Los periodistas que investigan la desinformación son amenazados, encarcelados y, en casos extremos, como el de la periodista india Gauri Lankesh, asesinados. ‘Forbidden Stories’ reunió a más de 100 periodistas de 30 medios de comunicación, entre ellos Armando.info, para exponer el funcionamiento interno del mundo global y secreto de los mercenarios de la desinformación.
Impidamos que el país se convierta en un desierto informativo.
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En India, el periodista Mohammed Zubair, cofundador de un conocido sitio web de verificación de hechos sin ánimo de lucro, Alt News, fue detenido en el verano de 2022. Hacía poco que había tuiteado sobre unos polémicos comentarios del portavoz del partido gobernante, Bharatiya Janata Party (BJP), acerca del profeta Mahoma. Pero la detención, derivada de una denuncia relativa a un post de Twitter que Zubair había escrito en 2018, fue ampliamente considerada como una represalia de las autoridades por su trabajo desmontando datos falsos y desinformación sobre religión y castas en su país, entre otros temas.
En Filipinas, la periodista Maria Ressa, Premio Nobel de la Paz, cuyo medio en línea, Rappler, fue la primera publicación en exponer los “ejércitos de trolls" del presidente Rodrigo Duterte que manipulaban la información en torno a su mandato en 2016, se ha enfrentado desde entonces a ataques cibernéticos y a procesos judiciales. En la actualidad lleva un chaleco antibalas cuando viaja por el país, algo que ahora suele hacer en compañía de un grupo de guardaespaldas. Aunque en el reciente mes de enero de 2023 Ressa fue absuelta de cuatro cargos de evasión fiscal, todavía quedan pendientes otros tres cargos penales.
En Finlandia, Jessikka Aro, una de las primeras periodistas en investigar la granja rusa de trolls dedicados a posicionar cientos de mensajes en las redes, fue víctima de una campaña rusa de desinformación. Los trolls la atacaron en Twitter, enviaron correos electrónicos difamatorios a colegas y políticos, y presentaron denuncias oficiales contra ella y su medio, Yle, la radiodifusión estatal finesa. En una ocasión Aro hasta llegó a recibir un mensaje de texto de una persona que se hacía pasar por su difunto padre, afirmando que estaba vivo y “observándola”.
La periodista india, Gauri Lankesh, publicaba sobre el tema de la desinformación para su medio homónimo, Gauri Lankesh Patrike. En septiembre de 2017 tenía previsto hacer público un editorial titulado “En la era de las noticias falsas”, en el que denunciaba las “fábricas de mentiras” de la India. El artículo revelaba cómo un medio de noticias local difundió un rumor virulento, que el oficialista partido BJP y otras personas de grupos de derecha se encargaron de multiplicar. Pero fue asesinada antes de que ese editorial viera la luz.
Cinco años después del asesinato de Gauri Lankesh, Forbidden Stories, cuya misión es la de proseguir el trabajo de periodistas amenazados, encarcelados o asesinados, trabajo cuyos agresores intentaban interrumpir, reunió a más de 100 periodistas de 30 medios de comunicación para completar el trabajo de Lankesh: es la primera vez que un consorcio de periodistas tan grande investiga el mundo global y secreto de los mercenarios de la desinformación.
Durante más de seis meses el consorcio rastreó las narrativas de desinformación hasta sus fuentes originales. Desde la India hasta Arabia Saudí, pasando por Israel, España y Estados Unidos, se investigaron desde los esfuerzos artesanales a pequeña escala para promover la propaganda de un Estado extranjero hasta las operaciones encubiertas, quirúrgicas y profesionalizadas. Se rastrearon empresas que venden servicios para influir en las opiniones, manipular elecciones, destruir reputaciones y borrar la verdad. Un grupo de venezolanos, en su mayoría empresarios vinculados al régimen chavista, ha echado mano a estas últimas para hacerse desaparecer.
Fueron analizados los mecanismos del negocio de la desinformación, una industria que amenaza la democracia mundial y que a menudo, aunque invisible, se hace floreciente y rentable, según demuestra esta serie investigativa. De acuerdo a un informe del Oxford Internet Institute, en 2020, al menos 81 países recurrieron a campañas organizadas de manipulación en las redes sociales.
A medida que los Estados recurren cada vez más a servicios de desinformación por encargo y proliferan los mercenarios, los periodistas se enfrentan a consecuencias mortales. Entre 2017 y 2022, uno de cada cuatro periodistas asesinados en zonas no conflictivas fue objeto de campañas de desinformación o recibió amenazas directas a través de las redes sociales antes de su muerte, según ha descubierto Forbidden Stories tras analizar los datos recopilados por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) de Nueva York. Entre ellos se encuentran Daphne Caruana Galizia, Jamal Khashoggi, Rafael Emiro Moreno y Gauri Lankesh, periodistas procedentes de casi todos los continentes.
Para Maria Ressa, el contrapunto a los ataques en línea y a su pretendido efecto amedrentador es alzar la voz. “Utilizan la libertad de expresión para obligarte a callar. Yo me niego a callar", declaró a un miembro del consorcio.
