A pesar de la crisis económica que enfrenta Venezuela, el paisaje de Las Mercedes se ha llenado de grúas para construcción y movimientos de tierra. Torres empresariales y viviendas multifamiliares de lujo se construyen a paso acelerado en la Venezuela de la escasez y entre varios actores, una empresa del oriente del país con menos de 10 años de creación, destaca en la metamorfosis de esa zona comercial del este de la capital.
Valor, diseño, confort y lujo no parecieran ser adjetivos que se puedan relacionar con la capital venezolana. Sin embargo, en la zona comercial de Las Mercedes, al este de Caracas, cada vez más construcciones están surgiendo con estas características. Entre calles sin asfaltar, alcantarillas desbordadas, puestos de perrocalientes en cada esquina y poca iluminación van llegando constructores con la esperanza de que en algún momento la urbanización se convierta por fin en la zona rosa de la capital.
Actualmente Las Mercedes se lleva el primer lugar en permisos otorgados para nuevas construcciones en el municipio Baruta, uno de los enclaves de clase media con alcaldes de la oposición. En los últimos 8 años, 43 obras han sido aprobadas por la Alcaldía. Teniendo un pico de aumento entre los años 2014-2016, le sigue por lejos, Prados del Este, zona de carácter residencial, con 13 construcciones.
Los datos apuntan a Las Mercedes debido a un aumento en los precios por metro cuadrado y a un cambio, en el año 2015, de la ordenanza de zonificación que permitió una serie de incentivos a los constructores como el permitir edificios más altos. “Los lugares en donde el metro cuadrado se ha dolarizado, allí es donde se construye: El Rosal, Campo Alegre, La Castellana y Las Mercedes. En el resto de la ciudad la construcción está paralizada. En el país hablamos de un 90% de paralización”, explica Juan Andrés Sosa, presidente de la Cámara de Construcción. Estos edificios, agrega, se han convertido en la mejor forma de resguardo de los bolívares. “Empresas que acumulan en nuestra moneda y no pueden sacar su dinero por el control de cambio deciden ahorrar en concreto”.
En otros casos se utiliza para algo más que salvaguardar los ahorros. Según una investigación realizada por este portal, en el primer trimestre de 2016 emergió en Las Mercedes la Torre SMA (San Miguel Arcángel), propiedad de César García Urbano-Taylor, un abogado de 41 años de edad que es acusado de recibir dinero del ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marcos Tulio Dugarte, para invertir en propiedades. Este caso provocó el inicio de una investigación en la Asamblea Nacional.
Por las razones que sean, son cada vez más las empresas que se montan en la ola de los cambios e incentivos dados por la Alcaldía de Baruta en la urbanización Las Mercedes. Están las empresas con trayectoria y constructores como Elias Sayegh, Ander Leizaola, Franciasci Sachinni, Vito Casale Marchese, también sedes de bancos y seguros... Pero al menos una cuarta parte son empresas de reciente creación, lo cual según expertos inmobiliarios es una práctica común debido a los riesgos de la industria. Una de estas empresas con pocos años de creada es la Constructora HP, C.A que a paso acelerado va conquistando la zona con proyectos que, según sus palabras, “marcarán una nueva tendencia en edificaciones”.
49 exclusivas oficinas de lujo, terraza doble altura, 600 metros en planta baja de área comercial, estacionamiento para 250 vehículos, fachada con pantallas electrónicas con tecnología de LED y un diseño moderno son las características que tendrá la Torre Sena, ubicada en la calle París de Las Mercedes, una vez esté terminada. El cerco de tela azul que la recubre no sirve de mucho para ocultar la estructura de 16 niveles que resalta entre todas las demás y que parece querer comerse las pequeñas casas y negocios que tiene a su lado. Ver las imágenes digitales de cómo será el proyecto una vez finalice es trasladarse a cualquier zona de crecimiento comercial de primer mundo.
La empresa detrás de esta edificación es Constructora HP, C.A que, según el Registro Nacional de Contratistas pertenece a Rafael Guillermo Perdomo Rodríguez y a Roger Vicente Perdomo Rodríguez y tiene domicilio en Lecherías, estado Anzoátegui, al oriente del país. Aunque esta empresa familiar está inscrita para contratar con el Estado, no aparece rastro de cuáles entes gubernamentales han sido sus clientes. Fue creada en 2010 pero ya habla de haber desarrollado más de 20 proyectos de construcción en la Gran Caracas y en Anzoátegui.
