Un robo de casi 40 kilos de oro cerca de Upata, audaz en su planificación pero extrañamente incruento en su ejecución, dio inicio hace dos años a unas investigaciones policiales de resultado desconocido que, sin embargo, expusieron el nombre de la empresa propietaria de los lingotes. Esta resultó apenas un nodo de una red de compañías, vinculada a una terna de venezolanos, de rastro disperso en jurisdicciones de todo el mundo y con exportaciones de metales que de oro fueron pero hasta de plata, estaño y aluminio llegaron a ser.
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El improvisado punto de control policial bien pudo haber sido uno más de los tantos que a diario los cuerpos de seguridad suelen instalar en la Troncal 10, la carretera que viene desde las orillas del mar Caribe y conecta de norte a sur las principales poblaciones de la zona minera del sureste del estado Bolívar, hasta alcanzar la frontera con Brasil.
Pero esta alcabala en particular, improvisada con conos de plástico color naranja puestos sobre la cinta de asfalto el martes 2 de abril de 2024, reservaba una sorpresa a una comisión del Comando Nacional Antisecuestros (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, un componente de la Fuerza Armada) que circulaba por la carretera. Conformada por cuatro suboficiales, armados con fusiles Kalashnikov AK-103 y pistolas, la comisión viajaba a Caracas con un cargamento de 37,5 kilos de barras de oro consignado por “una empresa de una alianza privada”. De acuerdo a la cotización de la onza de oro para la fecha, la carga tenía entonces un valor de mercado de alrededor de 3,24 millones de dólares.
Entonces, según notas de la prensa local, en el sector Los Rosos, al apenas salir de Upata (capital del municipio Piar del estado Bolívar, todavía a unos 700 kilómetros de Caracas) en dirección a Ciudad Guayana, un grupo de individuos, ataviados con chalecos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc, cuerpo auxiliar del Ministerio Público), interceptó el transporte. Los sujetos sometieron a los militares y se quedaron con el mineral y todas las armas, excepto uno de los fusiles de asalto.
Por la cuantía del botín y la espectacularidad de la operación, propia de una producción hollywoodense, el hecho captó la atención de medios nacionales. Hubo quien reparara en el detalle de que los miembros del Conas no ofrecieron resistencia al asalto, a pesar de que contaban con el arsenal y el entrenamiento para hacerlo. Según se aprecia en un video, no confirmado de manera independiente, que entonces circuló por Instagram y en el que un conductor habría registrado el momento del atraco, no hubo refriega alguna, sino que se trató de un trasbordo casi apacible de paquetes, de un vehículo a otro. Sin embargo, a los uniformados del Conas se les encontró maniatados a la postre.
También resultó notable que el riesgoso envío se hiciera con una comisión de agentes de cuerpos de seguridad del Estado y no por los servicios de alguna empresa privada de transporte de valores.
Todo ocurrió a cielo abierto y a plena luz del día, apenas 16 días antes de que Estados Unidos reinstaurara las sanciones económicas contra el sector del oro en Venezuela, que el gobierno del expresidente Joe Biden había levantado el 18 de octubre de 2023. Durante esos seis meses de laxitud, entre una y otra medidas, redes de contrabando de oro desde Brasil aprovecharon la breve apertura para desviar a territorio venezolano las rutas usuales de exportación de sus cargamentos, que entonces empezaron a despegar desde los aeropuertos que sirven a Caracas.
Seis días después del robo, el diario Últimas Noticias de Caracas, propiedad de grupos económicos cercanos al régimen chavista y de línea editorial oficialista, informó de la recuperación de parte del armamento, enterrada bajo la maleza en un lugar cercano al ataque.
