Contra las objeciones de los técnicos, pero con el favor de Elías Jaua, el Chávez manirroto de 2010 aprobó una asignación de más de 18 millones de dólares del Fondo Chino-Venezolano para recoger los árboles derribados por un huracán en Nicaragua y convertirlos en el germinador de un emporio maderero con vocación ambientalista y comunitaria. El dinero se desembolsó y la madera se recolectó, pero a Venezuela no ha llegado, diez años después, ni un tablón ni un dólar de retorno.
Casi tres años después del paso iracundo del huracán Félix por Nicaragua en 2007, que dejó más de un centenar de muertos y 130 desaparecidos, llegó una buena noticia al noroeste del país, la región más castigada por el desastre. Un proyecto altruista y de vocación ambientalista se proponía rescatar -a través del trabajo y la inversión- esta extensa y pobre región, de uno de los países más pobres de América Latina.
El benefactor no era otro que el gobierno venezolano del presidente Hugo Chávez, que en 2010 se paladeaba con los altos precios del petróleo y controlaba a la perfección los hilos políticos e institucionales de Venezuela. En esa época también consolidó decenas de alianzas con otros países y gobiernos gracias a su verbo rompedor y su abultada chequera.
Entonces Chávez decía que sí a todo lo que pretendiera ayudar a un “país hermano” y potencial aliado. Así que, en 2009, Elías Jaua -hoy fuera de la administración pública y para el momento ministro de Agricultura y Tierras-, no debió esforzarse mucho para convencer al comandante bolivariano de que aprobara el financiamiento para un proyecto que permitiría el país centroamericano aprovechar la madera caída -literalmente, la que quedó en el piso- tras el paso de aquel huracán.
El proyecto contemplaba la extracción y venta de la madera que yacía en el suelo, así como el desarrollo de un vivero que, según los anuncios originales, plantaría 500.000 árboles al año para la reforestación de la zona devastada de la costa Caribe Norte de Nicaragua.
En Nicaragua, Lumberto Campbell, operador político principal del presidente Daniel Ortega, no dudó en atribuirse la autoría y ejecución de la iniciativa. Campbell ha ocupado el cargo de vicepresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) desde 2014, y la presidencia de ese mismo organismo de manera interina desde 2018. En noviembre pasado la Oficina de Control de Activos (Ofac, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por su participación en “abusos de derechos humanos, fraude electoral y corrupción”.
El plan del que se apropiaron funcionarios de los gobiernos de Venezuela y Nicaragua desplazó un proyecto similar llamado Raya Ka Raya (Nueva Vida, en lengua miskita), que 41 miembros del Consejo Regional Autónomo de la Región del Atlántico Norte, autoridad política de esa zona nicaragüense, aprobaron en marzo de 2008, un año antes de que Jaua planteara la idea a Chávez. El trabajo comunitario preveía una inversión inicial de 300 millones de dólares para extraer durante 30 años la madera disponible en la región y debía comenzar precisamente por los árboles arrancados por el huracán. El proyecto, de acuerdo con la prensa local, había sido financiado por el grupo de inversionistas estadounidenses Baxter & Lewis.
A la postre, el proyecto venezolano se impuso. Dinero no le faltaba, pero era una oda al voluntarismo y la improvisación. Poco se pensó en el estado verdadero en el que se encontraba la madera a dos años de haber sido derribada, o en las intrincadas condiciones de acceso al espeso bosque para poder sacarla.
En octubre de 2009 Hugo Chávez estampó su firma aprobatoria en el documento que asignaba 18,85 millones de dólares para recuperar la madera. Puso “muy urgente” en su orden ejecutiva, en la que disponía de recursos del llamado Fondo Chino. Pero todavía habrían de transcurrir dos años más antes de que se activara el proyecto.
Primero fue preciso registrar una persona jurídica, Alba Forestal, una empresa con capital mixto que se creó en 2012. Esta empresa tenía como socios a Alba Alimentos, S.A (Albalinisa) y Alba de Nicaragua, SA. (Albanisa), ambas compañías venezolano – nicaragüenses y también piezas del esquema creado para manejar la cooperación entre ambos países con financiamiento venezolano y, al final, pasar los beneficios al sector privado.
