren cada vez más a servicios de desinformación por encargo y proliferan los mercenarios, los periodistas se enfrentan a consecuencias mortales. Entre 2017 y 2022, uno de cada cuatro periodistas asesinados en zonas no conflictivas fue objeto de campañas de desinformación o recibió amenazas directas a través de las redes sociales antes de su muerte, según ha descubierto Forbidden Stories tras analizar los datos recopilados por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) de Nueva York. Entre ellos se encuentran Daphne Caruana Galizia, Jamal Khashoggi, Rafael Emiro Moreno y Gauri Lankesh, periodistas procedentes de casi todos los continentes.
Para Maria Ressa, el contrapunto a los ataques en línea y a su pretendido efecto amedrentador es alzar la voz. “Utilizan la libertad de expresión para obligarte a callar. Yo me niego a callar", declaró a un miembro del consorcio.
Colaboradores de “Story Killers”:
The Guardian and Observer, Le Monde, The Washington Post, Der Spiegel, ZDF, Paper Trail Media, Die Zeit, Radio France, Proceso, OCCRP, Knack, Le Soir, Haaretz, The Marker, El País, SverigesTelevision, Radio Télévision Suisse, Folha, Confluence Media, IRPI, IStories, Armando.info, Code for Africa, Bird, Tempo Media Group, El Espectador, Der Standard, Tamedia, Krik.
El proyecto Story Killers se publica junto con dos estudios de casos de big data realizados por el Proyecto sobre Violencia Online del Centro Internacional de Periodistas (ICFJ), una asociación entre ICFJ Research y científicos informáticos de la Universidad de Sheffield, en Reino Unido. El equipo dirigido por ICFJ aportó su experiencia investigadora y sus datos a los socios de Story Killers.
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Un tal ‘Jorge’, que fue clave para la polémica actuación de la empresa Cambridge Analytica en las campañas de Donald Trump y el Brexit, permanecía anónimo desde hacía mucho. Su nombre de guerra se volvió leyenda en un sector de negocios global donde confluyen la comunicación política, la manipulación cibernética y la contrainteligencia. Hasta que, ahora, esta segunda entrega del proyecto ‘Story Killers’ consigue develar que se trata del israelí Tal Hanan, viejo socio del venezolano Martín Rodil, junto a otros exagentes de seguridad capaces de hackear a presidentes o parlamentarios, destruir reputaciones y de manejar a su antojo la opinión pública.
En 2017, la periodista Gauri Lankesh fue asesinada en India, días antes de que pudiera publicar un artículo previsto sobre desinformación. Más de cinco años después, ‘Forbidden Stories’ y un consorcio de periodistas retoman esa cobertura interrumpida. Este reportaje es la primera parte del proyecto ‘Story Killers’, una investigación global en la que participa Armando.info, sobre mercenarios de la desinformación y cómo la manipulación de la verdad, las ideas y las percepciones es, más que un negocio o una táctica, un nuevo campo de batalla.
Luego de tres años, la prisión de Nelson Ramón Rivero Sanes sorprende hasta a sus propios custodios. Lo que todos saben es que sigue detenido en la cárcel de Tocuyito por la inexplicable saña de Marcos Campos Flores, dos veces candidato oficialista a alcalde del Municipio San Diego en Carabobo, sobrino de la otrora ‘Primera Combatiente’ y hermano de uno de los ‘narcosobrinos’. Unos indicios débiles y hasta caprichosos bastaron para armarle un caso judicial, cuyos efectos siguen vigentes, a pesar de la caída del madurismo y los cambios políticos del interinato.
Sociedades asiáticas vinculadas al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano realizaron envíos de petróleo de Pdvsa a Malasia por unos 2.600 millones de dólares entre julio y septiembre de 2025. Con el mismo intermediario, la petrolera estatal despachó otros nueve tanqueros con rumbo a Cuba, en medio de la crisis energética que durante ese verano empezó a azotar a la isla. Pero sus destinos reales no figuran en ningún registro marítimo internacional y terminaron siendo inciertos.
La consigna de Hugo Chávez en 2010 fue la de atender cuanto antes a los damnificados por los deslaves, y de ello se encargó la recién creada Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (Opppe). Sembró moles masivas de estilo soviético en el estado Vargas, hoy La Guaira, recurriendo a la asignación de contratos a dedo y a una dudosa supervisión técnica para cumplir los plazos perentorios. El resultado después del reciente doblete sísmico: 16 de sus torres colapsaron, y otras 27 quedaron listas para la demolición.
El líder revolucionario quedó cautivado en Libia por las obras de una constructora turca. Y la trajo para levantar sobre una meseta de Playa Grande un urbanismo que, con el tiempo, indistintamente llevaría su nombre o el de la empresa Summa. Tras el reciente doblete sísmico, muchos de sus edificios cedieron de una manera peculiar: hundidos en el suelo, rebajados en uno o dos niveles. La violencia de los sismos, sumada a las características de las estructuras y del terreno, asoman como los factores detrás del fenómeno.
El pueblo de Yumare solo emerge de su letargo con las sacudidas: ya sea por la metáfora violenta de una masacre hace cuatro décadas o, literalmente, por el 'doblete sísmico' del miércoles 24 de junio. Aunque se le identificó como el origen del terremoto más fuerte de ese Día de San Juan, los destrozos en este valle de Yaracuy fueron menores, en comparación con los registrados en Caracas y el Litoral Central. Sus pobladores tuvieron que esperar 12 horas para, con el regreso de los servicios de luz e internet, conocer que la tragedia se había gestado bajo sus pies.
Camuflado entre sus credenciales de ejecutivo de un bufete internacional y vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, el nombre de Oscar Cunto André se encuentra en las pesquisas de la Policía Nacional española sobre el ‘caso Zapatero’. Aparece como representante de un par de empresas y dueño de otra que sirvieron de vehículos para pagos de servicios fraudulentos de consultoría que, en realidad, encubrían comisiones ilegales. Mantuvo también una estrecha vinculación societaria con uno de los titiriteros del esquema, Francisco Flores Suárez.