Ninguna otra constructora ha mostrado tanto interés por Las Mercedes. Según la data de aprobación de obras nuevas de la Alcaldía de Baruta –actualizada hasta noviembre de 2016–Constructora HP, C.A es la única compañía o particular que se repite. Tiene aprobados dos proyectos para la construcción de viviendas multifamiliares en la Calle Cristóbal Rojas de Los Naranjos de Las Mercedes, uno en 2014 y otro en 2015, que ya están terminados y se conocen como Las Residencias Salem. Y en la zona comercial de Las Mercedes llevan actualmente al menos tres proyectos más.
En su página web, la empresa destaca que pueden hacer “realidad su proyecto, no importa cuán complejo o impredecible sea, la experiencia que hemos adquirido a lo largo del tiempo nos permite brindar servicios adecuados y beneficiosos para nuestros clientes” y en este caso sí tienen una dirección de contacto en Caracas. Sin embargo, en redes sociales usuarios han denunciado al menos tres accidentes en la construcción de la torre Sena, el último fue el colapso de una excavadora.
Constructora HP también promociona una torre en la esquina de la calle París con calle Mucuchies, que lleva por nombre Torre JLM y se espera tenga 100 oficinas distribuidas en 10 pisos –7 pisos de estacionamiento y 7 locales comerciales con entrada independiente a la torre empresarial–, que es el límite máximo de construcción según la nueva ordenanza que aprobaron los concejales de la cámara municipal. A la fecha están en trabajos de movimiento de tierra y ningún cartel visible identifica que esa edificación se comenzará a construir allí con lo que se viola el Artículo 73° de la Ordenanza de Urbanismo, Arquitectura y Construcciones en general, el cual establece que “toda obra de urbanismo, o edificación, deberá ser provista de un cartel de identificación con el nombre de la obra, del profesional o profesionales responsables de la misma y del número del permiso…”
En la calle Orinoco, justo al lado de los restos del icónico edificio Gastizar, que fue demolido en diciembre de 2016 en medio de controversia y rechazo por parte de los vecinos, se erige también otra edificación en manos de la constructora de los hermanos Perdomo. No hay información de qué tipo de construcción se hará. Ni allí ni a la hora de solicitarla en sus oficinas, donde se solicitó una entrevista con los representantes de la empresa que hasta ahora no ha sido posible.
El conjunto urbano de Las Mercedes fue una de las primeras urbanizaciones planificadas y desarrolladas de Caracas. En sus inicios fue proyectada como una zona de carácter residencial, pero en los años 60 comienzan a aparecer los cambios haciendo de la zona una más comercial y de tránsito. Con esto llegaron las reformas en las ordenanzas de zonificación en el sector, en el año 1998, 2012 y la más reciente en 2015.
Aunque la ordenanza de zonificación de Las Mercedes en 2015 fue aprobada por unanimidad en el Concejo Municipal, con la participación de la Alcaldía de Baruta, a cargo de Gerardo Blyde, y la asociación de vecinos y comerciantes de la zona, hay un grupo de residentes que no está de acuerdo con la reciente aparición de grandes edificaciones en la zona. “Lo de las ordenanzas han sido madrugonazos, toman las decisiones en finales de periodos administrativos, por cámara, sin presencia de alguien de planificación urbana. La última ordenanza apunta a un desarrollo desmedido, eso hay que revisarlo”, comenta Manuel Izaguirre, urbanista y parte de la asociación de vecinos de la zona.
Según concejales de Baruta, la decisión de hacer una reforma en la ordenanza en 2015 se debió a la preparación que estaba haciendo Las Mercedes a la futura llegada del Metro de Caracas, que significaba la entrada de más visitantes al sector. La idea con el cambio de zonificación era permitir la construcción de hoteles boutique, edificios comerciales de mayor tamaño y tener una mayor entrada de dinero para la realización de dos grandes proyectos liderados por la Alcaldía de Baruta: la caminería de la Río de Janeiro que consiste en la construcción de un gran paseo con estacionamiento y cafés, y el embaulamiento de la quebrada de Las Mercedes.
Ambas ideas, tal como la llegada del Metro, están lejos de hacerse realidad. Según, la Alcaldía de Baruta debido a la inflación han tenido que dejar de lado esos proyectos. “El dinero que llega por las nuevas construcciones en Las Mercedes va a un fondo y eso se ha ido a mejoramiento de drenajes, operativos de asfaltado y cambios de los ladrillitos de la calle principal”, explica Violeta Delgado, directora de Planificación Urbana y Catastro del Municipio Baruta.