“Nicaragua reembolsará a Venezuela la totalidad de los recursos aportados, quedando el uso de los excedentes obtenidos a disposición del Comandante Presidente para su inversión en proyectos socialistas de interés para nuestros pueblos”, prometía el anteproyecto presentado por Jaua al mandatario venezolano, según consta en documentos obtenidos por Armando.info. Pero de ese reembolso no hubo jamás noticia.
Hasta su muerte en 2013, Chávez mantuvo una relación estrecha con Ortega y giró, según el Banco Central de Nicaragua, más de 2.800 millones de dólares en cooperación, canalizada a través de Alba de Nicaragua, la empresa madre del resto de negocios realizados con dinero venezolano en áreas clave como energía e hidrocarburos.
El desembolso para el proyecto de la madera encontró resistencias. Hubo quien lo calificó de fantasioso. Pero las críticas fueron despachadas sin más.
Por ejemplo, el entonces ministro de Planificación, Jorge Giordani, advirtió que era improcedente usar el Fondo Chino -un fondo de financiamiento creado en 2008, por convenio bilateral entre China y Venezuela, para ejecutar obras de envergadura en el país suramericano-, pues el proyecto no se desarrollaba en territorio venezolano.
El dinero iba a ser administrado en primera instancia por Productos Forestales del Occidente (Proforca), una empresa gubernamental venezolana creada en 1988, pero finalmente se entregó a la recién concebida Empresa Mixta Socialista Maderas del Alba. Esta se registró en el marco del convenio Cuba-Venezuela, y quedó adscrita al Ministerio de Agricultura y Tierras y a la Corporación Venezolana de Alimentos, con el fin de administrar, exportar, importar y comercializar productos forestales, agrícolas y pecuarios.
La orden de desembolso se aprobó el 13 de abril de 2010. El dinero debía ser depositado en una cuenta en dólares, abierta a nombre de Maderas del Alba ad hoc para este proyecto.
Y ese mismo día de la orden se alzó otra voz inconforme con el proyecto. Paradójicamente, era la del presidente de Maderas del Alba, Néstor Zambrano.
En una carta a la que Armando.info tuvo acceso, Zambrano apuntaba que “es nuestro criterio que tanto el Compromiso de Responsabilidad Social, así como la Promoción del Poder Comunal, no se aplica en el Contrato de Préstamo N° FCCHV-CPJ-001-10, suscrito entre el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) y Maderas del Alba, pues las mismas normativas jurídicas contemplan la exclusión de estos aspectos sociales, motivado a que la inversión prevista y delegada de la Empresa Mixta Maderas del Alba S.A refiere a contrataciones con empresas extranjeras, además que la señalada inversión se prevé ejecutarla exclusivamente en la República de Nicaragua como apoyo financiero para adquisición de maquinaria para el procesamiento de madera afectada por el Huracán Félix” (sic). En resumen, a juicio de Zambrano, el préstamo solo beneficiaría a Nicaragua y estaría lejos de cumplir con los requerimientos de responsabilidad social y apoyo al poder comunal en suelo venezolano, premisas definitorias de los proyectos del socialismo bolivariano.
Con todo, el proyecto siguió adelante. Pese a sus objeciones, el propio Zambrano tuvo que viajar a Nicaragua para sellar el convenio tres meses después de girado el dinero.
Ese año Nicaragua y Venezuela estaban en el mejor momento de su intercambio comercial. Venezuela era el segundo destino de exportaciones de Nicaragua con 12,69 % de las ventas, solo detrás de Estados Unidos, que representaba el destino de 30,22% de sus despachos.
La grandiosidad de los sueños de proyección continental de Chávez contrastaba con la perspectiva que los nicaragüenses tenían sobre el proyecto. No solo era más modesta sino hasta contradictoria con respecto al punto de vista del líder bolivariano. Desde muy temprano, en su Plan Nacional de Desarrollo 2009-2011, el Gobierno de Daniel Ortega admitía que, con lo previsto en la ayuda venezolana, solo podría extraerse el dos por ciento del recurso maderero disponible.
“Haciendo las inversiones necesarias, se podría extraer un millón de metros cúbicos en los tres meses de estación seca por año y por no más de tres años, cuando empieza la madera a deteriorarse", se decía en el documento.