Cuatro meses más tarde, el 27 de agosto de 2024, el mismo medio volvía a informar que las autoridades habían recuperado una de las seis armas robadas y unos 6,64 kilos de oro durante un procedimiento en el sector La Raiza de Santa Teresa del Tuy, estado Miranda, parte del extrarradio ampliado de la capital venezolana. En la incursión policial habrían quedado bajo arresto José Enrique Correa Rodríguez, El Sabino; José de Jesús Bacca, Baca; Andrés René Pacheco Fayola, René; Karelis del Valle Correa Rodríguez, Karen; y Osmary Gabriela Torres Tabaré. La nota identificaba a los mencionados como integrantes de la banda de un líder criminal apodado El Comandante.
Aunque todavía hoy se desconocen los resultados de las investigaciones en curso, así como los destinos tanto de los asaltantes como del botín, y en medio de vaguedades, las autoridades sí alcanzaron a aclarar que la empresa consignataria del cargamento dorado fue Inversiones Peca 19, C.A., con sede en Caracas. Hasta entonces, esta empresa actuaba en el Arco Minero del Orinoco en alianza con la estatal Corporación Venezolana de Minería (CVM).
El robo de los 37,5 kilos de oro pareció marcar un hito para la compañía. A la vez que pareció cambiar su nombre a Elite Gold, reanudó un sinuoso recorrido empresarial que venía de antes e incluye exportaciones de minerales a destinos como Panamá, Suiza y China. La presente historia, una entrega de la serie Dorada Opacidad II que desde Perú coordina Convoca.pe, reconstruye ese recorrido hasta conectarlo con una red de otra treintena de empresas vinculada a tres comerciantes venezolanos, entre ellos y sobre todos, Gian Piero D’Andrea Acosta, un joven empresario.
El único propietario de Inversiones Peca 19 C.A. es, desde noviembre de 2021, el ítalo-venezolano Gian Piero D’Andrea Acosta quien, a la edad de 38 años y con una trayectoria empresarial desconocida por el público, ya tiene en su haber una veintena de empresas, no todas dedicadas al sector minero, que registró a lo largo de ocho años tanto en Venezuela como en jurisdicciones extranjeras: Florida, Panamá, Dubái, Hong Kong, España, y Turquía, entre ellas.
Aunque está inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), Inversiones Peca 19 C.A. aparece desactualizada y, por lo tanto, inhabilitada para contratar con el Estado. De hecho, el nombre que sigue apareciendo en los registros del RNC como propietario de la empresa es el de Gustavo Adolfo Arteta Rocha, su dueño inicial y posterior socio de D’Andrea, y declara su sede en una dirección que hasta 2022 mantuvo en Sabana Grande, Caracas.
Según su perfil de Facebook (cuyo acceso aparece ahora restringido), D’Andrea Acosta estudió en el Colegio Américo Vespucio de Caracas; en su cuenta en esa red social hace poco se podían leer los lamentos que sus amigos expresaron cuando, en 2005, el futuro empresario anunció su próxima emigración de Venezuela. En una vieja foto se le ve con una camisa con distintivos de piloto de aviación.
D’Andrea Acosta comparte la sociedad de al menos 12 de sus 20 empresas en Venezuela, Panamá y Miami con otros dos ciudadanos venezolanos, el ya mencionado Gustavo Adolfo Arteta Rocha y David Eloy López Rodríguez. Los tres se alternan como accionistas y directivos de varias firmas.
Salvo Inversiones Peca 19 C.A., las empresas registradas en Venezuela por el triunvirato se dedican a sectores muy diferentes a la minería, desde la salud e insumos médicos hasta los servicios de energía eléctrica y el sector textil, por mencionar tan solo algunos. La solución oftalmológica Optoaz de GDG Pharma, una de sus empresas en Venezuela, cuenta con certificación del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, por ejemplo.
Según la descripción que se encuentra en sus cuentas de Instagram y Facebook, el Grupo Golden Capital, GDG C.A., presidido por D’Andrea Acosta, sirve de paraguas para este conglomerado en ciernes. También ha utilizado la misma denominación para identificar firmas en Miami y Panamá. Las siglas GDG corresponderían a las iniciales de los primeros nombres de los socios: Gustavo, David y Gian Piero. Pero otras empresas conexas en Caracas, Dubái, Hong Kong y España llevan las siglas GPDA, que parecen aludir a las iniciales de Gian Piero D’Andrea.