A pesar de que vecinos y organizaciones que salvaguardan patrimonios de la ciudad hablan de poca planificación, daño al ambiente y a la herencia de la urbanización, caos en los servicios y en la movilización en el sector; Las Mercedes sigue tomando altura y cada vez más constructores deciden invertir su dinero en concreto allí. “Las Mercedes tiene todo el potencial para ser la zona rosa de la ciudad, lo único que está esperando es que cambie el país”, apuesta el concejal de Baruta, Darwin González.
Una parábola de progresiva decadencia y abandono describe la tradicional presencia en una esquina de Sabana Grande de la construcción, que en 1949 era el edificio más alto y suntuoso de Caracas. Ocupado al comienzo del gobierno de Chávez por invasores violentos, que lo transformaron en tierra de nadie al alcance de quien quisiera tomarlo a la fuerza, luego de su nacionalización sirvió de comuna estudiantil y de asilo para enfermos de Covid-19. Ya en las últimas, brotes de la economía de bodegones empiezan a colonizar su planta baja.
Los hermanos Bernardo y Tadeo Arosio Hobaica son los dueños de una de las ocho estructuras que se erigen en la cabecera de la pista de aterrizaje del Gran Roque. Pero el tándem no tiene obras solo allí. De hecho levanta inmuebles de lujo, incluyendo un hotel, en la deprimida capital venezolana y supera con facilidad las salvaguardas que protegen a los parques nacionales para desarrollar proyectos turísticos o residenciales. También amplía su abanico de personas jurídicas en países como República Dominicana, Estados Unidos y Barbados, y ello en medio de la crisis del sector de la construcción. Todo un prodigio.
Extraviado en la espesa niebla de El Ávila, el teleférico hacia La Guaira, en el litoral venezolano del Mar Caribe, es un fantasma que se balancea entre el abandono, la corrupción y las promesas. Sin estudio ambiental o de riesgo, entre los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se fraguó un proyecto de recuperación de ese tramo que involucra a las empresas Dopplemayr, Alfamaq y la estatal Venezolana de Teleféricos, señaladas por actos de corrupción e irregularidades por la Contraloría General de la República. Hasta la fecha y sobre informes fraudulentos de las autoridades ambientales se ha pagado más de la mitad del proyecto -que pasó de un trazado de ocho a 39 torres- pero las máquinas ni siquiera han llegado a Venezuela
La Procuraduría General de la República ya ha advertido que la empresa brasileña no concluyó once obras de gran envergadura para la que fue contratada durante los gobiernos de Hugo Chávez. Pero hasta ahora solo es por el incumplimiento en la construcción de 2.400 viviendas -cotizadas con un exorbitante sobreprecio y proyectadas en un terreno no apto para construir- que la constructora enfrenta a la justicia en Venezuela, país en el que, solo después del propio Brasil, Odebrecht admite que repartió el mayor monto en sobornos.
Un juzgado en Nueva York empezó a ventilar la semana pasada el caso de un esquema ‘offshore’ que unos empresarios iraníes idearon para burlar el cerco de las sanciones norteamericanas contra Teherán. Los fondos en dólares que alimentaban ese circuito provenían de Venezuela, y eran parte del pago por la construcción de la Ciudad Socialista Fabricio Ojeda, cuyo desvío Pdvsa consintió. El ejecutivo iraní a cargo del proyecto, dueño a la vez de un sospechoso banco en Malta, había estado bajo investigación de la asesinada periodista Daphne Caruana.
En la Revolución Bolivariana de Venezuela, con un fuerte componente castrense, los oficiales militares pueden figurar, aún contraviniendo la ley, en simultáneo o progresivamente, como líderes de tropas, gerentes gubernamentales y hasta contratistas del Estado. Uno de cada tres de los 785 militares activos en su momento que, como privados, contrataron con la administración pública durante los últimos diez años, lo hicieron desde empresas que tienen por objeto social el área de la construcción. Un caso destaca: el general de división Frank Herbert Lynch Dávila. La compañía familiar de la que forma parte ha recibido por años contratos para la realización de obras mientras el oficial escalaba posiciones hasta quedar a cargo del suministro del cemento en todo el país.
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