También los datos de retorno y rentabilidad que mostraron a Chávez para persuadirlo a financiar el proyecto diferían de los de Nicaragua. Mientras al venezolano se le planteó que el aprovechamiento del recurso representaba unos ingresos potenciales de 2.300 millones de dólares, el Ejecutivo nicaragüense sostuvo que la madera tirada por el huracán permitiría generar, cuando mucho, unos ingresos por 500 millones de dólares.
Los reporteros de Armando.info intentaron consultar a la Cámara Forestal de Nicaragua sobre este tema, pero no hubo respuesta. También en varias oportunidades se intentó obtener la versión del ex ministro de Agricultura y Tierras venezolano, Elías Jaua, pero no respondió las solicitudes de entrevista.
Por su parte, William Schwartz, quien fue director del Instituto Nacional Forestal de Nicaragua (Inafor) entre 2007 y 2016, se negó a ofrecer declaraciones sobre el período de auge de Alba Forestal y el proyecto que inició sobre reforestación comunitaria. "Ya tengo cuatro años de estar afuera (del cargo). No sé cómo se está manejando Alba Forestal, si bien o mal", se excusó. Aseguró que, mientras estuvo al mando de la institución estatal "todo mundo sabía cómo se manejó cuando estuve ahí. Pregúntele a las autoridades actuales".
No solo no quedaba claro a cuánta ganancia se podría aspirar sensatamente del proyecto, sino que se ignoró el paso del tiempo y sus estragos.
El Caribe Norte, donde nace el proyecto de madera con fondos venezolanos, es una de las zonas más lluviosas de Nicaragua y también una de las más abandonadas por el Estado. Esa ausencia permitió que los llamados colonos invadieran territorios indígenas mediante la violencia.
Madera podrida: eso fue lo que encontraron los creadores del proyecto tres años después del huracán Félix, al llegar al sitio donde se planeaba desarrollarlo, y solo después de sortear muy malas vías de acceso. Apenas entonces se constató que los malos caminos constituirían un obstáculo de gran magnitud a la hora de extraer el producto.
“Solo pudieron aprovechar algunas especies de madera dura en la zona y eso implicó una modificación de lo que se tenía planificado. Empezaron a ver que el costo de operación en la zona era muy alto y podrían tener pérdidas si solo sacaban la madera que fue tumbada por el huracán Félix. Por eso decidieron aumentar la explotación con madera que no había sido tumbada”, detalla Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, dedicada en Nicaragua a la conservación del ambiente.
Sin embargo, una fuente venezolana que trabajó como funcionario de la empresa Albalinisa asegura que, entre 2010 y 2014, se usó el dinero que Caracas había desembolsado.
Entre algunas de las actividades por las que se incurrió en gastos, relata la fuente, estuvieron la compra de las máquinas necesarias para recoger la madera caída, se comenzaron a hacer las carreteras para abrir el acceso hacia el lugar, se formó a la comunidad en la operación de las máquinas e, incluso, se comenzó a conformar un laboratorio de reforestación. Para el tercer año de convenio se estaba sacando algo de madera.
“El proyecto empezaba desde menos cero y no ibas a ver rápido el retorno. Eran préstamos a muy largo plazo (…) Con todos esos convenios se sabía que pasarían hasta 25 años para que retornara el dinero a Venezuela”, explica el ex funcionario, que asegura desconocer en qué momento se desvirtuó la iniciativa.
Wilfredo Davis, quien hoy es miembro del Consejo Regional Autónomo, trabajó durante diez años en la asesoría para empresas comunitarias que trabajaban con el manejo forestal del lugar, antes y después del huracán. Él da fe de que Venezuela invirtió dinero en la cadena de producción de madera con equipos, materiales y combustible.
El edil denuncia, en cambio, que se otorgaron licencias de tala con volúmenes exagerados con respecto a lo permitido cada año, y se terminaron las iniciativas de la forestería sostenible que las comunidades podían aprovechar durante los próximos 50 años. Según Davis, no hubo la reforestación prometida sino que el bosque se ha ido regenerando naturalmente. “Fue un robo descarado respaldado por Inafor”, afirma.