En declaraciones por correo electrónico para Armando.info, D’Andrea recalcó el carácter privado de Grupo Golden Capital, al que describe como una firma sin ningún tipo de vinculación con el gobierno o el Estado “más allá del estricto cumplimiento de sus obligaciones legales y tributarias como cualquier empresa del país y propias del negocio lícito al que se dedica”.
Armando.info pudo constatar en sus respectivos expedientes, tanto en el RNC como en el Registro Mercantil, que 16 de las 31 empresas del grupo de socios declaran sus domicilios en una misma oficina en el piso 8 de la Torre Este del edificio Parque Cristal de la urbanización Los Palos Grandes, en el noreste de Caracas. A mediados de septiembre, la reportera visitó ese local. Sus actuales inquilinos dijeron que dichas empresas ya no operan “desde hace un buen tiempo” en esa dirección. En el recorrido también se verificó que otras cinco firmas del emporio, entre ellas Inversiones Peca 19 C.A. no funcionan en otro local del piso 4, a diferencia de lo que indican sus documentos mercantiles.
Además de D’Andrea, Armando.info intentó contactar a sus socios, López y Arteta, mediante solicitudes de entrevista enviadas a los correos electrónicos de las empresas involucradas. Ninguno de los dos contestó.
Para el momento del robo, Inversiones Peca 19 C.A. formaba parte de una alianza minera que, a manera de una joint venture, se estableció entre actores privados como compañías, cooperativas o pequeños mineros, por un lado, y entidades como la CVM, por el otro. Según su expediente de registro mercantil, que se abrió en 2019, tiene por objeto social la “compraventa, importación, exportación, distribución, arreglo y transformación de toda clase de minerales como metales, oro, plata y metales preciosos”.
El cargamento de oro que fue objeto del asalto de abril de 2024 salió de la sucursal de Inversiones Peca 19 en Upata. Su local se encontraba en la planta baja de un pequeño centro comercial en el casco central de la ciudad, donde todavía abundan los negocios de compraventa de oro.
Gian Piero D’Andrea Acosta se excusó ante Armando.info para no comentar aquel suceso del robo: “El procedimiento penal continúa en curso”, adujo en un mensaje de correo electrónico. “Más allá de confirmar que fuimos víctimas de un delito, lamentamos no poder suministrar más información pues legalmente no podemos hacerlo. Fuimos impuestos por las autoridades del deber legal de mantener en reserva lo que sabemos sobre la investigación, basado en el artículo 286 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP)”.
En el mall minero de Upata donde solía estar la oficina de Inversiones Peca 19, del mismo modo que en otros pueblos del llamado Arco Minero del Orinoco, como Tumeremo, Las Claritas y el Kilómetro 88, la actividad ha menguado por el compás de incertidumbre que abrieron la intervención militar de Estados Unidos que en enero de este año capturó en Caracas a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los planes que, al abrigo de su recién instaurada tutela, Washington anuncia para el sector minero de la Guayana venezolana. Curiosamente, los terremotos gemelos del 24 de junio asestaron un revés adicional al comercio local del oro, aun si la destrucción física que produjeron se haya registrado muy lejos, en particular, en el litoral centronorte caribeño. Y es que los daños en la infraestructura del aeropuerto internacional de Maiquetía, ubicado en el estado La Guaira, afectaron el trasiego del oro de las selvas de la Orinoquía y la Amazonia a los mercados globales, lo que vino a respaldar de manera empírica las versiones de que el contrabando de mineral precioso tenía como puerta de salida el principal terminal aéreo del país.