Colaboradores de “Story Killers”:
The Guardian and Observer, Le Monde, The Washington Post, Der Spiegel, ZDF, Paper Trail Media, Die Zeit, Radio France, Proceso, OCCRP, Knack, Le Soir, Haaretz, The Marker, El País, SverigesTelevision, Radio Télévision Suisse, Folha, Confluence Media, IRPI, IStories, Armando.info, Code for Africa, Bird, Tempo Media Group, El Espectador, Der Standard, Tamedia, Krik.
El proyecto Story Killers se publica junto con dos estudios de casos de big data realizados por el Proyecto sobre Violencia Online del Centro Internacional de Periodistas (ICFJ), una asociación entre ICFJ Research y científicos informáticos de la Universidad de Sheffield, en Reino Unido. El equipo dirigido por ICFJ aportó su experiencia investigadora y sus datos a los socios de Story Killers.
Un tal ‘Jorge’, que fue clave para la polémica actuación de la empresa Cambridge Analytica en las campañas de Donald Trump y el Brexit, permanecía anónimo desde hacía mucho. Su nombre de guerra se volvió leyenda en un sector de negocios global donde confluyen la comunicación política, la manipulación cibernética y la contrainteligencia. Hasta que, ahora, esta segunda entrega del proyecto ‘Story Killers’ consigue develar que se trata del israelí Tal Hanan, viejo socio del venezolano Martín Rodil, junto a otros exagentes de seguridad capaces de hackear a presidentes o parlamentarios, destruir reputaciones y de manejar a su antojo la opinión pública.
En 2017, la periodista Gauri Lankesh fue asesinada en India, días antes de que pudiera publicar un artículo previsto sobre desinformación. Más de cinco años después, ‘Forbidden Stories’ y un consorcio de periodistas retoman esa cobertura interrumpida. Este reportaje es la primera parte del proyecto ‘Story Killers’, una investigación global en la que participa Armando.info, sobre mercenarios de la desinformación y cómo la manipulación de la verdad, las ideas y las percepciones es, más que un negocio o una táctica, un nuevo campo de batalla.
Camuflado entre sus credenciales de ejecutivo de un bufete internacional y vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, el nombre de Oscar Cunto André se encuentra en las pesquisas de la Policía Nacional española sobre el ‘caso Zapatero’. Aparece como representante de un par de empresas y dueño de otra que sirvieron de vehículos para pagos de servicios fraudulentos de consultoría que, en realidad, encubrían comisiones ilegales. Mantuvo también una estrecha vinculación societaria con uno de los titiriteros del esquema, Francisco Flores Suárez.
Una investigación sobre el secuestro del padre de un empresario francés del sector de las criptomonedas permitió rastrear parte del rescate pagado por su liberación hasta el monedero digital de una tal Isabel V. Esta, a su vez, resultó ser hermana de un exportador venezolano de especímenes de fauna silvestre y propietario de negocios para mascotas en Caracas. La mujer enfrenta en un tribunal cargos de lavado de dinero, mientras la conexión inesperada mantiene perplejas a las autoridades parisinas.
Ramón Gordils empezó a estudiar dos carreras en la UCV; no completó ninguna. Pero su aparente vocación de ‘todero’ encontraría un cauce cuando conoció a Nicolás Maduro, momento en el que se convirtió en portero de acceso al entorno del futuro dictador. Documentos de la Audiencia Nacional de España ahora lo muestran como un conector clave entre los accionistas venezolanos de la atribulada aerolínea Plus Ultra y la red de tráfico de influencias que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero presuntamente lideraba.
El contratista colombiano se quedó sin el plan B que ya fraguaba antes de que la captura de Nicolás Maduro lo dejara indefenso. Preparó el terreno para una ruta de escape hacia Italia, intentando despejar los cargos que desde 2020 pesaban sobre él y su pareja, Camilla Fabri, oriunda de ese país. También convirtió a los italianos presos en Venezuela en monedas de cambio para negociar su propia salida. Aunque las gestiones no alcanzaron a adelantarse a su remoción como ministro y su posterior “deportación” a Miami, extendieron un salvoconducto a su familia.
La sede en Caracas del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional hace tiempo dejó de ser un centro de detención transitorio. Se transformó en un reclusorio clandestino que llegó a albergar a 72 prisioneros. Hoy, sin embargo, apenas aloja a una mujer y cuatro hombres, todos ellos exalcaldes del estado Zulia, acusados por narcotráfico y arrestados en 2025 durante la operación policial ‘Relámpago del Catatumbo’. La exclusividad de esta cárcel se refuerza con la identidad de su carcelero VIP: Diosdado Cabello.
En 2024, el juicio público contra tres agentes de policía, una médico forense y un amigo de 'Canserbero' —todos acusados de participar en el encubrimiento del presunto asesinato del rapero— resultó contraproducente para la acusación. Las pruebas presentadas por la fiscalía de Tarek William Saab se desmoronaron bajo el peso de los argumentos de la defensa, el testimonio de algunos de sus peritos y las objeciones de la propia jueza, quien, no obstante, acabó aceptando sus implicaciones. Entre tanto, desapareció el expediente original de las muertes de Tirone González y Carlos Molnar.