Otro funcionario, Rodrigo Obregón, ex vicegerente de Albanisa entre 2007 y 2013, se refiere a la metamorfosis que tuvo el proyecto. Se vendió como humanitario, y se volvió un caso de “oportunismo mafioso” y de “proyecto extractivista”.
Se suponía que Alba Forestal debía impulsar una cultura de reforestación para que en el futuro las comunidades pudieran iniciar de nuevo el ciclo de aprovechamiento del recurso maderero. Sin embargo, Obregón asegura que entre 2009 y 2016 se extrajeron a mansalva 12,4 millones de metros cúbicos de madera de diferentes especies en rollo y aserrada. “El Proyecto de Alba Forestal en realidad fue de deforestación nacional”, lamenta el ex funcionario.
Sigue Obregón: “Los representantes del chavismo estuvieron presentes en todo el ciclo de vida del proyecto y se encargaron de definir los destinos de la madera extraída, aunque nunca llegó a Venezuela. Decían en la región, que la madera era para los proyectos conjuntos de Venezuela y Nicaragua con su Misión Vivienda en aquel país y Casas del Pueblo en Nicaragua, pero lo cierto es que no se hizo ni una sola casa de madera porque las que construyeron, bajo otro negocio lucrativo, fueron de cemento y derivados”.
Hasta enero de este año el tema de la reforestación comunitaria continuaba siendo una promesa del gobierno de Ortega, como pilar de su estrategia nacional de desarrollo. El Instituto Nacional Forestal proyectó un plan que, entre 2020 y 2030, debía beneficiar a 1.380 familias con el manejo de 16.300 hectáreas boscosas.
Hoy, sin embargo, los funcionarios nicaragüenses mantienen en la oscuridad lo que ocurrió con el proyecto financiado por Venezuela hace una década.
Tanto la división de recursos naturales como la coordinación regional del Consejo Regional del Caribe Norte -la máxima autoridad local dentro del régimen de autonomía concedido a las zonas atlánticas de Nicaragua-, negó a estos reporteros cualquier tipo de información.
Carlos Alemán, el coordinador general del Consejo Regional, preguntó por qué lo buscaban a él para hablar de este tema, justo antes de colgar el teléfono. La asesora legal del área de recursos naturales dijo que su jefe se encontraba fuera de la ciudad y prometió información en su despacho. Luego desconectó su celular.
En 2014 la empresa Consorcio Multi Consult S.A. elaboró un estudio no oficial en donde se evaluaba la industria del mueble y, en ese contexto, se diagnosticó el problema que existe alrededor del abastecimiento de madera. El documento, obtenido por los reporteros y cuya credibilidad fue confirmada por fuentes del sector, examinó la iniciativa de Alba Forestal y resaltó: “Según expertos forestales de la región, las proyecciones iniciales de la existencia de madera fueron infundadas y, en el mejor caso, sobredimensionadas”.
Pero cuando Armando.info solicitó una entrevista sobre este documento a la propia consultora, no obtuvo respuesta. Tampoco la Secretaría de Comunicación, en manos de la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, respondió a una solicitud de información.
El informe también confirma la denuncia de los ambientalistas de que la madera suave que no se sacó a tiempo se pudrió o fue consumida en las quemas no controladas que se dieron después del huracán. Asegura también que la madera en suelo que era posible aprovechar fue extraída por Alba Forestal en sus primeros cuatro años de operaciones, y por otros madereros de la zona.
La ex alcaldesa de Puerto Cabezas -la capital regional- por el partido Indígena Yatama durante el periodo 2005-2009, Elizabeth Henríquez, relata que, mientras el proyecto sacaba del lugar toda la madera que podía, los ríos se fueron secando y la actividad agrícola menguó. “La gente ya no puede producir su agricultura y ahí viven de arroz y frijoles”, acota. “Aprovecharon no solo la caída de la madera, sino lo que estaba vivo también se lo llevaron en su saco. Se explotó sobre explotación, pero no hubo ningún programa de desarrollo social”.