Pero ya desde la fecha en 2024 del audaz robo, Inversiones Peca 19 habría suspendido actividades. Al menos es lo que refleja el hecho de que en su local de Upata se hayan instalado nuevos propietarios bajo una denominación también nueva, Elite Gold, de la que no se encontró el Registro de Identificación Fiscal (RIF).
A la vez, Armando.info pudo revisar un documento reciente que sugiere que la empresa aún estaría activa y mantendría alguna relación con Elite Gold. En el margen superior de un certificado de análisis del oro, con mediciones emitidas por una máquina especializada, en una fecha tan reciente como agosto de 2026, aparecen juntos los logos de Elite Gold e Inversiones Peca 19, este último, sí, con el RIF correspondiente.
“La empresa mantuvo sus operaciones conforme a los términos y condiciones de esa alianza estratégica durante su periodo de vigencia”, se limitó a aclarar D’Andrea Acosta acerca de las actividades que Inversiones Peca 19 C.A. continuó llevando a cabo en conjunto con la CVM tras el robo. Sobre la naturaleza de su alianza con la estatal solo dijo que, por estipulaciones contractuales, no podía revelar detalles de “carácter estrictamente confidencial”.
Por cierto, la CVM nunca difundió pronunciamiento alguno sobre un robo que había perjudicado con severidad a un aliado. En cualquier caso, hubiera o no relación causal con el evento criminal, el entonces presidente de la CVM, general Carlos Osorio, fue destituido y reemplazado en septiembre de 2024. Entre tanto, en junio de 2024, el titular del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, almirante William Serantes Pinto, había sido sustituido por Héctor Silva, quien hasta hoy sigue al frente de ese despacho, al que la CVM se adscribe.
Las informaciones ofrecidas en su momento por las autoridades establecieron, ante los medios y el público, que Inversiones Peca 19 C.A. era la propietaria del oro robado. Pero quien rastree las huellas de la empresa en bases de datos de comercio internacional, tales como Importgenius y Panjiva, no encontrará exportaciones de oro a su nombre en los últimos años. En cambio, se tropezará con registros de otras categorías de los metales nobles.
Por ejemplo, Inversiones Peca 19 C.A. aparece en Importgenius enviando en marzo de 2022, por vía aérea, unos 106 kilos de plata en bruto, valorados en 55.656 dólares, a Panamá, donde fueron recibidos por un “comprador no identificado”. También la base de datos Sayari registra que, entre enero de 2022 y agosto de 2024, la firma exportó cuatro cargamentos de “plata en bruto” a Panamá, algo llamativo, por cuanto Venezuela no figura regularmente como un exportador de ese metal. Consultada al respecto para esta historia, Mónica Martiz, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalúrgicos (Svimm), ratificó a Armando.Info que Venezuela no alberga yacimientos de plata y no produce, por lo tanto, ni plata en bruto ni sus subproductos.
Pangiva e Importgenius dan fe, además, de la exportación de un total de 3,6 toneladas en barras de plata, en seis envíos aéreos desde Panamá a Turquía, entre abril y diciembre de 2022, por parte de una empresa de nombre parecido, Inversiones Peca S.A.
D’Andrea explica que se trata de la misma empresa, solo que con un “error de tipeo” en la mención. Atribuye sus exportaciones de plata a un proceso en Venezuela de “reciclaje de plata, cumpliendo con la permisología exigida por la ley”.
Importgenius reportó también que Inversiones Peca 19 C.A. despachó nueve envíos de estaño a Panamá y China en 2024. Este fue el mismo año en que Nicolás Maduro otorgó derechos mineros a la CVM para la exploración, explotación y exportación de casiterita u óxido de estaño, mineral a partir del cual se procesa y fabrica el estaño de uso industrial.
D’Andrea puntualiza de nuevo respecto “al estaño en nuestras exportaciones; asumimos que deben referirse a la comercialización de casiterita, la cual se comercializa en cumplimiento de todos los estándares legales”.