Entre tanto, el negocio dio señas de haber sido lucrativo. Seis años después de su inicio se hizo un aumento de capital hasta alcanzar los seis millones de dólares. En 2014, el emprendimiento cambió de nombre a N & H Woods Products y pasó a controlar el negocio de la madera en todo el territorio nicaragüense, según denuncias del ambientalista Amaru Ruiz y la prensa local. En marzo de ese año, un equipo del diario La Prensa de Managua visitó las instalaciones de Alba Forestal en el kilómetro 29 de la carretera vieja a Tipitapa, y encontró un letrero con el nuevo nombre corporativo.
Sin embargo, en 2016 la empresa cesó operaciones por el cúmulo de denuncias de corrupción y competencia desleal que dieron a conocer los empresarios tradicionales del sector, así como por desavenencias financieras con los delegados del chavismo, según Obregón.
Sobre el retorno del dinero invertido por Venezuela o el beneficio que pudo obtener el país suramericano, no hay información. Lo que sí se sabe es que la exportación de madera desde Nicaragua a Venezuela fue mínima. Según el Centro de Trámites de las Exportaciones en Nicaragua, el país centroamericano exportó a Venezuela madera por valor de apenas 95.901 dólares entre 2010 y 2015. El pico se concentró en 2010 y 2011 con 41.580 y 49.896 dólares respectivamente. En el informe estatal al que se tuvo acceso, no existe un registro detallado sobre qué empresas fueron las que mandaron sus productos. Tampoco sobre las metas de producción y exportación que pudo alcanzar Alba Forestal durante este mismo período. Pero las cifras registradas representan una fracción insignificante del monto invertido por el Estado venezolano para el proyecto en el Caribe Norte nicaragüense.
La ayuda venezolana concebida para crear riqueza y rescatar el medio ambiente en Nicaragua, terminó en manos de un coto cerrado, controlado por la triada Estado-partido-familia de Daniel Ortega, cuyos productos palpables fueron corrupción, tráfico de influencias y daño ambiental. Así, los resultados del proyecto, sus ganancias y el retorno del dinero a Venezuela terminaron perdidos en un bosque de opacidad entre ambos países.
*Este reportaje tuvo su origen en un grupo de documentos que Armando.Info obtuvo y que el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) compiló en una base de datos y ayudó a analizar.
Costó 450 millones de dólares. Su idea era emular a Medellín, a Venecia. Que por donde pasara el pequeño tren tirado por cables florecieran el desarrollo, el comercio y la seguridad, pero el plan terminó en otra promesa incumplida para una barriada atragantada de ellas. El único kilómetro de trayecto que cubre el Cabletrén en la localidad de Petare mueve a 16 personas en cuatro vagones, pero quizás su espejismo ayudó a Hugo Chávez a obtener su última victoria electoral en 2012. Onerosas modificaciones presupuestarias en favor de los contratistas Odebrecht y Doppelmayr dieron lugar a una ruina instantánea.
Es bien sabido que el régimen de Nicaragua desvió los fondos recibidos desde 2007 de la cooperación internacional venezolana, unos 3.600 millones de dólares, para favorecer los negocios privados de la nomenklatura sandinista y del entorno personal del presidente. Ahora nueva documentación demuestra que Caracas tuvo conocimiento del timo, al que no dio consentimiento. Al menos desde 2012 las autoridades venezolanas se quejaron en comunicaciones internas de garantías poco adecuadas, pago en especies de cuotas que debían hacerse en efectivo, y triangulaciones no autorizadas con terceros países, por parte de su aliado en Managua
El siguiente reportaje de la “Confidencial”, desde Managua, radiografía un mecanismo por el que un operador financiero del sandinismo, Francisco López Centeno, hace circular fondos de la cooperación venezolana, a través de un oscuro intermediario ruso, para alimentar las arcas de sus propias empresas privadas.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
Un abogado venezolano, Carlos Santiago DaSilva, se acercó a la industria transformadora del metal en Guayana como asesor de una empresa china, Chalieco, contratada por la República para devolver la prosperidad a las empresas estatales Alcasa y Venalum. Quien prosperó fue el asesor que, decidido a ser juez y parte, compró y creó empresas en el mismo sector que se suponía ayudaba a revitalizar, regado con abundante dinero de Beijing. Ninguno de esos proyectos cuajó, pero Santiago ahora reaparece promoviendo un megaproyecto industrial en Colombia.