Según Panjiva, Inversiones Peca 19 C.A. realizó cuatro envíos de “metálicos diversos" a China entre 2022 y 2024. Entre sus clientes en esa potencia asiática, figuran Jiujiang Heli New Materials Co Ltd, que importó estaño desde Venezuela en agosto de 2023; Jiujiang Jiqing New Materials Co Ltd, fabricante de plástico y acrílico; Hunan Merida International Trade Co Ltd, que también posee una fábrica de baterías en Extremadura, España; y Halo Moon Ltd.con oficinas en Hong Kong y Reino Unido.
Inversiones Peca 19 C.A. también cuenta con, al menos, un cliente en Suiza, Alecar Trading S.A., empresa helvética que importa una diversidad de metales, como aluminio, cobre, estaño y otros metales no ferrosos, según se lee en su sitio web.
Pistas dejadas en registros por David Eloy López Rodríguez lo ubican en 2021 como propietario y único director de la empresa First Sunrise Capital Altın Ticaret Limited Şirketi, especializada en el comercio de metales preciosos y con sede en Estambul, según se indica en la Gaceta de Registro Mercantil de Estambul. A este negocio se hace mención también en el directorio de la Cámara de Joyeros de la gran metrópolis turca. López Rodríguez había incorporado antes, en 2019, una empresa con el mismo nombre pero en Budapest, la capital de Hungría: First Sunrise Capital Korlatolt Felelossegu Tarsasag.
El domicilio fiscal de First Sunrise Capital en Estambul se halla en Kuyumcukent AVM, (o “ciudad de los joyeros”, en turco), el mayor centro integrado de producción, comercio y venta de oro, plata y joyas del mundo, en el barrio de Yenisbona. Sobre este emprendimiento de su socio López Rodríguez, Gian Piero D’Andrea Acosta explicó a Armando.info que “nunca tuvo actividad comercial y tampoco realizó operación con ninguna empresa”. Bases de datos de comercio exterior así lo confirman.
Pero el propio D’Andrea Acosta también puso por su cuenta un pie en Turquía en 2023. Ese año registró en Ankara, la capital turca, una empresa distribuidora de materiales para la construcción, YÇM Real Estate Construction Investment Industry And Trade Joint Stock Company.
De manera simultánea, D’Andrea Acosta abrió GPDA Group General Trading LLC FZ en Dubái, uno de los principales centros globales del comercio de oro que, sin embargo, todavía destaca por su falta de transparencia. La compañía declaró como sede el Business Center 1 del Hotel Meydan, en Nad Al Sheba, en pleno corazón de la Zona Libre de Meydan, un registro impenetrable que, por diseño y como otras zonas especiales del rico emirato, facilita el ocultamiento de la composición accionaria y de los beneficiarios finales de las empresas.
En Hong Kong se encuentra el registro de la empresa GPDA Group General Trading Limited (HK), con una fecha de incorporación posterior: 5 de noviembre de 2025. Allí D’Andrea figura como único accionista de esta firma que, aunque registrada en esa región autónoma de China, tiene domicilio en Dubái.
Aunque D’Andrea aseguró a Armando.Info que, desde Dubái, GPDA Group General Trading LLC FZ “ni comercializa ni ha comercializado oro, plata o casiterita”, los reportes de bases de datos de comercio exterior acreditan algo distinto. Según informan Panjiva y Sayari, la empresa fue la consignataria de cuatro despachos de artículos de joyería de Istor Jewelry Industry and Trade Jsc, importados en 2024 desde Turquía. Istor es una reconocida fábrica, joyería y exportadora de oro en Estambul, y una de las más grandes de Turquía.
En un renglón aparte al de los metales preciosos, la base de datos de comercio exterior Tendata reporta que este GPDA Group General Trading de Dubái llegó a recibir en 2024 cargamentos de aluminio desde Venezuela, enviados por la estatal Venalum, parte del complejo verticalmente integrado para la producción de aluminio primario que la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) controla, que comprende además a las empresas Bauxilum y Carbonorca. Este dato insinúa que D’Andrea Acosta pudo disponer de un acceso especial a las instancias decisoras en la comercialización del aluminio venezolano, un bien muy escaso, toda vez que Venalum a duras penas opera hoy a un 20% de su capacidad instalada y debió dejar de hacer exportaciones significativas tras el apagón eléctrico nacional de marzo de 2019.
*La presente es una entrega de la serie investigativa ‘Dorada Opacidad II’, en conjunto con Convoca.pe
**Esta cobertura contó con el apoyo del Pulitzer Center.
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Un esquema comercial utilizó documentación engañosa para mover unas 90 toneladas de oro venezolano, valoradas en 3.000 millones de dólares, contribuyendo a perpetuar la catástrofe ambiental y de derechos humanos del sur de Venezuela. La refinería europea Argor-Heraeus, que figura en la cadena de suministro de gigantes tecnológicos como Apple y Nvidia, procesó buena parte del metal que se colaba entre las fallas del régimen de debida diligencia del metal precioso
Con un nombre que evoca a la vez imágenes de fábulas árabes y de pillería, la empresa Alibaba Gold Center servía desde el estado Bolívar como uno de los vértices de un esquema criminal que, entre 2023 y 2024, contrabandeó oro ilegal por unos 800 millones de dólares desde la cuenca amazónica. La banda, desbaratada por la justicia de Brasil, reunía a miembros tanto de nacionalidad brasileña como venezolana, de los que varios siguen hoy prófugos y exhiben sin ruborizarse sus paraderos en Venezuela.
Siempre con apoyo del chavismo, Yulisbeth García asumió hace un par de meses el cargo de gobernadora del estado Bolívar. Al puesto llegó desde la alcaldía del municipio Piar, que manejó por ocho años. Durante su gestión la actividad minera en torno al oro ilegal invadió impune las calles de Upata. También en ese período se instaló en la ciudad una sucursal de Alibaba Gold Center, la empresa que participó en el esquema de contrabando del mineral desde Brasil. Hasta hoy a ‘La Tata’ la persigue la bulla sobre su propia participación en el negocio.
Cinco países, ocho empresas y una avioneta bastaban para lavar el oro de sangre de Venezuela, pero algo salió mal en un pequeño archipiélago del Caribe. Durante casi seis meses, Armando.info rastreó facturas y transferencias bancarias, litigó por expedientes judiciales y formuló solicitudes de acceso a información en varias jurisdicciones, para reconstruir rutas del oro ilegal que las mafias de Guayana logran colar hasta Europa.
Las sanciones internacionales forzaron al régimen de Caracas a rediseñar sus conexiones comerciales. En el caso del oro, cuya explotación y exportación el gobierno estimula para convertirlo en una fuente de ingresos alterna al petróleo, hizo igual. La novedad fue que, para ello, consiguió en Medio Oriente aliados exóticos, aceite de oliva y un corredor que conduce los cargamentos auríferos a otros destinos. Así, Líbano se convirtió en el segundo mayor comprador del metal precioso en Venezuela.
Un caso de contrabando de oro que se instruye en un tribunal regional de Brasil ha producido evidencias no solo sobre las redes de tráfico entre la Guayana venezolana y ese país, sino también de un enrevesado modus operandi que en la peor época de la crisis humanitaria intercambió el mineral dorado por comida y medicinas. Mientras una parte del oro terminaba, comprobadamente, en India, los traficantes de entonces pasaron a gozar hoy de concesiones del gobierno de Nicolás Maduro.
La operación militar conjunta del pasado junio entre fuerzas de Venezuela y Estados Unidos despertó expectativas de altos quilates en el sureste del estado Bolívar, una región aurífera hasta entonces sometida al yugo de las bandas criminales. Sin embargo, los desarrollos posteriores se quedaron cortos. Los habitantes de los asentamientos mineros de Las Claritas y Kilómetro 88, donde el Tren de Aragua se había hecho fuerte, apenas sienten mejoras, y ya empiezan a añorar el antiguo orden de los ‘pranes’ que todavía andan por allí.
El empresario panameño, uno de los proveedores favoritos desde el comienzo de su mandato en 2013, fue uno de los intermediarios en el abastecimiento de productos para los cubanos en su peor momento de pobreza. Con el régimen cubano montó una compleja trama internacional que cruza medio mundo, le permite facturar millones, y comercializa desde camionetas de lujo a equipados de aire acondicionado y sucedáneos de la leche.
En una oscura sala judicial de Caracas se acaban de realizar las vistas iniciales de un juicio de naturaleza política, en el que se procesa a los acusados en 2024 de participar en una supuesta conjura para asaltar cuarteles y tramar el asesinato de Nicolás Maduro. Si bien durante las audiencias de apertura empezaron a verse las fisuras en los procedimientos e indicios que sostienen la causa, que esta se haya confiado a una jueza conocida por dictar sentencias duras, alineadas con el régimen, hace incierto su final.
El entendimiento entre José Gregorio Bracho Reyes, diplomático venezolano en Turquía, y Selim Bora, presidente de la compañía constructora Summa, fue a la vez catalizador y subproducto del proyecto urbanístico ‘Hugo Chávez’ de Playa Grande, que acaba de quedar en ruinas con el doblete sísmico del 24 de junio y hoy se encuentra en proceso de demolición. Mientras Bracho se hacía de un apartamento en Barcelona (España), pidió a su cuñado, el entonces vicecanciller Calixto Ortega, que nombrara a Bora como Cónsul Honorario de Venezuela en una exclusiva ciudad-balneario del Mediterráneo.
Luego de tres años, la prisión de Nelson Ramón Rivero Sanes sorprende hasta a sus propios custodios. Lo que todos saben es que sigue detenido en la cárcel de Tocuyito por la inexplicable saña de Marcos Campos Flores, dos veces candidato oficialista a alcalde del Municipio San Diego en Carabobo, sobrino de la otrora ‘Primera Combatiente’ y hermano de uno de los ‘narcosobrinos’. Unos indicios débiles y hasta caprichosos bastaron para armarle un caso judicial, cuyos efectos siguen vigentes, a pesar de la caída del madurismo y los cambios políticos del interinato.
Sociedades asiáticas vinculadas al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano realizaron envíos de petróleo de Pdvsa a Malasia por unos 2.600 millones de dólares entre julio y septiembre de 2025. Con el mismo intermediario, la petrolera estatal despachó otros nueve tanqueros con rumbo a Cuba, en medio de la crisis energética que durante ese verano empezó a azotar a la isla. Pero sus destinos reales no figuran en ningún registro marítimo internacional y terminaron siendo inciertos.
Militar y político venezolano. Fue directivo del Banco de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela (Banfanb). Comandó las jefaturas de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) de Oriente y Guayana. Ocupó el cargo de Ministro de Desarrollo Minero Ecológico hasta junio de 2024.
Militar y político venezolano. Exministro de las carteras de Alimentación, Despacho de la Presidencia y Transporte Terrestre. Hasta septiembre de 2024 fue presidente de la Corporación Venezolana de Minería (CVM).
Empresario venezolano. Socio de Gian Piero D'Andrea Acosta y de Gustavo Adolfo Arteta Rocha en una red de empresas vinculadas al comercio y la exportación.
Empresario venezolano. Socio de Gian Piero D'Andrea Acosta y de David Eloy López Rodríguez en un conjunto de firmas relacionadas con los sectores de servicios y comercio.
Empresario ítalo-venezolano. Socio de David Eloy López Rodríguez y de Gustavo Adolfo Arteta Rocha en un conjunto de firmas relacionadas con los sectores de servicios y comercio.